jueves, 12 de julio de 2012

EL ALCALDE DE VALLADOLID DECLARA QUE NO RECIBIÓ A QUIENES OPTABAN A CONCESIONES


El regidor niega que se cambiara el plan general tras su aprobación por el pleno municipal

EFE Valladolid

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El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha asegurado hoy ante el juez que nunca ha recibido a empresarios que pudieran optar a concesiones de obras o servicios municipales. El regidor popular ha declarado esta mañana durante algo más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, dentro de las diligencias por supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.

Tras declarar ante el juez, el fiscal y los abogados de la acusación popular, el alcalde se ha mostrado "absolutamente tranquilo" y ha afirmado que no tiene "participación alguna en lo que pueda haber pasado" con el Plan urbanístico.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid denunció que las modificaciones del plan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en 2004 no se correspondían con el texto aprobado por el pleno municipal en 2003, a la vez que advirtió de que podían favorecer a determinados titulares de terrenos.

En concreto, se eliminaban trámites, se ampliaba el número de viviendas en algunas parcelas o se cambiaban usos sociales del terreno por otros con fines económicos, según los denunciantes.

El alcalde ha afirmado que en los 17 años que lleva en el cargo en ningún momento ha firmado una resolución "sin el informe favorable de los técnicos" del Consistorio, en el que gobierna en mayoría. Además, ha declarado que la revisión del plan se aprobó mediante el procedimiento de "dación de cuenta", porque su aprobación como tal "ya estaba hecha" y así lo determinó el secretario del Ayuntamiento.

"No hay nada que esconder", ha comentado el alcalde, quien ha dicho tener "la conciencia tranquila" después de una declaración que "no ha resultado dura en absoluto", pero tampoco "cómoda ni agradable". Al respecto, ha indicado que "será el juez" quien determine por qué la revisión del Plan publicada no coincide con la aprobada en Pleno, y si la Junta de Castilla y León tiene alguna responsabilidad dentro de sus competencias en urbanismo.

"CASO NÓOS"; VILLALONGA NIEGA CUALQUIER IRREGULARIDAD EN LOS PAGOS A URDANGARÍN

Isabel Villalonga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / CARLES FRANCESC


La secretaria general de la Delegación del Gobierno la jornada de declaraciones
El juez José Castro interrogará a una veintena de personas

Federico Simón Valencia

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La secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, que fue hasta hace unos meses subsecretaria de Presidencia en los Gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, del Partido Popular, ha declarado esta mañana durante más de una hora como imputada ante el juez José Castro, que instruye el caso Nóos.

Villalonga está imputada por haber autorizado el pago al Instituto Nóos, la empresa que presidía Iñaki Urdangarin, de parte de los contratos para la celebración, por tres millones de euros, de unos supuestos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a tener lugar. Su comparecencia estaba prevista para mañana, pero se ha adelantado un día.

Villalonga ha negado a Castro cualquier irregularidad en los convenios con la firma del duque de Palma. Así, ha defendido "la gestión intachable" del convenio con Nóos, que asegura que fue convenientemente fiscalizada y con el visto bueno del Consell. También ha argumentado que se devolvieron muchas facturas a la firma de Urdangarin. "Si devolvimos facturas por dos millones eso quiere decir que el resto estaban correctas", ha explicado. "El expediente es correcto, está completo", ha asegurado al salir del juzgado.

El juez de Palma de Mallorca José Castro se ha desplazado a Valencia por segunda vez para tomar declaración a 25 personas, cuatro de ellas imputadas en la causa. Además de Villalonga, que ha adelantado su comparecencia, hoy desfilará ante el juez Elisa Maldonado, ex directora de Operaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), que financió la celebración en Valencia de tres ediciones de un congreso sobre el mundo del deporte, denominado Valencia Summit, que costaron más de tres millones de euros.

También prestarán declaración Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat hasta su imputación y que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María Ángeles Mallent, responsable jurídica de la firma pública, que entró a declarar como testigo en la anterior visita de Castro y salió como imputada.

En la sesión de hoy la mayoría de las declaraciones previstas correspondían a personal de la agencia Lobby Comunicación, cuyo propietario, Miguel Zorío, está también imputado. La firma facturó 600.000 euros al Instituto Nóos. En concreto, estaba previsto que pasaran a declarar ante el juez Castro ocho mujeres, cuatro de ellas administrativas y el resto periodistas.

La Generalitat entregó a los juzgados toda la documentación que sirvió para justificar el pago de 382.000 euros por las gestiones realizadas para la celebración de los Juegos Europeos. Al parecer, en dicha documentación no hay ningún informe técnico preciso para autorizar el pago que autorizó Isabel Villalonga. En su anterior declaración explicó que se perdió en un traslado de despachos.

Las declaraciones por el caso continuarán mañana, cuando está previsto que declaren como testigos dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—. También declarará la exconsejera de Cultura Trinidad Miró. A la lista de mañana se ha añadido hoy el nombre de Narciso Michavila, que acudirá asimismo en calidad de testigo.

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"TRAMA DE LOS ERE"; EL EXCONSEJERO FERNÁNDEZ PODRÁ SALIR EN LIBERTAD SI DEPOSITA 450.000 EUROS DE FIANZA

Antonio Fernández el día que compareció ante el juez. | C. Márquez
La Audiencia corrige a la juez Alaya
La defensa había denunciado indefensión del ex alto cargo
"Si hubiera tenido intención de fugarse, tiempo ha tenido"

Sebastián Torres / Antonio Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha vuelto a corregir a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos y ha decretado libertad para el ex consejero Antonio Fernández si deposita una fianza de 450.000 euros.

El titular andaluz de Empleo entre 2004 y 2010 se encuentra en prisión preventiva comunicada desde el pasado 24 de abril, tras prestar declaración durante cuatro días ante la juez Alaya. Ésta le imputó cuatro delitos continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones públicas, además de cohecho y falsedad en documento mercantil.

La instructora fundamentó la decisión de enviar a Fernández al centro penitenciario Sevilla 2 por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de las actuaciones judiciales que podría llevar a cabo el imputado.

En un auto fechado este jueves, del que ha sido ponente la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex consejero y resuelve que Antonio Fernández podrá elurid la prisión provisional si deposita una fianza en metálico de 450.000 euros. También le obliga a entregar el pasaporte para que no pueda abandonar el país y comparecer todos los martes en un juzgado.

La Audiencia de Sevilla considera que no concurre ninguno de los dos motivos esgrimidos para sustentar la prisión. El tribunal recuerda que, si hubiera querido fugarse o entorpecer la instrucción de la causa, "tiempo ha tenido" tras haber transcurrido trece meses desde que se le notificó la imputación hasta que prestó declaración.

Respecto a la posibilidad de eludir la acción judicial, la Audiencia de Sevilla dice que Fernández "pudo hacerlo" cuando conoció su imputación. "La toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían", razona el auto.

En cuanto a la eventual obstrucción de las actuaciones judiciales, consideran que la influencia que pudiera ejercer el imputado "no se conjuraría con la privación de libertad".

La misma sección de la Audiencia de Sevilla ya resolvió en idénticos términos el pasado 14 de junio ante el recurso presentado por el 'chófer de la coca', Juan Francisco Trujillo Blanco. A éste le impuso una fianza de 150.000 euros y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces a la semana.

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