domingo, 20 de diciembre de 2009

FABRA CUMPLE SEIS NAVIDADES IMPUNE

Su caso llegó a los juzgados el 18 de diciembre de 2003

En 2009, el presidente de la Diputación y el PP de Castellón volverá a pasar unas navidades impunes, las sextas desde que su caso llegó al Juzgado número uno de Nules en el que se eterniza. El 18 de diciembre de 2003 el empresario Vicente Vilar tiró de la manta y acusó al dirigente de cobrarle cantidades millonarias para intermediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad. Con su mediación, Fabra conseguía legalizar los productos fitosanitarios que el comerciante fabricaba. Un mes más tarde, tanto el presidente como su mujer fueron imputados en uno de los casos más largos y tediosos de la historia reciente: hasta la fecha, por los juzgados de Nules han pasado nueve jueces y 4 fiscales. Nadie quiere instruir el caso Fabra…

En 2004, Fabra recibió el año con malas noticias judiciales. Él, su mujer, María Amparo Fernández, a Vilar, y la ex mujer de éste, Montserrat Vives fueron imputados por delitos contra la Administración Pública, un extremo que incluye el cohecho, el tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas a funcionarios, recoge Radio Castellón, emisora de la Ser.

Acusaciones
La declaración del empresario-acusador fue reveladora. Tal como contó, desde 1999 el presidente provincial cobraba, a veces en negro y en bolsas de plástico, otras a través de Carcamás, su empresa, por conseguir las autorizaciones para los fitosanitarios. Artemis 2000, empresa que figuraba a nombre de las esposas respectivas, era la encargada de comercializar los productos, y por esta vía los imputados consiguieron beneficios multimillonarios. Así consta en las declaraciones de bienes del presidente: su patrimonio –su sueldo ascendía a 6.000 euros al mes- se multiplicó por 7. Así las cosas, desde 1999 Fabra se hizo con 5 nuevas viviendas, varias de ellas de lujo, y se hipotecó por más de 500.000 euros. También adquirió vehículos de lujo, parcelas, y obras de arte.

Suma y sigue de casos
El caso fue asumido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2004, cuando se abrió otra investigación penal contra el dirigente, en este caso por evasión fiscal: Fabra había ingresado, sin declarar y en efectivo, unos 600.000 euros, repartidos en varias cuentas. Ello sin mencionar otros 300.000 euros que se incorporaron a sus finanzas vía-cheque. El representante legal del presidente, Alejandro Lorca, mantuvo 20 encuentros con los inspectores, pero no consiguió explicar el origen de este dinero. En la que ha venido siendo su línea, Fabra se negó a declarar, excepto ante un juez. Cuando le llegó este momento, se limitó a negar todas las acusaciones. En este momento se abrió, además, una tercera causa en el Juzgado número 2 de Nules, esta por falsedad en los documentos de los fitosanitarios.

Peregrinaje judicial
El peregrinaje judicial del caso Fabra, como se llama habitualmente al grueso de las causas contra el dirigente, merece párrafo aparte. Decenas de funcionarios han desfilado por los tribunales desde que se inició la investigación, en concreto, nueve magistrados y cuatro fiscales. Los testigos han sido, asimismo, relevantes. La lista incluye a 4 ex ministros, todos del gabinete de José María Aznar. Precisamente Jesús Posada, ex titular de Agricultura, admitió que Fabra y el también ex ministro Juan Costa se reunieron con él para pedirle que agilizara trámites de Vilar con un interés que calificó de inusual. Excepto el mismo Costa, actualmente diputado por Valencia, todos los testigos ministeriales han admitido contactos para abordar el tema de los fitosanitarios.

¿
Visos de esperanza?
En este momento, se espera la apertura del juicio oral a Fabra por la causa del Juzgado 2 de Nules. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel, y la defensa la nulidad del proceso. En lo que al otro juzgado respecta, el número uno de Nules, el nombramiento de un nuevo juez titular, Jacobo Pin, tras un año de sustituciones, ha dado nuevos bríos al caso. Este año se ha tomado declaración a diversos trabajadores bancarios, y ha ampliado la investigación a Antonio Bonet, presidente del club deportivo Castellón, que ingresó 26.000 euros en las cuentas del dirigente. También se ha llamado a testificar al chófer del dirigente, a quien los banqueros señalan como la persona que hacía los ingresos. Falta, sin embargo, la prueba definitiva: el informe de Hacienda sobre los movimientos económicos del popular.

Ámbito político
Los dirigentes populares de primera fila han rehuido, habitualmente, la presencia de Fabra, sin embargo, ni el caso Gürtel ni el suyo propio han afectado electoralmente a los populares de Castellón, o al menos eso reflejan las encuestas y los comicios europeos. El presidente, por cierto, tampoco se amilana ni ante la prensa ni ante la oposición. Fabra no ha dudado en confabularse con Intereconomía para boicotear a la prensa crítica e, incluso, a los abogados, ni en descalificar soezmente a socialistas como Francesc Colomer, conocido por sus trifulcas verbales con el dirigente.

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elplural.com

TOMÁS OLIVO, EL GRAN GATSBY MALAYO

@Amparo de la Gama. Marbella.-

Tomás Olivo en una corrida de toros (A. de la Gama)

Las mejores operaciones urbanísticas acometidas en Marbella bajo la influencia de Juan Antonio Roca tuvieron como agraciado a su paisano Tomás Olivo. Olivo es un hombre con suerte, igual que Jay Gtsby, su personaje favorito de la novela de Scott Fitzgerald. Aunque la era del Gil quedó atrás, el imputado en 'Malaya' sigue siendo el gran beneficiado por el actual Ayuntamiento marbellí.

El gatsby malayo ha retornado a la era de los populares con cierta inclinación a negociar. En diciembre de 2005, Tomás Olivo, con la ayuda de un corredor de comercio de Madrid, logró hacerse en subasta con el emblemático edificio de Radio Nacional de España en Marbella por 17,5 millones de euros. Pues bien, ahora el empresario, con la aquiescencia del Consistorio, levantará un bloque de viviendas en al antiguo inmueble de RNE. La Junta de Gobierno Local concedió al promotor murciano la licencia para el proyecto básico de construcción de un edificio para pisos, locales comerciales y aparcamientos en la parcela sobre la que se asienta la denominada 'Casa Sindical'.

La polémica esta servida. Y es que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pendiente de la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía, contempla la calificación de servicios terciarios para la edificación y recomienda que su uso sea hotelero. Sin embargo, la licencia aprobada para el imputado malayo se otorga en virtud del todavía vigente Plan de 1986, que declara la parcela como suelo residencial, con tipología de vivienda unifamiliar.

El PSOE, ha trasladado la resolución del Ejecutivo local a la delegación provincial de Ordenación del Territorio para su impugnación. La oposición va a recurrir la licencia al entender que con ella el Ayuntamiento pierde 1.200 metros cuadrados de suelo público que Olivo debía entregarle en la futura edificación como compensación urbanística. En este sentido, el concejal socialista Javier de Luis explica que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que, en el caso de existir un conflicto entre dos planes generales por el uso de un suelo, las licencias deben quedar suspendidas. La concesión del permiso muestra, según De Luis, la “estrecha relación” de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz con Olivo y supone “anteponer los intereses de este promotor al interés general”.

Un hombre pegado a un teléfono
Olivo, el gran Gatsby malayo, vive ajeno a las polémicas que surgen en torno a él. A pesar de que la audiencia de Málaga ha ratificado estos días su auto de procesamiento, el millonario marbellí se pasea por su centro comercial, La Cañada, pegado al teléfono móvil y soltando grandes carcajadas. Tiene motivos sobrados para reírse.

Y es que la cosa no queda solo en el edifico de RNE. Pocos meses antes de que fuera detenido e imputado por la Operación 'Malaya', Olivo conseguía beneficiarse de la enajenación de un edificio municipal en Puerto Banús por nueve millones de euros. El inmueble, de dos plantas y 1.000 metros cuadrados, situado en la céntrica plaza Antonio Banderas, pronto verá su utilización.

El fin de año que Roca se disfrazó de Tío Gilito en La Meridiana, Olivo aparecía muy cerca de él rodeado siempre de rubias del playboy y calzando su sombrero de Gatsby. A Olivo le gustan las fiestas tanto como los dólares. Desde que comenzó sus relaciones comerciales con Roca en 1988, Olivo es dueño de diez centros comerciales, entre ellos el emblemático La Cañada de Marbella.

Atrás quedaron aquellos días fríos, donde al joven Olivo se le congelaban las manos en Balsa Pintada echando gasolina en el viejo surtidor del pueblo murciano. Los de por allí cuentan que “Tomás montó un negocio con su tío, que tenía algún camión y máquinas de construcción. Olivo se quedó la maquinaria”. En este mismo pueblo conoció a Herminia Sánchez García, hija de un hostelero, con la que se casó. Juntos empezarían los negocios en la comunidad murciana hasta que Roca le reclamó para Marbella. Fue tras la segunda mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal de Gil cuando Olivo aparece por Marbella de la mano de Roca. Su llegada coincide con su separación de Herminia y con el inicio de las andaduras del el gran Gatsby malayo, acompañado por mujeres de todas las razas y edades por las fiestas de la milla de oro.

La promotora General de Galerías Comerciales
Los terrenos donde hoy se levanta La Cañada eran un vertedero municipal y una porción de suelo rústico. Olivo los compró por 1,8 millones de euros y firmó un convenio, bendecido por Roca, por el que se comprometía a levantar un centro comercial y a urbanizar la zona. El suelo fue recalificado. En La Cañada han tenido tiendas franquiciadas Maite Zaldívar, la primera mujer del ex alcalde Julián Muñoz, y la esposa de Roca, esta última una sucursal de Body Shop.

Desde aquella operación, la carrera financiera de Olivo se disparó: construyó centros comerciales en Sevilla, Mataró, Villalba, Almería, Armilla, Sanlúcar, Yecla, Jaén. En muy escaso periodo de tiempo, Tomás Olivo emprende inversiones a través de la promotora General de Galerías Comerciales. Entre ellas, una de 1,8 millones en el complejo comercial Parque Nevada, 350.000 metros cuadrados en Armilla (Granada), de los que 100.000 se destinarán a comercio y ocio. En el año 2000, General de Galerías Comerciales y su constructora asociada facturaron 14.000 millones de euros, con un beneficio declarado de 2.400.

elconfidencial.com

LA PASIVIDAD DEL CONSELL DEJÓ ACTUAR A LA TRAMA URBANÍSTICA DE LLÍBER

La red vendía casas en suelo rústico con la complicidad del ex alcalde detenido

ARTURO RUIZ - Dénia -

En apenas un lustro, la faz del término municipal de Llíber cambió para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP José Mas impulsó la construcción de 300 viviendas -la mayoría grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ningún control ya que, a pesar de su obligación fiscalizadora, la Consejería de Territorio, gestionada entonces por el fallecido José Ramón García Antón, no intervino en Llíber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del área, Rafael Blasco y Esteban González Pons, que en octubre de 2006 sí actuó en Catral y retiró la competencia urbanística al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urbanística de aquellos años, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.

"Querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco es posible", lamenta un afectado

De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupción urbanística. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde José Mas y su ex aparejador han acabado en la cárcel, así como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de Xàbia. Están imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporación -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores más, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado número tres de Dénia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los más de 300 propietarios, la mayoría británicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigación sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habrían recibido regalos y dinero en metálico de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenación del territorio porque el suelo rústico sufrió una plaga de urbanizaciones.

¿Cómo pudo urdirse una trama de estas características en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Llíber no sólo cayó en la tentación, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos fáciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pasó de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habrían visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo algún notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", señaló el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent.

La presunta red delictiva actuó sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación del ayuntamiento. También construían y vendían las casas por precios entre 200.000 euros y un millón.

"Estamos convencidos de que Llíber es sólo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas prácticas", asevera el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Joan Sala. Poblaciones como l'Atzúvia o Benitatxell también están en el punto de mira de la justicia.

El alcalde de Llíber dice que, pese a su implicación -la Guardia Civil ha apreciado que votó a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intentó parar aquella práctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en inglés y castellano advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación urbanística".

¿Qué hacer con 300 viviendas fuera de ordenación, que no pueden venderse? Expertos jurídicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deberán reclamar individualmente.

La solución pasa por legalizar el mayor número posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso sólo será posible en las casas construidas en suelo no urbanizable común, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro años desde la construcción de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protección no serán legalizables, ya que el delito no prescribe, y deberán ser demolidas.

Edward K. tiene setenta años, nació en Londres y lleva unos quince años en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y después el idílico paisaje de Llíber. "No comprendemos qué ha pasado: querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa años llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro" relata la hija de otros dos afectados.

La trama de Llíber

- Periodo. Entre 1999 y 2003, el gobierno de Llíber, del PP, impulsa la construcción de 300 viviendas, la mayoría ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados.

- Investigación. Hay implicadas ya 16 personas. El ex alcalde, del PP, José Mas, y su ex aparejador están en prisión, igual que un constructor de Xàbia. Los otros cindo ediles que formaban parte de la corporación están imputados, entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus.

elpaís.com

CASO MERCASEVILLA"; EL PP RECURRE PARA IMPUTAR A MONTESEIRÍN Y A DOS ALTOS CARGOS DE LA JUNTA ANDALUZA

Irregularidades en el mercado de mayoristas

* El alcalde, a juicio del PP, intentó encubrir y entorpecer el proceso
* El recurso de los 'populares' pretende reformar el auto de incoación


Efe | Sevilla

El PP, que ejerce la acusación particular por las presuntas irregularidades en Mercasevilla, ha recurrido el auto de incoación de procedimiento ante un jurado y ha pedido que se impute como encubridor al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y por prevaricación a dos altos cargos de la Junta.

El PP pide en un recurso que la juez de instrucción 6 de Sevilla que, antes de continuar el procedimiento, tome declaración como imputado a Monteseirín porque conoció la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros, en los primeros días de febrero de 2009, pero no la denunció y además diseñó una estrategia destinada a "mantener oculto el asunto".

El alcalde, según el PP, en un intento de "encubrir y entorpecer" el procedimiento, mantuvo en sus cargos a los dos directivos de Mercasevilla acusados y les permitió "acceder a los medios de prueba que permiten su incriminación, facilitándoles su destrucción".

Citación de los 4 imputados
Este recurso del PP pretende reformar el auto de incoación de procedimiento, dentro del cual la juez instructora ha citado el próximo miércoles a los cuatro imputados, entre ellos el delegado de la consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, para que las acusaciones concreten los delitos que les imputan.

En esta rama del caso Mercasevilla están imputados Rivas, los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la funcionaria M.R.P.B. por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de la empresa pública, que acababa de recibir una subvención de 900.000 euros de la Junta.

Los abogados defensores también han presentado recursos pidiendo el archivo de la causa y en especial contra la fianza de 400.000 euros impuesta por la juez instructora para hacer frente a sus futuras responsabilidades pecuniarias.

Altos cargos de Empleo
El PP, en su recuso, también pide que se impute en la causa por un delito de prevaricación a Juan Manuel Fuentes Doblado, entonces director general de Formación para el Empleo de la Junta, y a su sucesora, María José Lara González, por el proceso de concesión de dicha subvención de 900.000 euros.

Sostiene esta acusación que en el proceso de concesión de la ayuda "se eludió intencionadamente cualquier tipo de procedimiento administrativo en régimen de concurrencia competitiva con otros solicitantes".

Además, el PP solicita ampliar los delitos que se imputan a los ya acusados y añadir otro de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada.

Fuentes del caso han indicado que los recursos de todas las partes no paralizan la comparecencia fijada para el próximo miércoles y han precisado que la juez instructora puede resolver sobre ellos antes de dicho acto o en momentos posteriores.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR PAGÓ DOS ESTUDIOS A VIDEO-U SIMULANDO QUE ERAN EMPRESAS DISTINTAS

Por valor de 20.800 euros

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se ha topado en la investigación de la denominada Operación Maquillaje con una práctica muy similar a la que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia a condenar a prisión a Bartomeu Vicens y a Damià Nicolau por prevaricación y malversación de caudales públicos.

Aparece de nuevo la adjudicación discrecional de estudios a empresas vinculadas a Unió Mallorquina (UM) urdiendo para ello una necesidad inexistente que encubre el verdadero objetivo: desviar fondos públicos al entorno de los altos cargos del partido que presidía Maria Antònia Munar.

En esta ocasión, la beneficiaria es la productora Video-U, vinculada a Miquel Nadal y a la familia de Munar, que se llevó dos contratos en una adjudicación que fue justificada por parte del Consell de Mallorca alegando precisamente que los propietarios de las mismas eran diferentes. Lo cual, llegó a añadir la institución insular, dotaba de "objetividad" a dichos pagos.

En el exhaustivo análisis de la documentación relacionada con la creación de la Televisión de Mallorca, conocida popularmente durante la pasada legislatura como TeleMunar, la Policía Nacional ha denunciado al titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma la adjudicación de estos nuevos informes otorgados a dedo y encaminados a sentar las bases para la creación del canal público.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; UM DECIDE SI OBLIGA A DIMITIR A NADAL EL DÍA QUE VICENS DEJA SU ESCAÑO

Por su imputación en la Operación Maquillaje

* El cese podría producirse un día antes de aprobar los Presupuestos de Cort
* Antich: 'Si UM aplica el código ético no habrá ningún peligro' para el Pacte'
* El juez retiró al ex conseller su pasaporte tras declarar por 'Maquillaje'


Europa Press | Palma

La Ejecutiva de UM decidide este lunes si obliga al portavoz y regidor de este partido en el Ayuntamiento de Palma a dimitir, después de que el pasado miércoles, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, le retirara el pasaporte y le impidiera abandonar el territorio nacional, por su supuesta implicación en una pieza separada del caso Son Oms, conocida como operación Maquillaje.

Así, UM podría convertirse en el primer partido del pacte que aplica el código ético, acordado entre este partido, el PSIB y el Bloc, que establece que aquel cargo políticos que esté imputado en un caso de corrupción deberá dimitir en caso de que se decreten medidas cautelares contra él o haya sido citado para un juicio oral.

La Ejecutiva de la formación liderada por Miquel Ángel Flaquer se celebrará, después de que el pasado viernes, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Ángel Grimalt, compareciera ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola y el fiscal anticorrupción Juan Carrau por su imputación en la operación Maquillaje, que se mantuvo tras su declaración.

Por tanto, el cese de Nadal podría producirse un día antes de que se celebre el Pleno del Consistorio en el que se votarán los Presupuestos de esta institución para 2010 y a los que UM ya se ha comprometido a apoyar, pese a que el pasado viernes votó con el PP en contra de la enmienda presentada por la regiduría de Hacienda para que los dos altos cargos del área de Bienestar Social, ligados a EU no fueran suprimidos.

Precisamente, el presidente del Ejecutivo balear, Francesc Antich, remarcó que si UM aplica este código ético "no habrá ningún peligro" para el pacto de gobernabilidad, por lo que le instó a solucionar la situación en la que se encuentran algunos de sus cargos imputados en casos de corrupción para que se lleve a cabo una "regeneración".

La reunión de la Ejecutiva de UM se celebrará el mismo día en el que el parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens (ex-UM) abandonará oficialmente su escaño en el Parlament por recomendación de su abogado, Eduardo Valdivia, después de que el pasado jueves fuera condenado a cuatro años y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación dentro de una pieza separada del caso Son Oms.

Isabel Alemany sustituirá a Vicens
De este modo, el lunes el asistente del Grupo Mixto presentará entre las 09.00 y las 14.00 horas ante la Mesa del Parlament la renuncia a acta de diputado de Vicens, de forma que una vez admitida a trámite, será enviada a la Junta Electoral, que, a su vez, se encargará de expeditar la acreditación de la nueva parlamentaria del Grupo Mixto, que será la actual alcaldesa de Andratx, Isabel Alemany (UM), debido a que fue la siguiente en la lista electoral de UM en los pasados comicios autonómicos de 2007.

Sin embargo, no será hasta el 2 de febrero cuando Alemany tome posesión de su escaño en el primer Pleno del Parlament del nuevo periodo hábil de esta institución.

Vicens entregará su acta de diputado, tres días después de que la Fiscalía haya solicitado la celebración de una comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares para pedir medidas cautelares contra él y en la que podría pedir su ingreso en prisión preventiva para evitar que el inculpado pudiese sustraerse de la acción de la justicia. Así, el hecho de que haya abandonado su escaño, podría beneficiarle a la hora de que el juez decida si tiene en cuenta la petición de cárcel que solicitará la Fiscalía o si le mantiene en libertad, a la espera de que el TS ratifique la sentencia del TSJB.

En virtud del Reglamento del Parlament, se podría haber dado la circunstancia de que Vicens habría podido mantener el escaño pese a permanecer en la cárcel, teniendo en cuenta que el artículo 8.2 establece que el diputado quedará suspendido en sus derechos, sus prerrogativas y sus derechos parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando el cumplimiento de ésta implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Mientras, el artículo 9 contempla que el diputado perderá la condición como tal por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación o por la incapacidad del parlamentario, declarada también por decisión judicial firme.

De esta manera, el Reglamento hubiese impedido obligar a Vicens que abandonara su escaño, hasta que no existiese una sentencia firme del Tribunal Supremo, que ratifique la inhabilitación de ocho años dictada por el TSJB por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms, algo que, previsiblemente, no sucederá antes del plazo de un año.

No obstante, Vicens ha optado por recomendación de su abogado, Eduardo Valdivia, no agotar esta posibilidad y dimitir antes de que se produjera una sentencia firme que le obligara a abandonar su escaño de manera obligada, tal y como le ocurrió a la diputada de Ezker Batua (EB) y por entonces secretaria segunda de la Mesa del Parlamento vasco, Kontxi Bilbao, quien el 30 de septiembre de 2008 tuvo que dejar su escaño para cumplir la sentencia de inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo por la negativa de la anterior Mesa de disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak.

Además
* 'Es uno de los peores momentos de UM'
* UM: 'La salida de Vicens es buena para la salud del Parlament'
* Vicens deja su escaño | Reacciones: PSIB | PP
* ERC dimite de todos sus cargos

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; CIUDADANS ACUSA A PSC Y CIU DE UN "PACTO DE SILENCIO" FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Exige responsabilidades políticas

* Rivera considera que la dimisión del gerente del Incasol no es suficiente
* Reclama una limitación de los mandatos políticos de ocho años


Europa Press | Barcelona

El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha asegurado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) que PSC y CiU han establecido un "pacto de silencio" frente a la corrupción para no asumir sus responsabilidades políticas tras los últimos casos destapados en Cataluña.

Así, Rivera ha afirmado que "hay que luchar para que los catalanes vuelvan a confiar en los políticos que les representan", para lo que ha considerado que es necesaria una mayor transparencia política en todas las actuaciones públicas, y que éstas puedan ser consultadas por todos los ciudadanos.

En esta línea, ha lamentado que el Gobierno catalán "haya pasado de puntillas" por la imputación en el 'caso Pretoria' del ex gerente del Incasol, Emili Mas. Además, ha considerado que la dimisión de Mas no es suficiente, y ha criticado al Ejecutivo catalán por haberse negado a abrir una comisión de investigación sobre el caso.

En este sentido, ha indicado que "la Cataluña oficial" se preocupa por abolir las corridas de toros y por los referéndums de independencia para establecer "una cortina de humo que esconda su incapacidad para salir de la crisis", y no asumir sus responsabilidades políticas en los casos de corrupción.

Finalmente, Rivera ha señalado que es necesario establecer una limitación de los mandatos políticos de ocho años, para que nadie "se perpetúe en el poder" y Cataluña pueda "enterrar" la corrupción.

elmundo.es