domingo, 8 de mayo de 2011

"CASO BOMSAI"; EL JUZ INTERROGA COMO IMPUTADOS A LOS EMPRESARIOS DE ATLAS JAUME FLUXÁ Y RAÚL JULIÁN

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 1, Juan Catany, interrogará este martes a quien fuera agente comercial de la empresa Atlas Capital, Jaume Fluxà, y al ex socio director de esta sociedad, Raúl Julián, ambos como imputados en el marco del caso Bomsai, que investiga un presunto desvío de fondos públicos en la pasada legislatura del PP a través de la empresa pública CAIB Patrimoni durante el proceso de adjudicación para construir las nuevas sedes del parque de bomberos de Palma y de la Conselleria de Salud.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que recuerdan que Fluxà fue uno de los ocho detenidos con los que se saldó la fase policial de este caso, al haber actuado presuntamente de intermediario entre Atlas y Caib Patrimoni durante el año 2006.

En concreto, las investigaciones apuntan a que la empresa Atlas facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito por haber asesorado a CAIB Patrimoni en materia financiera y legal en relación con las cláusulas de la adjudicación, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Conselleria.

Las pesquisas resaltan la ilegalidad e improcedencia del pago de estos honorarios con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos -que suponen el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos- son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, son sufragados directamente desde las arcas públicas.

Es más, apuntan a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesariedad del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.

Cabe recordar que tanto el presidente y socio fundador de la empresa Atlas Capital, León Benelbas, como su consejero director general, Pablo Cervera, defendieron en calidad de imputados la legalidad de los honorarios de éxito que esta sociedad cobró a las adjudicatarias, incidiendo en que estos cobros son una práctica habitual tras haber asesorado a nivel financiero y "no jurídico" a la Administración a la hora de adjudicar un proyecto y principalmente si éste finalmente ha sido concedido a una determinada empresa.

En su declaración ante el magistrado, Benelbas apuntó que las conversaciones hasta que se firmó el contrato entre Atlas y CAIB Patrimoni se llevaron a cabo por mediación de Jaume Fluxà mientras que "todas las reuniones, conversaciones, borradores de pliegos y condiciones financieras" se canalizaron a través del ex director gerente de CAIB, Jaume Vidal Ladaria.

Entre los ocho arrestados en el marco de este procedimiento se encuentran el ex director general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, el ex director general de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el ex gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el ex consejero de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.


elmundo.es

"ROTGER SE INHIBE DEL "CASO PICNIC" POR SU CONEXIÓN "INSEPARABLE CON EL "CASO MAQUILLAJE"

Mediante un auto 
* Fiscalía solicitó a su Juzgado las entradas y registros porque estaba de guardia 
* El magistrado se aparta de la causa en favor del Juzgado de Instrucción número 2

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, ha acordado inhibirse del caso Picnic, que investiga el presunto desvío de 1,2 millones de euros públicos a la captación de nuevos afiliados y futuros votantes de UM, en favor del Juzgado de Instrucción número 2, que investiga el llamado caso Maquillaje, con el que considera que Picnic "coincide íntegramente" o guarda "una conexión inseparable".

En un auto el magistrado alega así que por la relación de ambos procesos ha decidido apartarse de la causa, precisando además que fue por razones "de oportunidad y de urgencia" por las que la Fiscalía solicitó a su Juzgado -al encontrarse de guardia- las entradas y registros practicados el pasado mes de febrero, entre ellos en la sede de UM en lo que constituye el primer registro realizado en las dependencias de un partido político en la historia democrática de Baleares.

Rotger recuerda en su resolución que dentro del caso Maquillaje el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola -encargado además de los casos Son Oms e Ibatur-, ya tomó declaración "casi exclusivamente" sobre los mismos hechos a una de las principales imputadas del caso Picnic, la ex coordinadora de la oficina municipal de Medio Ambiente, Paula Cortés, así como a una de las trabajadoras de esta área, Petra Verdú.

Se da la circunstancia de que esta causa también pasó por el Juzgado de Instrucción número 12, que estaba en funciones de guardia cuando pasaron a disposición judicial tanto Cortés como la ex regidora de Medio Ambiente y ex número 2 de UM en Palma, Cristina Cerdó, mientras que también fue detenido el ex conseller de Juventud y Deportes del Govern, Mateu Cañellas.

Tras los interrogatorios, el magistrado Francisco José Pérez dictó prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, sobre quienes pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM, finalmente acordada por Rotger.

Sin embargo, días después el juez decano de Palma, Francisco Pérez Espinosa, resolvió que finalmente el Juzgado de Instrucción número 8 se encargara del caso Picnic atendiendo a las normas de reparto, y al haber sido esta instancia judicial la que autorizó las entradas y registros llevados a cabo. El decano entendía además que se trata de una nueva línea de investigación que no cuenta con antecedentes en otros Juzgados, pese a que ya en un principio se barajaba la posibilidad de que la causa quedase en manos de Instrucción 2 o Instrucción 10, encargado del caso Voltor.

Informadores medioambientales para captar votos
En concreto, las pesquisas del caso Picnic apuntan a que UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido. De este modo, las indagaciones se centran en si pudieron cometerse entre otros delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Asimismo, el caso centra parte de sus investigaciones en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba el partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de 343.332 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

La Fiscalía desglosa de forma pormenorizada las cantidades presuntamente malversadas y apunta a que, de los 1,2 millones que habrían sido desviados, 343.332 euros procedían del convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente del Govern y el Ayuntamiento para realizar actividades de uso público en Cabrera; 577.738 euros de los sueldos y nóminas de los Imas; 159.247 de la campaña 'Ecobarriada'; 38.581 del alquiler de su local; 42.326 euros de recursos materiales; 33.358 de los servicios "innecesarios" de asistencia de otra imputada, y 12.664 euros de las excursiones al Acuario y a la Dragonera.


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