lunes, 21 de mayo de 2012

LA POLICÍA DETIENE AL EX EDIL INVESTIGADO POR MALVERSACIÓN EN IBI Y REGISTRA SU DOMICILIO

INVESTIGACIÓN | Miguel Ángel Agüera ha dimitido este mismo lunes
El concejal, del Partido Popular, ha hecho pública su dimisión horas antes
Está siendo investigado por una denuncia interpuesta por Felicidad Peñalver
La denuncia apunta también a la alcaldesa de Ibi por presunta malversación
Se registra también el domicilio del exgerente de Urbanismo, Sergio Galiano

Héctor Fernández | Daniel Moltó | Ibi (Alicante)

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional han detenido al ex concejal de Hacienda y ex segundo teniente de Alcalde de Ibi (Alicante), Miguel Ángel Agüera y han intervenido durante la mañana de este lunes su domicilio. Minutos antes, Agüera había presentado su dimisión y lo había hecho público a través de un comunicado.

El ex concejal está siendo investigado a raíz de una denuncia interpuesta por la también ex miembro del equipo de Gobierno, Felicidad Peñalver, por presunta malversación de fondos.

Según la denuncia de la ex concejal, Agüera y la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, tendrían abiertas sendas cuentas en un banco suizo en las que tendrían saldos de 1,3 y 1,2 millones de euros respectivamente. Dichos ingresos estarían supuestamente, y siempre según la denuncia de Peñalver, realizados por una constructora a la que se adjudicaron las principales obras públicas de Ibi en los últimos años.

Más registros
La dimisión de Agüera, que se produce semanas después de que EL MUNDO Alicante publicara en primicia esta información, y la posible intervención policial, ha generado una gran expectación mediática en el municipio alicantino. Durante la jornada se ha registrado también el domicilio del abogado y ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Sergio Galiano.

Agentes de la Policía Nacional se han dirigido también a la corporación municipal para solicitar documentación relativa a las "adjudicaciones realizadas por el consistorio desde el año 2005 hasta la actualidad", según han apuntado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Según fuentes cercanas a la investigación, Agüera está retenido policialmente, mientras que el TSJCV ha informado de que la juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Ibi ha autorizado a la Policía, tras una petición expresa de los agentes, la entrada y el registro que se ha producido en el domicilio del ex edil.

El TSJCV subraya que, en este momento, Agüera no está imputado formalmente en la causa abierta por supuesta malversación, entre otros delitos, y que tiene su origen en una denuncia de Fiscalía.

La juez, hasta ahora, tampoco ha tomado declaración del ex concejal, que no ha sido puesto, de momento, a disposición de la juez. La causa está bajo secreto sumarial.

Fuentes del Partido Popular han informado a EFE de que el partido "está recabando información sobre lo que está aconteciendo antes de tomar una posible decisión" sobre Agüera, quien ostenta la presidencia local del PP.

Además

"CASO EMARSA"; EL JUEZ RECHAZA EL RECURSO DE BERNÁCER CONTRA SU IMPUTACIÓN

Nuevo auto
Una empresa de electrodomésticos suministró productos a domicilios de imputados
Según el juez, queda claro que la actividad de Emarsa era financiada por Epsar

Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha dictado un auto en el que rechaza el recurso de reforma interpuesto por el ex jefe del Departamento de Explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, contra su imputación en el 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

El magistrado, que ha admitido el recurso de apelación que interpuso de forma subsidiaria, ha rechazado asimismo la solicitud de la defensa de Bernácer para que requiera a la Epsar que facilite la entrada en las instalaciones de la depuradora de Pinedo al considerar que es una actuación que se sitúa "al margen" de las diligencias de instrucción que son objeto de esta fase del proceso.

Bernácer había alegado que los indicios que se apuntan sobre él eran "meras sospechas" o "hipótesis de investigación" y que partían de "errores de base en la intervención, facultades y atribuciones" de la Epsar, de la que sólo era un técnico. Sin embargo, según el juez, sus argumentos "en nada desvirtúan los indicios de criminalilidad" que le han supuesto la imputación.

Así, sostiene que de los documentos incorporados a la causa, se desprende que la Epsar, mediante el sistema de financiación por convenio, se ha encargado de sufragar la práctica totalidad de los gastos de la gestión y explotación de la depuradora de Pinedo, con independencia de la titularidad del capital social de la empresa pública Emarsa, que ha sido ostentado por la Emshi.

Convenio de Emshi, Emarsa y Epsar
A la conclusión se llega por lo que consta en la cláusula primera del convenio para la financiación de infraestructuras de saneamiento y depuración, celebrado entre Emshi, Emarsa y Epsar en febrero de 2004, y por las actas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, en las que ha participado Bernácer, que tenían como misión la elaboración de la propuesta definitiva de revisión anual de la financiación de los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones.

Asimismo, constan informes que firmó en los que quedan reflejados los importes que financió la Epsar a Emarsa directa o indirectamente por la realización de la depuración de aguas residuales. Además, señala que otros documentos reflejan como desde Emarsa se remitía anualmente a la Epsar los datos de las instalaciones financiadas y los relativos al pago de los costes de financiación.

Por ello, según el juez, queda claro que la actividad de Emarsa era financiada por Epsar, "en base a las propuestas de financiación de costes fijadas en las diferentes reuniones de la Comisión de Segumiento en las que participaba Bernácer como jefe del departamento de Explotaciones".

En relación con otro argumento del imputado, el magistrado comparte la consideración del fiscal quien, al impugnar el recurso, afirma que, de acuerdo con informes del departamento del propio Bernácer, los precios solicitados por las diversas plantas de tratamiento de fangos que sirvieron de base a la Comisión de Seguimiento para establecer en 42 euros por tonelada como precio para la gestión integral de los lodos procedentes de Pinedo es "una ficción" porque cuando quedó fijado el importe no tendrían como destino las plantas de Fervasa, Quart o Calles, sino que eran evacuados en un 99% a aplicación agrícola.

En esta línea, el juez también añade que las versiones del informático de Emarsa Sebastián García y del director financiero Enrique Arnal "quedan reforzadas por el hecho de que las personas a las que apuntan como los organizadores de la trama, en relación con la gestión y tratamiento de lodos, son en definitiva los máximos responsables de los entes públicos encargados de controlar la actividad de Emarsa, cada uno en el ámbito de sus competencias y, por lo tanto, los únicos con medios suficientes para burlar los controles que habrían evitado el desenlace que tuvo la empresa pública".

El juez, en una providencia con fecha de este lunes, ha acordado, entre otras decisiones, unir a la causa un escrito de una empresa de electrodomésticos en el que informa que nunca se suministraron productos a los domicilios sociales de las empresas Sofitec Informática, Mantenimientos Valmasmark y Construcciones y Reformas Rocafort pero sí en el domicilio de Enrique Arnal; en un apartamento en Formentera por encargo de este último y en un bar en Valencia; en el domicilio del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; en el de Grupo Mas y en el de Mocroprocesadores Valencia.

"CASO VOLTOR"; UM Y BUILS QUERÍAN COBRAR COMISIONES POR ABRIR UNA CUENTA CON DINERO PÚBLICO


CORRUPCIÓN
 Un ex jefe de Inestur declara que parte de ese dinero era en negro y se destinaba un tanto por ciento para el partido y el otro tanto para el ex conseller

Efe | Palma

El ex conseller de Turismo Francesc Buils y su partido, Unió Mallorquina (UM), pactaron obtener comisiones y "prebendas" de la entidad Banif por abrir una cuenta con dinero público, según ha declarado hoy al juez del caso Voltor el exjefe del departamento económico del Inestur Álvaro Llompart.

Llompart, también excontable de UM y que colabora con la Fiscalía en varios casos de corrupción, ha declarado hoy ante la jueza de este caso, que investiga desvíos de fondos durante las dos anteriores legislaturas desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), gestionado por miembros UM y dependiente de la Conselleria de Turismo.

"La rentabilidad de ese dinero era para la Conselleria de Turismo en cuanto a la contabilidad A y, en cuanto a la contabilidad B, era un tanto por ciento para el partido y unas prebendas para el señor Buils", ha afirmado Llompart.

En esta pieza del caso Voltor se indaga la apertura ilegal por parte de Inestur de una cuenta en Banif -la división de banca privada del Grupo Santander- en la que se ingresaron 1,2 millones de euros públicos y que finalmente no dio ningún interés.

Llompart ha explicado que asistió a una reunión con el exportavoz de UM en el Consell Miquel Ángel Flaquer, con Buils y con varios representantes de Banif (uno de ellos tío suyo) en la que se habló "de que la rentabilidad sería muy buena si se llegaba a 4 millones de euros y que habría también beneficios para UM, así como hipotecas personales, condiciones de las mismas, etcétera".

La cuenta, que era ilegal porque Banif no podía operar con la Administración balear al no estar dentro del acuerdo marco de bancos, no generó finalmente ninguna rentabilidad a pesar del dinero ingresado, algo que, según Llompart, se debió a que la cantidad no llegó a la pactada, y más tarde el conseller sucesor de Buils, Miquel Nadal, la cerró.

En cuanto a la comisión para UM, Llompart "entendió" que era del 0,2 % y que en ese momento supuso que el dinero se lo daría Banif, al tiempo que ha asegurado que desde la entidad se les dijo que "era una cosa usual" y que "ellos jugaban a todo".

Posteriormente, el imputado ha matizado: "En ningún momento estoy acusando a la entidad Banif de que dé a sus depositantes cantidades de dinero negro".

"Se habló en general, Buils preguntó y le dijeron que podía tener unas buenas contraprestaciones. Entendí que era con la propia entidad Banif", ha añadido acto seguido.

Llompart ha explicado que en un momento dado consultó a la Conselleria de Economía y Hacienda sobre la legalidad de la cuenta y le respondieron que era irregular porque no entraba en el acuerdo marco de bancos.

Según el imputado, en la cuenta se hicieron dos ingresos y cuando se realizó el segundo Buils "tenía pleno conocimiento" de que no se podía operar con la entidad.

De hecho, ha indicado que ante el informe del Govern que confirmaba la ilegalidad de la cuenta, Buils y Flaquer le dijeron "que no habría ningún problema y que no pasaba nada".

Cuando se percató de que la cuenta no generaba intereses, ha explicado a la jueza, se lo hizo saber a Flaquer y éste le dijo que "arreglara el marrón como fuese", ha dicho Llompart.

Las declaraciones por este caso de supuesta corrupción en torno a UM continuarán esta semana con la comparecencia mañana del alcalde de Porreres, Bernat Bauçà, y el miércoles del exconseller Bauzá, citados por una pieza relativa a una subvención supuestamente irregular concedida por Inestur al Ayuntamiento de Porreres.

"CASO MAQUILLAJE"; HACIENDA CONCLUYE QUE NO TIENE SENTIDO QUE NADAL TUVIERA DOS TESTAFERROS EN VIDEO U

Sexta jornada del juicio a Munar
Una técnico sostiene que no hay conexión entre García y Nadal
La Fiscalía considera a García el presunto testaferro de Munar
El incremento de dinero público a Video U desde que entraron García y Sard fue 'desmedido'

Eduardo Colom | Palma

Para la técnico de Hacienda que se ha encargado de investigar el caso Maquillaje, "no tiene sentido que una persona tuviera dos testaferros en Video U". La testigo ha declarado durante la sexta jornada del juicio y sostiene que Victor García y Miquel Sard "representan a dos personas diferentes". También ha señalado que entre García y Nadal no hay ninguna conexión, como tampoco la hay con Coloma Munar.

La Fiscalía considera a García el presunto testaferro de Munar y le acusa de un delito de malversación y otro de negociaciones prohibidas. Por ello, le piden dos años y tres meses de cárcel.

Sard, según los fiscales, es el presunto testaferro de Nadal y está acusado de malversación continuada y negociaciones prohibidas. Le piden dos años y tres meses de prisión.

La ténico de Hacienda ha prestado testimonio durante la sexta jornada del juicio por el caso Maquillaje en el que la ex presidenta del Consell Maria Antonia Munar y el que fuera su vicepresidente, Miquel Nadal, se enfrentan a sendas peticiones de 6 años de cárcel por desviar presuntamente 240.000 euros a Video U, productora que supuestamente habían adquirido mediante testaferros.

Durante la mañana también ha declarado otro trabajador de Hacienda, que ha contado que el incremento de dinero público a Video U, desde que entraron los testaferros, fue "desmedido y exponencial".

Durante su comparecencia de la semana pasada, García se retractó de su declaración anterior y aseguró ante el Tribunal que fue el 'hombre de paja' de Miquel Nadal (y no de Munar). Asimismo, confirmó que fue el ex concejal del Ayuntamiento de Palma y ex conseller de Turismo de Baleares, quien le entregó el dinero para comprar la productora.

Por su parte, el presunto testaferro de Nadal, Miguel Sard, declaró que Nadal fue a verle y le dijo "que estaban interesados en un canal de televisión pero que él no podía figurar". En este sentido, aseguró además que las acciones de la productora no eran suyas

'Debería ser un macroprograma'
Antes de la técnico de Hacienda ha declarado la jefa de Delitos Económicos de la Policía, que ha sostenido ante el juez que "con lo que cobraron, deberían haber hecho un macroprograma de radio, pero no encontramos nada".

La jefa de Policía ha dicho que esperaban encontrar "un macroprograma con periodistas y unidades móviles debido a las cuantías de dinero que se pagaron", pero no encontraron nada.

Además, la jefa de Delincuencia Económica ha señalado que el Consell de Mallorca llegó a pagar a la trama por emitir medio año de programación "cuando solo ponían cedés en la radio".

La testigo también ha señalado que en la Policía sospecharon desde el principio que las facturas "eran irreales porque estaban fechadas el 31 de diciembre, cuando todas las empresas están bajo mínimos". Además, ha contado que se certificaron emisiones fantasma de partido del Mallorca incluso antes de que se jugaran. Por dichos programas se pagaron 240.000 euros de las arcas públicas a la productora.

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"TRAMA DE LOS ERE"; EL FISCAL PIDE QUE EL EX CONSEJERO DE EMPLEO SIGA EN PRISIÓN PREVENTIVA

Antonio Fernández, el pasado 23 de abril, último día que disfrutó de libertad. | Jesús Morón
Ve riesgo de fuga y de entorpecer la investigación si sale
La Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a la libertad de Guerrero
El fiscal entiende que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento
La defensa de Antonio Fernández ve 'insólita' la prisión provisional

Efe | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la libertad de Antonio Fernández, ex consejero andaluz de Empleo encarcelado desde el 24 de abril por los ERE fraudulentos, por su riesgo de fuga y de que intente "entorpecer el buen fin de la investigación".

Fuentes de la Fiscalía han informado este lunes a Efe de que se han opuesto al recurso que el abogado de Fernández ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla y no ante la juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, quien ordenó contra él prisión comunicada y sin fianza después de cuatro días de interrogatorio.

La Fiscalía, según las citadas fuentes, basa su oposición en la "importante y decisiva" participación de Fernández en los hechos investigados y la posibilidad de que sea condenado a elevadas penas de prisión, que en el caso de la malversación continuada de fondos públicos podría llegar a los 18 años.

Además, los delitos continuados de prevaricación, así como los de cohecho y falsedad documental superan, en abstracto, las penas de dos años de prisión cada uno.

Según la Fiscalía, en caso de quedar libre Fernández podría intentar fugarse para "eludir sus futuras responsabilidades con la Justicia" y podría entorpecer el buen fin de la investigación, que "está aún en una fase inicial", debido a su "evidente capacidad de influencia sobre otros imputados y testigos".

El abogado de Fernández ha recurrido directamente ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, a quien corresponden todas las apelaciones por los ERE, alegando que "ha colaborado plenamente" con la Justicia y que no hay "dato objetivo alguno" que permita sospechar que vaya a fugarse, dado que fue llamado a declarar trece meses después de ser imputado.

Este caso por las ayudas de la Junta deriva del llamado "caso Mercasevilla", que fue Fernández quien primero denunció a la Fiscalía, según el recurso.

El abogado califica la prisión del ex consejero como una decisión "injustificada, desproporcionada" pero sobre todo "insólita" pues en 2.106 entradas de las bases de datos judiciales sobre tal medida para un delito de prevaricación fue acordada en un único caso, relativo al dueño de un locutorio a quien se imputaban muchos otros delitos y además era extranjero.

Añade en su recurso que, nada más ser cesado el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado desde marzo- fue Fernández quien denegó ayudas pendientes y ordenó consultar el "ajuste legal del procedimiento".

Según el defensor, tras muchos meses de investigación se ha demostrado que Fernández "no se ha enriquecido, directa o indirectamente", de ninguno de los delitos investigados.

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