domingo, 3 de enero de 2010

CONTRA EL LEVIATÁN URBANÍSTICO

REPORTAJE

Un viverista de Náquera lleva 11 años denunciando los abusos en un polígono

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia

Enrique Lluch es una víctima del urbanismo salvaje. Desde que en 1999 se viera afectado por un Programa de Actuación Integrada (PAI) que acabó con su vivero en Náquera, este hombre no ha cejado de buscar justicia. Ha recurrido a los juzgados, levantado actas notariales, pagado informes periciales y comprobado in situ si las obras imputadas a la urbanización que le afectó se hicieron y cuánto costaron.

Al viverista sólo le queda recurrir a Estrasburgo tras pleitear en España

"Entregando mi parcela aún debería pagar al urbanizador 12.766 euros"

Lluch lleva 11 años luchando contra el Leviatán de la normativa urbanística y a la vista de lo conseguido en España -los tribunales han tumbado varias de sus reclamaciones-, a Enrique sólo le queda Estrasburgo, sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y poco más. Una reciente sentencia de la Corte europea favorable a un vecino de Bocairent, por un caso también de supuesto abuso urbanístico, ha abierto una diminuta rendija a la esperanza.

Este hombre, ahora de unos 60 años, montó a principios de los años ochenta un vivero de plantas en unos terrenos en Náquera que, tras la presentación de un PAI, se convirtieron en polígono industrial.

Cuando el Ayuntamiento de Náquera, gobernado entonces por el PP, aprobó el PAI y reparceló el polígono donde se ubicaba el vivero, a Enrique casi se le heló la sangre. Tenía que pagar una cuota urbanística de 103.324 euros, mientras su parcela se valoraba en 90.558 euros. "Entregando la propiedad íntegra de mi parcela en pago de la cuota, como está previsto en la LRAU (entonces en vigor), aún le adeudaría al agente urbanizador (Promociones Polígono XVI de Náquera, SL) 12.766 euros, es decir, dos millones de las antiguas pesetas", explica. Recurrió el pago y alegó, entre otras razones, que a las obras de urbanización se presentó un solo presupuesto, el proyecto se expuso al público en pleno agosto de 1999, y para colmo aun hoy repite, en contra de la versión del Ayuntamiento de Náquera, que el proyecto no se cumplió en su totalidad.

Perdió el recurso porque, según la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, la liquidación de las obras era provisional y, por tanto, hasta que no se hiciera el balance definitivo no cabía reclamación. El viverista ha esperado casi 9 años la liquidación definitiva del PAI. De ahí sus denuncias de indefensión e insistencia en que los costes de la urbanización del polígono, por compararlo con algo, superan en más del 300% el coste con que la Generalitat adjudicó uno similar seis años después al PAI de Parc Sagunt I.

Su vivero, tras la urbanización, se vio rodeado de edificios altos que alteraron las condiciones medioambientales del negocio que hasta entonces le daba de comer. Las plantas se fueron marchitando hasta morir asfixiadas de calor. "Encargué un informe a la Universidad Politécnica de Valencia para que midiera las condiciones dentro del vivero y anotaron que tras las obras dentro del invernadero las temperaturas superaban los 50 grados centígrados que, en condiciones de humedad, parecían todavía mayores", recuerda con impotencia.

Enrique se dirigió al consistorio y al agente urbanizador para que le indemnizaran para poder trasladar el vivero a otro lugar, pero los juzgados no aceptaron su reclamación. Su única compensación es una parcela en el polígono, menor que la original pero urbanizada. No le consuela.

De todo lo que le ha sucedido en la última década, lo que peor soporta Lluch es que a lo largo de estos 11 años de lucha se ha encontrado con una infinidad de supuestas irregularidades en la tramitación de los proyectos urbanísticos que le afectan. Para acreditarlos se ha dejado mucho tiempo y dinero. En un informe pericial encargado por el propio Lluch, éste insiste en que las obras de urbanización que el consistorio dio por finalizadas no se ejecutaron conforme al presupuesto del proyecto urbanístico aprobado. Según Lluch, faltan viales y la estación depuradora no se encuentra en el lugar previsto en los planos iniciales. Un experto se personó, a petición del viverista, en el polígono para comprobar dónde se encontraba la depuradora y ni el consistorio ni el agente urbanizador fueron capaces de indicarle el lugar exacto dentro de los límites del PAI afectado. La demolición de unas naves, cargada también a la cuota urbanística, tampoco se hizo y para ello aporta unas fotografías posteriores a la finalización del proyecto.

Pasados cinco años desde la aprobación definitiva de la reparcelación y al entender que las obras no se habían terminado, Lluch reclamó al consistorio la caducidad de la adjudicación. En su respuesta, el Ayuntamiento aseguró que las obras sí estaban acabadas a falta de subsanar algunas deficiencias y que el cómputo del plazo de ejecución de las obras había quedado además suspendido por la eliminación de un poste de media tensión.

Su fe está puesta ahora en la Corte de Estrasburgo, ya que aunque mantiene vivos todavía un par de procedimientos en los tribunales españoles, tampoco sabe qué pasará con ellos. "Sólo quiero que mi familia tenga la certeza de que he hecho todo lo que he podido. No me voy a dejar vencer", advierte Lluch.

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* Un municipio bajo la lupa de los jueces

elpaís.com

"CORRUPCIÓN PARTIDOS POLÍTICOS"; NÁQUERA, UN MUNICIPIO BAJO LA LUPA DE LOS JUECES

C. V. - Valencia

Náquera, localidad de Camp de Túria de unos 4.000 habitantes, ha sido investigada varias veces por la justicia a raíz de denuncias sobre el urbanismo. En septiembre de 2006, la Fiscalía denunció por tráfico de influencias al arquitecto técnico de Náquera J. C. P. por un supuesto caso de información privilegiada, tráfico de influencias y violación de secretos. Según argumentó entonces la Fiscalía, el arquitecto técnico pudo favorecer la adjudicación de un gran número de obra pública dotacional, así como de varios PAI, a Gil Garrido Obras Públicas, SL, con la que tenía relación a través de una sociedad interpuesta de la que era socio.

Los juzgados de Llíria acabaron investigando las sospechosas relaciones entre el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Náquera y dos empresarios a los que les fueron adjudicados varios proyectos municipales. En junio de 2008, el juzgado edetano archivó por ausencia de delito la causa abierta dos años antes contra el ya ex arquitecto municipal. Investigado si favoreció a Gil Garrido aprovechando su puesto de funcionario en Náquera, la Fiscalía no pudo probar los hechos y, por tanto, resolvió que no había indicios suficientes. Eso sí, la Fiscalía a lo largo de estas dos investigaciones llegó a calificar la actividad urbanística de este consistorio, tanto por la corporación entonces gobernada por el PP como de la anterior, en manos del PSPV, de auténtica maraña. La sucesión de corporaciones en este municipio de Camp de Túria entre 2003 y 2004 a causa de sucesivas mociones de censura y alianzas que tenían el urbanismo como fondo no ha facilitado la investigación de la Fiscalía en este caso.

En el proceso se vio que en menos de año y medio (de marzo de 2001 a julio de 2002) la firma Gil Garrido y Prosunaq, una sociedad en la que figuraba el propio Gil Garrido y, a través de otra sociedad, el arquitecto técnico, vieron aprobados por el Ayuntamiento de Náquera proyectos por valor de 40 millones de euros. Gil Garrido abandonó en 2003 ambas empresas y creó otra diferente que no actuaba en Náquera e insistió en que todo lo que se hizo fue a través de concurso público y ninguna otra empresa presentó alegaciones.

La Fiscalía archivó en abril de 2007 la investigación en torno a otra trama en la que estaban supuestamente implicados varios alcaldes de Náquera en relación con la ejecución de tres PAI y el destino de un solar del Ayuntamiento. El fiscal cerró el caso al no disponer de pruebas.

En octubre de 2009, la Fiscalía volvió a hacerse eco de una denuncia presentada por vecinos de Camp de Túria contra el Ayuntamiento de Náquera por adjudicar sin concurso la construcción de un edificio sobre suelo municipal. La construcción del edificio, según explicó en su día el alcalde de Náquera, Ricardo Arnal, se pactó en un convenio con la promotora Aedifica y Residencial Náquera Golf, que impulsa un PAI en este término municipal.

elpaís.com

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL TESTAFERRO DE VICENS SACÓ EN EFECTIVO EL DINERO QUE LE DIO MUNAR

Malversación de fondos públicos

Alfredo Conde, testaferro de Bartomeu Vicens | Cati Cladera

* La Policía denuncia las 'exageradas disposiciones en metálico o con tarjeta
* La investigación cree que estas 'no son imputables a su gestión empresarial'

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional constata que el testaferro de Bartomeu Vicens sacó masivamente dinero en efectivo de su cuenta personal tras desviarse los millonarios contratos públicos que le otorgaba el Consell de Mallorca presidido por Maria Antònia Munar. La policía judicial acaba de aportar al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que investiga la denominada Operación Maquillaje el informe definitivo sobre el análisis de las cuentas bancarias de las empresas a las que Unió Mallorquina (UM) adjudicó a dedo la radio y la televisión públicas y a las que pagó por programas fantasma que se cobraron pero que nunca se llevaron a cabo.

La Policía Nacional establece entre sus principales conclusiones que Alfredo Conde, el amigo personal del ex conseller de Territorio Vicens al que éste usó para cobrar sus comisiones del 15% de la recalificación del polígono industrial de Son Oms y al que Munar le adjudicó la radio de la institución insular mediante un concurso amañado, se desvió masivamente gran parte de los fondos públicos que le fueron entregados, en total más de tres millones de euros, a una cuenta personal suya en Sa Nostra.

Recalcan los investigadores que los desvíos los realizaba de manera prácticamente paralela a la recepción de las subvenciones, en la mayoría de ocasiones el mismo día; y que, acto seguido, Conde sacaba el dinero en efectivo o mediante operaciones con su tarjeta de crédito. Tras examinar los movimientos realizados entre 2001 y 2007, la Brigada de Blanqueo de Capitales estima que Conde hizo desaparecer al menos 364.213 euros en fines completamente ajenos a los que le fueron teóricamente encomendados. Por ello apunta el equipo de la policía judicial dirigido por el comisario Antonio Cerdá que una de las prioridades de la investigación a partir de ahora debe pasar por determinar el destino exacto del dinero que Conde retiró en metálico del cajero en disposiciones individuales que podían alcanzar los 24.000 euros en un solo día.

"Llama poderosamente la atención el volumen de gasto empleado en efectivo o tarjeta de crédito desde la cuenta corporativa", destaca la Policía Nacional en las conclusiones de su informe en referencia a la cuenta de su sociedad Studio Media Comunicació, S.L., con la que explotó la radio del Consell de Mallorca. Pero "llama aún más poderosamente la atención el volumen de efectivo y compra con tarjeta desde su cuenta particular". Alcanzando sólo en este último caso la cifra de "152.941 euros en algo menos de seis años".

Además
* Opinión: ¿Dónde está el dinero que sacó Conde?

elmundo.es

IMPUTADO EL EX ALCALDE DE LES BORGES DEL CAMP POR PREVARICACIÓN

Ya ha sido llamado a declarar

* Se acusa a Robert Ortiga de presuntos delitos relacionados con el urbanismo
* Los habría cometido a lo largo de sus 18 años al frente del Consistorio

Salud Muñoz | Tarragona

El ex alcalde convergente de Les Borges del Camp (Tarragona), Robert Ortiga, está imputado por el juzgado de Instrucción número 4 de Reus por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, alteración del precio de las cosas y contra la ordenación del territorio, presuntamente cometidos durante los 18 años que estuvo al frente del gobierno municipal.

Además de las irregularidades urbanísticas, sobre el alcalde pende la denuncia en Fiscalía por delito ecológico al permitir vertidos al arroyo que han provocado la contaminación de los pozos propios y del pueblo vecino de Riudoms. Se trata de la misma agua que se distribuye por la red de agua potable del propio pueblo de Les Borges del Camp que, según un informe de la Agencia Catalana de l'Aigua, "no sirve ni para regar las calles".

Según ha podido saber EL MUNDO, el ex alcalde de Les Borges del Camp y ex presidente del Consell Comarcal del Baix Camp ya ha sido llamado a declarar como imputado en relación a diversas operaciones de compraventa de terrenos que realizó en su propio municipio cuando todavía era alcalde. Entre otras actuaciones, el juez investiga el desvío del trazado de la futura variante, que ahora pasa por unos terrenos que adquirió la familia Ortiga y que se revalorizarán con la cercanía de la nueva carretera.

elmundo.es

EL "BUCKINGHAM" DE MATAS

JOSEP MARIA AGUILÓ PALMA DE MALLORCA

Hace tan sólo unos días, todos los medios daban a conocer la delicada situación judicial en la que parece encontrarse ahora el ex presidente autonómico de Baleares, Jaume Matas, a quien el juez instructor del llamado «caso Palma Arena», José Castro, atribuye en su último auto la comisión de nada menos que nueve delitos, entre ellos los de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, que, sumados, pueden llegar a suponer una pena total de hasta 30 años de cárcel.
Como es sabido, Matas está imputado en dicho caso, al igual que su esposa, Maite Areal, y su cuñado, Fernando Areal. Todos ellos deberán declarar ante la Justicia el próximo 23 de marzo. El también ex ministro de Medio Ambiente abandonó la política activa en verano de 2007, y desde entonces vive de forma discreta y trabaja en EE.UU.
El desarrollo del «caso Palma Arena» puede ser calificado, cuando menos, de curioso e inesperado. En un primer momento, se investigaban sólo las posibles causas del sobrecoste de este equipamiento deportivo, inaugurado a principios de 2007, que contaba con un presupuesto originario de 47,7 millones de euros y que acabó costando finalmente unos 110 millones. En septiembre del pasado año se produjo un giro radical en este caso, cuando el juez Castro decidió incorporar al sumario las diligencias informativas realizadas en el marco de otra investigación, en principio por completo ajena a ésta, la denominada «operación Buckingham», en la que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares intentaba averiguar las razones del presunto incremento patrimonial de Matas.
«El Palacete»
En esa segunda causa, las investigaciones se centraban en la compra, por parte de Matas, de la planta noble de una antigua casa señorial en Palma, conocida como «el palacete», que adquirió en 2006 por 900.000 euros, cuando, al parecer, su valor real era de 2,5 millones. La Fiscalía empezó a actuar a raíz de unas denuncias anónimas formuladas a finales de 2008, y cuando después de seis meses de investigaciones solicitó una prórroga para continuar con las mismas, le fue denegada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, en el único caso de presunta corrupción que ha parado hasta ahora, al considerar que de las diligencias realizadas no podía deducirse la presunta comisión de ningún delito.
En cambio, desde que el juez Castro incorporó dichas diligencias al «caso Palma Arena», ha habido ya dos registros judiciales en la casa de Matas, el 6 de noviembre y el 24 de diciembre, y en los dos últimos meses han declarado ante el juez, como testigos, contratistas que realizaron trabajos de reforma en dicha casa, obras que en algunas ocasiones habrían sido realizadas sin factura y pagadas en efectivo pese a su elevado importe, que en algunos casos ascendió a decenas de miles de euros.