miércoles, 18 de abril de 2012

EL "CASO FABRA" SALE DE NULES PARA SER JUZGADO EN LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN


Carlos Fabra, junto a su retrato en 2011 / ANGEL SÁNCHEZ
La sala fijará la fecha del juicio, ocho años y medio después de iniciar la causa

María Fabra Castellón



Las diligencias del llamado “caso Fabra” se han cerrado y la instrucción ha salido ya del juzgado número 1 de Nules, camino de la Audiencia provincial de Castellón, donde ha de ser juzgado. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), cuando el sumario llegue a la Audiencia, la sala que se fije como competente en el caso tendrá que admitir la causa. Además, habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes y, cuando estos se hayan resuelto, será cuando se señale la celebración de juicio.

Después de ocho años y medio, el caso Fabra abandona el juzgado de Nules ante el que Vicente Vilar, el empresario que acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, presentó la denuncia que dio lugar al caso.

Carlos Fabra está acusado de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos fiscales, por los que la fiscalía pide 13 años de cárcel, que la acusación popular eleva a 20. Además, el juez ha fijado una fianza de 4,2 millones de euros como depósito que garantice la responsabilidad que se le atribuirá si es condenado por las acusaciones que, en el caso de fraude, según los peritos de Hacienda, ascendió a 1,2 millones de euros que el entonces matrimonio Fabra dejó de pagar a las arcas públicas.


"CASO EMARSA"; LA FISCAL PIDE 13,7 MILLONES DE FIANZA PARA LOS DIRECTIVOS DE LA EPSAR IMPUTADOS

El juez ordena investigar el patrimonio de los parientes próximos a Morenilla y Bernácer

Valencia


La fiscal de caso Emarsa ha solicitado una fianza por responsabilidad civil de 13,7 millones de euros para los dos directivos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) imputados en el supuesto saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora valenciana de Pinedo.

Juan José Morenilla era exgerente de EPSAR e Ignacio Bernácer fue jefe del departamento de explotación de la sociedad que controla todas la depuradoras dependientes de la Generalitat hasta que fue destituido del cargo horas después de ser imputado. Morenilla ya se había desvinculado de la entidad pública un año antes.

El juez Vicente Ríos, a través de una providencia, ordena investigar el patrimonio de la mujer de Morenilla y de la mercantil Agromática del Este SA, que ella administra, además de los bienes de otros familiares de este imputado. Asimismo, ordena investigar el patrimonio de los familiares directos -cónyuge o pareja de hecho, padres o hermanos- de Bernácer.

En otra resolución, y respecto a este mismo asunto, el juez ordena incorporar a la causa un escrito remitido por la Agencia Tributaria por el que se adjunta un informe patrimonial de Morenilla. En éste se detallan sus bienes inmuebles, sus cuentas bancarias con saldo positivo, vehículos y otros bienes o derechos.

Morenilla y Bernácer fueron imputados hace una semana. Ambos formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. “La empresa encargada de gestionar los lodos”, señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, “era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich”. Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.

Por otra parte, el titular del juzgado número 15, que investiga en exclusiva una supuesta malversación de fondos públicos y una presunta trama de fraude fiscal, ha desestimado el recurso del exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo contra el auto que le declaró en situación de libertad provisional.

Además, mantiene la fianza de 25 millones que le impuso y levanta el embargo sobre una de sus cuentas bancarias para que pueda realizar operaciones, aunque mantiene el control sobre el saldo.

En otra resolución, el juez fija en 2,7 millones de euros la responsablidad civil del imputado Enrique Sena, empresario ligado a Emarsa.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO URDANGARÍN"; UN EX ALTO CARGO DICE QUE PEPOTE ORGANIZABA LAS COLABORACIONES CON NÓOS

Durante la legislatura de Matas
Cases asegura ante el juez que no se reunió para debatir la firma de un convenio

Europa Press | Palma

El secretario general técnico de la Conselleria de Turismo durante la segunda legislatura de Jaume Matas, Javier Cases, ex patrono de la Fundació Illesport, ha asegurado ante el juez que en ningún momento ha mantenido reunión alguna para debatir la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nóos como tampoco ha dado el visto bueno a este tipo de acuerdo, puesto que los temas que se abordaban en el seno de Illesport los decidía el entonces director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia ante el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, en la que se ha ratificado de esta forma en la declaración que ya prestó a finales del pasado año en dependencias de la Policía Nacional, según han señalado fuentes jurídicas.

Del mismo modo que ya hiciera en sede policial, Cases ha manifestado no recordar que dentro de la empresa de la que era patrono se abriese algún tipo de expediente como trámite previo a la firma de los convenios de colaboración con Nóos investigados en el marco de la pieza número 25 de esta causa, y en el mismo sentido ha aseverado que los asuntos que llegaban a la comisión ejecutiva del Illesport ya habían sido decididas por Ballester.

El testigo, que ha depuesto en presencia del fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varios de los letrados personados en el caso, ha sido inquirido asimismo en torno a la contratación por 60.000 euros de la empresa TNS Media Intelligence -vinculada a Sofres- para el seguimiento del equipo Illes Balears-Banesto en los medios de comunicación, respecto a lo cual ha apuntado no saber nada sobre el expediente administrativo que se gestionó para ello.

Sobre este mismo asunto, un exempleado del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en Nóos Consultoría Estratégica, Juan Pablo Molinero, afirmó ante el juez que el exsocio del yerno del Rey Diego Torres le instó a presentar dos ofertas para vestir el expediente que convocó el Govern para realizar este seguimiento, de forma que tuvo que incluir en el procedimiento, junto a Sofres, dos ofertas procedentes de Aizoon -empresa de la que era copropietario Urdangarin junto a la Infanta Cristina- y Virtual Strategies -otra de las mercantiles investigadas en este procedimiento-.

Tal y como señaló Molinero, el objeto del contrato concedido a Sofres era valorar la repercusión mediática del patrocinio del equipo ciclista, y al ser preguntado si las ofertas de Aizoon y Virtual iban dirigidas a cubrir las apariencias de publicidad y concurrencia en el negociado, manifestó que entonces pensó que su actuación era legal.

Al respecto, Cases ha negado que esta cuestión se debatiese en el si de la comisión ejecutiva del Illesport, como tampoco se discutió, ha afirmado, el pago por parte de éste, de unos 174.000 euros a Nóos Consultoría Estratégica por la coordinación de la presentación oficial del equipo ciclista. El testigo ha asegurado asimismo no recordar que también a Nóos Consultoría se le concediese la exclusiva en la confección del material promocional del Illes Balears.

También este miércoles ha sido interrogado un ex integrante del Consejo de Administración de la entidad Sa Nostra, Francisco Juan Simón, quien de la misma forma se ha ratificado en la declaración que prestó en la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Además

"CASO NÓOS"; CASTRO CITA A DECLARAR A LA EX CONSELLERA DE SANIDAD EN CATALUÑA, MARINA GELI

Y a otros 13 testigos
Estos testigos se suman a otros 28 que ya habían sido citados

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha citado a declarar a un total de 14 nuevos testigos en el marco de las investigaciones sobre el Instituto Nóos, uno de ellos este viernes y los otros 13 el sábado, entre quienes se encuentra la exconsellera de Sanidad de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, según han informado fuentes jurídicas.

El magistrado ha dictado este miércoles una nueva providencia mediante la que ha emplazado a declarar a estos nuevos testigos, quienes se suman a otros 28 que ya habían sido citados para los mismos días -14 el viernes y el resto el sábado-. En concreto, la comparecencia de Geli está prevista a partir de las 9.20 horas del sábado.

Cabe recordar que Nóos, presidida entre 2004 y 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió 34.375 euros de la Generalitat de Cataluña por prestar apoyo técnico para el desarrollo de proyectos relacionados con la cooperación sanitaria en 2005, cuando Geli estaba al frente de la Conselleria, según un informe del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía incluido en el sumario de la causa.

El informe detalla cómo el Govern catalán solicitó a su asesoría jurídica un informe sobre la propuesta del Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo. El convenio, fechado el 7 de noviembre de 2005, se enmarcó dentro del Plan director de Inmigración y Cooperación en el ámbito de la salud, un instrumento destinado a adaptar servicios de esta naturaleza al fenómeno de la inmigración y a impulsar la cooperación sanitaria.

Urdangarin y su mano derecha Diego Torres presentaron a Nóos como una asociación dedicada al desarrollo profesional y la promoción de organizaciones relacionadas con las "ciencias de la salud y de la vida", entre otras actividades.

Entre los objetivos que compartían Nóos y el Departamento de Salud, figuraba el hallazgo de estrategias que permitieran evaluar las políticas sanitarias, mejorar su coordinación y reducir desigualdades en "nuestra sociedad" y en los países en vías de desarrollo.

Además, coincidían en su voluntad de promover acciones formativas, de asesoramiento y estudios estratégicos vinculados a la responsabilidad social corporativa y emprendedora. A tal efecto, Nóos aseguraba contar con la experiencia necesaria en el ámbito de la consultoría, la gestión y el análisis, y disponer de profesionales "idóneos" y especializados para la prestación de estos servicios.

Así, se comprometió a colaborar en la definición de proyectos de cooperación exterior y a "ordenar la atención sanitaria individual a personas de países en vías de desarrollo con necesidades de salud urgentes o extremas y no cubiertas en su país".

Proyectos, al menos en catalán
Para desarrollar este tipo de proyectos, la entidad del duque de Palma se ofreció aportar un director -que dedicaría 20 horas semanales-, un codirector -con una dedicación de 40 horas a la semana- y a coordinar el equipo de trabajo.

Por su parte, el Departamento de Salud catalán contribuiría con un supervisor, el pago de 34.375 euros y todo el apoyo documental que fuese necesario. Así lo recoge el convenio vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2005, con posibilidad de ser prorrogado siempre que se formalizara por escrito.

El contrato recoge que los proyectos deberían ser entregados, al menos en catalán, de acuerdo con la ley de política lingüística y que el Ejecutivo autonómico se reservaba la decisión de incluir el logotipo de la Generalitat o del Departamento de Salud en estas actividades.

MARÍ Y CORREDERA ABREN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CORTES POR EL AGUJERO DE EMARSA

TRIBUNALES | Este miércoles


Europa Press | Valencia

El vicepresidente de Emarsa y alcalde de la localidad valenciana de Albal, Ramón Marí, y el consejero de la empresa y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mislata, Manuel Corredera, abrirán este miércoles las comparecencias de la comisión de investigación sobre Emarsa en las Cortes. En concreto, Ramón Marí comparecerá a las 16.00 horas, mientras que Manuel Corredera lo hará a las 18.30 horas.

Esta comisión de investigación, que tratará de poner luz al agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), también incluirá otras comparecencias. Entre ellas, la del portavoz de EUPV en el Ayuntamiento de Xirivella, Joan Antoni Pérez; dos representantes de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), Juan José Morenilla y Enrique Albors; así como de la Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi): el secretario general, José Antonio Martínez Beltrán, y el interventor de la entidad, Francisco Pastor Bono.

De las 64 peticiones de comparecencia que reclamaba la oposición, sólo se aprobaron cinco que coincidían con las del PP y dos que sólo las solicitaba este último grupo.

Entre otras solicitudes de comparecencia demandadas por la oposición y rechazadas por el PP destacan las de responsables de la empresa investigada como Esteban Cuesta o Enrique Crespo, la de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la del presidente de las Cortes y ex conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.

Los ponentes de la comisión son Alicia de Miguel y Rafael Maluenda, del PP; Rafael Rubio y Josep Moreno, del PSPV; Mónica Oltra, de Compromís; y Marga Sanz, de EUPV.

Declaración de Antonio José Arnal
El administrador de la mercantil Arrima Centre d'Estudis, Antonio José Arnal, ha afirmado este martes que prestó en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa) todos los cursos que facturó, aunque ha reconocido que tiene pocas fichas de los alumnos porque es la documentación que le aportó la entidad metropolitana. En total, emitió facturas por valor de 188.358,98 euros entre 2005 y 2009.

Arnal, hermano del ex director financiero de Emarsa, Enrique, se ha pronunciado en estos términos en su declaración ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar el agujero de Emarsa.

En primer lugar, Antonio José Arnal ha mostrado la oposición a su imputación en esta causa y ha mantenido en todo momento que Arrima impartió a los empleados de Emarsa todos los cursos que facturó. Al respecto, preguntado por el motivo por el que Emarsa no figuraba como cliente de Arrima en 2005 a pesar de los cursos presenciales facturados, ha respondido que se debe a un "error administrativo".

También ha señalado, en este sentido, que hubo un "error" en el formato de determinadas facturas del año 2009, en el que se facturaron como presenciales cursos on line. Asimismo, ha indicado que era habitual que una semana antes de finalizar los cursos, se pudieran pasar cuestionarios de evaluación.

En esta línea, Arnal ha explicado que algunos cuestionarios iniciales realizados en sus cursos carecían de identificación de quiénes los confeccionaban y carecían de firma y de fecha porque "no se requería". Junto a ello, ha afirmado que de algunos de los cursos impartidos no dispone ni de fichas de participantes, ni de cuestionarios previos, ni de evaluación. Ha atribuido la causa a que ésta es la documentación que le aportó Emarsa.

Por otro lado, Arnal, quien no ha podido concretar el número de trabajadores que tenía en su mercantil, ha señalado que desconoce el motivo por el que en algún caso no aparecen registradas las entradas y salidas de docentes; y ha afirmado que tampoco sabe por qué no hay justificación de entradas y salidas de asistencias a algunos de los cursos facturados e impartidos a los empleados de Emarsa.

Asimismo, ha comentado que mandaba las facturas a Emarsa mediante correo electrónico y, si era requerido, también por correo ordinario. Arnal también ha aseverado que su hermano Enrique no participaba en la elección de la acción formativa.

Preguntado por qué facturó algunos cursos a precios "manifiestamente superiores" al máximo contemplado en el contrato, ha indicado que porque en 2009 hubo una actualización de la plataforma que hizo que en algunos cursos se tuvieran que revisar los precios, y dado que no se había aplicado ningún aumento del IPC, se aplicó ese aumento en tres cursos. Ha indicado que "todas" las ofertas con los precios "se pasaban y eran aceptadas por el gerente", Esteban Cuesta.

Sobre este asunto, ha señalado, además, que a partir de 2007 se produjo un incremento de los cursos on line, principalmente no tutorizados, porque el gerente tenía interés en la cualificación de sus empleados, sobre todo del personal directivo, y él tenía en su plataforma cursos on line "muy interesantes" por los que el gerente mostró "su interés".

Viajes a Rumanía
Preguntado por si podía precisar el objeto específico que perseguían los viajes realizados por directivos de Emarsa o empresarios relacionados con la entidad en Rumanía, ha indicado que "habían unas conversaciones con representantes del gobierno local rumano para montar una depuradora y una incineradora". Y ha asegurado que esto es lo único que sabe "por las conversaciones" que escuchó.

Asimismo, Antonio José Arnal, quien ha aclarado que Arrima está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ha comentado que viajaba regularmente a Rumanía y que Emarsa no le pagaba nada por los viajes, sólo el billete de avión y uno de los viajes que efectuó. En esa ocasión iba con el ex informático, Sebastián García, conocido como 'Chanin', y una vez allí se encontraron con su hermano Enrique y con José Luis Sena -empresario de la firma Notec e imputado en la causa-.

Además

"CASO MAQUILLAJE" LLITERES NIEGA ANTE EL JUEZ SU FIRMA EN VARIAS FACTURAS PRESUNTAMENTE ALTERADAS

CORRUPCIÓN | Para otorgar contratos 'a dedo'
El encausado ha sido interrogado tres horas de forma escrupulosa

Europa Press | Palma

El exdirector insular de Relaciones Institucionales del Consell Josep Lliteres, quien ha declarado este martes en calidad de imputado ante el juez Pedro Barceló, ha negado su firma en varios de los 22 expedientes que están siendo investigados por haber sido otorgados de forma presuntamente irregular mediante la alteración de facturas, una práctica que habría permitido otorgar estos contratos 'a dedo' a determinadas empresas por parte de la Institución insular.

Durante unas tres horas de comparecencia, que ha sido suspendida en torno a las 14.15 horas y prevé reanudarse el próximo viernes, el encausado ha sido interrogado de forma escrupulosa por tres de estos expedientes y por la rúbrica que en ellos aparece, por lo que ante la minuciosidad con la que ha sido inquirido, el magistrado ha acordado que la deposición continúe otro día a fin de que ratifique qué firmas reconoce como suyas, según han señalado fuentes jurídicas.

El encausado, asistido por los letrados Mateu Sedano y Matías Barón, ha sido asimismo interpelado en torno a la compra realizada en la mayorista Makro previa a las elecciones autonómicas y municipales de 2007, y que según los investigadores fue efectuada con dinero del Consell para el primer certamen Miss Argentina Balear. En este sentido, ha recordado que él mismo autorizó mediante una carta que se llevase a cabo esta compra por unos 1.200 euros, si bien ha negado cualquier tipo de irregularidad al respecto.

El exalto cargo del Consell ya restó importancia a este hecho en una anterior comparecencia ante el juez, cuando afirmó que a veces acudía a Makro a comprar para el Consell ya que su departamento "era algo pobre en cuanto a personal".

De hecho, este procedimiento judicial se inició con las indagaciones en torno al dinero destinado a esta compra, destinada al catering del certamen Miss Argentina Balear -celebrado en la discoteca Abraxas un día antes de los comicios-, después de que supuestamente Lliteres entregase al expresidente de la Casa Argentina de Baleares, Jorge Mandado, una tarjeta de cliente para efectuar esta compra en Makro.

Así las cosas, las pesquisas derivaron posteriormente en el hallazgo de 22 expedientes fechados entre los años 2001 y 2007, correspondientes a la concesión de diversos servicios de catering, organización de eventos y transporte en autocar que fueron adjudicados de forma directa a varias mercantiles cuyas prestaciones están siendo investigadas en el marco de esta causa, según revelaron fuentes del caso.

Los investigadores apuntan a que el concepto de varias de las facturas libradas por estos servicios no corresponde a estos trabajos, ante lo cual barajan una posible explicación: cuando el coste de un servicio se excedía de los 12.000 euros en los que había sido presupuestado -cantidad máxima por la que un contrato, por Ley, puede ser otorgado sin concurso-, el concepto de la factura era presuntamente modificado para poder injertarla en otro expediente cuyo importe era notablemente inferior.

De este modo, sostienen, se permitía poder pagar 'a dedo' a una determinada empresa sin la necesidad de que otras empresas pudieran concurrir con sus proyectos a la convocatoria. Las pesquisas apuntan a que Coloma Munar, prima del marido de la expresidenta del Consell y mujer del supuesto testaferro de ésta, Víctor García -todos ellos imputados en el marco del caso Maquillaje-, fue quien indicaba que debía modificarse el concepto de los recibos para poder acoplarlos en otras contrataciones.

En el marco de esta causa fue recientemente interrogado Mandado, quien en calidad de testigo afirmó que acudió a Makro "una sola vez" porque así se lo había pedido otra integrante de la Casa Argentina, Carina Barroso, ya que ésta "estaba ocupada". El declarante aclaró además que Barroso "se encargó de solicitar la ayuda económica al señor Lliteres, en nombre de la Casa Argentina", y recordó que fue a Makro junto a otros tres miembros de la entidad que "únicamente sabían que el Consell les había dado una subvención para este evento".

Cabe recordar que, entre otros representantes políticos, asistió al certamen el entonces candidato a la alcaldía de Palma, Miquel Nadal, quien precisamente coronó a la ganadora del concurso: la hija de Eduardo Corvalán, miembro de la Casa Argentina de Baleares y entonces aspirante en la lista municipal de UM. En total, según la versión que ofreció Mandado en sede policial, fueron abonados 1.146 euros en el establecimiento comercial ubicado en el Polígono de Son Fuster de Palma.

El propio Corvalán, en la declaración que prestó como testigo en el marco de las diligencias informativas incoadas por la Fiscalía en abril de 2010 acerca de una presunta trama de compra de votos por parte de UM, puso de manifiesto que la formación "usó y manejó" a inmigrantes argentinos antes de los comicios "para su provecho electoral" al ofrecerles una contraprestación económica y laboral a cambio de votar a favor del partido. Ese año, UM se erigió clave para la formación del Govern del Pacte, junto a PSIB y Bloc.