lunes, 18 de mayo de 2009

MONTESEIRÍN NO ORDENÓ INVESTIGAR EL FAX DE UNIDAD PORQUE NO LE DA "CRÉDITO" AL PP

El alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso






El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, esta mañana a la salida de los juzgados. EFE/EDUARDO ABAD





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El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha declarado hoy como testigo en la causa judicial por el presunto pago de facturas duplicadas por parte del Ayuntamiento a la federación vecinal Unidad, y ha asegurado que el PP sale "judicialmente derrotado" tras su comparecencia.

En la declaración, que se ha prolongado ante el juez de instrucción 14 de Sevilla durante casi 45 minutos, el alcalde ha afirmado que dio instrucciones al interventor municipal de que investigara las presuntas facturas duplicadas y ha negado que no lo hiciera, como le reprocha el PP, que ha denunciado el caso.

Tras la declaración, el alcalde, acompañado por varios concejales, se ha trasladado a la sede del PSOE de Sevilla para explicar en rueda de prensa su "experiencia novedosa y satisfactoria" como testigo.

Ha precisado que estaba en la sede socialista porque "se trata de una pelea puramente política; esto no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla, es un intento del PP de hacerle daño al PSOE" usando para ello las instituciones judiciales.

El alcalde ha indicado que el PP ha "pretendido" llevarle a declarar como testigo "contra el PSOE y el grupo socialista", tras lo cual ha subrayado que este caso es un intento del PP de "confundir" a la sociedad y a los medios de comunicación.

Acompañado por el secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, el alcalde ha enfatizado en que no da crédito a las denuncias del PP porque "no son rigurosas y no van a ningún sitio" y en algunos casos hechas con un "'show' mediático", en referencia a que el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, exhibió "un documento" en plena campaña electoral y en un plató de televisión.

Monteseirín se refería a un fax que, según Zoido, remitió en abril de 2002 el Grupo Municipal del PSOE a Unidad en el que se daban "instrucciones claras" para falsificar sus facturas y enviar el dinero restante al propio grupo y a una caja fuerte.

Se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas
El alcalde ha reiterado que cuando supo de presuntas irregularidades en las subvenciones a Unidad le pidió al interventor que investigara, y éste le contestó que eso "no tenía sentido" porque suponía auditarse a sí mismo, por lo que se enviaron los documentos al Tribunal de Cuentas, que es lo que recomendó ese funcionario.

Ha agregado que a pesar de no dar crédito a las primeras denuncias del PP, cuando este partido acudió a los juzgados, sí dio instrucciones a los servicios municipales para que colaboraran con la Justicia, lo que asegura que se ha hecho con "diligencia" para "aclarar las cosas".

Respecto al fax, ha insistido en que no cree que "nadie" del Grupo Municipal Socialista hiciera algo así, extremo que le ha comunicado al juez.

El alcalde, que entró a los juzgados dos horas antes de la hora prevista para su declaración, intentó salir por la puerta de atrás del edificio judicial, aunque cambió de opinión cuando encontró a un fotógrafo, tras lo cual se fue por la entrada principal, donde había numerosos medios gráficos.

En la rueda de prensa, Viera ha revelado que se ha reunido con Zoido y el presidente del PP de Sevilla, José Luis Sanz, para intentar "acabar de una vez por todas" con la práctica que supone mezclar la crítica política con las insinuaciones permanentes de corruptelas, lo que afirma que aleja a los ciudadanos de las urnas.

En el caso por el que ha declarado el alcalde figuran como imputados los ex presidentes de Unidad Ángeles Nevado y Manuel Gómez Lobo, éste también ex edil, presuntos responsables de las facturas falsas y duplicadas presentadas por la federación vecinal al Ayuntamiento de Sevilla y a la Diputación provincial.

ABCDESEVILLA

EL ALCALDE EXPLICA HOY A UN JUEZ POR QUÉ NO INVESTIGÓ LAS FACTURAS IRREGULARES DE UNIDAD


Una terminal del PSOE

Tras Macarena y antes de Mercasevilla

El proceso y la declaración del alcalde por el «caso Unidad» están intercalados en el tiempo entre otros dos asuntos muy turbios que afectan a la gestión municipal. Hace unos meses la Audiencia dictó sentencia por el «caso Macarena», el de las facturas falsas elaboradas por los responsables municipales, que ha acabado con la condena del contratista José Pardo y del que fuera secretario del distrito y hombre de confianza del alcalde José Marín. Alfredo Sánchez Monteseirín quedó muy tocado cuando se destapó el asunto, pero su proverbial aguante lo mantiene con el bastón incluso tras la condena. En lontananza aparece otro asunto que puede darle quebraderos de cabeza y por el que ha sido denunciado desde el PP, el de las comisiones a empresarios en Mercasevilla, empresa municipal.

E. BARBA. SEVILLA

La política de Sevilla capital vivirá hoy un acontecimiento inédito: un alcalde declarando en los juzgados. El socialista Alfredo Sánchez Monteseirín está citado esta mañana en el Juzgado de Instrucción 14 de la capital hispalense para declarar como testigo en el llamado «caso Unidad», que la Justicia investiga desde hace varios años a causa de las irregularidades contables en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las subvenciones recibidas de las administraciones públicas. En concreto, el magistrado que instruye esta causa indaga en torno a varias facturas duplicadas que aparece en expedientes de justificación de actividades de Unidad pagadas tanto desde el Ayuntamiento de Sevilla como desde la Diputación Provincial.

La aparición de la misma factura —con cantidades distintas—, con número similar e idéntico concepto en dos expedientes distintos provocó la denuncia del PP en los juzgados y el inicio de esta causa, por la que han declarado ya los dos ex presidentes de Unidad imputados, los socialistas Manuel Gómez Lobo y Ángeles Nevado, así como los interventores de las dos administraciones implicadas. Precisamente a raíz de la declaración judicial del interventor del Consistorio, José Miguel Braojos —tal y como refleja el propio auto de citación del alcalde—, el juez decidió llamar a Monteseirín, ya que el alto funcionario expuso al magistrado que ignoraba si el Ayuntamiento sevillano había encargado investigación interna alguna para fiscalizar los expedientes irregulares. Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP, de modo que el juez ha decidido preguntar al máximo responsable municipal sobre la posibilidad de que se hubiera investigado y, de no haberse hecho, por los motivos de esta pasividad ante hechos irregulares. Para el PP, el alcalde no actuó ni exigió una investigación interna pese a la gravedad de los hechos. Además, el interventor aseguró que Unidad debe todavía unos 6.000 euros al Consistorio.

Interventor y viceinterventor de la Diputación especificaron al juez, por su lado, que la organización vecinal —politizada del todo por el PSOE— debe devolver aún 10.632 euros por facturas que no cumplían los requisitos formales, que se referían a «compras genéricas sin especificar conceptos» y que, además, se presentaban también al Ayuntamiento de la capital andaluza. Además, expusieron que también comprobaron que «el Ayuntamiento de Sevilla les daba dinero por esas mismas actividades», lo que supone una de las bases de la denuncia del PP, los ingresos «duplicados».

Braojos testificó que a él no se le habían dado órdenes para que lo hiciera pese a conocerse la duplicidad de facturas tras ser publicado por los medios y denunciado por el PP.

El asunto de los expedientes, de las facturas dobles y de la escasa intención municipal de aclarar el asunto es la base del interrogatorio a Monteseirín, si bien el juez indicó en su auto de citación que deberá responder a «otros que puedan surgir». En ese sentido, parece claro que, de no hacerlo el propio juez, serán los letrados del PP, acusación particular, los que interpelen al regidor sobre el otro punto destacado de la instrucción, el fax con instrucciones para falsear una factura y poder cobrar el dinero negro que se envió en abril de 2002 desde el Grupo Municipal Socialista a Unidad. El documento fue hecho público por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, en el debate televisivo de la última campaña electoral ante el mismo Monteseirín, al que los populares preguntaron por el fax al ser él el principal responsable de su grupo municipal en la fecha en que se envió el papel a la Federación vecinal.

En dicho fax se indica que se prepare «un sobre con 1.218» para mandar al Ayuntamiento y «el resto a caja fuerte». En ese documento se detalla el «importe de la factura que nos expiden» y, por otro lado, el «gasto real», sensiblemente inferior. Esto está siendo investigado también por el juez instructor, que llamó en su día a declarar a la contable y la secretaria de la entidad vecinal, quienes mostraron su desconocimiento del asunto. Tras este documento el PP entiende que hay una trama de la que podría concluirse que existe una financiación ilegal del PSOE.

ABCDESEVILLA

EL TSJ DE VALENCIA RETRASA UN DÍA LA DECLARACIÓN DE CAMPS





POLÍTICA | Caso 'Gürtel'

















Camps, rodeado de microfonos al finalizar un acto en Valencia. | Vicent Bosch

* Tras el cambio de calendario, acudirá al TSJ el miércoles a las 10.00 horas
* En su lugar declarará mañana a las 10.30 h. el ex vicepresidente Víctor Campos
* El juez llama a declarar a quienes autorizaron contratos con Orange Market
* El magistrado también ha ordenado que se practique una pericial contable

Rodrigo Terrasa | Valencia

La declaración del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, prevista para este martes, ha sido suspendida y trasladada al día 20, tal y como ha solicitado el abogado defensor de Camps al magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Según ha informado el TSJ, "el letrado tiene que estar presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial".

De esta forma, mañana martes, a la hora en la que debía declarar Camps, a las 10.30 horas, prestará declaración el ex vicepresidente del Consell Victor Campos. Sí se mantiene la comparecencia del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que acudirá a las 12.00 horas.

Tras el cambio de calendario, Camps acudirá al TSJ el miércoles a las 10.00 horas. A continuación, a las 11.00 horas, comparecerá Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, y a las 12.00 horas, Álvaro Pérez 'El Bigotes', responsable de Orange Market.

Por otra parte, José Flors, magistrado instructor de la causa abierta por supuesto delito de cohecho atribuido a las cinco personas imputadas, ha acordado también llamar a declarar como testigos a todas las personas que han autorizado contratos entre la Generalitat Valenciana y la empresa Orange Market y a quienes formaron parte de las mesas de contratación. También ha acordado que se practique una pericial contable.

El Consell, satisfecho

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, ha valorado "de forma muy positiva" la decisión de citar a altos cargos y funcionarios de la Generalitat. En su opinión, responde a una solicitud expresa del propio presidente Camps.

Rambla ha recordado que en su declaración institucional del 19 de febrero, Camps manifestó su intención de pedir "la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado conmigo en mis distintas etapas; concejal, teniente de alcalde, conseller, secretario de Estado, vicepresidente del Congreso, delegado del Gobierno y actualmente presidente de la Generalitat, para que puedan claramente decir si alguna vez he pedido alguna decisión al albur de cualquier circunstancia".

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ELMUNDO.ES


LA ACUSACIÓN DE FALSIFICAR PERMISOS PARA HERBICIDAS ACERCA A FABRA AL BANQUILLO

Los escándalos que afectan al PP

Las autorizaciones beneficiaban a la empresa de la que era socia su esposa

MARÍA FABRA - Castellón

"Iba vestido con traje oscuro y corbata y no llevaba maletín ni carpeta". De esta manera se presentó el ex subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía a un encuentro en el Hotel Palace de Madrid, entre finales de 1999 y principios de 2000, según el empresario Vicente Vilar. En la reunión estaba también el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El objetivo era que el entonces ya jubilado cargo de Agricultura les asesorara ante los infructuosos intentos de que el ministerio aprobara herbicidas y plaguicidas. Los tres, junto a otras cinco personas, están ahora imputados.

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

Las pesquisas de Agricultura acabaron en la retirada de los plaguicidas

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. De momento, a él y a los demás se les acusa de haber falsificado sellos y analíticas y de haberlas presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas. La sociedad beneficiaria era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar, ambas imputadas.

Cadahía había montado una asesoría, Consultores Agroquímicos, para encarrilar los trámites para la obtención de permisos. Vilar, fabricante del sector, acudió a él y, según la versión del empresario, éste les sugirió falsificar la composición de las materias primas. Cadahía declaró ante la juez que, "seguramente", la reunión trató sobre las dificultades para obtener los permisos y la necesidad de presentar una "documentación adecuada", pero negó haber sugerido la falsificación de análisis.

El caso es que Vicente Vilar sostiene que "decidimos hacerlo". El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

La trama precisó de un impresor jubilado, Manuel Martínez, ahora imputado, que recibía los logotipos en un folio y los transformaba en sellos de caucho. Vilar dice que los primeros fueron aportados por el chófer de Fabra. Mientras, dos químicos, Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir, también imputados, rehacían los análisis.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.

ELPAÍS.COM

¿QUIEN ES LUIS "EL CABRÓN"?

Los escándalos que afectan al PP

J. A. H. - Valencia

Uno de los motivos por los que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el juez Garzón elevase la causa del caso Gürtel directamente al Tribunal Supremo fueron sus dudas de que las siglas "L. B." o el apodo "Luis, El Cabrón", que aparecen en la contabilidad opaca de Correa, correspondan al senador Luis Bárcenas. En la contabilidad B de Correa hay anotaciones sobre pagos de dinero a "L. B." y a "Luis, El Cabrón". Para Garzón no hay duda de que se trata de Bárcenas. Pero la fiscalía sólo entendería como un indicio sólido contra el tesorero del PP que alguien directamente relacionado con la trama declarara que las citadas anotaciones se refieren a Luis Bárcenas. El contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo, ha indicado que son muchas las anotaciones y que no recuerda a quién se refería cuando escribió esas siglas.

La 'contabilidad B' de la trama de Correa revela el pago de viajes al tesorero del PP

Isabel Jordán, directiva de una de las empresas de la trama de Correa -y la persona que reveló al ex concejal Peñas (así figura en una grabación incorporada al sumario) que desde las sociedades de Correa se habían pagado trajes al presidente de Valencia, Francisco Camps-, tampoco ha aclarado a quién corresponden esas siglas. Jordán se ha distanciado de sus ex jefes y principales implicados en el caso Gürtel y ha corroborado la existencia de pagos a altos cargos del PP de Madrid a cambio de lucrativas contratas de Administraciones del PP. Francisco Correa la ha tachado de desleal.

ELPAÍS.COM

LA "CONTABILIDAD B" DE LA TRAMA DE CORREA REVELA EL PAGO DE VIAJES AL TESORERO DEL PP



Los escándalos que afectan al PP

El cabecilla de la red corrupta, ahora en prisión, entregó supuestamente en 2002 al senador Luis Bárcenas 3.500 euros para que visitase Reino Unido y Suiza

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Valencia -

El cerco de indicios delictivos sobre el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, se estrecha. La contabilidad B de la trama corrupta vinculada al PP revela que Francisco Correa, cabecilla del caso Gürtel, entregó unos 3.500 euros a Bárcenas para pagar viajes que éste habría hecho, a comienzos de 2002, a Reino Unido y Suiza. Las cuentas opacas de Correa, actualmente encarcelado, reflejan que pagó esos viajes. Y que, además, en los tres meses anteriores, el tesorero del PP recibió de la trama, siempre por orden de Correa, en torno a 650.000 euros.

* ¿Quién es Luis 'El Cabrón'?
* El juez investiga los contratos de la Generalitat valenciana con la trama de Correa

Bárcenas, amigo de Correa, recibió casi 650.000 euros en apenas tres meses

El senador popular niega haber cobrado dinero del jefe de la trama

Bárcenas se remitió ayer, a través de una portavoz, al comunicado que emitió el 2 de abril y en el que niega haber recibido "jamás" dinero de Correa, "ni directa ni indirectamente".

El juez Baltasar Garzón sostiene que Bárcenas recibió de las sociedades de Correa más de 1,3 millones de euros. La investigación, sin embargo, eleva ya esa suma a 1,6 millones. A esto hay que unir las inversiones inmobiliarias que Bárcenas ha realizado en los últimos diez años y que, según la investigación, no se corresponden con sus ingresos como tesorero nacional del PP.

Correa es el jefe de la trama corrupta que destapó un ex concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda, José Luis Peñas, y que, hasta el momento, implica a tres diputados regionales de Madrid, al presidente valenciano, Francisco Camps, a su número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios de Madrid. También están presuntamente implicados dos aforados nacionales: Bárcenas y el eurodiputado Gerardo Galeote.

En una de las conversaciones que el ex concejal Peñas grabó a Correa, éste se jacta de haber entregado a Bárcenas 1.000 millones de las antiguas pesetas. Tras ser encarcelado por Garzón, Correa ha declarado que esa afirmación sólo era una forma de hablar, y que lo que realmente quiso decir es que sus empresas ahorraron mucho dinero al PP organizándole actos de partido a precios muy bajos.

La Agencia Tributaria está tras los pasos de Bárcenas. Él ha pedido públicamente que le investigue. Los primeros datos revelan que el tesorero del PP ha amasado un patrimonio muy superior al que le permitiría su sueldo. Es propietario, junto a su esposa, de dos pisos en la madrileña calle de Príncipe de Vergara, de otros dos en Ibiza y Marbella y de plazas de garaje en Madrid. Además, vendió un lujoso apartamento en Sierra Nevada y compró otro en Baqueira-Beret. Su patrimonio conocido puede superar los cinco millones.

Bárcenas también es investigado por el ingreso de 330.000 euros que efectuó en un banco en enero de 2003. Al contado y en billetes de 500 euros. Hacienda lo descubrió y le pidió explicaciones. Bárcenas explicó al fisco que el dinero procedía de un crédito que había pedido un mes antes para una compra de cuadros que había resultado fallida. Es decir, Bárcenas pidió un préstamo para unos cuadros (con los consiguientes gastos que genera la recepción de todo crédito) y luego se arrepintió y devolvió el dinero.

En la contabilidad de la red de Correa aparecen supuestos pagos a "L. B." [supuestamente Luis Bárcenas] anteriores al crédito. Algunos pagos son muy similares al dinero que Bárcenas dice haber pedido al banco para comprar los cuadros.

No son sólo los viajes a Suiza y Reino Unido y el extraño préstamo. La investigación arroja fuertes evidencias contra el tesorero del PP. Garzón le implicó en la trama, pero no pudo tomarle declaración porque, además de tesorero, Bárcenas es senador y aforado. Sólo puede interrogarle el Supremo. Garzón quiso inhibirse directamente en favor del Supremo, tras llegar a la convicción de que Bárcenas había percibido de la trama al menos 1,3 millones. Pero la Fiscalía Anticorrupción lo rechazó alegando que los indicios contra el tesorero carecían de suficiente solidez. Y forzó a Garzón a inhibirse del caso Gürtel en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia para que se indagaran las implicaciones de aforados de esas comunidades.

Contra estos aforados, Anticorrupción sí aprecia sólidos indicios de que habrían recibido sobornos de la trama a cambio de contratas de obras públicas.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON LA TRAMA DE CORREA



Los escándalos que afectan al PP

El PP valenciano improvisa un acto de desagravio a Camps la víspera de su declaración ante el juez

MIGUEL OLIVARES / MARÍA FABRA -

El magistrado instructor de la causa abierta contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho ha dictado esta mañana un auto por el que llama a declarar, en calidad de testigos, a todas las personas que han autorizado contratos entre la administración autonómica valenciana y Orange Market S.L., una de las empresas que figura en la trama de empresas corruptas que investiga el juez Garzón en el llamado caso Gürtel.

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Cospedal: "La mejor defensa de Camps será decir la verdad"


Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Entre otros encargos, la sociedad fue contratada por la Generalitat para la realización del expositor de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), desde 2006. Además, elaboró una campaña de publicidad para una empresa pública de la administración valenciana y realizó otros trabajos para la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional y Estratégica de la Comunidad Valenciana, como la cabalgata de la salida de la vuelta al mundo de veleros Volvo Ocean Race, desde Alicante.

El juez quiere escuchar también a todos aquellos que formaron parte de las mesas de contratación, que habrán de acudir igualmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Ángel Luna, ha indicado en un comunicado que la decisión del TSJCV supone "un cambio que viene a agravar considerablemente la situación procesal" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, informa Europa Press. "Ya no estamos hablando de tres trajes, de unos regalos, de unas pulseras, estamos hablando de poner en cuestión una forma de contratación administrativa del gobierno de Camps", ha explicado.

El PP valenciano arropa a Camps

Horas antes de que el TSJV llamara a declarar a todos los miembros de la Generalitat que contrataron con Orange Market, Francisco Camps se ha rodeado de decenas de altos cargos, alcaldes y otros responsables institucionales del PP para firmar un pacto por la integración local de los inmigrantes. El acto se improvisó a finales de la pasada semana, cuando se supo que Camps debía acudir a declarar esta mañana. La citación, prevista para el martes se ha trasladado al miércoles debido a que el abogado del presidente valenciano tenía ya una causa mañana. Por tanto, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, acudirán mañana ante el juez, mientras que Camps y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret lo harán el miércoles.

Representantes de diversas organizaciones de inmigrantes han aportado el color y la excusa para la ocasión. Rafael Blasco, consejero de Inmigración, ha ocupado un lugar protagonista como organizador del evento. Pero ha estado seguido de cerca por el traje blanco de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. El cierre de filas en torno al presidente de la Generalitat fue de tal calibre que han respondido a la invitación tanto Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y objeto de un procedimiento abreviado por el delito de falsedad documental, como José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y máximo exponente del sector zaplanista del PP de la Comunidad Valenciana.

Barberá rompe una lanza

Los presidentes de la Cámara de Comercio de Valencia y de Cierval, la confederación empresarial de ámbito autonómico, han sido los únicos representantes de la sociedad civil que han acudido al acto junto al responsable de la Asociación Valenciana de Agricultores. Francisco Camps no ha hecho ninguna declaración al margen de su discurso institucional, que ha sido aplaudido durante cinco minutos. Rita Baberá, alcaldesa de Valencia, ha sido la única que ha augurado que a partir de mañana, los socialistas se quedarán sin argumentos para atacar al presidente de la Generalitat.

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha expresado desde Madrid el apoyo de los populares a Camps porque su defensa "consistirá en decir la verdad". Tras una reunión del Comité de Dirección del partido en la que se ha tratado la comparecencia de Camps ante el juez José Flors, Cospedal ha asegurado que "Camps está completamente tranquilo" y que "tendrá la posibilidad de defenderse" de los "ataques e injurias".

No ha asistido al acto en Valencia ningún representante sindical ni de ningún partido de la oposición parlamentaria o municipal. Un portavoz socialista ha comentado que no se oponen a la integración de los inmigrantes, sino a los actos para "arropar" al presidente de la Generalitat y "debilitar al juez" la víspera de su declaración como imputado.

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