lunes, 27 de febrero de 2012

EL LEGADO OSCURO DE CAMPS

El expresident de la Generalitat Francisco Camps. / KAI FÖRSTERLING (EFE)

Antes de dimitir, el expresidente confirmó a muchos cargos acusados de corrupción
Ahora les esperan los jueces

Ignacio Zafra Valencia

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La desarticulación el jueves pasado en Valencia de una trama dedicada presuntamente a desviar fondos públicos de ayuda a países pobres puso de relieve la muy anormal situación de la comunidad autónoma. En julio de 2011, Francisco Camps abandonó la presidencia de la Generalitat por su implicación en el caso de los trajes —uno de los varios de la red Gürtel—, del que quedó absuelto. Detrás de sí dejó unas instituciones salpicadas de corrupción. Son los casos Gürtel, Brugal, Torrevieja, Emarsa, Cooperación y Fabra.

Todos afectan al PP, que suma desde hace 16 años casi todo el poder institucional valenciano. Todos los implicados fueron confirmados en sus cargos o incluidos en las listas de los últimos comicios municipales y autonómicos por Camps pese a los graves hechos que se les atribuían, y ahora les esperan los jueces.

La operación contra la trama de cooperación internacional, que pudo embolsarse hasta nueve millones destinados a proyectos en África y América Latina, se saldó con 14 detenciones. Entre ellas, las del director general de Cooperación, Josep María Felip, y el subsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, imputados por malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental. Ambos eran hombres de confianza del portavoz parlamentario del PP en las Cortes, Rafael Blasco. El presidente valenciano, Alberto Fabra, los destituyó después de su arresto.

La mayoría de implicados valencianos siguen, sin embargo, en sus puestos. Hoy está previsto que declare en el Tribunal Superior valenciano el diputado Pedro Ángel Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja (Alicante) de 1988 a 2011, sobre el que pesan tres causas. En la primera se le imputa un delito de prevaricación en la adjudicación de la contrata de basura. También está imputado por delito electoral, al haber celebrado en mayo de 2011 un acto de campaña prohibido por la Junta Electoral. La tercera causa se deriva de un formidable pelotazo urbanístico.

Hernández Mateo compró a principios de la pasada década una finca rústica por 180.000 euros. En dos años la vendió por 5,6 millones. La juez instructora apreció indicios de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la operación.

A 50 kilómetros de allí, en Alicante, se investiga el caso Brugal, en el que está imputado por cinco delitos el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll. Las pesquisas apuntan a que Ripoll aceptó un soborno de 1,3 millones de euros por adjudicar el servicio de la basura. La contrata fue adjudicada a una unión de empresas participada por el constructor Enrique Ortiz.

La supuesta connivencia de este empresario con los políticos locales se repite en otra pieza de Brugal: el presunto amaño del plan urbano de Alicante. Anticorrupción acusa en ella a la alcaldesa, Sonia Castedo, y a su predecesor, Luis Díaz Alperi, de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Se espera que el juzgado remita en breve la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado que ambos son aforados.

El jurado eximió a Camps y al diputado Ricardo Costa del delito de cohecho impropio, una absolución recurrida por los socialistas. Los supuestos regalos del caso de los trajes eran, en todo caso, la pieza menor de la aparente actividad corrupta de la trama Gürtel en Valencia. La principal causa está abierta por financiación ilegal: el presunto pago de actos electorales del PP por empresas de obra pública; y por cohecho y prevaricación, en la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009.

La lista de imputados incluye a las cúpulas de Camps en el Gobierno y el partido: Costa; el exvicepresidente Vicente Rambla; la expresidenta de las Cortes valencianas Milagrosa Martínez; el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret; la directora de promoción de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars; el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera, Yolanda García; el extesorero nacional Luis Bárcenas, y otros.

Con una relación de imputados menos conocida pero con un grado de pillaje mayor, se investiga el caso Emarsa. La sociedad pública que depuraba el agua de Valencia fue exprimida hasta la quiebra haciéndole pagar por servicios y suministros falsos. Mientras, sus responsables cargaban a su costa la compra de joyas, relojes de lujo, viajes de placer y noches de hotel con misteriosas traductoras rumanas. El juez estima el desfalco en 25 millones de euros. El escándalo ha hecho dimitir al expresidente de Emarsa Enrique Crespo de sus cargos de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Y mantiene imputadas a otras 26 personas, varias de ellas cercanas a la alcaldesa Rita Barberá.

El inventario valenciano de casos de corrupción lo cierra el imputado más antiguo de todos, Carlos Fabra. El expresidente de la Diputación de Castellón está acusado desde 2003 de cohecho y tráfico de influencias por cobrar presuntamente comisiones para facilitar trámites ante la Administración, y de varios delitos fiscales por el vertiginoso incremento de su patrimonio. El veterano político, que aún mantiene la presidencia provincial del partido, podría ser juzgado este año.

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EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA PIDE DISCOS DUROS DE 50 GIGAS A LAS DEFENSAS

TRIBUNALES | Del juzgado de Instrucción de Lugo
La juez les ha requerido estas memorias para copiar el sumario a las partes
'Supongo que serán muchos folios y muchos tomos' dice el abogado de F. Blanco

Efe | Lugo

La juez instructora de la 'operación Campeón', Estela San José, ha solicitado a las defensas de los políticos implicados por el principal imputado, el empresario lucense Jorge Dorribo, la entrega de soportes USB de 50 gigas de capacidad para la copia de las actuaciones digitalizadas en el juzgado.

En este contexto, el abogado del ex conselleiro de industria Fernando Blanco, Evaristo Nogueira, entendió, en declaraciones a EFE, que el sumario estará compuesto por "muchos folios".

"Lo que nos requirió la juez es un USB de 50 Gigas. Supongo que eso serán muchos folios y muchos tomos", dijo el letrado del ex conselleiro, quien añadió que agregó que "esperamos abundante documentación del procedimiento".

Evaristo Nogueira insistió en que, tras la "lectura pormenorizada" de los documentos, pedirán el "sobreseimiento" de la causa sobre Fernando Blanco.

Además

CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS

El ex director general de Cooperación con un grupo de niños saharauis. | GVA
VALENCIA | Fraude en las ayudas a ONG


La Fiscalía investiga fraude en subvenciones para proyectos de cooperación
Según las denuncias, la ayuda para Nicaragua se gastó en pisos en Valencia
La cifra malversada por la trama podría alcanzar los 9 millones de euros
Hasta ahora hay 14 imputados, entre ellos dos altos cargos de la era Camps
La oposición apunta a Blasco, ex conseller de Solidaridad y portavoz del PP

Rodrigo Terrasa | Valencia

Con el caso Gürtel como mar de fondo, Brugal en marcha en Alicante y Carlos Fabra rumbo a los tribunales en Castellón, con la presunta financiación ilegal del PP valenciano en la agenda, la polémica visita del Papa, la alargada sombra de Urdangarin, los contratos irregulares en Ferrocarrils de la Generalitat y el escándalo de la comisión de investigación del accidente de metro, con el tufo del caso Emarsa en el ambiente...

Con todo esto y algo más, estalla un nuevo escándalo de presunta corrupción en la Comunidad Valenciana. Enésimo capítulo. No es nuevo pero es especialmente sensible, tanto que Alberto Fabra se deshizo de dos altos cargos de la era Camps de manera fulminante, sólo unas horas después de arrancar una operación policial que acabó con 14 detenidos. Uno de ellos está en prisión, los otros 13 están imputados, la mayoría por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

Esta vez la trama afecta a las ayudas que la Generalitat Valenciana debía destinar a proyectos de cooperación internacional, dinero para lo más pobres que presuntamente se desvió para comprar inmuebles en Valencia o que sencillamente desapareció por el camino. Según la oposición, la cifra malversada podría ascender a los nueve millones de euros.

La investigación se remonta a octubre de 2010. Entonces la Fiscalía abría diligencias por una denuncia presentada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las subvenciones otorgadas dos años atrás por la Conselleria de Solidaridad, dirigida entonces por Rafael Blasco, ahora portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Las beneficiarias eran dos entidades: la fundación CYES (Fundación Cultural y de Estudios Sociales) y la fundación Hemisferio (antes conocida como Solidaria Entre Pueblos).

El PSPV mantenía que la ayuda de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia: dos pisos de casi 300 metros cuadrados en el centro de Valencia, un garaje e incluso un velero.

Paralelamente se abría otra causa tras la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà. Denunciaba que la conselleria de Blasco también había favorecido a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. El dinero que recibió esta entidad se desvió, según la denuncia, a empresas que creó la propia fundación.

Entre los proyectos de Solidaridad estaba la construcción de un hospital en Haití, desolado tras el terremto de 2010. El Consell debía aportar 4 millones de euros y ajudicó a Hemisferio por su asesoramiento 177.000 euros que salían de las aportaciones solidarias de los valencianos. El hospital nunca se construyó.

El escándalo ha salpicado hasta ahora a 14 personas. En la cúspide Josep María Felip, director general de Cooperación, y Alexandre Catalá, subsecretario de Sanidad y subsecretario antes tanto en la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía como en la de Solidaridad. Los dos eran hombres de confianza de Blasco, los dos fueron destituidos por Fabra el pasado viernes. Los otros 12 detenidos son empresarios y responsables de las diferentes fundaciones y ONG implicadas. La red de asociaciones bajo sospecha recibió más de un millón de euros en subvenciones de la Conselleria el año pasado. Fabra las apartó a todas en los presupuestos de 2012.

Por encima de todos los acusados, los focos apuntan a Rafael Blasco, a quien señala la oposición. El eterno conseller. Blasco ha sido conseller con el socialista Joan Lerma, con el PP de Eduardo Zaplana, con José Luis Olivas y con Francisco Camps. De 1983 a 2011, conseller de Presidencia, de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conseller de Empleo, de Bienestar Social, conseller de Territorio y Vivienda y de Sanidad, conseller de Inmigración. Lo último, conseller de Solidaridad y Ciudadanía.

En junio pasado Camps lo sacó del Gobierno y lo mandó a las Cortes como portavoz parlamentario del PP. Toda la oposición reclama su destitución inmediata. Alberto Fabra espera acontecimientos tras prometer que será implacable con los implicados. "No tenemos por qué dudar de su honorabilidad", dice el vicepresidente Ciscar. "Las ayudas a la cooperación están perfectas", dice Blasco.

Además

EL PRESIDENTE DE LA ONG HEMISFERIO, EN PRISIÓN POR LA TRAMA DE FONDOS SOLIDARIOS

TRIBUNALES | Los demás están en libertad con cargos


Efe | Valencia

El responsable de la Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana César Augusto Tauroni es el único de los 14 detenidos el pasado jueves por el supuesto fraude en ayudas a la cooperación para quien la jueza ha decretado ingreso en prisión, han confirmado fuentes jurídicas.

Esa fundación, con sede en Valencia y creada en 2008, habría recibido trato de favor por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dirigida entonces por el actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, y desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos, según fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia finalizó el domingo por la mañana las declaraciones de esos catorce detenidos y acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos, el citado César Augusto Tauroni.

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han informado de que, después de que la jueza terminara poco antes de las ocho de la mañana de ayer las siete declaraciones pendientes, decretó para seis de ellos la libertad provisional con comparecencia periódica ante el Juzgado y retirada del pasaporte. El ex director de Cooperación, Josep Maria Felip, ha quedado también en libertad con cargos.

Supuesta trama de malversación
Las declaraciones de los catorce detenidos por una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación se iniciaron el pasado viernes por la mañana.

El PSPV denunció ante la fiscalía en octubre de 2010 la adjudicación de unos proyectos a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) por cerca de dos millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.

Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el pasado jueves en Valencia por orden del Juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís.

Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos.

Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos nueve millones de euros

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EL EX ALCALDE DE TORREVIEJA NIEGA UNA ADJUDICACIÓN ILEGAL DEL SERVICIO DE BASURA

TRIBUNALES | Declara ante el TSJCV como aforado
Asegura estar 'muy tranquilo' porque 'nunca' ha cometido un delito, dice
Presuntamente firmó una supuesta adjudicación irregular de este contrato
Según la investigación, encargó irregularmente un informe que lo avalaba

Efe | Valencia

El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP Pedro Hernández Mateo ha negado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que durante su mandato hubiera irregularidad alguna en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basura.

Así lo ha contado en declaraciones a los periodistas tras prestar declaración como imputado en la Sala de lo Civil y Penal, que le investiga en su condición de aforado por un supuesto delito de prevaricación y falsedad documental.

El exalcalde ha asegurado estar "muy tranquilo" porque "nunca" ha cometido un delito y porque "no ha pasado nada", algo que le ha transmitido al magistrado instructor, Juan Climent.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró el pasado año competente para continuar la causa abierta por un juzgado de Torrevieja ante la supuesta adjudicación irregular del contrato para la recogida de la basura en el municipio del año 2004.

Según la investigación, el alcalde encargó -también de forma supuestamente irregular- un informe que avalaba esta adjudicación y dictó un decreto explicando este proceso.

Al respecto, Hernández Mateo ha asegurado que los decretos los tramita el "departamento correspondiente", y que él se limita a ser "el último en firmar".

El diputado autonómico ha manifestado además que durante su etapa de alcalde podía llegar a firmar "entre quinientos y mil decretos" al día.