jueves, 1 de marzo de 2012

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL ABOGADO DE XOÁN BAZARRA CONFÍA EN QUE LE RETIREN SU CONDICIÓN DE IMPUTADO

Xoán Bazarra (dcha.) y su abogado, Pedro Trepat, a su llegada a los juzgados de Lugo. | Efe

Presta declaración en los juzgados de Lugo
Fue jefe de gabinete del ex conselleiro del bipartito Fernando Blanco
Pasó a formar parte del conglomerado de empresas de Jorge Dorribo
La semana próxima prestará declaración en el Supremo por la causa de Blanco

Silvia Pena | Lugo

Xoán Manuel Bazarra, el que fuera jefe de gabinete del ex conselleiro de Innovación e Industria en el bipartito, Fernando Blanco, prestó este jueves declaración durante algo más de media hora como imputado en la 'operación Campeón'.

A la salida del juzgado, Bazarra no quiso hacer declaraciones, aunque su abogado, Pedro Trepat, trasladó su confianza en que "le quitarán la condición de imputado a medio plazo" al considerar que "no cometió ninguna irregularidad".

Xoán Manuel Bazarra entró en los juzgados de Lugo sobre las once y cuarto de la mañana del jueves, aunque salió cerca de las dos. Compareció ante la juez del Juzgado número 1, Estela San José, que investiga una supuesta trama por fraude de subvenciones públicas, una operación en la también se han visto imputados el ex conselleiro Fernando Blanco o el ex diputado del PP Pablo Cobián, así como el presunto cabecilla de la trama, el dueño de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, que señaló a estos como supuestos comisionistas para favorecer su entramado empresarial. Sus acusaciones también han salpicado al ex ministro de Fomento, José Blanco.

Pedro Trepat trasladó la satisfacción de su cliente por haber podido declarar, "después de tanto tiempo" desde que la juez Estela San José pusiera en marcha la investigación, en mayo del pasado año, y subrayó que se trata "del único imputado que ya declaró voluntariamente" ante la Policía en Andorra.

El letrado de Xosé Manuel Bazarra no dudó en afirmar que la prolongación del secreto de sumario "le perjudica claramente", aunque dejó entrever que su apertura podría llevarse a cabo este mismo viernes.

Declaración en el Supremo
El abogado del ex jefe de gabinete de Fernando Blanco aclaró que su cliente se encuentra "muy tranquilo" pese a que rehusó hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre su imputación en la 'operación Campeón'. A su salida del Juzgado, Pedro Trepat remarcó que su defendido "por fin declaró", ratificándose en la declaración que hace varios meses realizó en Andorra. La semana próxima, acudirá al Tribunal Supremo para declarar por la causa del ex ministro Blanco.

Por su parte, José Blancó declaró el pasado 26 de enero ante el Tribunal Supremo. Las acusaciones del industrial farmacéutico provocaron su imputación en la causa junto a cuatro empresarios más, entre ellos José Antonio Orozco, responsable de la empresa de transportes Azkar o Manuel Espiñeira, socio de Manuel Bran, primo de ex ministro y supuesto intermediario en el cobro de comisiones al político lucense. La causa es una pieza separada de la 'operación Campeón' debido a la condición de aforado del ahora diputado socialista, que es competencia del Alto Tribunal.

En la exposición razonada que la juez San José remitió al Tribunal Supremo, se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ex ministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.

Mano derecha de Fernando Blanco
Antes de su llegada a la Xunta, donde pasó a formar parte del gabinete del lucense Fernando Blanco, Bazarra había sido concejal en Muros, un puesto de responsabilidad que abandonó en el año 2005 para convertirse en la mano derecha del ex conselleiro. Tras perder las elecciones del 1 de marzo 2009, el bipartito concedió a Laboratorios Nupel una subvención a fondo perdido de 1,4 millones de euros, pese a estar en funciones.

La ayuda, aprobada por la Dirección Xeral de I+D+i, estaba destinada a un proyecto para el envase de fármacos unidosis con destino a centros hospitalarios. No sería la única subvención que la empresa de Jorge Dorribo recibió de manos de los departamentos controlados por Fernando Blanco, sino que a ésta se suman otras ayudas concedidas por el Igape en diferentes épocas y cuyas irregularidades en su tramitación habrían motivado la apertura de la causa.

Tras abandonar la Xunta, el alto cargo fue contratado por el dueño de Laboratorios Nupel, pasando a formar parte de la plantilla del conglomerado de empresas de Jorge Dorribo. En su día, con la 'operación Campeón' en marcha, Bazarra declaraba a los medios que sus funciones en Andorra consistían en la valoración económica de nuevos proyectos de la firma y de aquellos que se consideraran viables, en función de las decisiones de dirección de la compañía.

También aclaró que sus relaciones con Nupel en su etapa en la Consellería de Innovación de Industria se ciñeron a actos protocolarios, sin llegar a establecer negocios con la empresa de Jorge Dorribo. Fernando Blanco igualmente se desmarcó de las acusaciones que podrían pesar sobre su persona, asegurando que no existieron irregularidades en su actuación al frente del Igape, el organismo que más dinero concedió a Dorribo.

De hecho, sus abogados pedían el archivo de la causa al considerar que "no hay caso". Fernando Blanco insistía en su visita al Juzgado para prestar declaración en noviembre de 2011 que las acusaciones contra él son "absolutamente infundadas y falsas". El secreto de sumario no permite conocer la motivación de las imputaciones, una información que desvelará el levantamiento de dicho secreto.

Al parecer, los investigadores de la Agencia Tributaria tratan de aclarar la procedencia de diferentes cantidades transferidas desde Lugo a las firmas de Jorge Dorribo en Andorra, unas maniobras que podrían haberle valido al empresario lucense la imputación en relación con un posible delito de alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales, atendiendo a la condición de paraíso fiscal del principado.

Además

"TRAMA DE LAS ONG"; LA JUEZA ORDENA BUSCAR EN EL EXTRANJERO A MIEMBROS DE LAS FUNDACIONES INVESTIGADAS


CORRUPCIÓN

Europa Press | Valencia

La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha emitido diversas órdenes de búsqueda internacional contra miembros de fundaciones investigados por presunto fraude en las subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad, cuyo titular era el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, según fuentes conocedoras del caso.

Por el momento, el número de detenidos en este procedimiento asciende a 15, pero todavía quedan detenciones que practicar sobre miembros de fundaciones a los que no se localiza, ya que no se encuentran en España, con lo que se han emitido varias órdenes de búsqueda para agilizar el trabajo, han señalado las mismas fuentes.

De los 15 detenidos hasta el momento en este procedimiento, que está bajo secreto de sumario, todos ellos se encuentran en libertad aunque imputados, excepto el empresario César Augusto Tauroni, que sí está en prisión por orden de la jueza.

Cuatro de los arrestados formaban parte del Consell: el ex director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad; el hasta hace unos días subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que antes ocupó este mismo cargo, primero en la Conselleria de Inmigración y más tarde en Solidaridad; en tercer lugar, Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y la exjefa del servicio de Cooperación, María Dolores Escandell, que ha sido la última detenida en este procedimiento.

El resto son empresarios y miembros de las fundaciones que se están investigando: el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder; y la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette.

Asimismo, figura en la causa Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero César Augusto Tauroni. Todavía hay nombres de algunos detenidos cuya identidad no ha trascendido.

La jueza, Nieves Molina, comenzó a tomar declaración a los detenidos el pasado viernes. Ante la extensión de la mayoría de los interrogatorios, la magistrada se vio obligada a prolongarlos hasta el domingo. De esta manera, apuró las 72 horas establecidas para mantener a alguien en los calabozos.

César Augusto Tauroni, el único que sigue en prisión, está vinculado a la Hemisferio, fundación presuntamente encargada de contactar con otras entidades no gubernamentales para poder tener acceso a las ayudas de la Conselleria de Solidaridad y supuestamente cometer el fraude, que podría ascender a los nueve millones de euros, según la valoración del PSPV, que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2010, junto con Compromís.

Junto a estas 15 detenciones, el juzgado también está examinando diferentes expedientes -algunos de ellos en soporte informático- intervenidos la pasada semana tanto en la sede de la Dirección General de Cooperación como en los domicilios particulares de algunos de los detenidos. Además, se están transcribiendo diferentes escuchas e intervenciones telefónicas.

"CASO PEAJE"; LA JUEZA RECLAMA AL CONSELL LAS FACTURAS DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE MANACOR

Mediante una providencia
Las declaraciones que han prestado imputados y testigos serán transcritas

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha pedido al Consell de Mallorca la relación de facturas relativas a los pagos que efectuó la Institución insular con motivo de la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyos trabajos supusieron un presunto desvío de 23 millones de euros públicos así como una supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estas obras.

Mediante una providencia la magistrada ha estimado así la petición de Josep de Luis, abogado del excelador de las obras de la carretera, Gabriel Mestre, quien el pasado mes de octubre solicitó la práctica de estas diligencias.

De esta forma, la jueza ha solicitado al Consell que remita la relación de facturas abonadas por la administración supramunicipal a la UTE Desdoblamiento C-715, encargada de los trabajos del desdoblamiento, así como la documentación de la que disponga en relación la asistencia técnica que efectuó la empresa Prointec, que se encargó de supervisar la ejecución de las obras.

Por otro lado, mediante otra providencia la instructora del caso Peaje ha acordado finalmente que sean transcritas las declaraciones que en esta causa han prestado imputados y testigos, después de que la Audiencia Provincial de Palma, frente a la inicial negativa de la magistrada, diese la razón a la Fiscalía y a las defensas, que solicitaban que fuesen recogidas en formato papel debido a que los interrogatorios registrados en soporte audiovisual resultan "prácticamente indescifrables".

Y es que el tribunal de la Sección Segunda acordó revocar la providencia dictada en su día por San José, en la que rechazaba efectuar la transcripción judicial de la totalidad de declaraciones practicadas, de forma que continuarían grabándose los interrogatorios. El Ministerio Público recurrió la resolución, adhiriéndose a la impugnación varios de los abogados personados en el proceso.

Una vez aceptada la transcripción, la magistrada ha solicitado en su reciente providencia que la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia que aporte los medios técnicos y humanos necesarios que agilicen la transcripción de las grabaciones, debido a que la duración de éstas asciende a 27 horas y ante la sobrecarga de trabajo que soporta su Juzgado.

En concreto, el caso Peaje se inició a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

Además