domingo, 4 de julio de 2010

PIDEN UN AÑO DE CÁRCEL Y 10 DE INHABILITACIÓN PARA EL ALCALDE DE COLMENAR

TRIBUNALES | Por un delito contra la ordenación del territorio

* Dio una licencia para edificación agrícola sabiendo que era para una vivienda

Efe | Málaga

El alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito sobre la ordenación del territorio.

El fiscal considera que el regidor concedió una licencia sin ejercer sus competencias disciplinarias en materias urbanísticas ya que era conocedor de que la edificación que se iba a construir no era agrícola.

El ministerio público basa su acusación en que al solicitarse la licencia de primera ocupación se aportó por parte del solicitante un croquis de la distribución de la vivienda (salón-comedor, cocina, baño, aseos y tres dormitorios) "por lo que era evidentemente que no era una edificación agrícola".

En el relato acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, se explica que existía un informe favorable de la arquitecto técnico municipal, (que también está procesada en este procedimiento) pero que el regidor "fue conocedor de la discordancia absoluta entre lo que se solicitaba y la normativa urbanística".

Además del alcalde en este procedimiento hay siete personas más imputadas, entre ellas, cuatro arquitectos, la pareja que promovió el edificio y el individuo que lo ejecutó.

En el escrito acusatorio se explica que la acusada, A.B.A., como arquitecto-técnico municipal del consistorio, informó favorablemente pese "a la contrariedad palmaria en todos sus extremos con la legislación urbanística".

Por ello, el fiscal pide en sus conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Efe, que se le condene a un año de prisión por un delito sobre la ordenación del territorio.

Para los otros tres arquitectos se les pide a dos de ellos, P.F.V. y J.P.P., un año y seis meses de prisión para cada uno de ellos por un delito sobre la ordenación del territorio al ser los responsables de la dirección técnica y facultativa de la construcción de la vivienda.

Y al otro, M.A.L.G., cuatro años de cárcel, veinte meses de multa y que se le prohíba ejercer la profesión de arquitecto, técnico o superior durante el tiempo de la condena por un delito de falsedad.

Supuestamente este último arquitecto, confeccionó en julio de 2004 un documento "de forma ficticia" que atestiguaba que la construcción gozaba de una antigüedad superior a los cuatro años, pese a que las obras acababan de finalizar. Con este documento, los dueños de la vivienda pretendía dar a lo ilícitamente construido, apariencia de legalidad y permitir el acceso de la construcción al registro de la propiedad, para gozar de las garantías y derechos que otorga la protección registral.

A la pareja que promovió la vivienda unifamiliar se les pide cinco años y seis meses de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de falsedad y sobre la ordenación del territorio ya que actuaron "con pleno conocimiento de la ilegalidad de lo fingido y por todos maquinado y planeado".

elmundo.es

"OPERACION PASARELA"; LOS DETENIDOS DEL IBATUR SUMAN 750.000 EN FIANZAS PARA ELUDIR LA CÁRCEL

Tras prestar declaración ante el juez

* Alabern tiene la fianza más alta, 350.000 y Alía una de sólo 30.000 euros
* Los imputados tienen 72 horas para depositar la caución
* Lope Sola ha retirado el pasaporte a Dorai


Eduardo Colom | Agencias | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 Juan Ignacio, Lope Sola, ha decretado prisión eludible bajo fianzas que suman 750.000 euros en fianzas para eludir la carcel para cuatro de los detenidos del Ibatur.

El ex director gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, ha recibido la menor de las caucones. Deberá abonar en un plazo de 72 horas 30.000 euros para evitar su ingreso en la cárcel. Se le imputan delitos de fraude y malversación.

A su salida de los juzgados, ex director del organismo turístico público, Jaun Carlos Alía, que fue detenido el pasado miércoles por la noche, ha declarado que "ni a un enemigo" le desearía la experiencia que ha atravesado.

Después ha reprendido a los periodistas gráficos que le enfocaban mientras se abrazaba con un familiar: "Hacédmelas solo a mí (las fotos), que yo no me escondo".

Asimismo, Lope Sola ha impuesto una caución de 250.000 euros para el ex asesor jurídico de Ibatur, el propio Miguel Ángel Bonet para quien el juez ha pedido una fianza de 250.000 euros de la que sólo tendrá que abonar 165.000 dado que ya pagó otra fianza relacionada con esta misma causa de 85.000 euros.

Por otra parte, el magistrado ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 100.000 euros, la misma que solicitó la Fiscalía, para uno de los socios propietarios del grupo Clave Comunicación, Juan Velasco, que deberá abonar en el plazo de 72 para eludir su entrada en prisión. Le imputan un delito contra la Hacienda Pública, fraude contra la administración y malversación de caudales públicos.

A su salida de los juzgados, el abogado de Velasco, Josep de Luis, ha declarado a los medios de comunicación que la comparecencia ante Lope Sola "ha ido bien" y en la que el detenido ha respondido a "todas" las preguntas que le han planteado tanto el juez como los fiscales anticorrupción. El defensor de Verlasco ha preferido no revelar los delitos que el juez atribuye a su cliente, puesto que la investigación se encuentra bajo secreto sumarial.

A las 15.00 horas entró a declarar el empresario de relaciones púbicas Kamal Doraia quien el magistrado se ha limitado a quitar el pasaporte.

El último de los detenidos que ha prestado declaración ha sido el ex gerente del Ibatur Raimundo Alabern, a quien el juez ha impuesto una fianza de 350.000 euros por delitos de malversación, fraude a la administración y prevaricación.

Los cinco detenidos están presuntamente vinculados con la supuesta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Ibatur y que esta mañana han pasado a disposición judicial en torno a las 8.40 horas.

13 detenidos
Se trata de cinco del total de trece arrestados que se han producido desde que el pasado martes diese inicio esta operación, que indaga el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos irregulares a través de la empresa del Govern.

Los detenidos están prestando declaración este sábado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción y quien ha acudido a las dependencias judiciales para interrogar a los encausados pese a que este sábado está de guardia el Juzgado de Instrucción número 12.

Durante sus declaraciones en la Policía Nacional, los cuatro funcionarios del Ibatur apuntaron hacia los ex altos cargos de la empresa como las personas de quienes emanaban las órdenes en torno a la adjudicación de contratos, la mayoría de ellos a Clave, y a la emisión de facturas falsas. Por su parte, Bonet, quien ya fue detenido en febrero de 2009 en el marco de estas investigaciones, acusó a Alía y Alabern de idear y ordenar esta presunta trama de corrupción.

Además de los cinco imputados que este sábado pasaron a disposición judicial, también han sido arrestados durante estos días otro de los socios de Clave, Alberto Vergés, cuatro jefes de diferentes secciones del Ibatur, F.T.B., L. S., A.G. y P.P.; el empresario de Gestora Balear de Negocios, José Calvo; el presunto testaferro de éste, Mariano Villalba, y la mujer de Kamal Dorai, Francisca J.

Registros en Mallorca y Madrid
Cabe recordar que la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se abrió el martes con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera, Costa Nord, donde se ubica la Fundació Balears Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura se encontraba Pau Collado, imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en Pula Golf-, que también han sido registradas.

elmundo.es