lunes, 20 de julio de 2009

LA CAJA B DE CORREA REFLEJA UNA ENTREGA DE 90.000 EUROS AL EX SECRETARIO DE AZNAR

Cámara trabajó unos meses para Special Events tras salir el ex presidente de La Moncloa

Fotografía sin fecha de Antonio Cámara, José María Aznar y Alfonso Bosch (uno de los imputados en la trama Gürtel) en La Moncloa, publicada en la web de la cadena SER, que la obtuvo de la web del propio Bosch.-

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Los tentáculos de la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa son largos. La caja B de las sociedades de la red, profusamente nutrida de dinero negro procedente supuestamente de comisiones ilegales y de turbios negocios especulativos en Administraciones controladas por ese partido, refleja una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara Eguinoa, secretario personal durante ocho años del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Cámara entró a trabajar para una de las sociedades de Correa, Special Events, justo después de abandonar Aznar La Moncloa, en abril de 2004, tras perder las elecciones.

José María Aznar López
A FONDO

Nacimiento:
25-02-1953

Lugar:
Madrid

El ex secretario se incorporó a la empresa de Correa en 2004

La anotación de la entrega está fechada el 6 de septiembre de ese mismo año

La anotación de esa entrega de 90.000 euros en dinero negro está fechada el 6 de septiembre de 2004. Cámara trabajó apenas unos meses para Correa. Poco después de que Génova rompiera con éste, Cámara también se enfrentó con él y dejó la empresa. Lo recogió Esperanza Aguirre, que le dio su actual puesto: miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Allí ha votado siempre con el grupo afín a la presidenta de Madrid en la batalla que ésta mantiene con el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. En medio de la pelea, el ex secretario llegó a presidir de manera temporal ese órgano de la caja. Cámara es una persona muy cercana a la familia Aznar, tanto al ex presidente como a su esposa, Ana Botella, teniente de alcalde de la capital.

La anotación de los 90.000 euros en la caja B de Correa la descubrió la policía entre la documentación intervenida en un piso de seguridad que la trama tenía en madrileña calle de Serrano y en la vivienda particular del contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo. El informe no especifica en concepto de qué se le abona esa cantidad ni por qué el dinero se extrae de las cuentas opacas de las sociedades de la trama. Pero sí está en el mismo archivo contable en el que constan las comisiones que recibe Correa de empresarios que han obtenido contratas de Administraciones locales y autonómicas gobernadas por el PP y donde también figuran pagos en especie o en metálico que la trama corrupta hizo supuestamente a los políticos y altos cargos populares que hacían posibles esos lucrativos negocios. Es llamativa la abultada cantidad de dinero, 90.000 euros, que supuestamente percibe Cámara si se tiene en cuenta que apenas trabajó unos meses para Special Events.

El contable de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, admitió ante la policía la entrega de ese dinero a Cámara. Izquierdo declaró que Cámara había trabajado unos meses para Special Events y que se trataba de una persona que "con anterioridad", explicó, "había trabajado para Presidencia del Gobierno, en el entorno de Aznar".

EL PAÍS intentó el sábado y el domingo, sin éxito, contactar con Cámara para conocer su versión sobre la anotación de 90.000 euros que refleja a su nombre la caja B de la trama. Fuentes del PP señalaron que Cámara estaba ilocalizable. Hasta ahora (el sumario sigue secreto), el ex secretario no figura entre los imputados del caso Gürtel. Pero lo que sí tiene claro la policía es que la procedencia de los 90.000 euros que supuestamente acabaron en manos de Cámara tienen un "origen desconocido". Fuentes cercanas a la investigación dudan de que se trate de honorarios profesionales. Por dos motivos: "son unos honorarios excesivamente abultados, 90.000 euros, y, además, las nóminas no se pagan en dinero negro".

En la misma caja B figuran anotados pagos y supuestos sobornos a Bárcenas, a tres diputados de la Asamblea de Madrid (entre ellos, el ex consejero del Gobierno de Madrid Alberto López Viejo y el diputado regional Alfonso Bosch) y a cuatro ex alcaldes de grandes municipios madrileños: Arganda, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte. Éstos dimitieron el pasado mes de abril tras saltar el escándalo y ser forzados por la presidenta Esperanza Aguirre a dejar sus alcaldías.

Durante los registros que efectuó la policía por orden del juez Garzón, los agentes se dieron cuenta de que el contable Izquierdo, que estaba presente, siempre mantenía cerrada una de sus manos. Parecía ocultar algo. La policía le pidió que la abriese. Y, efectivamente, en ella ocultaba un pen drive, que fue requisado y analizado. En ese archivo fueron descubiertos gran parte de las comisiones y nombres o iniciales de los altos cargos del PP que habrían recibido dinero.

Izquierdo, según el informe policial, comentó que él mismo había redactado esos "apuntes contables" y que había abierto "una cuenta por cada persona física o jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable". Entre las personas que se hallan relacionadas en la contabilidad del pen drive hay altos cargos del PP y personas conocidas, como el yerno del ex presidente Aznar, Alejandro Agag. Izquierdo tenía instrucciones precisas de Correa y de su lugarteniente en las sociedades, Pablo Crespo, de tener siempre oculta esa información y de no mostrarla a ningún otro empleado de las sociedades de la trama. Agag no está imputado en las diligencias del caso Gürtel ni hay ninguna anotación de que haya recibido dinero. Al menos no consta en ese archivo. Pero fuentes cercanas a las pesquisas destacan que tenía fuertes lazos de amistad con Correa, quien fue testigo de su boda con la hija de Aznar.

La supuesta desmemoria de Izquierdo, uno de los casi 80 imputados en la trama Gürtel, ha contribuido a que se dilate el proceso judicial que pesa sobre el senador por Cantabria y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. Durante su interrogatorio, afirmó "no estar muy seguro" de si las siglas "LB o Luis el Cabrón", anotadas por él mismo en la contabilidad B, pertenecen a Bárcenas. Hasta que afloró el informe de la Agencia Tributaria que relaciona al tesorero del PP con la trama de Correa, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que el caso Gürtel fuese elevado al Tribunal Supremo. La fiscalía se basó en las dudas de Izquierdo para esgrimir que no había indicios criminales sólidos contra él. Ahora sí los tiene claros.

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ELPAÍS.COM

EL JUEZ DEJA EN EVIDENCIA AL AYUNTAMIENTO DE BAENA EN LA RED DE LAS FACTURAS FALSAS

CASO BAENA | El testimonio clave del funcionario que validó la factura

Manuel María Becerro | Sevilla

La credibilidad del Ayuntamiento cordobés de Baena, con el alcalde y senador del PSOE, Luis Moreno, a la cabeza, ha quedado seriamente en entredicho tras el demoledor auto judicial que descarta el archivo –solicitado expresa y reiteradamente por los abogados del Consistorio– del caso de las facturas falsas que servían presuntamente para costear las visitas a un club de alterne de Marbella (el Milady Palace) de personal de confianza del regidor.

En el escrito, firmado el pasado 7 de julio por el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción baenense, no sólo se confirma la imputación de dos de los trabajadores de la máxima confianza de Luis Moreno por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, sino que se echan por tierra todos los informes exculpatorios remitidos desde el Ayuntamiento al juzgado.

Uno de estos informes municipales lo elaboró –por orden directa del alcalde– J.C.L., un funcionario que curiosamente había dado el visto bueno entre junio de 2005 y junio de 2007 a las presuntas facturas falsas investigadas, de modo que cabe afirmar que, si hubiera acreditado a día de hoy su falsedad, también habría dejado abierta la puerta a su propia imputación.

ELMUNDO.ES

ORDENAN EL JUICIO ORAL CONTRA MUÑOZ Y DEL NIDO POR EL CASO "MINUTAS"

TRIBUNALES | También se procesará a otras 15 personas

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha ordenado la apertura del juicio oral contra el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, el abogado José María del Nido y otras 15 personas por el denominado caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al letrado por parte del Consistorio de Marbella.

A través de un auto, el juez que ha instruido la causa declara a la Audiencia Provincial de Málaga como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento, en virtud de las penas solicitadas; y, además, requiere a los acusados para que en un plazo de 30 días presten fianza para asegurar las responsabilidades, tanto pecuniarias como civiles.

Asimismo, mediante dicha resolución, contra la que no cabe recurso y a la que tuvo acceso Europa Press, se cita a los acusados para el próximo lunes día 27 de julio para notificarles personalmente el auto. El juez no acuerda la apertura de juicio oral contra el ex edil Francisco Javier Lendínez, sobre el que existen órdenes de detención y personación, puesto que se encuentra en ignorado paradero.

Este auto se dicta después de haber formulado escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular. Faltan que las defensas presenten sus correspondientes escritos.

En función de las conclusiones provisionales presentadas por las acusaciones, el juez acuerda que se celebre juicio contra Julián Muñoz por siete delitos, como son asociación ilícita, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación continuada, delitos societarios, dos de ellos por administración desleal; y malversación de uso de bienes muebles o inmuebles.

En lo que respecta a Del Nido, los delitos son asociación ilícita, como autor, prevaricación de forma continuada, fraude, malversación, delitos societarios, malversación de uso, falsedad documental y de documento privado y deslealtad profesional, algunos de ellos como cooperador necesario.

En el caso de Roca, se ordena apertura de juicio oral por fraude; y en el de los ex ediles Rafael González y Marisa Alcalá, por prevaricación cometido por miembro de órgano colegiado y por malversación. Para los ex concejales José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, el juicio se abrirá por el mismo delito de prevaricación que los anteriores. En el caso de Tomás Reñones, el delito es también malversación.

En lo que respecta al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, los delitos son asociación ilícita, junto a Muñoz, Del Nido, Modesto Perodia, Víctor Cohen y Antonio Calleja; falsedad en documento público, prevaricación y malversación, ambos de forma continuada. También está acusada la abogada y entonces pareja del presidente del Sevilla, para quien se abre juicio oral por cuatro delitos.

Antecedentes
El instructor acordó a principios del pasado mes de junio seguir la causa, pasando de diligencias previas a procedimiento abreviado, iniciada a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.

El fiscal pidió inicialmente para Muñoz 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; aunque el juez le indicó, en otra resolución, que no se concretaba la pena por los delitos societarios, por lo que la petición de pena de cárcel sería superior.

Para Del Nido solicitó 12 años y medio de prisión, inhabilitación para ejercer como abogado durante cuatro años, además de inhabilitación especial para desempeño de cargos de administración o representación de sociedades durante siete años y para empleo o cargo público durante 17 años.

El fiscal señalaba en sus conclusiones provisionales que de las investigaciones se desprende que la contratación de los servicios profesionales de Del Nido "estuvo basada única y exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin que para dicha designación o para la asignación de cada uno de los servicios concretos y ejercicio de acciones se iniciare el preceptivo expediente o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal".

"Su actuación como asesor jurídico se basó en la decisión unilateral y arbitraria del alcalde referido quien le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico, con la deliberada intención de impedir los controles legalmente establecidos", explicaba el escrito de la Fiscalía.

No obstante, se indicaba que el alcalde accidental, Julián Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de Gobierno Local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente". "De ese modo se actuó por la vía de hecho", apuntaba.

De esta forma se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales". Se señalaba que en este comportamiento "despatrimonializador" se unieron "bajo el mando y control del fallecido Jesús Gil y Gil, en un primer nivel dirigente, los acusados Julián Muñoz y José María del Nido, apoyados y asesorados en todo momento por un buen conocedor del funcionamiento de las sociedades municipales, el acusado Modesto Perodia".

El fiscal manifestaba en su escrito que a partir de la moción de censura de agosto de 2003, que provocó que Marisol Yagüe ocupara la Alcaldía en lugar de Muñoz; y una vez que se excluyó a Del Nido como asesor municipal, "el coste anual por los servicios externos de asistencia y asesoramiento jurídico descendió en un 62 por ciento". Así, en concepto de responsabilidad civil se tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con más de 1,8 millones de euros.

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