viernes, 16 de octubre de 2009

"CASO GÜRTEL"; AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD

La presidenta defiende los 358 contratos del Gobierno con la trama corrupta

SOLEDAD ALCAIDE - Madrid

Esperanza Aguirre recurrió ayer a la misma estrategia que ha utilizado desde que en febrero de este año estallara la trama Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos cargos imputados en el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear, esta vez en la Asamblea, de ser la campeona contra la corrupción. Defendió que lo importante no es que haya "corruptos o incluso delincuentes", sino que "la diferencia está en lo que se hace cuando se ponen de manifiesto".

La trama salpica a Madrid con 13 altos cargos del PP imputados, entre ellos un ex viceconsejero, cuatro ex alcaldes y, fundamentalmente, un ex consejero, Alberto López Viejo, que era la mano derecha de la presidenta, el que se encargaba de organizar los actos donde ella acudía.

Aguirre, también del PP regional, eludía así su responsabilidad en que su Gobierno contratara tres millones a las empresas de Francisco Correa, en su mayoría a fuerza de trocear los contratos (en total 358) para que no superaran los 12.000 euros y poder adjudicarlos a dedo, según el sumario del caso. Ella argumenta que el cese del ex consejero es suficiente para eludir su responsabilidad.

Esta vez los argumentos los utilizó en sede parlamentaria, donde Aguirre defendió la legalidad de los "30.000 contratos" de sus gobiernos desde 2003. "Todos sujetos al control de la comisión de vigilancia de las contrataciones", sentenció. Y recibió un sonoro "Nooo" de la bancada de la izquierda. Hace meses que IU y PSM se quejan de impedimentos para supervisar la gestión de Aguirre, sobre todo con el Gürtel. Justo el día anterior, sus diputados abandonaron dicha comisión porque Sanidad no da cuenta del 90% de los gastos sanitarios. "Digan cuáles les faltan, que los pongo a su disposición", retó Aguirre.La primera en atacar el caso Gürtel en la Asamblea fue la portavoz de IU, Inés Sabanés. Reprochó a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que la crisis política que sufre su gobierno le impida resolver la situación económica de la región. "¿Cómo pretende usted explicar a los 430.000 parados su tesis sobre la austeridad? ¿Con el espectáculo degradante de una red corrupta, los excesos y el despilfarro?", espetó la portavoz de IU.

Aguirre ha creído encontrar un punto flaco en la portavoz de IU y ayer, por segunda vez, le reprochó una supuesta cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre, Sabanés le hace el "trabajo sucio" al PSM al preguntar por el caso Gürtel. "Usted sigue hablando de Correa y del Bigotes", recriminó la presidenta. "Haga su trabajo de oposición y deje que los jueces hagan el suyo". Sabanés no tuvo ocasión de responder.

Pero fue la portavoz socialista, Maru Menéndez, la que preguntó por los contratos con Correa. "La Comunidad de Madrid jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama", le respondió la presidenta, entre los abucheos de la oposición. "Si se demuestra que ha habido sobornos o cohechos, yo seré la primera en hacer que caiga todo el peso de la ley", zanjó. Esta vez la aplaudieron los suyos.

Adalid de la transparencia

"¿Es usted responsable de los actos de su Gobierno?", espetó Menéndez. La portavoz socialista le recordó a Aguirre que el Ejecutivo regional contrató en 371 ocasiones con las empresas de Correa [358, según cálculos de este periódico] y detalló las cantidades gastadas por cada consejería. "Ahora usted pretende aparecer como adalid de la transparencia y contra la corrupción", increpó a la presidenta. "No, usted es la responsable de todas esas contrataciones".

En su respuesta final, Aguirre vinculó la trama Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de Correa dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la presidenta en referencia a las escuchas policiales del sumario. Y se contestó a sí misma que es porque ella paralizó la operación de venta de suelo que se conoció en 2005 como el caso Majadahonda, donde se pretendía vender terrenos públicos por debajo de su precio de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de otras", concluyó.

Pero el discurso de Aguirre no aguanta un asalto de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que ha sido ella la que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los responsables. En cambio, el pasado 9 de febrero, cuando los medios le pedían explicaciones por el cese de López Viejo, afirmó: "Desconozco las razones que tiene para dimitir". Y también: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". Hasta llegó a insistir varias veces: "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También aseguró ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004) "ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". Es cierto que ella estuvo detrás de las dimisiones de los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Pero también que ha tardado ocho meses en echar a los diputados imputados del grupo popular, pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.

El sumario del caso ha revelado además que el Gobierno regional sí contrató con las empresas de Correa, que lo hicieron casi todas las consejerías y que López Viejo era "el muñidor" de esos contratos. En el segundo mandato de Aguirre ya era consejero, pero en el primero fue sólo un viceconsejero. La investigación policial desveló que López Viejo, que manejaba la agenda de la presidenta, obligaba a los consejeros a contratar con las empresas de Correa bajo la amenaza de no llevar a Aguirre a los actos. La presidenta elude una y otra vez que sea responsable, pero si López Viejo amedrentó a sus superiores es porque todos sabían que lo respaldaba la presidenta.

Por eso afirmó ayer la portavoz socialista que Aguirre es responsable. "Usted no puede pasar por la adalid, porque usted es la responsable de la trama", dictaminó Menéndez.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; MAJADAHONDA, EL CASO QUE EL PP EVITÓ INVESTIGAR EN 2005

La comunidad con más imputados

E. S. - Madrid

Pocos podían pensar en la cúpula del PP madrileño que el caso Majadahonda, que les trajo de cabeza en 2005, les iba a estallar en forma de caso Gürtel cuatro años después. La venta de dos parcelas municipales desató una tormenta de tal calibre que el asunto acabó en Anticorrupción, que lo archivó. El PP de Majadahonda se rompió en dos. Por un lado, el alcalde Guillermo Ortega (imputado en la trama) parapetado en dos concejales: José Luis Peñas (denunciante de la trama de Correa) y Juan José Moreno. A su lado estaba también Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Correa, a la que había contratado en 2001 como jefa de gabinete cuando todavía era administradora de Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel que consiguió varios contratos en Majadahonda.

Por el otro lado estaba el resto del PP, con 12 concejales, liderado por Narciso de Foxá, actual alcalde y entonces concejal de Urbanismo.

En 2004 el Ayuntamiento decidió vender dos parcelas. Los ediles populares votaron a favor. Pero en 2005 la mayor parte de los concejales se echaron atrás. Consideraban que Ortega estaba favoreciendo a una de las constructoras. Al lado de Ortega sólo permanecieron Peñas, Moreno y la mujer de Correa. Denunciaron acoso por parte de Esperanza Aguirre y de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP madrileño. Aguirre zanjó la crisis en febrero de 2005. Se decantó por situar a De Foxá de alcalde y expulsó a Peñas y Moreno. Ortega salió mejor parado: dimitió como alcalde, pero Aguirre no investigó su gestión y le puso al frente del Mercado Puerta de Toledo. Peñas nunca perdonó el agravio comparativo.

elpaís.com

LA RED GÜRTEL SE EMBOLSÓ UN MILLÓN DE EUROS EN COMISIONES POR LA VISITA DEL PAPA

NUEVO INFORME DE LA BRIGADA DE BLANQUEO SOBRE LA RED GÜRTEL EN VALENCIA

La operación se realizó a través de una constructora leonesa, Teconsa, cuyos directivos están imputados en el caso

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / JOSÉ MANUEL ROMERO Madrid

La investigación de las actividades de la trama corrupta vinculada al PP ha destapado el cobro de al menos un millón y medio de euros en comisiones ilegales por parte de varias empresas -principalmente de la red que dirigía Francisco Correa, que se habría embolsado más de un millón- como consecuencia del reparto de los beneficios logrados por la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del Papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006.

Teconsa era sólo una 'pantalla' entre Correa y las firmas que pagaron comisiones
Parte del dinero engrosó la 'caja B' de donde salieron sobornos a políticos

El Gobierno valenciano ha negado en todo momento la vinculación de la red Gürtel con este evento. Sin embargo, las cuentas de la visita del Papa, sobre las que el Gobierno de Francisco Camps se ha negado a informar repetidamente, incluso en el Parlamento valenciano, han sido siempre objeto de polémica.


Un informe policial detalla cómo Correa y su lugarteniente en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, urdieron un plan para hacerse con parte de la organización de la visita del Papa y obtener beneficios millonarios.


Para la celebración de este acto se creó una fundación en la que participaban el Arzobispado de Valencia, cuyo representante era el arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco; la Generalitat (Francisco Camps, presidente), el Ayuntamiento (Rita Barberá, alcaldesa) y la Diputación Provincial (Fernando Giner, presidente).


Esta fundación decidió adjudicar la exclusiva de la distribución de la señal institucional de televisión al ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV), dependiente de la Generalitat y adscrito a Presidencia del Gobierno. El director general de RTVV era entonces Pedro García Jimeno, quien, según la investigación del caso Gürtel, recibió múltiples regalos en forma de trajes de Álvaro Pérez, El Bigotes, y realizó viajes privados en compañía de los miembros de la trama corrupta para preparar otros negocios. García Jimeno había llegado al cargo de la mano de Camps, después de ser su secretario de Comunicación.


García Jimeno decidió contratar a una empresa externa para la sonorización de todo el acto y para el montaje de pantallas de vídeo por 6,4 millones de euros. Eligió para el trabajo a la constructora leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de montajes y que se dedicaba a la construcción de carreteras, edificios y viviendas y a la compraventa de inmuebles.


Teconsa aparece directamente vinculada a la trama de corrupción que dirigía Correa por el pago de comisiones ilegales en la adjudicación de obras en Castilla y León, por numerosos apuntes en los libros de contabilidad de la red Gürtel y por conversaciones grabadas entre el presidente de la constructora y el líder de la trama.


Como carecía de experiencia para la sonorización del acto, Teconsa subcontrató el servicio con tres empresas especializadas en ese tipo de montajes: la firma de ingeniería alemana Sirius Show Equipment SG y las españolas Apogee Telecomunicaciones e Impacto Producciones.


La policía halló en un piso de seguridad que la trama de Correa tenía en la calle del General Martínez Campos, en Madrid, los contratos entre Teconsa y alguna de las empresas con las que subcontrató la constructora leonesa la sonorización de la visita del Papa.

Entre los archivos hallados en el piso de seguridad se encontraron apuntes de la contabilidad que llevaba Correa, donde registró cobros por 957.000 euros en concepto de comisión por intermediar en favor de las citadas empresas sevillanas para que se encargaran de todo el montaje. "Es decir", explica el informe de la Brigada de Blanqueo, "la organización utilizó a la empresa Teconsa de pantalla, merced a su solvencia económica, para entregar finalmente el contrato a las empresas audiovisuales de las que recibió la comisión".


Además de los 957.000 euros, la red de corrupción otro ingreso de 230.000 euros a favor de Castaño Corporate (sociedad de Correa gestionada por Jacobo Gordon) y 200.000 más para Teconsa, la empresa que había puesto su nombre para hacerse con el millonario contrato de RTVV.


La investigación también señala que Pablo Crespo, número dos de la trama, viajó a Sevilla a recoger las comisiones ilegales, pues allí se encontraban radicadas las empresas subcontratistas del evento. El dinero de la comisión ilegal lo ingresó luego en una caja de seguridad y parte de ella pasó a engrosar la caja B que supuestamente utilizaba la organización de Correa para hacer sobornos a políticos del PP. Del dinero ingresado en la citada caja B por la comisión de la visita del Papa salieron además 15.000 euros para la compra de un vehículo modelo Jeep y otros 60.000 euros para una empresa de Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo en su boda con Ana Aznar (hija del ex presidente del Gobierno) e imputado en el caso Gürtel como una de las piezas clave en el entramado inmobiliario de Correa.


El informe policial destaca que no sólo hay una relación directa entre Correa y El Bigotes con el ya ex director de Canal 9, sino también con miembros de la fundación que organizaron la visita del Papa a Valencia.


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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

Benedicto XVI
A FONDO

Nacimiento:
16-04-1927

Lugar:
Marktl

* Audio: Álvaro Pérez: "Camps me puede nombrar hoy mismo coordinador general"

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZ PIDE EL EXPEDIENTE DE LA VENTA A SANDO Y LLAMA A DECLARAR A OSUNA

* La juez también pide a Mercasa el informe que hizo del pliego de condiciones

Sebastián Torres | Sevilla

La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha ordenado a la Policía Judicial que requiera al mercado de mayoristas Mercasevilla el expediente completo de la venta de sus terrenos a Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo Sando, una causa por la que de momento hay cinco imputados. Además, ha ordenado investigar en qué organigramas de administraciones públicas, partidos políticos o empresas figuraban los miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando adjudicaron los suelos a Sando y a partir de ese momento.

Como ha informado este periódico, Domingo Enrique Castaño era miembro de aquella comisión ejecutiva de Mercasevilla y consejero de la empresa pública, director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y secretario de Organización del PSOE de la Macarena. Posteriormente, tras dejar la política, pasó a formar parte del «equipo directivo» de Sando Inmobiliaria como director gerente del proyecto Duse, una nueva urbanización de más de 17.000 viviendas que se promueve frente al aeropuerto de San Pablo.

El suyo es uno de los patrimonios que ha investigado la Policía Judicial, a la que ha llamado especialmente la atención la compra de un chalé en una exclusiva urbanización del área metropolitana de Sevilla y de una casa en el barrio de la calle Feria, que suman en hipotecas 560.000 euros.

Cuando Castaño adquirió esas propiedades en régimen de gananciales con su mujer, abogada de profesión, y formalizó las hipotecas era aún alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla. El chalé pareado lo adquirió cuatro meses después de la adjudicación a Mercasevilla en una promoción de Realia, socia de Sando en el proyecto Duse en el que Castaño ha acabado como gerente.

La juez Alaya, además, ha llamado a declarar a un ejecutivo del grupo Noga, dependiende de Inmobiliaria Osuna, empresa que perdió el concurso pese a haber ofertado al menos 62 millones de euros más que el ganador, y al profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla que emitió un informe en el que habría aconsejado puntuar con un cero la oferta económica de Noga, en base a una interpretación del pliego de condiciones.

Este profesor, Antonio Pajares Ruiz, y el director comercial de Noga en Sevilla, Antonio Barba Ruiz, están llamados a declarar el día 23 de noviembre a las 10 y 11 horas, respectivamente.

Según el economista José Antonio Ripollés, quien puntuó las ofertas económicas en el concurso de la venta de suelos, otorgó cero puntos a la oferta económica de Noga, pese a ser la más elevada, siguiendo las «indicaciones» de este informe. En su declaración ante la juez, Ripollés admitió que, aunque el pliego de condiciones consideraba desproporcionadas las ofertas demasiado elevadas, no decía que habría que puntuarlas con un cero.

En cuanto al directivo de Noga Antonio Barba, se trata del mismo representante de la empresa que asistió a la apertura de los sobres del concurso, el 9 de febrero de 2005. Además, según declaró ante la juez el propio Ripollés, una vez conocida la adjudicación a Sanma Desarrollos Urbanísticos, Barba pidió explicaciones al gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, que se las dio por medio del economista ahora imputado.

Finalmente, la juez ha solicitado también a Mercasa, la empresa del estado accionista de Mercasevilla, la aprobación del pliego de condiciones, la fecha en que tuvo conocimiento de él y el informe que realizó sobre dicho pliego.

elmundo.es

LA PRESIDENTA DE UM PIDE AL PSOE INMUNIDAD JUDICIAL PARA DARLE APOYO

Las razones del amago de ruptura

Antich y Munar se sonríen durante la celebración del Día del Pilar. | Jordi Avellà

* En estos momentos se investigan cinco casos de corrupción de su gestión
* Llegó a pedirle que la Agencia Tributaria variara su línea de acción

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Maria Antònia Munar solicitó personalmente a su socio de gobierno, el presidente socialista del Govern Francesc Antich, que intercediese ante el Ejecutivo nacional de José Luis Rodríguez Zapatero para que la Fiscalía y la Agencia Tributaria detengan el cerco judicial que mantienen contra la vieja guardia de Unió Mallorquina (UM) por los cinco graves casos de corrupción derivados de su mandato la pasada legislatura. Llegó a insinuar que tanto Hacienda como el Ministerio Público varíen su línea de acción aunque para ello deban adoptarse medidas drásticas. Sólo así, deslizó, se garantizaría su apoyo al frente de las principales instituciones baleares hasta final de legislatura.

La paciencia de la presidenta de honor de UM y actual presidenta del Parlament se colmó tras conocer el escrito del Ministerio Fiscal en el que solicitó hace dos semanas una pena de tres años y dos meses de prisión para el secretario general que recientemente ella misma había nombrado, Damiá Nicolau. Uno de sus delfines y ex número 2 de su consejería de Territorio, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Baleaers ha decidido juzgar por prevaricar y malversar fondos al pagar con dinero público al contable particular del ex consejero de Territorio Bartomeu Vicens a cambio de informes copiados de Internet.

Tras conocer el escrito de la Fiscalía, Munar instó a los suyos a "hacer algo de forma urgente. "Lo interpretó como un ataque personal, estaba herida en su orgullo: acababa de colocar a su hombre de confianza en uno de los puestos clave del partido y de golpe veía cómo se lo tumbaban", han precisado a este diario fuentes de las formaciones de izquierdas que han intervenido en la negociación para restablecer el pacto de gobierno en el Consell de Mallorca.

En ese contexto, Munar instó la consiguiente reunión en la sede de UM y, visiblemente nerviosa, planteó abiertamente ante el aparato de su partido la necesidad de "romper" el pacto de gobierno en el Consell. De manera paralela, y según han asegurado a EL MUNDO esas mismas fuentes, Munar le espetó al propio Antich: "Vete a Madrid y no vuelvas hasta que lo tengas arreglado".

Además
* 'El Pacto sólo ha salido reforzado hasta la próxima crisis'
* UpyD:'El Pacto se salva por el chantaje de UM'
* Opinión: Ninguneo de Antich

elmundo.es

VICENS, SU CONTABLE Y NICOLAU, A JUICIO POR EL "CASO SON OMS"

Los días 9 y 10 de diciembre

* Acusados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha señalado para los días 9 y 10 de diciembre, en sesiones de mañana y tarde, el juicio por la pieza separada de las diligencias del llamado 'caso Son Oms' en las que están imputados Bartomeu Vicens Mir, Tomás Martín San Juan y Damiá Nicolau Ferrá. El Ministerio Fiscal les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

Fuentes judiciales informan de que el Tribunal estará compuesto por el presidente de la Sala, Antonio Terrasa García, y los magistrados Francisco Javier Muñoz Jiménez y Felisa Vidal Mercadal.

La Fiscalía Anticorrupción pide por primera vez una condena de cárcel para el diputado en libertad bajo fianza Bartomeu Vicens. Concretamente solicita para el hombre que sostiene el Govern que preside el socialista Francesc Antich 4 años y 6 meses de prisión por pagar con dinero público los servicios del contable que le consiguió facturas falsas por importe de 295.000 euros para defraudar impuestos con sus comisiones del pelotazo de Son Oms.

Un escándalo que constituye sólo una pequeña parte del macroproceso en el que se ha convertido ya la investigación de la recalificación del polígono industrial a cambio de comisiones del 15% cobradas por el histórico núcleo duro de la Unió Mallorquina que presidía Maria Antónia Munar. Por los mismos hechos pide también que el secretario general de Unió Mallorquina (UM) Damiá Nicolau pase en prisión tres años y dos meses.

Vicens articuló una fórmula fraudulenta para adjudicar un contrato a dedo de 12.020,24 euros al asesor fiscal Tomás Martín San Juan bajo el pretexto de realizase un estudio sobre "el valor del suelo en la Isla de Mallorca" que éste acabó fusilando de Internet. El propio contable ha confesado ya ante el juez que lo hizo siguiendo indicaciones directas del entonces conseller de Ordenación del Territorio del Consell de Mallorca.

elmundo.es