jueves, 30 de septiembre de 2010

"CASO GÜRTEL"; EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGARÁ LA POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Rechazado el recurso de los 'populares'

Efe | Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso del PP contra el auto en el que el instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, se inhibió de parte de la causa relacionada con presunta financiación ilegal y delito electoral en favor del TSJ de Valencia (TSJCV).

En un auto notificado este jueves, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el TSJ de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En el caso de que rechazara asumir la causa, se crearía un conflicto de competencias.

El pasado 15 de julio el juez Antonio Pedreira ya rechazó el anterior recurso de reforma presentado por el Partido Popular contra su decisión, tras lo que los 'populares' recurrieron en apelación.

En el recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada 'causa de los trajes' que se instruye en Valencia.

El magistrado remitió al TSJCV los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha de las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a varios dirigentes del PP valenciano y la Generalitat, entre ellos el presidente, Francisco Camps.

"CASO GÜRTEL"; EL DUEÑO DE FOREVER YOUNG NO ACLARA SI CAMPS PAGÓ LOS TRAJES

Confirma dos reuniones con Trillo

LYDIA GARRIDO - Valencia

Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, firma a la que empresas de la trama Gürtel compraron regalos, entre otros, para el presidente Francisco Camps, declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo en calidad de testigo y a petición de la Fiscalía. En su intervención, que duró varias horas, Hinojosa reconoció dos reuniones con el diputado del PP Federico Trillo a propósito de la causa contra el presidente Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

Hinojosa, ex jefe del sastre José Tomás, figura esencial para desvelar parte de las prácticas de empresas de la trama y al que el juez ha levantado la imputación, lanzó sospechas sobre las certezas que el ministerio público tiene de cómo quedaron contabilizados los encargos de distintas prendas que fueron regalos para Camps y el resto de imputados en la causa.

El dueño de Forever Young explicó que el sistema de contabilidad no permite garantizar que Camps no se pagara los trajes. Hizo mucho hincapié en que entre los clientes existe otra persona con el mismo apellido y que pudo haber confusiones a la hora de registrar pagos o entregas. Relató también que la forma de recoger los pedidos, las notas de entrega y los pagos dependían del cliente. Según él, ese sistema era personalizado. Los clientes llegaban a la tienda, se llevaban prendas, podían pagar solo una parte o adelantar incluso una fracción de un encargo aún no realizado. Según fuentes del caso, Hinojosa extendió ayer la confusión sobre la gestión de las entradas y salidas y eludió pronunciarse con rotundidad sobre el pago de los trajes que Camps dijo haber realizado.

El Ministerio Público solicitó el año pasado la declaración de Eduardo Hinojosa como testigo. La petición fue inicialmente rechazada, pero el recurso a esa negativa no pudo resolverse porque la Sala de lo Civil y Penal archivó el 1 de agosto de 2009 la causa. El tribunal valenciano se pronunció hace pocas semanas, después de reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, que ayer estuvo presente en la sala con tres de sus representantes, consideraba muy importante la comparecencia de Hinojosa para despejar algunas dudas. Una de ellas nace de un documento de Forever Young sobre una corbata en el que aparecía el nombre de Francisco Camps tachado, prenda que no figura entre las que supuestamente le regalaron al presidente. Para la Fiscalía era determinante que Hinojosa aclarara cómo funcionaba el registro de las prendas, de sus destinatarios, de los pagos que de ellas se realizaban, cómo y quién. Ayer, solo aclaró que algunas de las empresas que eran clientes encargaban y compraban varias prendas para personas distintas y eso generaba comprobantes varios. Reconoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, como uno de sus clientes. Y reconoció a otro Camps, no al presidente de la Generalitat, también entre sus clientes.


elpaís.com

"CASO MINUTAS"; EL INTERVENTOR MARBELLÍ DICE QUE "NUNCA JAMÁS" PUDO FISCALIZAR LAS MINUTAS DE DEL NIDO

Se reanuda en Málaga el juicio contra el presidente del Sevilla

F. J. P. - Málaga

El interventor municipal de Marbella, Juan Antonio Castro, declaró ayer que "nunca jamás" pudo fiscalizar ni controlar el contenido de las minutas que el letrado y presidente del Sevilla, José María del Nido, pasó al cobro al Ayuntamiento entre los años 2001 y 2003.

En el juicio del llamado caso Minutas, que se ha reanudado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Málaga, el funcionario ha asegurado que no conoció el contrato celebrado en 2001 y que supuestamente ligaba a Del Nido con la sociedad municipal Control de Servicios Sociales SL hasta cinco años más tarde, en 2006, cuando el Ayuntamiento de Marbella fue disuelto y el gobierno de la ciudad recayó en una comisión gestora.

Castro, que acudió como testigo propuesto por la Fiscalía, señaló sólo tuvo conocimiento de las minutas cuando fueron presentadas al cobro, momento en que puso reparos a su abono. También declaró que en ningún momento conoció el contenido de las minutas ni de los escritos que justificaban encargar a Del Nido representar a las sociedades municipales en el proceso de fiscalización que estaba llevando a cabo el Tribunal de Cuentas.

Según el fiscal anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, en virtud del contrato, Del Nido cobró 155.130 euros por unas labores de fiscalización de las empresas municipales marbellíes que no entraban dentro de su competencia. Del Nido. En ese contrato de arrendamiento de servicios, redactado con normas de derecho privado cuando vinculaba a una sociedad pública, se fijaba, además, una remuneración mensual por sus servicios de 48.080 euros. Esta cantidad, según el fiscal, es "claramente abusiva e injustificada".

Antes de celebrarse ese contrato, el fiscal señala que Del Nido percibió entre 1999 y 2001 un total de 2,16 millones de euros del erario público marbellí.

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UN IMPUTADO DE LA GÜRTEL SE NIEGA A DECLARAR PESE A COMPARECER A PETICIÓN PROPIA

Francisco Rodríguez Pendas, ex asesor de López Viejo, se ha limitado a leer una carta exculpatoria.- Pedreira mantiene la acusación

EL PAÍS - Madrid

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha confirmado hoy la imputación por 11 delitos de Francisco Rodríguez Pendas, ex asesor del diputado regional y ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Rodríguez Pendas ha comparecido hoy a petición propia ante el magistrado aunque se ha negado a declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución.

Pedreira ha decidido mantener las imputaciones contra el acusado, aunque no ha decretado contra él medida cautelar alguna, según informa el TSJ de Madrid en una nota.

Rodríguez Pendas es una de las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de la red corrupta.

El imputado se ha negado a responder hoy sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa como pantalla desde 2004.

Por ejemplo, el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.


elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; CAMPS SERÁ INVESTIGADO POR MÁS DELITOS EN VALENCIA

El Tribunal Superior de Madrid remite a Valencia la causa por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio.- El PP asegura que "no hay nuevas imputaciones"

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado remitir a su homónima de Valencia la parte de la trama Gürtel que afecta al presidente de la Generalit valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos de su Gobierno. Así pues, el cúmulo de delitos -financiación ilegal, tráfico de influencias, falsedad, cohecho propio...- que la Fiscalía Anticorrupción y la policía atribuyen a Camps y otros miembros de su Gobierno y del partido deberán ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Por dos razones, la mayoría de los implicados son aforados y además esos supuestos delitos se habrían cometido en Valencia.

En el auto que ha dictado hoy el Tribunal Superior de Madrid, los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro rechazan el recurso interpuesto por el PP contra la decisión que adoptó en mayo el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, de inhibirse a favor del Superior de Valencia de las diligencias que afectan a esa comunidad. La Sala Penal de Madrid señala en el auto que, dado que los supuestos delitos se cometieron en Valencia y además recaen sobre aforados, debe ser el Superior de esta comunidad el que investigue el asunto y también el que determine qué delitos y a quién cabe atribuírselos.

El PP, que actúa como acusación particular en el caso Gürtel -la fiscalía ha pedido que se le expulse del proceso porque su actitud, más que de acusación, es de defensa de los intereses del PP y de su cargos-, quería que Pedreira investigase tanto lo de Madrid como lo de Valencia para no romper la continencia de la causa. Pero no, la financiación ilegal y los otros delitos deberán indagarlos los órganos judiciales valencianos.

Supuesta financiación ilegal del PP

El Superior de Valencia ya tuvo en su poder, a finales de julio de 2009, un exhaustivo informe policial que detallaba la supuesta financiación ilegal del PP de esa comunidad, pero lo devolvió a los agentes y optó por no investigarlo. Este informe lo redactó la policía en el curso de la investigación que desarrollaba en ese momento en relación con la trama red corrupta que dirigía Francisco Correa y el asunto del regalo de los trajes a Camps y otros altos cargos de su Gobierno por parte de una de sus sociedades Gürtel, Orange Market, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes. Los agentes habían registrado Orange Market y descubrieron una contabilidad B en la que había anotaciones contables que, junto a pinchazos telefónicos, evidenciaba recepciones de dinero de empresas privadas con las que la red Gürtel se cobraba actos que hacía para el PP.

La Sala que presidía De la Rúa devolvió ese informe tras señalar que no lo había pedido a la policía y que allí solo se investigaba el asunto de los trajes regalados a Camps, que luego archivó su Sala, con el voto en contra de uno de los tres jueces. Posteriormente el Tribunal Supremo ha reabierto este caso al entender que el regalo de los trajes podía ser constitutivo de cohecho impropio.

Pero el asunto de la financiación ilegal no quedaría ahí. El POSE de Valencia presentó ante el mismo tribunal de De la Rúa una querella, basada en el citado informe policial sobre la financiación ilegal, contra Camps y otos 15 altos cargos. El Superior de Valencia decidió remitir esa querella al juez Pedreira y en el auto en el que adoptó la medida, fechado el pasado 16 de febrero, ya indicaba que la querella "contiene hechos de posible significación delictiva". Fue entonces cuando pidió a Pedreira que "practicara las diligencias que estimase oportunas" y que si de sus pesquisas entendía que los delitos se confirmaban y sus autores podían ser aforados, le remitiese la causa.

Investigar estos hechos es lo que han hecho en el último año el juez Pedreira, la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada de Blanqueo de Capitales, la UDEF. Aquel informe policial que ya acreditaba la financiación ilegal del PP valenciano se ha visto ampliado en los últimos meses con otros informes policiales más exhaustivos y otro de la Agencia Tributaria. Ninguno de los informes ofrece dudas de que empresas valencianas que han recibido en los últimos cinco años suculentas contratas del Gobierno de Camps pagaron de sus arcas actos del PP de esta comunidad a través de Orange Market. Entre esas empresas que pagaron actos del PP está Sedesa, de la familia de Juan Cotino, vicepresidente de la Generalitat valenciana, y también figura la firma Ortiz e Hijos, cuyo dueño también se ha visto salpicado en el caso Brugal, que afecta al presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll.

Cuando las diligencias lleguen a Valencia, el Superior de Valencia tendrá sobre su mesa muchos delitos por investigar. No es ya solo el asunto de los trajes regalados a Camps por la trama Gürtel que en Valencia encabezaba su "amiguito del alma", El Bigotes, sino que los jueces de Valencia deberán investigar otros muchos delitos. En concreto, los seis delitos que apreció en un auto el instructor del Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira.

El pasado 15 de junio, Pedreira desestimó el recurso de reforma interpuesto por el PP contra su decisión de 25 de mayo en la que se inhibía de seguir investigando la trama Gürtel referida a Valencia y se la enviaba a José Flors (el juez designado por la Sala de Valencia como instructor del asunto de los trajes de Camps) porque entendía que había indicios de la comisión de al menos siete delitos por parte de aforados valencianos. La inhibición se acordó para evitar la prescripción de los delitos electorales a los que alude un informe de la Agencia Tributaria fechado el 6 de mayo de 2010. El informe deja claro que el PP de Valencia recibió dinero de empresas de esa región para pagar sus actos electorales.

El PP asegura que "no hay nuevas imputaciones"

El Partido Popular ha enviado a los medios una valoración tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, que reproducimos a continuación:

1. No hay nuevas imputaciones ni para Camps ni para ningún aforado.

2. Da la razón al PP al estimar que los hechos no están probados.

3. El envío al TSJV es por razones estrictamente territoriales.

4. [El auto] no entra en el fondo del asunto por competencia territorial.

5. Afirma, así mismo, que es prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando.

6. El auto estima "parcialmente" el recurso del PP.

Camps planta a los rectores

EZEQUIEL MOLTÓ

El presidente de la Generalitat valenciana ha dejado plantados a última hora a los rectores de las cinco universidades valencianas en la firma del nuevo plan de financiación, que estará vigente hasta el año 2017.

Fuentes de presidencia de la Generalitat atribuyen la ausencia a retrasos en los vuelos que tenían que trasladarle desde la ciudad italiana de Bolonia a Alicante. Han firmado el plan el consejero de Educación, y el vicepresidente, Gerardo Camps.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha lamentado públicamente la ausencia de Camps y le ha preguntado si se debe a las nuevas medidas judiciales. "Tenemos un presidente que huye, escapa y viaja cuando tiene problemas", ha afirmado Alarte.

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martes, 28 de septiembre de 2010

"CASO MALAYA"; EL ABOGADO DE CORULLA PIDE QUE SE RETIREN DEL SUMARIO CONVERSACIONES Y SMS "ÍNTIMOS"

Segundo día de juicio

Montserrat Corulla a su llegada a los juzgados. | A. Pastor

* Se anularon las que mantuvo con Ruiz Gallardón por no tener 'interés jurídico'

José Carlos Villanueva | Málaga

Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado defensor de la letrada Montserrat Corulla, una de las testaferros de Roca en la llamada 'trama madrileña', ha solicitado este martes ante el tribunal del caso Malaya que se retiren del sumario determinadas conversaciones y mensajes de texto (sms) "de carácter íntimo" que mantuvo su cliente.

El penalista ha hablado de "vulneración de los derechos fundamentales, a la intimidad y al derecho de las comunicaciones", quebrantados-a su juicio- en lo que a Corulla atañe. Se trata de transcripciones que pertenecen a la "esfera más íntima" de la que fuera asesora de Juan Antonio Roca, a la hora de figurar con su nombre en sociedades que administraban parte de su patrimonio en la capital de España.

En opinión de dicha defensa los mensajes sms y las conversaciones mencionadas, recogidas en tres cuadernos y un cd, "no tienen ninguna conexión con esta causa". Todo ello en alusión a la trama de corrupción que se enjuicia desde el lunes, por lo que fueron incorporadas al sumario por la Policía y por el juez instructor, Miguel Ángel Torres.

"Solicitamos que estas transcripciones no permanezcan un minuto más" dentro del sumario, ha pedido el defensor de Corulla. De hecho, ha hablado de "valoraciones subjetivas de la Policía", como el hecho de que en el resumen de una conversación los agentes pongan por escrito que un hombre llama a la testaferro de Roca para "intentar ligar con ella".

Rodríguez Mourullo ha recordado que cuando se alzó el secreto del sumario, en lo que afecta a las conversaciones telefónicas de Corulla, en abril de 2007, "se me dijo que se iban a expulsar del sumario" las de carácter íntimo. Pero no fue así.

EL MUNDO ya informó en la primavera de 2007 sobre que el entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, había retirado del sumario todas las conversaciones telefónicas y mensajes sms mantenida entre Montserrat Corulla y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón .

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron entonces a este periódico que dichas transcripciones se habían retirado "porque carecían de interés jurídico alguno" para el juez instructor. Sin embargo, este periódico llamó la atención sobre el hecho de que se mantuvieran conversaciones íntimas y mensajes de texto, incluso de índole sexual, entre Corulla y otros hombres. Dichas fuentes hablaron de un “descuido” de la Policía. A día de hoy, lo íntimo sigue presente en los legajos.

Además
* Especial 'Corrupción en Marbella'
* El juicio en vivo | Quién es quién
* Todo sobre el juicio del caso 'Malaya'
* Lea el escrito de acusación: Primera parte | Segunda parte

elmundo.es

lunes, 27 de septiembre de 2010

IMPUTAN A EX CARGOS DE UNA FUNDACIÓN AFIN A UDC POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

JUDICIAL  | Presunta trama corrupta
* Les acusan de realizar pagos irregulares al partido, entre otros delitos
* La Fiscalía les acusa de apropiación indebida, falsificación y estafa
* Sería una trama financiera formada por una treintena de empresas
* Josep Boque, Joan Albert López y Miguel Ángel Cortes, entre los imputados

Efe | Barcelona

El juzgado de instrucción número 21 de Barcelona ha citado como imputados a tres ex responsables de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a UDC, y a otras doce personas contra las que la Fiscalía presentó en julio una querella por supuestos pagos irregulares a Unió, entre otros delitos.

Según han informado fuentes judiciales, el juez ha acordado citar a declarar para los próximos días 15, 22 y 25 de octubre a los quince querellados, a quienes la Fiscalía acusa de los delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsificación y estafa.

Para el próximo 15 de octubre están previstas, entre otras, las declaraciones de tres dirigentes de la Fundació Catalunya i Territori: el presidente Josep Boque -ex director general de Consumo en los 90-, y los ex vocales Joan Albert López Sans y Miguel Angel Cortes.

Los días 22 y 25 de octubre próximos declararán los empresarios imputados, entre ellos el administrador de Copisa José Cornado, así como el ex gerente de UDC Josep Maria Núñez.

La Fiscalía destapó en su querella una trama financiera integrada por una treintena de empresas con poca actividad que orbitaba alrededor del grupo empresarial IMS y de la Fundació Catalunya i Territori y que supuestamente se habría hecho cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a UDC.

Según la querella, mediante facturas ficticias y préstamos no documentados la Fundació Catalunya i Territori habría desviado 1,78 millones de euros hacia el grupo empresarial IMS, desde donde el dinero volvía salir en efectivo, sin que se haya podido averiguar cuál era su destino final, según el ministerio público.

El fiscal apunta en su querella que la formación democristiana podría ser "beneficiaria a título lucrativo" del entramado de empresas vinculado a IMS, dado que presuntamente pagaron algunas "obligaciones contraídas" por UDC.

La querella de la Fiscalía denuncia, además, que el grupo IMS solicitó un crédito del Institut Català de Finances (ICF) de un millón de euros, que no se destinó a los fines inicialmente declarados, y los responsables del entramado empresarial presentaron facturas falsas libradas por empresas vinculadas a ellos mismos para dar apariencia de que el destino de los fondos era correcto.

La Fundación Catalunya i Territori, según la querella, mantenía relaciones de negocio con UDC ya que cinco de sus locales -en Tàrrega (Lleida), Lleida capital y Tarragona- estaban alquilados a este partido, aunque desde el año 2005 la propietaria no percibió ninguna cantidad del partido para el pago de los alquileres.

elmundo.es

"CASO SANT ELM"; FLAQUE NIEGA QUE EL INESTUR FINANCIARA A LA FUNDACIÓN DE CAÑELLAS

Ex conseller de Turismo del PP

* El ex conseller de Turismo del PP declara que no hubo 'voluntad de defraudar'

Europa Press | Palma

El conseller insular del PP y ex conseller de Turismo del Govern, Joan Flaquer, ha negado ante el juez instructor del caso Sant Elm haber cometido delito alguno a raíz de la firma de un convenio por el que el Instituto de Estrategia Turística (Inestur) acordó el pago de 30.000 euros al Ayuntamiento de Andratx para el fomento del turismo cultural en el municipio 'andritxol', en marzo de 2006. Es más, ha aseverado que el Consistorio no justificó entonces el destino de los 15.000 euros aportados inicialmente e incluso no lo hizo cuando el Inestur se lo reclamó en dos ocasiones.

Durante su declaración en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antonio Garcías, Flaquer ha explicado que únicamente intervino en este proceso al principio y cuando rubricó el documento, aunque principalmente ha hecho hincapié en que el Inestur, dependiente de la Conselleria de Turismo, sólo realizó un pago inicial de 15.000 euros ya que, al no ser justificados, la empresa decidió no aportar la segunda de las partidas -por la misma cantidad-, establecida en el convenio una vez que la Administración municipal comunicase en qué se había invertido la primera.

El encausado, defendido por el letrado Ernesto Florit, ha apelado así a la legalidad del convenio por el que el Govern acordaba sufragar parte de los 50.000 euros que el Ayuntamiento de Andratx acordó destinar a la Fundació Illes Balears, presidida por el ex jefe del Ejecutivo autonómico, Gabriel Cañellas, por la cesión de la torre de Sant Elm para llevar a cabo en ella actividades culturales. Unos hechos que están siendo investigados en esta causa a raíz de un presunto desvío de fondos públicos al desconocerse el destino del dinero abonado por ambas administraciones.

En su comparecencia, que se ha prolongado por espacio de dos horas, el encausado, sobre quien pesan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, ha señalado que el convenio planteaba la necesidad de llevar a cabo actividades culturales en el municipio de cara a desestionalizar el turismo, tal y como se hizo con otras localidades.

Sin embargo, antes de proceder a su firma, ha recordado que el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo -uno de los principales imputados en este caso- acudió a la Conselleria interesado por la posibilidad de fomentar el turismo en Andratx y se entrevistó con él para comentarlo. Precisamente, sobre este extremo Hidalgo expuso ante el juez que acudió a la Conselleria "por indicaciones de Cañellas" a fin de que este departamento se encargara del 60 por ciento de la aportación municipal.

Una vez rubricado el documento, el ex gerente del Inestur, Carlos Pizá, remitió una carta el 19 de diciembre de 2006 -un día después finalizaba la vigencia del convenio- al Ayuntamiento para reclamar que se justificasen las actividades llevadas a cabo con los 15.000 euros abonados de forma inicial, sin obtener respuesta alguna, tal y como ha explicado en la misma línea el propio Pizà, quien también ha prestado declaración como imputado, defendido por Fernando Mateas.

Lo mismo succedió cuando tres meses después volvieron a insistir desde el Inestur para que el Consistorio explicase en qué se había tanto los primeros 15.000 euros como los 20.000 aportados por la Corporación municipal. Se da la circunstancia de que entre la primera y la segunda vez que el Inestur se puso en contacto con el Ayuntamiento, la Policía Jucidial intervino en el Consistorio y arrestó a Hidalgo por su implicación en la trama de corrupción urbanística investigada en el caso Andratx.

Cabe recordar que, en el caso de Flaquer, la acusación particular, en representación del Ayuntamiento de Andratx a través del letrado Pablo Alonso de Caso, ya solicitó su citación al sostener que en este proceso ejerció una "voluntad de defraudar" a la administración pública.

Y es que, tal y como consta en su escrito, el entonces conseller de Turismo rubricó un convenio con el Consistorio para que el Inestur sufragase parte de los fondos destinados por el Ayuntamiento a la Fundació Illes Balears, presidida por el ex presidente del Govern, Gabriel Cañellas, para la cesión del castillo de Sant Elm al Consistorio.

'Estrategia triangular' entre Cañellas, Hidalgo y Flaquer
A tenor de estos hechos, la acusación subraya que podrían haberse producido "supuestos ilícitos penales" a raíz de una "estrategia triangular" trazada entre el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, Cañellas y Flaquer. Es más, postula que la conducta de todos ellos "podría responder a un concierto o conjunción de voluntades con la finalidad de defraudar a la administración pública, con independencia de la perfección del perjuicio patrimonial".

Fue a raíz de las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento 'andritxol' tras las elecciones municipales de 2007 cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia penal contra Hidalgo y Cañellas, así como contra aquellas personas del Inestur presuntamente implicadas en los hechos, al sostener que habrían incurrido en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y defraudación a la administración.

"CASO PEAJE"; UNO DE LOS IMPUTADOS DICE QUE SE LLEVÓ TIERRA A FINCAS DE OTROS 12 VECINOS

El jefe de obra de la carretera de Manacor

Europa Press | Palma

Uno de los responsables de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, Javier Navarro, ha reconocido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, que no sólo el ex director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, y el celador de Carreteras del Consell, Gabriel Mestre, recibieron en sus fincas tierra sobrante de estas obras, sino también "una docena" de particulares, que en algunos casos se beneficiaron también de obras privadas pese a que ha negado que fuesen facturadas como si se tratase de trabajos de la carretera.

De este modo, en la comparecencia que ha efectuado durante dos horas en calidad de imputado, el que fuese en concreto jefe de producción en la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de las obras ha modificado la versión que ya ofreció en dependencias de la Policía Nacional, al negar ante la magistrada que todo ello fuese facturado a la UTE Desdoblamiento C-715, en contra de lo que afirmó en sede policial, según han informado fuentes jurídicas.

Es más, el encausado, asistido por el abogado Daniel Castro, ha aportado un extenso informe pericial que asocia las obras realizadas en cada uno de los tramos del desdoblamiento con su correspondiente facturación. Navarro se ha escudado en este voluminoso documento, que refleja la facturación de todas las empresas subcontratadas a través de la UTE, para reforzar su defensa y demostrar que ninguna de las obras particulares llevadas a cabo se realizaron con cargo al dinero destinado a la carretera.

Así, uno de los casos que ha mencionado ha sido el de la constructora Germans Cloquell -cuyo administrador se encuentra imputado en este procedimiento- y respecto a la cual ha negado que esta empresa facturase a la UTE unas obras que realizaron en una finca en Búger vinculada al entonces ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, de cara a construir un centro de meditación oriental. Una declaración que contrasta con la que realizó en Jefatura Superior, donde supuso que los trabajos sí se habían hecho con cargo al dinero percibido por las empresas encargadas del desdoblamiento.

Asfaltaron los accesos a la finca de mestre

Asimismo, ha recordado que trabajadores de la UTE procedieron a asfaltar los accesos a la finca de Gabriel Mestre, aunque ha precisado que se hizo porque les sobraba material y "salía más a cuenta" aprovecharlo que llevarlo a un vertedero. Sin embargo, el encausado ha aseverado en relación al celador que era "muy quisquilloso" en lo que a los trabajos de desdoblamiento se refiere.

Del mismo modo, ha afirmado que los restos de tierra que ya no iban a utilizarse en los trabajos de reforma de la carretera (actual MA-15) se llevaban a las fincas particulares, de modo que se ahorraban los costes de trasladarlos a un vertedero controlado, en la línea de lo que ya expuso Aguiar la pasada semana, quien manifestó que unos 45 camiones de tierra procedente del desdoblamiento descargaron la tierra sobrante en su finca como un favor recíproco.

Cabe recordar que el nombre de Navarro aparece reflejado junto al también jefe de obra Jerónimo Gutiérrez así como al de otras 15 personas en la querella que interpuso el Ministerio Fiscal en marzo del pasado año a raíz del supuesto desfase de 23 millones de euros producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 y cuyo desarrollo se investiga en el marco del denominado Caso Peaje.

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil.

EL FISCAL INVESTIGA A PROVEEDORES DE TORREVIEJA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado las cuentas a al menos tres proveedores habituales del Ayuntamiento de Torrevieja por su supuesta implicación en la financiación del PP local con motivo de la campaña electoral de las municipales de 2007. El Consistorio y el PP están presididos por Pedro Ángel Hernández Mateo. El partido no ha presentado las cuentas de aquella campaña, cuyos gastos ascendieron a cerca de 450.000 euros, según una estimación del ex concejal del PP de la localidad José Antonio Montesinos.

La denuncia pública del ex edil sobre la ausencia de facturas de los gastos de la campaña ante los órganos locales del partido motivó la apertura de una investigación de oficio por parte del destacamento de Anticorrupción de Alicante. Entre los proveedores que el ministerio público investiga, se encuentra la emisora local de televisión, según han asegurado fuentes del caso.

El ex concejal Montesinos asegura que el presidente local del PP sigue sin presentar las cuentas ni facturas de la campaña electoral. "La falta de transparencia de Hernández Mateo en esta cuestión y en todo lo que afecta a las cuestiones orgánicas del partido es absoluta", asegura Montesinos. "Gestiona la junta local como si de un club de amigos se tratara, sin el más mínimo respeto a los estatutos del partido", añade. Montesinos exige la dimisión del alcalde y líder del PP local y advierte: "Tarde o temprano tendrá que presentar las facturas, o ante los órganos del partido o en el juzgado".

Esta falta de información fue lo que motivó que José Antonio Montesinos remitiera una larga carta al presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que narraba pormenorizadamente las supuestas irregularidades cometidas, entre ellas la ausencia de facturas.

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RETIRA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE CAMPS

Pedreira considera que José Tomás no cometió falsedad documental en relación con la facturación de trajes a la red de 'Gürtel'

EL PAÍS - Madrid

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido el sobreseimiento provisional de la imputación que pesaba sobre José Tomás, el sastre que la trama corrupta puso a disposición del presidente valenciano, Francisco Camps, para tomarle medidas y confeccionarle los trajes de regalo. El dirigente valenciano del PP está imputado por esta causa por cohecho impropio y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados.

En un auto hecho público hoy, el juez señala sobre José Tomás: "La falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó. Las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social nº 8 de Madrid. La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimíentos en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Cabe destacar igualmente que no consta el conocimiento por parte del Sr. Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

Pedreira acoge así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado que se retirara la imputación del sastre, cuyo testimonio fue clave para imputar a Camps.

Tomás, que ha comparecido varias veces ante la policía, la Fiscalía Anticorrupción, el juez Baltasar Garzón y el instructor del Tribunal Superior de Valencia, José Flors, ha declarado que los jefes de la trama corrupta pagaban los trajes de distintos dirigentes del Gobierno valenciano y del PP de esta comunidad.

El auto de Pedreira también remite a la sentecia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que declaró improcedente el despido de Tomás, producido un día después de prestar declaración ante Garzón. Esa sentencia establecía que el sastre no falsificó ninguna factura ni dio orden de hacerlo, razón alegada por el propietario de Forever Young, el empresario Eduardo Hinojosa, para rescindir su contrato.


JOSÉ TOMÁS GARCÍA; SASTRE QUE CONFECCIONABA LOS TRAJES A FRANCISCO CAMPS

El sastre José Tomás declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que los trajes que distintos dirigentes del Gobierno valenciano y del PP de esta comunidad los pagaban los jefes de la trama Gürtel. Estas declaraciones supusieron una imputación. Este lunes, el juez Antonio Pedreira ha retirado la imputación al considerar que no cometió falsedad documental. José Tomás ha charlado con los lectores sobre este tema.
"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"

Los internautas preguntan a José Tomás García


Setentañero
1. 27/09/2010 - 16:21h.
 ¿Ha tenido muchas presiones por parte de los cercanos a Camps?
 
Presiones directas, no, presiones en cuanto a intentar deteriorar mi imagen y hundírmela, todas. Ese es el problema, que no han tenido narices para identificarse, y han inventado mentiras y calumnas para ver si así me asustaba y me comía el marrón que no me pertenecía.

Miguel
2. 27/09/2010 - 16:25h.
 ¿Va a emprender acciones contra Federico Trillo por la actitud que tuvo contra usted?

No, acciones legales, no. Sólo le pediré públicamente, si tiene narices, cosa que hasta ahora ha demostrado que no las tiene nunca, porque cuando ha tenido que dar la cara se ha metido debajo de la cama y ha sido ilocalizable, pero sí me gustaría que fuera capaz de explicar las declaraciones del 16 de marzo de 2009 en Onda Cero, con su "amigo de alma" Carlitos Herrera, ese que no conocía al "Bigotes" de nada, pero lo había fichado para hacer un programa el mes siguiente, en abril. Invito a cualquiera que pinche en la hemeroteca a ver las declaraciones de ese día, donde me acusa de no sé cuántos delitos, 10, 12, 15, pues a ver qué responde ahora. No soy persona de querellas, de hecho tendría que haberlo hecho con bastante gente del mundo periodístico que han dicho de todo lo que han querido. El único contra el que lucharé en los tribunales, por supuesto, y lucharé hasta la muerte,será mi ex jefe Eduardo Hinojosa, como llevo haciéndolo desde el día en que me despidió, 12 de febrero de 2008, que a fecha de hoy le he ganado seis juicios, él no me ha echado a mí, he sido yo el que mediante sentencia firme he conseguido la rescisión de mi contrato, así como todas las artimañas que ha buscado dentro de la vía laboral. Todos los juicios y recursos los ha perdido, y espero que pierda los que quedan, porque se dedica a dilatar.

Juanjo
3. 27/09/2010 - 16:26h.
¿Cuántos trajes se hacía por año Camps y cuánto costaba cada traje?

En total, yo le habré hecho a Camps en los dos años que ha durado mi relación con él, unos 10 trajes. A él no le han costado nada, porque nunca ha pagado ni un solo euro. Y a los que los pagaban, jamás preguntaron cuánto valían, porque no les importaba, simplemente se dedicaban a pagarlos. Sólo se especificaba el precio que se había hecho a cada personaje. Han sido siempre trajes buenos, de costo medio, unos 1.000 o 1.100 euros.

Maltese
4. 27/09/2010 - 16:31h.
 En el camino que emprendió hasta la verdad, ¿se ha sentido respaldado por la gente y apoyado o se sintió aislado y vulnerable?

Me he sentido, sobre todo, apoyado por mi familia, que es en definitiva lo único que me importa, pero sorprendentemente también por muchos amigos y clientes, que aun sabiendo que su pensamiento ideológico es más del lado en que era el problema, como me conocían, por lo menos directamente me han llamado dándome su apoyo, aunque yo siempre he sabido que esto deja dudas hasta pasando un entorno del familiar, en que sin quererlo un día te veas mezclado en un asunto de estos, y los periódicos afines al PP empiecen a tacharte de ladrón, estafador... eso me lo tuve que ir tragando hasta que hice mis primeras declaraciones a este medio, de lo cual siempre estaré orgulloso. Han demostrado un respeto hacia mí en todos los sentidos. A partir de esas declaraciones, del 15 de marzo de 2009, el ataque ya fue en todos los frente.

Juan
5. 27/09/2010 - 16:31h.
¿Ha contado usted todo lo que sabe, o quedan secretos por desvelar?
He contado todo lo que sé en sede judicial.

Sonia
6. 27/09/2010 - 16:35h.
Enhorabuena por la retirada de su imputación. Me gustaría preguntarle queé primera impresión le causaron Francisco Camps y Álvaro Pérez cuando los conoció. Muchas gracias.

A Álvaro Pérez lo conozco desde hace unos 19 años, mucho antes de que estuviera metido en la empresa de Francisco Correa. Era cliente asiduo y con una afinidad como cliente. Él es el que me presenta a finales de 2004, cuando entra a trabajar con Correa, y a raíz de perder las elecciones de 2004, el señor Rajoy, después de haberle estado llevándole durante 12 años todos los eventos, decide quitárselos. Entonces es cuando Álvaro Pérez se baja a Valencia, crea Orange Market y empieza a trabajar en esa comunidad en organizar toda clase de actividades y eventos, y es cuando me empieza a traer a los políticos que él cree oportuno a vestirse; entre ellos, el último, a Francisco Camps. La impresión de Camps fue magnífica, porque yo siempre he comulgado con las ideas de esa parte, aunque ahora mismo sería lo último, por todo lo que he visto y me han demostrado que son, pero en el trato cercano con este señor, yo le tenía un gran aprecio. Ha sido posteriormente con su actuación falsa, sin querer admitir la realidad y sobre todo negar la mayor, cosa que no se puede hacer nunca, y menos mentir, a mí particularmente me ha defraudado absolutamente.

Chelo
7. 27/09/2010 - 16:37h.
¿Siente Ud que es un héroe al batirse con un tiburón como Camps?
No. Yo no me considero héroe, llevo trabajando desde los 13 años en la misma profesión, 43 años, me siento orgulloso de lo que he conseguido dentro de ella. Nunca ha sido un orgullo batirse, es una situación que nunca habría elegido, pasaba por allí y me han cambiado la vida. EStoy en el paro, sin posibilidad de conseguir trabajo, y de este asunto solo he sacado muchas noches sin dormir, además de la indemnización que conseguí de Eduardo Hinojosa, porque tenía un contrato blindado.

Genaro
8. 27/09/2010 - 16:41h.
¿Ha podido rehacer su vida laboral tras despedirlo de su empleo por sus declaraciones? ¿Ha recurrido este despido?

Como he contestado antes, denuncié el despido que me hicieron, y se declaró despido improcedente. El empresario optó por la readmisión. Posteriormente, le denuncié por haberme hecho dicha readmisión de manera irregular, juicio que también gané, aun siendo complicado de ganar. Él recurrió y perdió de nuevo, y no tuvo más remedio que indemnizarme, y se acabó mi contrato con él. A partir de ahí, estoy en el paro y veo muy difícil, con mi edad, encontrar un trabajo, ya no que se asemeje al que tenía, sino incluso un trabajo mileurista, porque con casi 57 años y los millones de parados que hay en este país, es bastante complicado.

Jesus
9. 27/09/2010 - 16:43h.
 ¿Qué consecuencias ha tenido la campagna de desprestigio para usted y su familia? ¿Podrá su vida volver a donde estaba ahora que su nombre queda limpio?

Mi vida, en cuanto a mi familia, nunca han dudado de mí, y nunca se ha deteriorado, salvo por lo que cada uno de ellos, en el entorno en el que viven, han tenido que aguantar, todo el mundo preguntándoles, la desconfianza... de hecho, yo he estado tratado médicamente por depresión y ansiedad. Hubo al inicio unos meses en los que no me apetecía ni levantarme de la cama, pero he sido fuerte siempre, dije "esto no me va a vencer a mí", y hoy estoy dispuesto a luchar en la medida en que mis posibilidades me lo permitan, y colaborar con los jueces y los fiscales, policía y demás estamentos, para que siempre se establezca la verdad.

Alicia
10. 27/09/2010 - 16:46h.
Señor, García ¿a usted no le extrañaba que los trajes de unos señores los pagaran otros? ¿Eso es habitual? ¿usted sospechaba que algo raro había en medio?. Gracias

Hay empresas que habitualmente les pagan ropa a gentes a fines a la empresa o por otros motivos. No era la primera empresa que encargaba ropa para otra persona. Es algo en lo que nunca he entrado ni me ha importado. De hecho, cuando trabajas 12 horas diarias, tu única preocupación es el negocio que diriges y que salga adelante, porque tu información sobre leyes no alcanza a ese tipo de cosas, puedes pensar que es normal. Si hoy me ocurriera, después de dos años que ha pasado y lo que he tenido que vivir, casi he hecho media carrera de derecho, ahora ato cabos, después de medio año pensando, y veo para qué se hacía, pero en el momento ni sospechaba de eso, ni mucho menos de la gente de la trama, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, no me parece ni me ha parecido que sean los malos de la película, como quieren hacer ver, y los pobre políticos, unas víctimas, a los que llegaba la "gente mala" y los engañaban, pobrecitos. Pienso que en la vida nadie engaña a nadie, sobre todo a esos niveles.

mario
11. 27/09/2010 - 16:50h.
 ¿Cuál es tu opinión de la actuación de Rajoy en todo esto?

Nefasta. Primero, él conocía a esta trama porque los últimos 12 años antes de las elecciones de 2004 llevaron al PP a nivel nacional, y él fue ministro y vicepresidente, y luego fue candidato llevándoles ellos la campaña. Yo no me creo que una persona que convive con una red como dicen corrupta, el que se presenta como candidato a presidente esté ajeno a esto. Para mí, lo sospechoso es el día en que pierde las elecciones, él coge y los echa, cuando habían ganado 14 elecciones en 12 años, luego a lo mejor no eran tan malos. Como vara de medir, debe tener como una moneda con dos caras, porque qué diferencia hay entre los diputados y senadores y diputador regionales que se ha cargado, y sin embargo a otros que está seguramente mucho más acreditada su culpabilidad, no toma decisión alguna. Él verá, y su actuación la comprobarán todos los votantes del PP.

Saturnino
12. 27/09/2010 - 16:52h.
 ¿Cree que Camps acabará en la carcel?

Lo veo difícil. No porque crea o no, no me voy a pronunciar, si tendría o no que acabar, pero tal y como está montado el sistema, es difícil. De lo que estoy seguro, es que al final solo vale lo que los jueces determinan, y si no miren cómo en el mes de agosto ya pensaban que su caso de los trajes estaba ya muerto, nunca pensaron que el Supremo iba a reabrir la caja. Y de ese proceso, del cohecho impropio pasivo, creo que será declarado culpable, porque yo creo que, presuntamente, es culpable.

Catedratico de derecho romano
13. 27/09/2010 - 16:55h.
¿Cuántas personas se llevaban trajes sin pagar de la tienda dónde trabajaba? ¿Podría dar algún nombre más? Gracias por su entereza.

Son las cinco personas que están imputadas en Valencia, tal y como recoge el sumario. Hay cuatro políticos y el que era director general de Canal 9. Además de Francisco Camps, el que era su vicepresidente, Víctor Campos; el que era jefe de gabinete, Rafael Betoret; y el que era entonces vicesecretario del partido, luego secretario general, Ricardo Costa.

toni
14. 27/09/2010 - 16:56h.
¿Se encargaba directamente Camps en recoger luego los trajes o mandaba a alguien?, si mandaba a alguien ¿quien iba? ¿su mujer, algún funcionario, su ex mano derecha?

En algunas ocasiones, cuando ya después de habérselos probados, está finalizado, se los he mandado directamente a Valencia, pero muchas veces aprovechaba para probárselos y directamente se los llevaba él.

José Vicente Barreiro Cao
15. 27/09/2010 - 16:58h.
Buenas tardes Sr. tomás: ¿No tiene en su poder o no se ha requerido, el desglose de las supuestas constantes, sucesivas y continuadas llamadas que Camps, le realizó? (Creo que incluso declaró usted que varias fueron en presencia del juez. ¡¡ Ánimo !!

Las famosas llamadas que están en el sumario son las que me efectuó el señor Camps estando declarando ante la Policía Judicial, donde estuve 10 horas. Ahí se produjeron 7 u 8 llamadas, de las cuales la Policía Judicial tomó nota, porque yo tenía el teléfono encima de la mesa. Lógicamente, esas llamadas no las cogí. Es diferente a que el día anterior de mi declaráción ante la Policía Judicial, el domingo 8 de febrero, sí me llamó a mi domicilio en repetidas ocasiones, pero eso fueron conversaciones privadas, que no he mencionado porque son privadas, y no se pueden publicar salvo que se tengan grabadas, y yo no tenía motivo para grabarlas.

Anita
16. 27/09/2010 - 17:04h.
 Da la sensación de que usted un día dice una cosa y al día siguiente la contraria. Ha dado tres versiones distintas al juez y tengo en mis manos cuatro declaraciones diferentes a distintos medios en las que dice que Camps se pagó sus trajes, luego que no, luego que le pagaban en billetes de 500, luego que no... No entiendo nada. ¿Cuándo dice la verdad y cuándo no?

Con todo el respeto del mundo, yo le aconsejaría que en vez de tener la fe ciega que debe tener usted en los medios a los que accede, que fuera más plural y accediera a otros. Jamás me he desdicho de nada, a veces, después de una declaración de varias horas, un periódico puede publicar un dato erróneo, pero no le quepa la menor duda de que los jueces tienen una única versión de los jueces de José Tomás García, ampliadas según he ido encontrando papeles y pruebas. Pero yo jamás he dicho cosa diferente en un sitio y en otro. Otra cosa es que haya habido medios que les haya interesado decir que yo he dicho lo que no he dicho.

Ignasi
17. 27/09/2010 - 17:06h.
¿Cuál ha sido el papel de Federico Trillo en esta campaña contra usted?
 
Creo que ha sido como el que viene ejerciendo en este país desde hace años, que tira la piedra y esconde la mano. Basta que hagamos memoria en los grandes asuntos en que se ha visto involucrado, de todos se ha ido de rositas, en seguida pone denuncias, las cuales le son archivadas, yo tengo alguna para dársela para su archivo, que ahora no viene al caso. En este caso, me consta que ha estado a la sombra moviendo los hilos que ha podido para intentar exculpar a su amigo, que me consta que lo es, y muy amigo, Francisco Camps.

José-Manuel
18. 27/09/2010 - 17:07h.
¡Felicidades! Ha conseguido salvar su honestidad e inocencia. Ahora si pueden que la demuestren ellos. Mi pregunta es la siguiente ¿Sabiendo a lo que se enfrentaba no tuvo miedo a las concuencias en ningún momento?

No. Y me habría jugado mi vida por haberlo demostrado. Y seguiré haciéndolo en lo que pueda por demostrar la culpabilidad de ellos.
 
Mensaje de despedida

Agradezco a todo el mundo que ha preguntado en cualquier sentido, porque desde el primer momento yo he respondido a todo el mundo, no he hecho distinción con nadie, fuera del símbolo que fuera. Otra cosa es para hacer yo mis declaraciones, las hago en el medio que yo quiero, como persona libre que yo, y sobre todo en los que me han respetado, y me lo han demostrado en distintas ocaciones. Estoy a su disposición para cualquier aclaración, siempre les acalararé cualquier duda que tengan y yo sea conocedor de ella. Muchas gracias y hasta pronto.
 

LA ABOGADA DE ROCA PIDE LA ANULACIÓN DE TODO EL PROCESO DEL "CASO MALAYA"

Macrojuicio contra la corrupción

El defensor del gabinete de Roca acusa al juez de no aplicar la ley y dice que faltan 5.000 folios

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El banco de los acusados, donde se puede ver al ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca (2i), tomada desde uno de los monitores en la sala de prensa de la Audiencia Provincial de Málaga.- JULIÁN ROJAS

Sigue el desarrollo del juicio en directo en Eskup.

A las 10.44, con un retraso menor al de cualquier otra causa, se ha iniciado en la Ciudad de la Justicia de Málaga la primera sesión -que ha acabado a las 14.30- del juicio del caso Malaya. El gran proceso contra la corrupción en Marbella, con 95 procesados, ha arrancado con un turno de cuestiones previas que está previsto que abarque las próximas 12 sesiones en el mejor de los casos. Rocío Amigo, la abogada del principal acusado, el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, ha sido la encargada de abrir el turno.

Amigo, en un alegato breve y bien estructurado, ha solicitado a la sala la nulidad de todo el procedimiento desde la base. Ha comenzado haciendo referencia a la declaración del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, Jorge González, en noviembre de 2005, que formalmente dio inicio a las investigaciones, cuando informó al juez Torres de que Roca era quien verdaderamente mandaba en el Ayuntamiento y todas las decisiones pasaban por su despacho. Rocío Amigo sostuvo que esta declaración solo proporcionaba indicios de delitos contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias, por lo que la ristra de acusaciones que pesan sobre Roca, malversación, cohecho, fraude y blanqueo de capitales, no serían válidas.

A continuación, Amigo ha exigido la nulidad de las escuchas telefónicas que permitieron poner la investigación en pie. Según la letrada, estos pinchazos se hicieron "de forma prospectiva". "Se trataba de intervenir todos los teléfonos posibles a ver si salía algo". La letrada sostuvo que algunos pinchazos no contaron con supervisión judicial, y que el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, antes de tener el resultado de las escuchas "se inventó" el hecho de que Roca tenía un patrimonio difícil de justificar y de procedencia ilícita.

Rocío Amigo, que tomó el caso el pasado julio después de que el abogado habitual de Roca, Aníbal Álvarez, renunciara a la defensa, ha estado asistido en el juicio por otra letrada, Yolanda Terciado, que se ha encargado de desvirtuar los registros policiales en las oficinas de Roca. Terciado ha sostenido que estas pesquisas no contaron la presencia del ex asesor urbanístico y en algún caso no contaban con permiso judicial.

Horacio Oliva, abogado de los letrados Sánchez-Zubizarreta, gabinete jurídico que creó el entramado societario tras el cual se ocultó Roca su patrimonio, que supera los 240 millones de euros, ha dicho que el juicio carece de garantías por las "irregularidades" en la instrucciónyha acusado al juez Torres de "no aplicar la ley" en las detenciones por su "entusiasmo investigador". También afirmó que falta 5.000 folios del sumario.

A la misma estrategia se ha apuntado el abogado y también procesado Francisco Soriano, quien acusa al juez instructor de "parcial" e "inquisidor". "Se erige en único magistrado para las actuaciones y se aparta del juez ordinario y predeterminado por la ley, por eso las actuaciones son nulas", ha afirmado. El letrado no lo pasó bien en la cárcel y destacó esta mañana que permaneció "seis días sin comer, beber, ni lavarse y haciendo las necesidades en un agujero en el suelo, " hasta pasar a disposición judicial.

Lo más probable es que estas cuestiones previas se diriman en la sentencia. Roca se enfrenta una petición del fiscal de 30 años de cárcel y una multa de 810 millones de euros. El ex asesor urbanístico se ha pasado toda la sesión tomando notas en el banquillo de los acusados.

La gran noticia de la jornada, sin embargo, estriba en el mero hecho de que la vista oral haya arrancado y que se hayan presentado al juicio los 95 procesados con sus abogados. Entra las anécdotas de la jornada es que el tribunal, presidido por José Godino, ha permitido a la acusada Pilar Román, hija del ex edil marbellí, Pedro Román, ausentarse de la sesión para poder dar el pecho a su hijo recién nacido.

El mayor juicio contra la corrupción

El que hoy ha comenzado es el "mayor macroproceso de toda la historia judicial en España", como lo ha definido el presidente del Tribunal, José Godino. Es el fruto de una investigación que destapó la mayor trama de corrupción conocida en un Ayuntamiento en España. Lo hace cinco años después de iniciarse la operación policial que desbarató el consistorio marbellí. El proceso se sientan en el banquillo 95 personas por delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y cohecho. Entre ellos tres ex alcaldes, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados y el cerebro de la red, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. Otros tres imputados (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca) se encuentran en busca y captura.

Las sesiones del juicio oral pueden alargarse más de un año. La envergadura del caso ha obligado, además, a tomar medidas extraordinarias en los juzgados de la Ciudad de la Justicia malagueña. Un búnker alberga toda la documentación original y las piezas de convicción y abogados y fiscales han recibido en formato electrónico los 200.000 folios recogidos en los 196 tomos de la pieza principal y otros 30.000 documentos.

La operación malaya destapó, en 2005, una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Marbella a cambio de favores urbanísticos forjada durante los años de gobierno del GIL (Grupo Independiente Liberal, en el poder en Marbella de 1991 a 2003). El saqueo de las arcas públicas (la trama se tragó unos 2.400 millones de euros del patrimonio municipal) ha dejado a la localidad, sin ingresos por actividad urbanística desde 2003, una deuda de 512 millones de euros. El Ayuntamiento espera sacar del juicio las indemnizaciones para liquidar parte de la deuda. Entre los acreedores figuran la Junta de Andalucía (que prestó al municipio 100 millones) y el Estado, que se presentan como acusación particular junto al consistorio.

Además de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama (para quien el fiscal pide 30 años de cárcel), entre los acusados figuran ex alcaldes y concejales, como Marisol Yagüe (20 años), Julián Muñoz (10 años) o Isabel García Marcos (12), que supuestamente avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca.

También están los testaferros -abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria y los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas.

El juicio coincide, también, con los procesos por los casos Ballena Blanca, contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, y Minutas, sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella al abogado José María del Nido. La concurrencia ha obligado a marcar unos días y horarios determinados para evitar que se solapen.

Los implicados

»JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS. Cartagena (Murcia), 1953. Es el supuesto cerebro de la corrupción en Marbella. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho. Es el único acusado que está en prisión, desde 2006, condenado por el 'caso Saqueo'. Su esposa y su hija también están acusadas.

»MARISOL YAGÜE REYES. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1954. Alcaldesa de Marbella entre agosto de 2003 y marzo de 2006. Según el juez instructor, Miguel Ángel Torres, era una simple "marioneta" en manos de Roca. Tras seis meses en prisión preventiva, abrió un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel.

»ISABEL GARCÍA MARCOS. Salamanca, 1954. Ex teniente de alcalde expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Al salir de la cárcel retomó su puesto de inspectora médica de la Junta de Andalucía. Se enfrenta a 12 años de prisión.

»JULIÁN MUÑOZ PALOMO. Arenal (Ávila), 1947. Ex alcalde de Marbella con el GIL. Implicado en medio centenar de causas por delito urbanístico. El fiscal le reclama 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.

»PEDRO ROMÁN ZURDO. Salamanca, 1942. Ex teniente de alcalde, considerado "la sonrisa del gilismo". Defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros. Le piden 21 años de cárcel.

»MANUEL S. ZUBIZARRETA. Segovia, 1944. Jefe de los abogados que gestionaban las sociedades tras las que Roca ocultaba su patrimonio. En su despacho se encontraron 800.000 euros en metálico. Se enfrenta a seis años de cárcel por blanqueo.

»JESÚS RUIZ CASADO. Talveila (Soria), 1959. Dueño de la promotora Aifos, una de las más potentes de Andalucía antes de la crisis. Se le acusa de dar a Roca 4,8 millones de euros a cambio de favores urbanísticos. El fiscal pide para él seis años de cárcel.

»JOSÉ ÁVILA ROJAS. Granada, 1943. Constructor. Su empresa pagó en diversas entregas cinco millones de euros a Roca. Piden para él 10 años de cárcel y 55 millones de multa por cohecho y blanqueo de capitales.

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La trama de la corrupción en Marbella

Escrito de acusación de la Fiscalía

Operación Malaya
A FONDO

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Más información:
* Fotografía: Roca
* Fotogaleria: Proceso por el mayor caso de corrupción de España - 20100927
 
elpaís.com

domingo, 26 de septiembre de 2010

QUIÉN ES QUIÉN EN "MALAYA"

TRIBUNALES | El macrojuicio
 
Marta Sánchez Esparza | Málaga

Como una bola de nieve, la investigación seguida por el juez Miguel Ángel Torres, y completada más tarde por Óscar Pérez, fue creciendo en hechos delictivos y personas imputadas. Los investigados desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella llegaron a superar el centenar. Finalmente, sólo 95 de esas personas se sentarán este lunes en el banquillo.

Juan Antonio Roca. El presunto cerebro de la trama. En prisión desde marzo de 2006, la Fiscalía le considera un gran mediador entre ediles y empresarios, cobrando sobornos de estos últimos para pagar favores urbanísticos de los primeros. Amasó una inmensa fortuna, que canalizó a través de fincas, ganaderías, yeguadas, obras de arte y artículos de lujo. La Fiscalía ha solicitado para Roca penas que suman 30 años de prisión, y multas que ascienden a 810,78 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación, fraude y cohecho pasivo. El Ministerio Público pide para Roca además 59 años de inhabilitación.

Julián Muñoz. El ex alcalde de Marbella permaneció en prisión provisional más de dos años tras su detención en julio de 2006. La Fiscalía le acusa de prevaricación administrativa, malversación de caudales y cohecho pasivo, y pide para él 10 años de cárcel y 23 de inhabilitación.

Marisol Yagüe. Llegó a la Alcaldía de Marbella en agosto de 2003 tras la moción de censura contra Julián Muñoz. El fiscal la considera una "marioneta" de Juan Antonio Roca, y la acusa de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Después de pasar seis meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre, ahora regenta un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel, 37 años de inhabilitación y otros cinco de inhabilitación para subastas públicas, además del pago de multas por valor de casi cuatro millones de euros.

Isabel García Marcos. Antaño azote del Grupo Independiente Liberal (GIL) desde las filas del PSOE, tomó parte, junto a Marisol Yagüe y el prófugo Carlos Fernández, en agosto de 2003 de la moción de censura contra Julián Muñoz y se convirtió en primer teniente de alcalde. Tras su detención pasó seis meses en la cárcel, y al salir se incorporó a su plaza como inspectora del SAS. Se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de prisión, 23 de inhabilitación y al pago de 700.000 euros en multas por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, cohecho pasivo y alteración de precios en concursos públicos.

Pedro Román. Detenido en mayo de 2007, el ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil está acusado de blanqueo de capitales y de varios delitos contra la Hacienda Pública en la operación 'Crucero Banús'. El fiscal pide para él varias penas que suman 21 años de cárcel, indemnizaciones a Hacienda de casi 6 millones de euros y multas de casi 14,4 millones de euros.

José Ávila Rojas. Este constructor granadino se enfrenta a la petición fiscal de 10 años de cárcel y 55 millones en multas por cohecho activo y blanqueo de capitales. La Fiscalía le acusa de ser socio de facto de Juan Antonio Roca y de beneficiarse de ello en convenios urbanísticos como el de Naviro Inmobiliaria 2000.

Tomás Olivo. Para el propietario de La Cañada el fiscal pide 5 años de cárcel y cuatro millones de multa por cohecho activo.

Rafael Gómez 'Sandokán'. El empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez 'Sandokán', deberá enfrentarse a una acusación de cohecho activo, por la que la Fiscalía solicita para él 18 meses de prisión y 1,2 millones en multas. Propietario de la inmobiliaria Arenal 2000, la Fiscalía lo acusa de efectuar pagos a Roca de hasta 600.500 euros a cambio de favores urbanísticos.

Salvador Gardoqui. Contable de Roca. En sus anotaciones se ha basado la Policía para la investigación.

Óscar Benavente. Testaferro de Roca. Fiscalía pide dos años de prisión por falsedad.

Monserrat Corulla. Es la cara más conocida de entre los numerosos testaferros que colaboraban con Juan Antonio Roca. La Fiscalía solicita para ella cuatro años de prisión y 100 millones de euros en multas por blanqueo de capitales en el seno de una organización. A su nombre figuraban inmuebles y numerosas propiedades del presunto cerebro de 'Malaya'.

Juan Germán Hoffman. La Fiscalía pide para este abogado 103 millones en multas y diez años de cárcel por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Francisco Soriano. Abogado de Roca y responsable del despacho de abogados 'Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor', bufete dedicado a gestionar la maraña de sociedades creada por para canalizar los ingresos de Roca. El fiscal lo acusa de blanqueo de capitales en una organización y de falsedad documental, y pide para él 7 años de prisión y multas por más de 300 millones.

Alexandra Grafin Von Bismark. La condesa está acusada de blanqueo a raíz de la venta de unos terrenos en Nagüeles. Piden para ella dos años de cárcel y multa de 400.000 euros.

José María González de Caldas. Empresario y ex presidente del Sevilla F.C., fue detenido en la tercera fase de 'Malaya'. Junto a Miguel López Benjumea está acusado de cohecho activo, y el fiscal pide para cada uno dos años de cárcel y 120.000 euros.

Leopoldo Barrantes. El ex secretario municipal está acusado de emitir certificados favorables a licencias ilegales a cambio del dinero de los constructores, pagado a través de Roca. El fiscal cree que participó en las negociaciones para apaciguar al empresario Ismael Pérez Peña por el impago del renting municipal. Solicita para él 3 años de cárcel y 50.000 euros de multa por cohecho pasivo.

Jaime Hachuel. Ex responsable de seguridad de la Casa Real, se encargaba de la seguridad de Roca. Acusado de blanqueo, se piden para él tres años de cárcel y 100 millones de multa.

Ignacio y Manuel González Sánchez-Dalp. Empresarios ganaderos -el primero apoderado de Fran Rivera- están acusados de blanqueo.

Jean Leopold Alfred Fournets. Galerista francés y marchante de arte de Roca, la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y 20 millones de multa por blanqueo.

Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Propietarios de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, la Fiscalía los acusa de cohecho activo, blanqueo y de ser cooperadores en dos delitos de malversación.

Fidel San Román. Constructor acusado de abonar a Roca más de 4 millones por licencias. Se le acusa de cohecho y blanqueo.

Jesús Ruiz Casado. Responsable de la promotora Aifos. Acusado de cohecho activo y fraude, piden para él seis años de cárcel y 8 millones en multas.

Ismael Pérez Peña. Empresario encargado del renting municipal. Acusado de cohecho, malversación, alteración de precio de concursos y subastas y falsedad documental. Piden para él 11 años de cárcel, casi 1,5 millones en multas, 11 años de inhabilitación y 5 de inhabilitación para participar en subastas y contratar con administraciones.

Florencio San Agapito. Ex comisario de Policía. Acusado de blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, el fiscal pide para él 9 años de cárcel, más de 4 millones en multas, y una indemnización de 351.001 euros a Hacienda.

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