miércoles, 30 de diciembre de 2009

"CASO PALMA ARENA"; IMPUTAN A MATAS Y A SU MUJER 9 DELITOS CASTIGADOS CON HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

'CASO MATAS' | Las novedades judiciales

* Arguyen que poseen 'vehementes sospechas' de que incurrieron en cohecho
* Así como en apropiación indebida o blanqueo de capitales
* Aluden para ello a 'infinidad de documentos y declaraciones testificales'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El juez que investiga al ex presidente del Govern balear revela por primera vez los delitos que le imputa a él y a su mujer en el proceso judicial en el que investiga tanto el millonario desfase del velódromo Palma Arena como su espectacular y vertiginoso incremento patrimonial durante los últimos años. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye ya a Jaume Matas y a Maite Areal la comisión de al menos 9 delitos que llevan aparejados penas de cárcel que pueden alcanzar, en conjunto, los 30 años.

Lo hace en su último auto judicial, al que ha tenido acceso EL MUNDO/El Día de Baleares, y mediante el que ordenó la pasada Nochebuena la entrada y registro en el palacete del matrimonio Matas-Areal en la calle San Felio de Palma en busca de varias cajas de seguridad.

El magistrado José Castro considera que en estos momentos obran en su poder "infinidad de documentos y numerosas declaraciones testificales, unas ratificadas a la judicial presencia y otras pendientes de serlo" de las que "se infiere que existen vehementes sospechas" de que el ex líder del PP de Baleares ha podido incurrir en los delitos de "prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral".

Las imputaciones a Areal
En cuanto a su esposa Areal, el juez apunta que de los elementos que ha podido recabar hasta la fecha habría podido incurrir en los de "apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito fiscal". Castro no había especificado hasta ahora las conductas delictivas que atribuía a la pareja.

No en vano, cuando cursó la citación judicial mediante la que les emplaza a declarar en calidad de imputados el próximo mes de marzo, no los precisó. Ha sido ahora, tras tomar declaración a decenas de proveedores de la lujosa vivienda palmesana y del piso que ocupan sus hijos en pleno Barrio de Salamanca de Madrid cuando ha hecho pública dicha relación en los "fundamentos jurídicos" del referido auto judicial con objeto de justificar el segundo registro del piso que el matrimonio posee en la planta noble del palacete de Can Sales Menor en pleno centro de Palma.

No obstante, todavía no ha argumentado a qué conducta concreta de cada uno corresponde cada tipo penal. Quedando también pendiente de argumentar, y así ha sido requerido formalmente por una de las defensas, los elementos que le han llevado a conectar el caso Palma Arena con la investigación patrimonial del matrimonio, que había sido abortada por el fiscal general del Estado.

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"CASO MACARENA"; EL PP PIDE QUE DECLARE COMO IMPUTADA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN "UNIDAD"

FACTURAS FALSAS | Pagos a la federación provincial de vecinos

Efe | Sevilla


El PP de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 14 la declaración en calidad de imputados de todos los miembros de las juntas directivas de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos 'Unidad' que fueron elegidas desde el año 2000 hasta el 2006, todo ello dentro de la investigación por la supuesta duplicación de facturas de 'Unidad' en sendos programas de subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación.

En el escrito presentado el martes, el PP realiza esta petición al juez instructor, Manuel Ignacio Centeno, haciendo referencia para ello a las declaraciones realizadas el pasado día 29 de octubre por las ex trabajadoras de la Federación Provincial de Vecinos Josefa Prado -'Pepi'- y Susana Delgado, las cuales "residencian todas las decisiones sobre la gestión y justificación de las subvenciones" en los miembros de la junta directiva.

En este sentido, el grupo popular solicita además la realización de otras diligencias de investigación, como por ejemplo que, "ante la negativa" del PSOE a "facilitar" a la Policía Judicial la labor de investigación de las relaciones entre 'Unidad' y el PSOE, se ordene la entrada y registro de las sedes de dichas entidades.

Así, solicita al juez instructor que "se practiquen todas aquellas averiguaciones que se estimaren necesarias" por la Policía Judicial, "especialmente la averiguación de la relación con el PSOE de las personas que han formado parte de los distintos órganos de dirección de 'Unidad' desde el año 2000", así como que se requiera al Banco Bilbao Vizcaya para que remita al Juzgado los movimientos de la cuenta abierta a nombre de 'Unidad' en la antigua Argentaria Caja Postal Banco Hipotecario desde el año 2000 hasta la actualidad, los cuales "no fueron facilitados en su día".

El caso

El caso de las facturas duplicadas de 'Unidad' salió a la luz en 2006 ante las presuntas irregularidades en subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y la Diputación a la entidad vecinal, cuando estaba de presidenta de la misma Ángeles Nevado, esposa del ex asesor de Presidencia de la institución provincial Ángel Cervera.

Las facturas justificadas indebidamente fueron presentadas por Unidad por distinto concepto e importe ante la Diputación y el Consistorio con la misma documentación el 1 de junio y el 31 de julio de 2003. Tras la denuncia, Nevado presentó su dimisión, al igual que su marido, quien abandonó su cargo en la Diputación y achacó todo a un error.

Posteriormente, el PP amplió su demanda con un fax, de fecha abril de 2002, con instrucciones supuestamente enviadas desde el Grupo Socialista del Consistorio a 'Unidad' en el que se enseñaba a falsear una factora e instaba a la federación a "preparar un sobre con 1.218,90 euros y mandarlo al Ayuntamiento".

Hay que recordar que por este caso dimitieron un concejal y un director de área del Ayuntamiento de Sevilla tras admitir que pagaron facturas falsas.

Además
* Quién es quién

elmundo.es

"OPERACIÓN MALAYA"; ROCA NIEGA ANTE EL JUEZ QUE BLANQUEARA DINERO EN LIECHTENSTEIN

Juan Antonio Roca llega a los juzgados. | elmundo.es

Efe | Marbella

Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico y principal procesado en el 'caso Malaya', ha negado ante el juez haber instrumentalizado una fundación radicada en Liechtenstein para blanquear dinero, según han señalado a fuentes de su defensa.

Roca ha comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, para prestar declaración indagatoria por los nuevos delitos que el magistrado le atribuye en un segundo auto de procesamiento.

En este auto, el instructor del 'caso Malaya' imputa a otras 17 personas, con lo que el número de encausados en el procedimiento supera ya el centenar, y atribuye nuevos delitos a 14 personas procesadas con anterioridad, entre las que se encuentran Roca o el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

El juez incorpora a la causa principal varias piezas separadas e imputa al ex asesor urbanístico otros ocho delitos: tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude, prevaricación, un delito fiscal y dos de blanqueo de capitales.

En su comparecencia, Roca se ha ratificado en sus declaraciones anteriores sobre las piezas separadas y ha precisado distintos aspectos en relación con el auto de procesamiento, según han apuntado fuentes de la defensa del ex asesor urbanístico.

En este sentido, ha negado haber instrumentalizado la fundación Melifero, radicada en Liechtenstein, con objeto de blanquear dinero y ha asegurado que la denominada 'operación Crucero Banús' la realizó a título personal a través de la citada fundación.

El juez mantiene que en dicha operación Roca obtuvo una ganancia patrimonial de casi un millón de euros, de los que habría dejado de pagar a Hacienda más de 465.000 euros.

Tráfico de influencias
Sobre su imputación por un delito de tráfico de influencias al recibir dos apartamentos por parte de Massimo Filippa -también procesado en el caso-, ha reiterado que dicha entrega se corresponde con la liquidación de bienes de una sociedad propiedad del padre de este empresario en la que él tenía un porcentaje, según las mismas fuentes.

Roca, que este martes cumple su tercer año en prisión, ha sido trasladado del centro penitenciario de Albolote (Granada) a los juzgados de Marbella alrededor de las 09.40 horas.

Tras su declaración indagatoria, el ex asesor urbanístico ha mantenido una reunión con el administrador judicial de casi una veintena de sus empresas, Juan Macías, encuentro que se ha prolongado durante varias horas y en el que, según las mismas fuentes, se ha tratado el estado de las cuentas de las sociedades.

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martes, 29 de diciembre de 2009

"CASO MALAYA"; EL JUEZ DECIDE DECLARAR CONCLUSO EL SUMARIO

TRIBUNALES | Cuenta con tres autos de procesamiento

Europa Press | Málaga

El juez del caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Óscar Pérez, ha dictado un auto acordando declarar concluso el sumario, que se remitirá a la Audiencia de Málaga, en concreto a la Sección Primera, que se encargará del enjuiciamiento.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se precisa que al "haberse practicado las diligencias decretadas de oficio y a instancia de las partes" para el esclarecimiento de los hechos se debe decretar la conclusión del sumario, que supone el fin de la fase de instrucción. Esta resolución es firme y, por tanto, no se puede recurrir.

En el escrito, notificado ya a las partes personadas, se señala que, además del sumario, se remiten a la Audiencia los autos y piezas separadas, así como los objetos intervenidos y cantidades consignadas y ocupadas, indicándose expresamente las apelaciones que quedan pendientes.

Asimismo, se señala que se han tomado ya todas las declaraciones indagatorias a los más de 100 procesados y que la causa cuenta con tres autos de procesamiento. El primero, dictado en julio de 2007, fue objeto de recursos que la Sección Primera desestimó en su totalidad.

En dicha resolución, el Tribunal de apelación enumera una serie de indicios, como los archivos Maras, las escuchas, las agendas del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; los incrementos patrimoniales o las declaraciones de imputados, y considera que "no tiene formado criterio alguno sobre la viabilidad" de los mismos.

"Será en el plenario donde el Tribunal, tras analizar a fondo la documentación aportada y la testifical que se practique, esté en condiciones de formar un criterio sobre lo realmente acontecido en Marbella", apuntaba dicho auto, en el que se indicaba que la Sala permitirá entonces "el más amplio ejercicio del derecho de defensa".

Asimismo, el auto dictado por el hasta ahora instructor precisa que hay otros dos autos de procesamiento dictados en 2009, uno en marzo, que también ha sido recurrido y cuyos recursos están pendientes de resolver por la misma Sala, y otro de septiembre, que amplía imputaciones para varios procesados e incorpora uno más.

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lunes, 28 de diciembre de 2009

CRONOLOGÍA DEL "CASO ANDRATX"

Madrid, 28 dic (EFE).- El ex alcalde de la localidad mallorquina de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP) Jaume Massot han ingresado en prisión esta tarde dentro del denominado caso Andratx.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma que en mayo del año pasado condenó a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx por construirse un chalé ilegal en el municipio, y a Massot a tres años y seis meses por colaborar en dicho delito.

El Supremo también ha confirmado la pena de un año de cárcel para el ex asesor legal del Ayuntamiento de Andratx Ignacio Mir, pero no ingresará en prisión al no superar su condena los dos años y no contar con antecedentes penales.

El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares.

Estos son los hechos clave del caso:

2006 - 27 NOV.- El alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), el director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, y el celador de obras del Consistorio, Jaume Gibert, son detenidos por los presuntos delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y por actos prohibidos a funcionarios públicos.


- El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas (PP), anuncia la destitución de Massot, y la suspensión de militancia de Hidalgo.

- 30 NOV.- El juez decreta prisión incondicional, incomunicada y sin fianza para Hidalgo y Gibert, mientras Massot queda en libertad con cargos. Días más tarde, el juez decreta prisión comunicada y sin fianza para Hidalgo y Gibert, a instancias de la Fiscalía.

- 13 DIC.- El juez decreta la puesta en libertad bajo sendas fianzas de Hidalgo y Gibert de 100.000 y 60.000 euros, respectivamente, que satisficieron.

2007 - 1 FEB.- Hidalgo y Gibert reingresan en prisión por orden de la Audiencia de Palma, a fin de impedir que puedan dificultar la investigación del caso. Se suspende el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Andratx.

- 5 FEB.- Detenido el constructor Felipe Seguí y puesto en libertad con cargos. En los días siguientes serán también detenidos Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde Eugenio Hidalgo y el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Serán puestos en libertad con cargos.

- 20 FEB.- EL Parlament rechaza, con los votos del PP y Unió Mallorquina, constituir una comisión que investigue la actividad en el Govern de Massot.

- 22 MAR.- El juez decreta libertad provisional para ex alcalde Hidalgo y para Gibert.

- 11 MAY- presidente del Consejo Consultivo de Baleares, Miquel Coll, declara ante el juez en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias.

2008 - 26 MAY.- Sentencia primera pieza del caso, relativa a la construcción por parte de Eugenio Hidalgo de un chalet en un área protegida. Condenados Eugenio Hidalgo (cuatro años de prisión), Jaume Massot (tres años y medio de prisión), José Ignacio Mir (un año de cárcel) y Jaume Gibert (cuatro meses de prisión).

- 19 NOV.- Sentencia segunda pieza del caso, relativa a la construcción de un restaurante en un área protegida por parte del hermano del ex alcalde, Juan Carlos Hidalgo. Condenados Jaume Massot (cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público), Eugenio Hidalgo (siete de inhabilitación para cargo público), Juan Carlos Hidalgo (un año y seis meses de prisión).

- 19 DIC.- La Audiencia de Palma dicta prisión para Jaume Massot, eludible con una fianza de 200.000 euros, tras solicitar la Fiscalía el agravamiento de las medidas cautelares, en virtud de las condenas que acumula.

- 23 DIC.- Massot sale de prisión tras satisfacer la fianza.

2009 - 22 JUL.- Jaume Massot, que había declarado ante el juez a primeros de mes, es condenado a dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público y a una multa de 6.750 euros como autor responsable de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

- 30 OCT.- La denuncia contra el ex alcalde de Andratx en el caso de la gestión de la torre de Sant Elm se amplía al ex presidente del gobierno de Baleares, Gabriel Cañellas.

- 28 DIC.- El Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Mallorca contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot e Ignacio Mir. Los dos primeros ingresaron en prisión. EFE Bfg-doc/sll/jrr

elconfidencial.com

"CASO ANDRATX"; HIDALGO Y MASSOT INGRESAN EN PRISIÓN

El Tribunal Supremo ha confirmado esta mañana la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma

Ver la sentencia

REDACCIÓN / EUROPA PRESS. PALMA El ex alcalde de Andratx y Jaume Massot han ingresado en prisión después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado, esta mañana, la condena de cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en mayo de 2008 al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, por la construcción de una vivienda en una zona de interés paisajístico (ARIP) con una licencia de ampliación de nave agrícola.

Del mismo modo, el alto tribunal también ha desestimado los recursos presentados por el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot y el ex letrado municipal de Andratx Ignacio Mir, condenados respectivamente a tres años y medio y un año de prisión, como autores directos de un delito de prevaricación. Además, Massot fue considerado cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio.

El ex alcalde fue condenado a un año de prisión como inductor de un delito de prevaricación administrativa y a tres años como autor directo de un delito contra la ordenación del territorio, concurriendo en este segundo la circunstancia agravante de prevalerse de su cargo público.

Asimismo, el ex primer edil fue inhabilitado para empleo o cargo público en la administración estatal, autonómica o local por un periodo de ocho años por el primer delito y a las penas de tres años de cárcel e inhabilitación especial para la promoción urbanística por un tiempo de tres años.

Por otro lado, se le condenó a pagar una multa de 20 meses, con 100 euros de cuota diaria por el delito contra la ordenación del territorio, así como a satisfacer dos sextas partes de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular personada.

Además, la Audiencia Provincial ordenaba a Hidalgo demoler a su costa o sufragar los gastos de la demolición de la vivienda unifamiliar que se construyó en la finca que compró para tal fin, a pesar de saber que se trataba de suelo rústico protegido, y tras solicitar los permisos correspondientes bajo la premisa de que iba a levantar un almacén agrícola.

"INOPERANCIA DE LA DISCIPLINA ADMINISTRATIVA"

En su sentencia, el Tribunal Supremo echa por tierra la pretensión del ex edil de que la conducta enjuiciada no sea merecedora de reproche penal, al considerarla una infracción administrativa.* El escrito argumenta que "la desastrosa situación a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".

Además, critica que el recurrente plantee que el suelo donde se levantó el chalet careciera de protección especial por su proximidad a zonas de nula o menor protección y destaca la importancia en la paisajística de la "perspectiva".

De hecho, afirma que "el desconocer la importancia de tal elemento ha llevado a la situación desastrosa de algunas partes de España en orden a la ordenación del territorio" e insiste en que la fijación topográfica de los límites de una protección "no puede ser reputada como algo baladí".

Del mismo modo, desestima los argumentos de Hidalgo acerca de que no pueda ser considerado sujeto activo de los delitos que se le imputan porque no es promotor o constructor con carácter profesional" e insiste igualmente en que "se aprovechó dolosamente de su condición de alcalde para ejecutar el delito con mayor facilidad, sirviéndose en su propio interés del cargo que los ciudadanos le habían encomendado, en vez de servir en él".

Su "continuado e insistente desprecio por la legalidad", argumenta el Supremo, revelan "lo ajustado" de la extensión de las penas que para él fijó la Audiencia Provincial de Palma.

DEMORA DE LA SENTENCIA POR LA "COMPLEJIDAD DEL ASUNTO"

El fallo se hizo público hoy, algo más de tres meses después de que el Tribunal Supremo celebrara una vista privada para estudiar la sentencia de la Audiencia Provincial. El alto tribunal explica que "no se ha dictado sentencia en plazo por la complejidad del asunto".

Por lo que se refiere al ex director general de Ordenación del Territorio, el alto tribunal insiste en que ha quedado probado que a Massot y al ex alcalde les unía "una estrecha relación" y sostiene que en su actuación no se observa "una mera irregularidad administrativa", sino que "informó favorablemente de manera injusta, por sus conscientes arbitrariedades, en el procedimiento urbanístico, con vulneración de la correspondientes normas".

Además, al confirmar su condena como cooperador en un delito contra la ordenación del territorio, vuelve a insistir en que no cabe desconocer que "con la sanción penal a la prevaricación urbanística no sólo se trata de proteger la ordenación del territorio sino también la administración pública como en toda prevaricación administrativa".

En relación a José Ignacio Mir, el alto tribunal le recuerda al ex letrado municipal que la Audiencia Provincial "apreció fundadamente" cómo el expediente relativo a Hidalgo "afectaba a normas de ordenación territorial, disimulando lo que realmente consistía en la edificación de una vivienda bajo la apariencia de que se trataba de una mera ampliación de construcción rústica".

Todo el expediente, recalca, estaba "impregnado de injusticia en una secuencia unitaria de informes y resolución, que infringía no sólo formalmente las normas aplicables, sino también el valor ordenación del territorio".

diariodemallorca.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA POLICÍA DETIENE A OTROS TRES EMPRESARIOS

ALMERÍA | Contra el blanqueo de capitales en El Ejido

Miguel Cabrera | Almería

Tres empresarios relacionados con subcontratas que trabajan para la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, Elsur, y para el Ayuntamiento de la ciudad han sido detenidos esta mañana por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en una nueva fase de la operación Poniente, según ha informado la Comisaría almeriense.

En la detención también participó personal de la Fiscalía Anticorrupción, al igual que sucedió el pasado 20 de octubre, cuando detuvieron a 20 personas, entre ellas el alcalde, Juan Enciso, el ex interventor municipal, José Alemán, familiares de ambos y empresarios acusados de tejer una red en torno a Elsur que habría malversado unos 150 millones de euros a las arcas municipales.

Con estas nuevas detenciones puede dar comienzo la segunda fase de imputaciones de la operación Poniente, puesto que se espera que sean más las personas llamadas a declarar ante la juez Montserrat Peña en los próximos días. De momento, el martes lo hará de nuevo Isabel Carrasco, la mujer de José Alemán, quien está en libertad bajo fianza de 90.000 euros. Y el miércoles hará lo propio Juan Enciso.

Además
* Los personajes clave de la trama

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"CASO MAQUILLAJE"; LOS 40 MILLONES DE EUROS QUE MUNAR DIO "A DEDO" SON UN FRAUDE DE LEY

Denuncia de Hacienda

* Lleva por primera vez ante un juez los informes de la Sindicatura
* Avisa que pudo haber 'prevaricación' y 'tráfico de influencias'


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La Agencia Tributaria apunta al Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que la política de subvenciones del Consell Insular de Mallorca entre 2004 y 2006, con Maria Antònia Munar como presidenta, supuso un sistemático «fraude de ley». Que al adjudicar en aquella legislatura en torno a 40 millones de euros a dedo y sin ningún tipo de convocatoria pública se vio «afectada» de forma recurrente la «transparencia, la publicidad y la eficiencia en el empleo de los recursos públicos» que marca la normativa vigente.

Y que, «en caso de probarse la colusión entre los gestores públicos y los perceptores de las subvenciones», alguna vinculación de «amistad, familiaridad o asociación» entre quienes daban las ayudas y quienes las recibían, se habría incurrido en una «prevaricación» que podría llevar aparejada el «tráfico de influencias». Unos hechos presuntamente delictivos que afectarían a al menos 14 millones de euros, que es el dinero público adjudicado en el escándalo de subvenciones conocido como La Piñata de UM y en la llamada Operación Maquillaje.

De hecho, este informe ha sido incorporado a la instrucción judicial de este último caso. Una investigación impulsada por la propia Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional en la que se investiga el desvío de más de 7 millones de euros públicos del Consell de UM mediante este tipo de subvenciones a productoras audiovisuales controladas por familiares o testaferros de tres de sus principales dirigentes en aquellos años (Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens). Pagos que se realizaron con el pretexto de financiar programas para la radiotelevisión pública insular, que en algunos casos ni se llegaron a emitir. Y siguiendo mayoritariamente la fórmula denunciada por Hacienda.

De hecho, este caso ya mantiene imputada a la ex presidenta insular, Maria Antònia Munar (la familia de su marido controla una cuarta parte de la principal productora regada con aquellas subvenciones), Miquel Nadal (su gestor y primo de su mujer tiene otra cuarta parte de esa misma productora) y Bartomeu Vicens (los testaferros que cobraron en su nombre comisiones por Son Oms se llevaron más de 4 millones de euros públicos en subvenciones a dedo para montar la radio).

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"CASO ANDRATX"; EUGENIO HIDALGO ENTRA EN PRISIÓN

URBANISMO

Eugenio Hidalgo fue condenado a 4 años de cárcel


El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo momentos antes de su ingreso en prisión. | Pep Vicens


* El Tribunal Supremo confirma la primera sentencia del caso Andratx

* El órgano judicial desestima los recursos de Hidalgo, Massot y Mir
* La sentencia correspondía a la primera pieza del juicio oral
* Era relativa a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos

Hugo Sáenz | Esteban Urreiztieta | Palma

Eugenio Hidalgo ha ingresado en prisión por orden de la sección segunda de la Audiencia, tras recibir este lunes la notificación de la sentencia del caso Andratx, por la que fue condenado a 4 años de cárcel.

El ex jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx y ex director autonómico de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, también ha ingresado en prisión.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que en su día interpuso Hidalgo, en relación a la citada sentencia que correspondía a la primera pieza del juicio oral por el caso Andratx.

Esta pieza es la relativa a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos, en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo de 2008.

En este sentido, el máximo órgano judicial considera que "no ha lugar a los recursos de casación de Eugenio Hidalgo, por vulneración constitucional e infracción de ley, Jaime Massot Sureda, por vulneración constitucional e infracción de ley, José-Ignacio Mir Buades, por infracción de ley" por lo que ha decidido desestimarlos todos ellos y confirmar la sentencia impuesta hace ya más de año y medio.

Más de dos años
La sección segunda de la Audiencia ha recibido este mismo lunes la notificación de la sentencia del caso, por lo que puede decretar en cualquier momento -al ser ya una sentencia en firme- el ingreso en prisión de los que tienen pena de cumplimiento mayor a dos años, es decir, Eugenio Hidalgo y Jaume Massot.

La sentencia (de mayo de 2008) consideró probado que Hidalgo adquirió una parcela en Andratx, con una superficie de 3.930 metros cuadrados por un precio de 30.050 euros con la finalidad de construir en la misma una vivienda unifamiliar, pese a que cuando compró este solar tenía perfecto conocimiento de que el mismo se hallaba en suelo rústico protegido, estando calificado como Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).

Además de las penas de cárcel e inhabilitación, la sentencia obligaba al ex alcalde de Andratx a pagar una multa durante 20 meses a razón de 100 euros diarios (60.000 euros en total).

Tras conocer la sentencia, Rafael Perera, el abogado del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, ya anunció que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aduciendo que no la consideraba ajustada "a hechos ni a derecho".

Además
* Lea la sentencia completa (PDF)
* Cronología del Caso Andratx

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domingo, 27 de diciembre de 2009

"CASO PALMA ARENA"; INVESTIGAN SI MATAS UTILIZÓ AL DOCTOR BELTRÁN PARA COMPRAR CUADROS

Matas alquiló al comunicador, que también trabajó para IB3, un local en campanet

En el piso de Madrid aparecieron tres obras de arte adquiridas por la empresa del famoso médico y comunicador

Matas asistió a la inauguración del centro cultural que dirigía el doctor Beltrán. Foto: Lorenzo


J.F. MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA. La Guardia Civil está investigando si el ex president del Govern, Jaume Matas, utilizó al popular médico y comunicador doctor Bartolomé Beltrán, como testaferro para adquirir una serie de obras de arte que forman parte de su colección privada.

En el registro realizado el pasado mes de noviembre en el piso de la calle Ramón de la Cruz de Madrid, que figura a nombre del ex conseller Bartomeu Reus, aparecieron colgados en las paredes una serie de obras de arte. En concreto, había tres cuadros que llamaron la atención de los investigadores. Son obras de un determinado artista cuyo valor en el mercado rondaría los 25.000 euros. En el reverso de los cuadros apareció un certificado sobre su autenticidad firmado por una conocida galería de arte de una de las más selectas calles de Madrid.

Se aprovechó la presencia de la comisión judicial en Madrid, para tomar declaración a varios testigos relacionados con el piso donde viven los hijos de Matas, para realizar una visita a esta galería de arte. A través de la documentación entregada se comprobó que las obras de arte se habían comprado a través de una sociedad cuyo titular es el conocido médico y presentador de televisión Bartolomé Beltrán. Estas obras se pagaron en efectivo y la compra data del año 2003, cuando Matas dejó de ser ministro y fue nombrado president del Govern balear.

Los investigadores están intentando aclarar si el dinero con el que se pagó las obras de arte se lo entregó Matas a Beltrán, o si fue el médico quien por iniciativa propia decidió hacerle un regalo personal al ex president del Govern. Si se demuestra que fue un regalo, se intenta ahora averiguar a cambio de qué.

A los investigadores no les escapa la pública y notoria buena sintonía que existe entre Jaume Matas y Bartomeu Beltrán. En mayo de 2005 el Govern balear, con el patrocinio de una entidad bancaria y con la ayuda del Ayuntamiento de Campanet, firmó un convenio por el que el Ejecutivo se comprometía a gestionar como centro cultural y de exposiciones la Posada de Biniatró, propiedad del doctor Bartolomé Beltrán, que abrió sus puertas meses después. Por el uso de este edificio Beltrán recibía un alquiler mensual de 5.000 euros, cantidad que fue elevada hasta 8.497 euros al mes en la revisión de las condiciones del alquiler. A este elevado precio por el uso de este edificio rehabilitado de Campanet había que añadir los gastos de las nóminas del personal y el precio de las exposiciones u otras actividades culturales que se organizaban en el centro.

Con la entrada del nuevo ejecutivo del Pacte de Progrés se dio por terminado el contrato con Beltrán, al entender que era un precio exagerado por la falta de iniciativas culturales que se organizaban en este casal de 4.000 metros cuadrados.

Sin programación
La Posada de Biniatró nunca contó con una programación cultural estable que llenara la superficie del edificio. De vez en cuando se organizaba alguna exposición y conciertos de música, pero carecía de una programación ordenada.

En el acto de inauguración, celebrado en el mes de junio de 2005, asistió la plana mayor del Partido Popular y a la cabeza se colocó el president Jaume Matas. El Ejecutivo justificó la alta inversión en dinero público en la intención de dinamizar y descentralizar la oferta cultural de Mallorca, trasladándola a este edificio de Campanet. En el acto de inauguración los invitados pudieron disfrutar de la importante colección artística de Beltrán, compuesta por unas 200 obras entre pintura, escultura y cerámica.

Con esta operación el famoso médico se habría embolsado, al parecer, unos 240.000 euros.

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"CASO PALMA ARENA"; LAS CAJAS FUERTES DE MATAS ESTÁN EN SA POBLA

Las cajas fueron compradas por el aparejador que decoró el palacete

El carpintero del palacete declaró el día de Nochebuena que había instalado un sistema de seguridad en un armario

J.F. MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA.. Jaume Matas adquirió en el año 2006 dos cajas de seguridad, pero no llegó a instalarlas en su ya famoso palacete de la calle San Felio. Esta compra ha sido confirmada por la Guardia Civil a través de la empresa que vendió las cajas fuertes y con el testimonio de uno de los albañiles que trabajó en la reforma de la lujosa casa del ex president.

Los investigadores ya han localizado las cajas. Están depositadas en un almacén del constructor de sa Pobla, el mismo que fue contratado por Matas para que realizara la obra y el mismo que declaró ante el juez que una parte de su trabajo lo había cobrado en negro. Estas cajas fueron compradas por el aparejador de la empresa de decoración Denario, que fue el encargado de dirigir toda la reforma de la nueva casa del matrimonio Matas-Areal.

Pero no fue esta pista la que llevó al juez Castro a tomar la decisión de realizar un registro en la pasada Nochebuena. La misma mañana del jueves, en una declaración escrita ante el juez, el carpintero que también trabajó en el palacete declaró por escrito que él había construido un artilugio en un armario empotrado. Montó un sistema en el que, empujando la madera, se abría una pequeña puerta y se accedía a un lugar oculto. Además, el carpintero afirmó él mismo había instalado la caja de seguridad. Este sistema, según su declaración, estaba instalado en el armario de la habitación personal del matrimonio.

El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach decidieron actuar de inmediato, a pesar de que se trataba de la noche más familiar del año. El juez Castro dictó un auto de entrada y registro. Se avisó al abogado Rafael Perera para que abriera la puerta del palacete de la calle San Felio.

La comisión judicial, acompañada por la Guardia Civil, fue directamente hacia la habitación del matrimonio. Se abrió la puerta del armario y se buscó el escondite. Pero no apareció. Ante estas circunstancias el juez ordenó que fueran a buscar al carpintero, que esa mañana había dado detalles de este escondite, para que indicara el lugar exacto dónde había instalado la caja de seguridad. El carpintero fue llevado al palacete y una vez allí se desdijo de sus palabras. Dijo que no se le había entendido y que nunca había hablado de la existencia de este doble fondo de armario. El juez Castro le mostró su declaración escrita, realizada la misma mañana, en la que afirmaba todo lo contrario y en la que contaba con todo tipo de detalle dónde había construido el escondite, que había cubierto con madera. El carpintero, tras leer lo que había firmado, justificó que no le habían entendido.

No le esperaban
Fuentes próximas a la investigación confirman que en ningún momento se planteó la posibilidad de que Matas y su familia pudieran estar en el palacete durante la pasada Nochebuena. No había constancia oficial de que el ex president hubiera viajado a Mallorca para pasar las navidades. La prioridad del juez, ante la aparición de esta nueva información, fue la localización inmediata de la caja de seguridad y no tuvo en cuenta que se tratara del día previo a Navidad. Los investigadores consideraron que era más lógico realizar un registro ese día, con la presencia del juez, del fiscal y del abogado Rafael Perera, en lugar de ordenar a la Guardia Civil que realizara una permanente vigilancia del edificio durante varios días.

La actuación de la comisión judicial no agradó al abogado defensor de Matas, que se quejó de que el registro practicado en Nochebuena hubiera provocado un nuevo quebranto de la imagen pública del ex president. Perera consideró que a su cliente había recibido el mismo trato que "un capo de la droga o un terrorista".

El letrado explicó que durante el primer registro judicial de la casa habló por teléfono con Jaume Matas y le confirmó que no había ninguna caja fuerte en la vivienda. Perera lamentó que el juez hubiera considerado que el ex president había "pretendido engañar al juzgado".

El abogado señaló que el ex president "deplora el nuevo quebranto que su imagen pública ha padecido" y que confía en que, cuando haya prestado declaración ante el juez y haya aportado pruebas, "quedarán aclarados suficientemente los nuevos hechos delictivos que ahora le son achacados".

diariodemallorca.es

LA SINDICATURA FACILITA AL CONSELL LAS EXCUSAS PARA TAPAR EL "CASO GÜRTEL"

Informe de la Sindicatura de Comptes

J. FERRANDIS / A. BELTRAN - Valencia

Los vacíos en las auditorías que ha realizado la Sindicatura de Comptes de las cuentas de la Generalitat de 2008 han facilitado al Consell las excusas que necesitaba para tapar el caso Gürtel. La decisión de la Sindicatura de no auditar la Sociedad Gestora de la Imagen Promocional, ni las contrataciones de Turismo o de la empresa Circuito del Motor, cuyas actividades se relacionan en el sumario de la trama Gürtel con los nichos de negocio que buscaba Orange Market y su responsable Álvaro Pérez, han permitido afirmar al Consell que son "transparentes". "Aquí no se esconde nada" ha insistido el vicepresidente económico, Gerardo Camps, que se ha escudado sistemáticamente en la Sindicatura para negar a la oposición toda clase de contratos.

Una posición que contrasta con la reacción del Gobierno catalán que, tras estallar el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet, decidió reforzar la capacidad y los medios del órgano auditor.

Tanto Camps, como el resto de miembros del Consell, se han negado este mismo mes a dar información en el Parlamento sobre distintos contratos con el argumento de que tienen cláusulas de confidencialidad o podrían vulnerar el secreto profesional. Para el Consell, la Sindicatura es "la que tiene legitimidad para consultar y fiscalizar la documentación".

Pero la realidad es que la Sindicatura de Comptes no ha auditado las empresas vinculadas a Gürtel y que en las contrataciones que sí ha fiscalizado existen quejas sobre falta de información y transparencia.

La socialista Cristina Moreno recordó ayer que el PP votó en contra, el pasado febrero, de una petición para emplazar a la Sindicatura a fiscalizar las cuentas de las empresas públicas afectadas por la trama de corrupción.

Tras calificar de "déficit, derroche y mucha opacidad", el panorama que describe el informe, Moreno añadió: "Es inadmisible que el PP no haya permitido a la Sindicatura auditar las empresas donde los Gürtel campaban a sus anchas". Para la diputada de Compromís Mireia Mollà, "las denuncias de la Sindicatura son una demostración de que la extensión del caso Gürtel va más allá de trajes y contratos defectuosos". "Es insostenible que diga que la mayoría de los contratos fiscalizados tienen irregularidades y no pase nada".

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viernes, 25 de diciembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA PODRÍA PAGAR 20.000 EUROS A BOSCH TEJEDOR

Europa Press | Madrid

El diputado regional Alfonso Bosch Tejedor, imputado por el caso de corrupción Gürtel por prevaricación y cohecho, podría ser indemnizado con 20.000 euros, tras la sentencia del Juzgado número 1 de Móstoles que condena al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por despedir de manera improcedente al que fue responsable de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda del municipio.

La sentencia, a la que tuvo acceso la Cadena Ser, acepta la demanda interpuesta por Bosch contra la empresa de la que fue destituido como gerente por su imputación de varios delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El juez tiene en cuenta que el hoy diputado no adscrito era su máximo responsable pero contaba con un contrato de Obra y Servicio durante los seis años en los que trabajó en ella. EL Ayuntamiento de Boadilla ya ha anunciado recurso.

El diputado popular reclamó, ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que el despido fuese considerado nulo y le readmitieran, o bien 43.000 euros como indemnización por despido improcedente.

El juez que instruye el caso Gürtel acusa a Bosch Tejedor de haber cobrado, gracias a su puesto en la Empresa Municipal del Suelo, unos 250.000 euros de la trama de Francisco Correa.

Además
* Quién es quién
* Los regalos

elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; CONCLUYE EL SEGUNDO REGISTRO JUDICIAL EN EL PISO PALACIO DE JAUME MATAS EN PALMA

Los agentes no han encontrado una caja de seguridad que sospechaban que estaba oculta en la vivienda del ex presidente balear

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Agentes de la Guardia Civil han registrado durante más de dos horas el piso palacio de Palma del ex presidente de Baleares del PP, Jaume Matas, imputado por presunta corrupción en el caso Palma Arena -el velódromo que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110- y la compra y decoración de este palacio.

Según distintas fuentes, el registro, dirigido por la fiscalía anticorrupción y encargado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, ha estado encaminado a la búsqueda de alguna caja de seguridad oculta en la vivienda, que los agentes no encontraron durante el primer registro, el pasado 6 de noviembre. En aquella ocasión, el abogado de Matas, afirmó: "No os preocupéis en buscar cajas de seguridad porque no las hay". El mismo letrado ha confirmado ahora que no han encontrado dicha caja en este segundo registro, después de haber revuelto los muebles con detectores de metales.

La fiscalía, que ha acumulado suficientes indicios para acusar al ex presidente balear de un supuesto delito de cohecho, sospechaba que la casa oculta una caja de caudales. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach creen que en ella se guardó dinero en efectivo, con el que supuestamente la esposa de Matas, Maite Areal, compró un reloj Cartier, un Rolex, obras, muebles y cortinas, según ha documentado la Guardia Civil, que cifra el importe de las adquisiciones en unos 70.000 euros, gastados en cuatro meses.

Matas, que actualmente reside en Estados Unidos, está citado para declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo de 2010. La Justicia investiga su última etapa como presidente de Baleares, que está enturbiada por escándalos de corrupción. Cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel mientras que 15 políticos baleares fueron detenidos de 2007. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.

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Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; MATAS LAMENTA VER AFECTADA DE NUEVO SU IMAGEN EN REGISTRO PROPIO DE UN "CAPO"

Los agentes buscaban una caja de seguridad que sospechaban que estaba oculta en la vivienda del ex presidente balear

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Rafael Perera, abogado del ex presidente de Baleares Jaume Matas, ha lamentado en su nombre que el registro judicial practicado en Nochebuena en su casa palacio de Palma haya quebrantado su imagen pública. Para Perera, el registro que efectuó el jueves la Guardia civil durante más de dos horas en la vivienda de Matas, imputado por presunta corrupción en el caso Palma Arena -el velódromo que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110- y la compra y decoración de este palacio, fue propio de un "terrorista" o un "capo".

"Si se investigase a un terrorista o a un capo del tráfico de drogas no se usarían recursos más contundentes y rigurosos que los que se utilizaron, la pasada Nochebuena, en el nuevo registro judicial practicado en la vivienda del ex presidente Jaume Matas", dice inicialmente el comunicado del letrado, reproducido por EFE.

Según distintas fuentes, el registro, dirigido por la fiscalía anticorrupción y encargado por el juez del caso Palma Arena, José Castro, ha estado encaminado a la búsqueda de alguna caja de seguridad oculta en la vivienda, que los agentes no encontraron durante el primer registro, el pasado 6 de noviembre. En aquella ocasión, el abogado de Matas, afirmó: "No os preocupéis en buscar cajas de seguridad porque no las hay". El mismo letrado ha confirmado ahora que no han encontrado dicha caja en este segundo registro, después de haber revuelto los muebles con detectores de metales.

La fiscalía, que ha acumulado suficientes indicios para acusar al ex presidente balear de un supuesto delito de cohecho, sospechaba que la casa oculta una caja de caudales. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach creen que en ella se guardó dinero en efectivo, con el que supuestamente la esposa de Matas, Maite Areal, compró un reloj Cartier, un Rolex, obras, muebles y cortinas, según ha documentado la Guardia Civil, que cifra el importe de las adquisiciones en unos 70.000 euros, gastados en cuatro meses.

Matas, que actualmente reside en Estados Unidos, está citado para declarar como imputado en el caso Palma Arena el 23 de marzo de 2010. La Justicia investiga su última etapa como presidente de Baleares, que está enturbiada por escándalos de corrupción. Cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel mientras que 15 políticos baleares fueron detenidos de 2007. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.

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Jaume Matas Palou
A FONDO

Nacimiento:
05-10-1956

Lugar:
Palma de Mallorca

elpaís.com

jueves, 24 de diciembre de 2009

"CASO PALMA ARENA"; REGISTRAN POR SEGUNDA VEZ EL "PALACETE" DE MATAS EN BUSCA DE UNA CAJA FUERTE

Corrupción

* Buscaban hasta dos cajas fuerte en el segundo registro del Palacete
* Tras concluir las labores del búsqueda, no se han encontrado
* El abogado de Matas ha declarado que 'no hay ninguna'


Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Segundo asalto infructuoso. La Guardia Civil registra por segunda vez el interior del palacete del ex presidente de Baleares, Jaume Matas (PP). Esta actuación se realiza en el marco de caso 'Palma Arena', en el que se investiga el sobrecoste de más de 60 millones del velódromo palmesano, en el que Matas está imputado.

Tras concluir las labores del búsqueda, no se ha encontrado ninguna caja fuerte que buscaba una comisión judicial en el lujoso piso de más de 450 metros cuadrados. Al lugar han acudido efectivos de la policía judicial y otros funcionarios de paisano.

En este segundo registro se han personado el fiscal Pedro Horrach, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro y Rafael Perera, el abogado de Matas que ha declarado a su salida que "no hay ninguna caja fuerte".

En las últimas semanas han ido desfilando ante el juez distintos profesionales que confesaron cobrar en negro. El pintor del palacete dijo que cobró 20.000 euros, el constructor que hizo reformas explicó al juez que recibió 70.000 euros en dos pagos de manos de Fernando Areal, cuñado de Matas, uno de ellos en la sede del PP.

El dueño de una lujosa joyería de Palma ratificó también haber cobrado en efectivo más de 66.000 euros en joyas. Así como, el constructor de un baño turco que reconoció, hace dos semanas, cobrar unos 50.000 euros.

El recinto deportivo Palma Arena salió a concurso por 48 millones y se acabaron necesitando "más de 110 millones de euros", según estimaron los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, para que la obra se completase satisfactoriamente. Esto y la multimillonaria minuta percibida por los hermanos García-Ruiz constituyeron las principales líneas de investigación de la Fiscalía de Baleares contra la corrupción del Govern popular.

Cuando la Fiscalía General del Estado congeló las investigaciones del juez Castro, éste incorporó sus pesquisas y las de la Guardia Civil, a la investigación judicial del Palma Arena porque vio una "conexión" entre el patrimonio de Matas y el velódromo, aunque todavía no se ha aclarado cuál es.

Operación Buckingham
Esta investigación está relacionada con la Operación Buckingham, en la que agentes de paisano de la Guardia Civil se dedicaron a hacer un barrido de las tiendas más selectas de Palma para averiguar si Matas y su mujer, Maite Areal, se gastaron sumas millonarias en distintos objetos de lujo, sofisticados artículos de electrónica y obras de arte. La Operación Buckingham se centró en saber si esas cantidades cuadraban con el patrimonio del ex presidente y en saber qué cantidades se pagaron en metálico.

Primer registro
Ésta es la segunda vez que una comisión judicial registra el palacete de Matas. La primera fue el pasado 6 de noviembre y la misma duró entonces cinco horas, durante las cuales se fueron inventariando los bienes del ex presidente en la vivienda de unos 400 metros cuadrados situada en la calle Sant Feliu del centro de Palma, según informó Efe.

La Fiscalía investiga esta vivienda, a raíz de varias denuncias particulares, porque fue adquirida por Matas por 950.000 euros, cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones.

Además
* El pintor del 'palacete' también dice que cobró 20.000 en negro

elmundo.es

"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; GONZÁLEZ PANERO FUE IMPUTADO EN 2001 POR PAGAR CON DINERO PÚBLICO A SU ABOGADO

T. C. - Madrid

El ex alcalde de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) Arturo González Panero, conocido por los presuntos jefes de la trama Gürtel como El Albondiguilla ya fue imputado en 2001, cuando el grupo municipal socialista se querelló contra el entonces regidor por el pago de una factura privada con fondos públicos. Concretamente por abonar el trabajo del letrado Gustavo Galán, compañero sentimental de otra imputada en la trama (Isabel Jordán), como defensor del equipo municipal, lo que podría suponer un delito de malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el PP permitió que fuera designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007.

González Panero, que en estos momentos se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación en la trama de corrupción, fue llamado a declarar como imputado por un juez de Móstoles. También testificó en el proceso el ex concejal de Hacienda y responsable de Formación del PP de Boadilla, José María de la Mata. Esta querella, posteriormente ampliada con nuevos datos aportados por el letrado Ángel Galindo, hoy concejal del grupo municipal Alternativa por Boadilla, acusaba a los responsables de la Corporación de utilizar fondos públicos para defender e incluso para presentar demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal. En un decreto del 12 de mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José Galeote, según el fiscal.

El 3 de agosto de 2009, este caso, que acumula un retraso superior a ocho años, dio una vuelta de tuerca con la decisión del fiscal encargado del tema de solicitar más información a varios órganos judiciales de Móstoles sobre al menos siete litigios en los que se vieron inmersos los responsables municipales del PP local, y cuyos gastos pudieron ser abonados con los presupuestos municipales. Además, el Ministerio Público requiere al Ayuntamiento de Boadilla para que faciliten al juzgado los decretos o acuerdos de pleno en los que se aprobaran la designación de Gustavo Galán como abogado.

En este sentido, el propio fiscal llama la atención en su texto en el hecho de que Galeote no fuera llamado a declarar en calidad también de imputado, al igual que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda que pese a que el secretario del Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel Acosta, estaba obligado a advertir la ilegalidad de contratar a abogados para la defensa o acusación personal de los miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.

Pero este caso no es el único que afrontará González Panero en los tribunales. El próximo 8 de enero declarará en el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de prevaricación.

Los escritos de acusación de la oposición sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP local que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato Municipal de Cultura le hizo un contrato laboral a R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Este nombramiento fue refrendado por González Panero y después, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser interino.

El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones, que ganó. La causa está a la espera del juicio oral, que se ha señalado para el 8 de enero.

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elpaís.com

LA FISCALÍA PIDE IMPUTAR POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS AL ALCALDE DE MAÇANET

El fiscal también quiere acusar de tráfico de influencias al concejal de obras públicas

AGENCIAS - Barcelona

La Fiscalía de Girona ha solicitado al juzgado la imputación del alcalde de Maçanet (Girona), el socialista Alfons Soms, y el primer teniente de alcalde y concejal de Obras Públicas, Antoni Guinó, de Convergència i Unió, por presuntas irregularidades urbanísticas vinculadas a la concesión de licencias. El fiscal pide la imputación de los responsables municipales de Maçanet como responsables de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El origen de la actuación del ministerio público es una denuncia presentada el pasado 5 de mayo que detallaba varias irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio. Entre esas irregularidades figura la realización de obras en el municipio sin permisos, la construcción de una depuradora sin licencia en la urbanización Mont Barbat y el uso de información privilegiada por parte del concejal para lucrarse con la compra, a bajo coste, de unos terrenos donde se construirá una central de telecomunicaciones.

elpaís.com

EL TRIBUNAL DE CUENTAS VALENCIANO NO AUDITA LAS EMPRESAS SALPICADAS POR EL"CASO GÜRTEL"

J. F. / M. O. - Valencia

La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.

La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.

La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".

La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.

Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".

La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".

Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; EL FISCAL IMPUTA COHECHO AL DELEGADO DE EMPLEO

La acusación pública cree que Rivas quiso obtener un "ilícito beneficio propio"

REYES RINCÓN - Sevilla

La fiscalía suscribió ayer la imputación por cohecho del delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, dictada por la juez del caso Mercasevilla. El fiscal se adhirió al relato de hechos dado por válido por la magistrada Mercedes Alaya, que considera que Rivas, ex director de Mercasevilla Fernando Mellet; el ex subdirector Daniel Ponce y la directora de proyectos Regla Pereira acordaron exigir 450.000 euros en comisiones ilegales a dos empresarios del grupo hotelero La Raza como condición para recibir una subvención de 900.000 euros.

Este supuesto intento de soborno constituye la primera parte del caso Mercasevilla, mientras que la instrucción por la venta de terrenos municipales supuestamente fraudulenta sigue adelante. La juez había citado para ayer a todas las partes para concretar sus acusaciones. La intervención que se esperaba con más interés era la del fiscal, Juan Enrique Egocheaga, que hasta ahora no se había pronunciado formalmente sobre el caso. Ayer lo hizo y fue para añadir más presión al delegado provincial de Empleo, que ha negado los hechos.

Según la fiscalía, Rivas actuó "en connivencia" con Mellet en el supuesto intento de soborno a los empresarios "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio propio". Los otros dos imputados, Ponce y Pereira, "accedieron a colaborar" buscando también un "ilícito beneficio", según el fiscal, que recuerda que los imputados citaron en dos reuniones a los empresarios. A la primera asistieron Pereira y Ponce y a la segunda éste y Mellet. La fiscalía imputa a los cuatro un delito de cohecho, mientras que las defensas piden el sobreseimiento de la causa.

La imputación de Rivas y los tres directivos de la empresa municipal fue también suscrita ayer por las demás acusaciones, excepto por la del PSOE, que considera que ni el delegado de Empleo ni la directora de proyectos tienen nada que ver en el supuesto intento de soborno.

El letrado de la Fundación Mercasevilla, Alfonso Martínez del Hoyo, sí se adhirió a los mismos delitos que el fiscal, pero advirtió de que tiene "razonables dudas" sobre la implicación real de Pereira y de Rivas. "El señor Mellet ha manifestado que siguió sus instrucciones, cuya aseveración como imputado no aparece en principio apoyada en prueba de otro carácter", señaló el letrado. Con todo, la acusación ejercida por Mercasevilla optó por suscribir apoyar al fiscal y se reservó el derecho de retirar la acusación más adelante.

El PP, por su parte, imputa a los cuatro por cohecho, pero añade para Rivas y Mellet un delito de tráfico de influencias y otro de información privilegiada. Al delegado de Empleo, además, pide que se le impute también por prevaricación. Los populares solicitan, además, la imputación del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como encubridor.

La juez tendrá que decidir en los próximos días si mantiene o no las imputaciones.

elpaís.com

EL PP "PERDONA" 2,2 MILLONES A UNA EMPRESA DEL "CASO GÜRTEL"

Boadilla elude sancionar el retraso de Constructora Hispánica en la obra más cara del municipio

TONO CALLEJA - Madrid

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha decidido perdonar 2,2 millones de euros a la empresa Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente implicadas en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que finalizaba el plazo previsto para la construcción del denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio, la junta de gobierno local aprobó la ampliación del periodo de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un informe preceptivo.

El pliego favorecía a la firma al acabar el Parque del Deporte en 24 meses

La adjudicación de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el mayor de la historia de Boadilla, aparece en el sumario como ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de varias instituciones gobernadas por el PP en Madrid, según el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El Ayuntamiento mantiene que sólo pretende que la obra concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí existe un informe, aunque no lo aportó. En el acta de la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que no existe tal informe.

A esta decisión se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue criticado porque el entonces equipo de gobierno encargó en 2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos empresas. El documento de los funcionarios municipales indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que el informe elaborado por un cargo de confianza del anterior alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final. Según consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por el actual responsable del caso Antonio Pedreira, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado con una fianza de millón y medio de euros, pudo haber intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación.

Pese a que el pliego de condiciones que regía el contrato le concedía hasta 10 puntos por terminar los trabajos en un plazo inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga de 13 meses. La consecuencia será que la empresa deja de abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros diarios.Cotejando las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, llama la atención el hecho de que la adjudicación de 2007 se realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo, 16 días antes de que se celebraran las elecciones municipales, por lo que el anterior equipo municipal se encontraba en funciones.

Quizá por ello se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el entonces alcalde, Arturo González Panero -al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, llamaba "El Albondiguilla", según el sumario-, el secretario, así como el primer y el segundo tenientes de alcalde. La falta de quórum obligó a la secretaria del Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que ejerció de presidenta accidental de la junta municipal Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan Siguero, actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora responsable de Obras Públicas y Urbanismo.

Estas tres personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y Belén Húmera, como tenientes de alcalde, son las encargadas de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de 13 meses para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre por el de Assignia Infraestructuras, en un intento de alejarse en la medida de lo posible de la trama Gürtel.

Pero esta nueva concesión otorgada a una de las empresas de la presunta trama de corrupción -cuya adjudicación en 2007 se produjo tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla, Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido criticada por la oposición.

Los socialistas llaman la atención en el hecho de que la ampliación del plazo previsto se produjo sin el preceptivo informe que lo justificara. Este punto también fue abordado entre los dirigentes de la junta municipal, que citó a la misma al arquitecto municipal y director técnico de las obras, Salvador Campuzano Casado. En su comparecencia, este funcionario aseguró que su opinión era clara al respecto y que no procedía la emisión de un informe complementario. Tras la intervención del arquitecto, los ediles aprobaron la ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.

La investigación de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las obras que ha determinado, también, la decisión del juez de enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, habida cuenta de que entre los aforados por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio, y como este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación social. Las operaciones en las que habría intervenido se refieren a la adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos locales a una empresa administrada por José Ramón Blanco Balín denominada Rústicas MBS".

Asimismo, el portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto, recuerda que la adjudicación ya fue criticada por ellos debido a "su exagerado coste financiero para las arcas municipales". Y agrega Nieto: "Una obra menos faraónica y más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros, las comisiones presuntamente cobradas por políticos populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una burla a los ciudadanos de Boadilla que el Ayuntamiento renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una empresa bajo sospecha".

En este sentido, la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado la contratación de las obras del "retranqueo de las tuberías del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las obras de la Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de 175.277 euros.

Este gasto, en opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser asumido por Constructora Hispánica, ya que en el momento de la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la ubicación de las infraestructuras del Canal. Por su parte, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer declaraciones al respecto.

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ABREN UN EXPEDIENTE CONTRA LA EDIL QUE DENUNCIÓ EL "CASO ASTAPA"

ESTEPONA | Ampliación sin licencia

David Valadez y Cristina Rodríguez en una comparecencia. | ELMUNDO.es

Marga García | Málaga

El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Estepona ha abierto un expediente sancionador contra una obra ilegal realizada en una vivienda propiedad de la edil socialista, Cristina Rodríguez, que denunció junto al actual alcalde, David Valadez, la existencia de una presunta trama de corrupción urbanística y para la financiación irregular de los partidos políticos, el 'caso Astapa'.

Concretamente, el expediente de sanción se inició el pasado 27 de agosto de 2009 mediante un acta levantada por los agentes de la Policía Local asignados al departamento de Disciplina Urbanística. El acta de inspección recoge que se han construido más de 25 metros de ampliación del ático sin licencia, según el expediente que obra en poder de este periódico.

La infracción, recogida en el artículo 207 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se clasifica como «muy grave por tratarse de obras que deberían haberse ejecutado con licencia», siempre según el citado expediente que instruye la arquitecta técnica del Consistorio, Juana Alcalá Díaz.

La clasificación del suelo de la finca donde se produce la irregularidad es de urbano y permite una altura de planta baja más sótano pero la edil «ha ampliado un torreón de subida a cubierta», según la inspección urbanística.

Como medidas cautelares el expediente insta a los infractores a en un plazo máximo de dos meses legalicen las obras o en su defecto apercibe de que deberán restaurar el orden perturbado, es decir, demoler lo construido sin licencia.

La valoración de las obras realizadas al efecto de la sanción administrativa es 17.850 euros. Los técnicos se basan en esta valoración en la superficie construida; el presupuesto de la ejecución y el porcentaje de obra ejecutada. Lo más curioso de este expediente es que se abre sólo día después de que Estepona Información en su edición del 17 de agosto publicase que la edil socialista Cristina Rodríguez Alarcón, podría estar incumliendo con las limitaciones de superficie que se imponen para las viviendas de VPO en su residencia habitual.

La vivienda, según consta en el Registro de la Propiedad, es un adosado con una superficie útil de 89,51 metros cuadrados y calificada definitivamente como vivienda de protección oficial de promoción privada.

La oposición ya anunció en un pleno reciente que llevaría este expediente a la Fiscalía para que sustancie si se prevalió de su cargo para cometer esta ilegalidad que sólo fue inspeccioanda tras darse a conocer en los medios de comunicación.

Pero ésta no es la única polémica en la que está envuelta Cristina Rodríguez Alarcón ya que también se ha denunciado que se encontraba en situación irregular cuando trasladó esta denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, al ejercer su actividad privada como abogada a pesar de tener aprobado por el pleno la dedicación exclusiva, tal y como publicó en exclusiva este periódico

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