jueves, 10 de septiembre de 2009

EL FINAL POLÍTICO DE "EL ALBONDIGUILLA", MÁS CERCA QUE NUNCA

La Justicia podría inhabilitar a González Panero en las próximas semanas

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Los días en política de Arturo González Panero podrían estar contados. El ex alcalde de Boadilla del Monte podría ser inhabilitado por la Justicia en las próximas semanas. Sin embargo, y en contra de lo que cabría suponer, su adiós definitivo no estará directamente relacionado con el caso Gürtel. Según ha podido saber El Plural, El Albondiguilla deberá comparecer ante la Justicia el próximo 25 de noviembre por un presunto delito de prevaricación que cometió en el año 2001.

Así se refleja en un auto dictado por el Juzgado Penal número 1 de Móstoles que fue notificado a las partes el pasado 8 de noviembre. En concreto, González Panero deberá acudir a los juzgados el 25 de noviembre para explicar si nombró a dedo a un conserje afín al Partido Popular.

¿A dedo?
Los hechos ocurrieron en 2001. El Albondiguilla y el, por aquel entonces, gerente del Patronato de Cultura, José Francisco Pastor de Luz, pudieron haber incurrido en un delito de prevaricación (dictar una decisión injusta a sabiendas) al contratar a un conserje sin convocar concurso ni oposición. El trabajador, Raúl de Diego Nicolás, fue reclamado directamente del INEM.

Hermanísimo
Se da la circunstancia que el trabajador era hermano de Margarita de Diego Nicolás, quien ocupó el puesto número 20 de las lista electorales que presentó el Partido Popular en las elecciones municipales de 2003.

Inhabilitación
Los hechos fueron denunciados en el año 2002 por el Partido Socialista y el partido independiente Alternativa por Boadilla. Ambas formaciones políticas piden para Panero una inhabilitación para cargo público de 7 a 10 años. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid exige que El Albondiguilla no pueda ocupar ningún cargo público en al menos 2 años.

Aguirre, juez y parte
Pese a que Panero no será juzgado hasta el próximo mes de noviembre, cabe destacar que ya estaba procesado por este caso desde el año 2006. Circunstancia que no le impidió repetir como candidato a alcalde de Boadilla del Monte en las elecciones municipales de 2007. Esperanza Aguirre, como presidenta del Partido Popular de Madrid prefirió hacer oídos sordos y no enfrentarse a un político al que se le acumulaban los pleitos.

La china en su zapato
Aguirre no impidió que González Panero fuese reelegido presidente del PP de Boadilla, con el 57% de los votos, en diciembre de 2008. Acto seguido, El Albondiguilla destituyó a la persona que intentó sucederle en el cargo sin que nadie en Génova 13 levantase la voz. La gravedad de la situación era tal que El Plural no dudó en titular el 16 de diciembre de 2008 “La china en el zapato de Aguirre está en Boadilla”.

Aparente normalidad
Y el tiempo dio la razón a este periódico. El 10 de febrero de 2009 el juez Baltasar Garzón imputaba a González Panero en el caso Gürtel. El Albondiguilla se vio obligado a dimitir como alcalde, pero conservó su acta de concejal. En la actualidad, El Albondiguilla se sigue paseando con normalidad por el Ayuntamiento de Boadilla y acude a diversas comisiones municipales (entre ellas la de Educación o Economía y Hacienda). Situación que puede acabar en los próximos días si finalmente es inhabilitado por la justicia.

Noticias relacionadas:
o Funcionarios de Boadilla alertaron en 2007 a Aguirre sobre las contrataciones sospechosas de...
o Ulibarri también pierde sus 140 viviendas de lujo en Boadilla del Monte
o 1.800.000 euros de fianza para el ex alcalde de Boadilla, epicentro de la trama corrupta
o El PP vuelve a premiar al ex alcalde de Boadilla con una comisión municipal , pese a estar...
o El Ayuntamiento de Boadilla también autorizó a la SGAE a hipotecar el Palacio Infante don Luis
o El juez pide un millón de euros a José Galeote, padre del eurodiputado Gerardo Galeote y ex...
o El Albondiguilla será también vocal de Economía y Hacienda de Boadilla, epicentro de la trama...
o Correa explotó 32 locales comerciales en Boadilla durante tres años sin pagar
o El Ayuntamiento de Boadilla es denunciado por renovar el contrato a los cargos de confianza...

jmgarrido@elplural.com

HACIENDA SEÑALA A VICENS COMO "SOCIO OCULTO" Y AÑADE: "MONTIS CONOCE AL RESTO"

CASO SON OMS | El primer peritaje judicial

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Agencia Tributaria de Baleares también apunta a Bartomeu Vicens como otro de los socios ocultos del pelotazo de Son Oms. Tras concluir que el ex presidente del Parlament balear Maximiliano Morales dispone a través de dos de sus empresas de uno de los cinco lotes que el testaferro Jaime Montis hizo con al menos dos millones de euros "en metálico y en B", señala ahora al diputado y ex conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca como otro de los principales beneficiarios de este reparto clandestino de dinero.

De mantener en su informe definitivo esta tesis, la situación procesal del actual diputado del Grupo Mixto puede verse agravada todavía más. Máxime teniendo en cuenta que ya pesa sobre él una denuncia de Hacienda por delito fiscal durante el ejercicio de 2004. Lo propio podría ocurrir con un Morales que ya ha sido sancionado con una multa de dos millones de euros por evadir impuestos en las operaciones de Son Oms y que por el momento ha sido exonerado de la comisión de un delito al haber mediado a juicio de los investigadores "dolo defraudatorio".

Hacienda ha llegado hasta Vicens en su encargo por parte del juez Antonio Capó de determinar quiénes se quedaron con las comisiones en negro procedentes de la recalificación del polígono industrial, guiada por un criterio estrictamente "lógico". Así lo subraya al magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal de la máxima instancia judicial de Baleares el equipo de inspectores que comanda el delegado especial Raúl Burillo en su último informe del caso Son Oms.

"Se podría concluir que sólo pueden ser socios ocultos las personas que intervinieron en la cesión de los terrenos del 15%, recibiéndolos", indica este primer dictamen sobre el millonario cobro de dinero "en B" que Montis dejó plasmado en la documentación que le fue intervenida en su bufete por la policía judicial hace casi dos años y que acaba de ser notificado a todas las partes personadas.

En este sentido alude Hacienda en primer término a Vicens y a Morales, que fueron quienes firmaron con media docena de propietarios en la década de los noventa la cesión gratuita del 15% de sus parcelas a cambio de «lograr» que Unió Mallorquina (UM) recalificase el predio de Son Oms de rústico a industrial desde el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar.

ELMUNDO.ES

JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA EL EX ALCALDE DE BOADILLA

PABLO LINDE - Madrid

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tiene cuentas pendientes con la justicia más allá de la trama Gürtel. En el próximo mes de noviembre tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de un delito de prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso este periódico.

Los escritos de acusación sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato de Cultura Municipal le hizo un contrato laboral al hermano, R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Lo hizo proporcionando los nombres y apellidos del empleado. Este nombramiento fue refrendado por González Panero.

Las irregularidades fueron advertidas por el secretario del Consejo de Administración del patronato y captadas por los partidos de la oposición, el PSOE y Alternativa por Boadilla, que denunciaron los hechos en 2002. Según estos partidos, fue "un ejemplo de cómo actuaba el Consistorio, que se convirtió en un lugar para colocar a amigos y simpatizantes". El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones municipales, que ganó. Desde entonces, la causa está a la espera del juicio oral, que se notificó a las partes el pasado martes. Entretanto, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser funcionario interino.

También está imputado por esta presunta contratación irregular José Francisco Pastor, que entonces era el gerente del Patronato de Cultura, el órgano que contrató al conserje.

La fiscalía asegura que "mediante su proceder, los acusados vulneraron de modo flagrante la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las administraciones locales, pues dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó la oferta de empleo público". El fiscal pide para ambos acusados la suspensión para cargo público durante dos años y una multa que consistiría en una cuota diaria de 12 euros a pagar durante ocho meses.

Arturo González Panero también está imputado por la trama Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular. Al Albondiguilla, como lo llamaba Francisco Correa, el jefe de la red, le impusieron una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de todos los investigados en el caso. Está acusado de aceptar sobornos y adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama.

ELPAÍS.COM

EL JUEZ DESTAPA QUE BÁRCENAS ACUSÓ EN FALSO A DOS POLICÍAS DE ACOSARLE

Los agentes acudieron a finales de junio al domicilio del ex tesorero por orden judicial

El Senador del PP, Luis Bárcenas, en la Cámara Alta - GORKA LEJARCEGI

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid demostró ayer la falsedad de la denuncia del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado por corrupción en el caso Gürtel, sobre el supuesto acoso policial del que era objeto. Bárcenas presentó el 27 de julio pasado ante el juzgado una denuncia, que completó el pasado martes con una petición de amparo en el Senado, sobre la supuesta persecución policial de que era objeto.

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Para apoyar su acusación, Bárcenas explicó que el 29 de junio pasado, lunes, dos policías se presentaron en su domicilio e interrogaron al portero de la finca. "Lo hicieron de forma insistente e intimidatoria alegando falsamente que habían venido a entregarme en persona una inexistente citación judicial", explicó. "Tales fueron las presiones", afirmaba la denuncia de Bárcenas, que el conserje "se vio obligado a facilitar el móvil" de la esposa del senador popular. Ese mismo día, la mujer de Bárcenas recibió "diferentes llamadas perdidas" de dos teléfonos que, según Bárcenas, se correspondían con la sede de la Policía Judicial en Canillas.

El ex tesorero del PP aseguró que su abogado le había explicado que no existía ninguna citación judicial pendiente de notificar, por lo que concluyó que la visita de los policías sólo se podía entender como "una medida de coacción o intimidación" por la tensa conversación que mantuvo en un restaurante de Madrid con Juan Antonio González García, comisario general de Policía Judicial, departamento encargado de la investigación del caso Gürtel.

La denuncia de Bárcenas provocó ayer una respuesta oficial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se aclara que la actuación policial es consecuencia de una orden directa del juez Antonio Pedreira, que instruye el caso.

"La citada actuación policial, solicitada por el Ministerio Fiscal, es la consecuencia de gestiones ordenadas por el juez, quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados".

El diputado y ex ministro Federico Trillo, encargado por el PP de la estrategia de defensa de algunos de los principales imputados por corrupción en su partido, al conocer la nota del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dejaba a Bárcenas por mentiroso, cargó contra el juez Antonio Pedreira, sugiriendo que actuó irregularmente.

Trillo se mostró "enormemente sorprendido" por la aclaración del juez Pedreira desmontando la teoría conspiratoria urdida por Bárcenas.

"El juez Pedreira no tiene competencias para actuar contra el senador: ni para ordenar un registro ni para hacerle una notificación, máxime cuando el único competente es el Tribunal Supremo, que ya había asumido el asunto una semana antes y había designado instructor", aseguró Trillo. "Pedreira, más que aclarar, ha multiplicado la confusión. Por tanto, exijo que explique con todo detalle qué actuaciones ordenó a la policía, con qué competencias y por qué. Lo que está en juego no es sólo la dignidad de un senador, sino la del Estado de derecho".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), líder en número de afiliados, pidió ayer la dimisión de Bárcenas, por escudarse en su cargo político "para acusar falsamente a la Policía y defenderse de los delitos que le pueden imputar"

ELPAÍS.COM

LA FISCALÍA INVESTIGA A LA TRAMA DE TERRA MÍTICA POR EVADIR DINERO A ANDORRA

El ministerio público cree que Conesa se lo llevó en maletines

LYDIA GARRIDO - Valencia

¿Dónde fue a parar el dinero que ganaron los empresarios vinculados supuestamente a la trama de facturas falsas generadas sobre la construcción de Terra Mítica? La Fiscalía cree que una cantidad importante está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala en su último escrito al supuesto principal responsable de esa evasión: Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. Afirma la Fiscalía: "Antonio Moreno Carpio [otro imputado] reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados".

* Cuatro cheques, 300.000 euros

La fiscal pide al titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga desde 2005 el supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros, que expresamente haga constar ese argumento en una nueva reclamación de información a entidades bancarias en Andorra y Suiza. Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio, y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". José Luis Rubio, junto a los hermanos Moreno Carpio y varios imputados más, de la casi treintena que tienen esa condición en la causa, son elementos esenciales del supuesto fraude junto a Vicente Conesa, según las acusaciones.

La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arráiz y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la Banca Privada de Andorra" información sobre las cuentas que tuviese abiertas o en las que constasen autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre". El ministerio público también pide nuevas diligencias en Suiza: los destinatarios últimos de los fondos de varios cheques que se ingresaron en una cuenta del Banco Popular.

El juez deberá decidir sobre estas peticiones y sobre la solicitud de Terra Mítica de que se archive el caso. La mercantil, que se empeñó en no ser imputada por entender que había sido víctima, en su caso, de otros, no parece tener mucho interés en que se aclare qué pasó con los sobrecostes. Y se ampara en que un juzgado de Alicante decidió archivar la investigación sobre irregularidades en la Sociedad Parque Temático de Alicante.

ELPAÍS.COM