martes, 21 de abril de 2009

EL SASTRE: "CAMPS ME LLAMÓ ENTRE 40 Y 50 VECES"



El sumario de la trama de corrupción
Madrid

Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces sólo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

ELPAÍS.COM

LA TRAMA DE CORRUPCIÓN GASTÓ 200.000 EUROS EN ROPA PARA REGALAR A CARGOS DEL PP

El sumario de la trama de corrupción

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia

Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.

* "Tengo la oficina llena de trajes para dejárselos a personalidades"

* El TSJV asume la investigación sobre la trama Gürtel

Una cajera de Milano: "Nos propusieron facturar trajes como mantelerías"

En unos casos, según la investigación judicial y policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600 y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su actividad.

Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000 euros.

Directivos de alguna de estas empresas han declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos contratos.

Entre esos directivos figura Isabel Jordán, despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a concejales de la misma corporación.

Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa, José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera hecho en fechas próximas a las navidades.

"Igual que le regalo a él [Arturo González Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la publicidad".

Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como conseguidor e intermediario.

Las empresas de la trama corrupta camuflaban los gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad, de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco.

Durante la investigación, la policía interrogó a varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron los hechos en las tiendas Milano y Forever Young.

Una de esas trabajadoras relató así el procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas, y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio".

"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda, José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]".

La empresa Orange Market se encargaba de montar los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes, por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la empresa, en este caso el PP, que se los encargaba.

"Tengo la oficina llena de trajes para dejárselos a personalidades"

- Primera visita tras la citación. José Tomás, jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción. Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que ocultar".

- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que trabajaba.

- La explicación de Pérez. Una semana después, Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades. Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy supertranquilo, no tengo nada que ocultar".

ELPAÍS.COM

EL TSJV ASUME LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA TRAMA GÜRTEL


El sumario de la causa iniciada por Garzón implica al presidente de la Generalitat

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

* El fiscal ve indicios claros contra el 'número dos' del PP valenciano
* La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP
* "Los trajes para Camps y Costa fueron abonados por Orange Market"

En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.

El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps, informa Joaquín Ferrandis.

El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.

ELPAÍS.COM

EL PP EXIGE LA DIMISIÓN DE SOLER COMO ALCALDE DE ELCHE Y SU CESE DENTRO DEL PSPV


Imputado por malversación

Europa Press | Valencia

El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha exigido la dimisión del alcalde de Elche y presidente de la Ejecutiva Nacional del PSPV, Alejandro Soler, por utilizar "el dinero de los ilicitanos para pagar su campaña electoral" y pidió al secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que lo cese de su cargo orgánico en el PSPV.

Costa, que se expresó de esta manera en rueda de prensa en relación a la comparecencia del alcalde de Elche ante la Justicia por haber "utilizado el dinero de los ilicitanos para pagar su campaña electoral", señaló que Soler "no puede ampararse tras un error administrativo" y, por ello, consideró que "debería dimitir como alcalde y Alarte cesarlo como número dos", además de "dar explicaciones".

El responsable popular aseguró que el socialismo valenciano "se ha convertido en la caja negra del socialismo de España. Negra por la falta de transparencia, por los oscuros casos que están apareciendo en los Ayuntamientos y por la falta de respuesta de su secretario general, Jorge Alarte".

Así, recordó que este martes declara el número dos como imputado "por llevarse el dinero del Ayuntamiento para financiar actos de su partido y tenemos al número uno que va a tener que explicar un presunto trato de favor ante la Fiscalía", dijo, ante la intención del PP de pedir que investigue un presunto trato de favor en el consistorio de Alaquàs, cuyo alcalde es el líder del PSPV. "Y, no sabemos cuál es la explicación de Alarte ante esto", apostilló.

Asimismo, señaló que llevan meses solicitando comisiones de investigación en los Ayuntamientos de Alaquàs y en el Elche, pero "llevamos meses recibiendo negativas" a llevarlas a cabo. Hoy mismo, dijo, el PP de Alaquàs (Valencia) pedirá que se abra esta comisión y mañana realizará una solicitud de investigación ante la Fiscalía", subrayó.

ELMUNDO.ES

EL PP TEME QUE EL ALCALDE "ESTÁ HASTA LAS CEJAS" EN MERCASEVILLA


Vuelven a pedir información sobre el caso antes de recurrir a los tribunales

Los populares reiteran sus «sospechas» por el rechazo a la comisión de investigación o a denunciar el escándalo.

SEVILLA- A falta de la declaración ante la Fiscalía del primer investigado por la presunta petición de comisiones al grupo hostelero La Raza por parte del ex gerente de la Fundación Mercasevilla, Fernando Mellet, el Partido Popular mantuvo ayer viva la polémica mostrando abiertamente sus serias «sospechas» de que Alfredo Sánchez Monteseirín «esté hasta las cejas en este escándalo». De esta forma interpreta la oposición el imperturbable silencio e inactividad del alcalde y su equipo de Gobierno respecto a este espinoso asunto, achacando además esta actitud a que el regidor pretenda «cubrir las espaldas a alguien de la Junta de Andalucía».

El PP lleva ya veinte días esperando respuesta a la información solicitada al consejo de administración de Mercasevilla sobre la composición, gestión y situación financiera de esta sociedad mayoritariamente municipal, así que el equipo de Gobierno excede, y en mucho, el plazo máximo de cinco jornadas que impone la normativa para contestar a la oposición.

Advertencia reiterada
Aun así, los populares no materializarán, de momento, su amenaza de reclamar esos datos en los tribunales. Su portavoz adjunto Beltrán Pérez explicó que ayer mismo tenían previsto «reiterar por escrito» la solicitud de información ante el consejo de administración de Mercasevilla, con el objetivo de que «quede constancia de la insistencia en nuestra reclamación» y reforzar, así, las acciones judiciales que emprenderá su partido «después de un plazo razonable».

Junto a los datos que tengan en su poder los gestores de Mercasevilla y sobre la subvención de 900.000 euros concedida por la Consejería de Empleo para la creación de una escuela de hostelería, el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, lleva el mismo tiempo aguardando sin éxito que se le permita inspeccionar el «presunto fax» que envió el alcalde al consejo de administración de la fundación el pasado 12 de febrero, proponiendo el cese de Fernando Mellet tras conocer la investigación de la Fiscalía.

Pérez reiteró las «sospechas» populares de que el «escándalo» salpica a Monteseirín, también por su negativa en el último Pleno a la constitución de una comisión de investigación que «puede aportar mucho más que la auditoría» sobre la actividad y las cuentas de Mercasevilla.

En su opinión, sólo el hecho de que «tenga algo que ocultar» explica que el alcalde no apoye la creación de esta comisión política en el Ayuntamiento, más cuando, en opinión del PP, «todavía no ha aclarado» meridianamente si compareció ante la Policía Judicial voluntariamente o tras la oportuna citación.

Además, la oposición insiste en señalar al alcalde por su negativa a tomar las riendas en el esclarecimiento de la actuación de Mellet y su adjunto, Daniel Ponce, y encabezar las actuaciones judiciales contra cualquiera que haya podido cometer delito alguno en Mercasevilla.

«Exigimos luz y taquígrafos y toda la información para esclarecer este gravísimo escándalo, ocurrido en Mercasevilla y con directivos nombrados por el Ayuntamiento a propuesta del alcalde. Si no, puede pensarse que Monteseirín está cubriendo las espaldas a personas de otras administraciones más importantes que él», recalcó Pérez, en referencia al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, quien fue señalado en su día por Mellet.

LARAZÓN.ES

EL ALCALDE DE ELCHE SOSTIENE ANTE EL JUEZ QUE LOS PAGOS SON UN "ERROR ADMINISTRATIVO"


Impultado por malversación de fondos y prevaricación

* En total, han aparecido 10 recibos 'irregulares' por valor de 16.000 euros
* Los socialistas mantienen que se trata de un mero error administrativo
* Ha llegado a los juzgados a las 9.50 con los vítores de un grupo de personas

Agencias | Elche (Alicante)



El alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, ha declarado este martes como imputado ante el juez de instrucción número 4 de la ciudad en relación al presunto pago de inserciones publicitarias de actos del PSPV con dinero del ayuntamiento.

Soler ha mantenido ante el juez que el pago de estas facturas con cargo al Ayuntamiento de Elche se realizó por "un error administrativo", según ha manifestado él mismo a la salida de los juzgados.

Durante su declaración, el alcalde ha contestado todas las preguntas planteadas por el magistrado y el fiscal, pero se negó a responder las cuestiones formuladas por el abogado del PP.

Soler ha recibido muestras de apoyo de una treintena de personas que se han concentrado en las puertas de los juzgados. En ese momento, Soler ha asegurado que "todo es un montaje del PP para hacerse con la alcaldía sin pasar por las urnas".

El alcalde, quien posteriormente volvió a atender a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Elx, explicó que en su declaración ha "evidenciado que se ha producido un mero error administrativo y que el Ayuntamiento, de oficio, es quien ha tenido la iniciativa de subsanarlo y que ha puesto las medidas adecuadas para que esto no se vuelva a producir en ningún caso".

En esta línea, según dijo, también trasladó al juez que "todos los medios de comunicación pueden evidenciar que el PSOE de Elche paga sus propias facturas" y que es "evidente que el Ayuntamiento funciona bien y que el volumen de facturas y las cantidades son importantísimas, por lo que es absolutamente absurdo pensar que ha habido malicia o mala intención".

También insistió en que el llamado 'caso de las facturas' es "un montaje del PP, un partido que está apartado de los intereses de la ciudad de Elche" y que realiza estas acciones "con el único objetivo de llegar a la alcaldía de cualquier manera".

A su modo de ver, "intentan saltase la democracia, saltarse a los ciudadanos". Soler destacó que "ya nueve las ocasiones que -los populares- han venido aquí a intentar utilizar una de las bases del Estado de Derecho, como es la justicia, uno de los pilares fundamentales" y que en esas "nueve ocasiones ya le han dicho que no al PP". "Estoy convencido de que ésta será la décima", apostilló.

Respaldo de simpatizantes

El primer edil, que además de alcalde es vicesecretario general del PSPV, ha entrado en el edificio judicial a las 9.50 horas acompañado por el portavoz del equipo de gobierno de Elche, el socialista Alejandro Pérez, la presidenta local del partido y teniente de alcalde, María Teresa Sempere, y la secretaria general provincial del PSPV, Ana Barceló.

Poco antes de las 9.30 horas, una treintena de militantes y simpatizantes socialistas se habían acercado a las puertas de los juzgados con pancartas como "Alejandro, estamos contigo" y "Elche con su alcalde". A la llegada de Soler, estas personas le han recibido con aplausos y le han hecho un pasillo para entrar a la sede judicial.

A raíz de una querella presentada por el PP ilicitano, Soler ha sido imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

La denuncia fue interpuesta el pasado 25 de febrero por la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso, y otros once miembros de este grupo por el presunto pago de unos 6.000 euros de dinero municipal en la campaña electoral local del PSPV, en la primavera de 2007.

Actos en campaña y precampaña

En la documentación se indicaba que se había utilizado dinero público para sufragar a los socialistas pagos al grupo del periódico gratuito Prensa y Noticias en la precampaña y campaña electoral de las municipales de 2007.

Tras esa primera querella, los populares han aportado más facturas que atribuyen a gastos partidistas a cargo del erario público. En total, han salido a la luz diez recibos en los últimos meses, por una cuantía cercana a los 16.000 euros. La última, la pasada semana.

Por su parte, los socialistas han mantenido desde el primer momento que se han tratado de "errores administrativos" y que el equipo de gobierno siempre ha cumplido con la legalidad.

ELMUNDO.ES

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El PP exige la dimisión de Soler y su cese en el PSPV

EL TSJV INVESTIGARÁ SÓLO UN PRESUNTO DELITO DE COHECHO EN LA RAMA VALENCIANA DEL "CASO GÜRTEL"


El auto del Tribunal Superior Justicia de Valencia elimina las alusiones a la posible financiación ilegal y tráfico de influencias

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado hoy competente para asumir las investigaciones del caso "Gürtel" en aquellos hechos que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al secretario general del PPCV, Ricardo Costa. La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, según informa este organismo en un comunicado de prensa, ha acordado abrir diligencias previas sólo por "posible delito de cohecho". El auto elimina las referencias a posibles delitos de tráfico de influencias y financiación ilegal.

Las Claves

Ante las "numerosas filtraciones", el TSJCV recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias del sumario "serán secretas hasta el juicio oral"

El pasado 5 de marzo Baltasar Garzón, aconsejado por Anticorrupción, se inhibió a favor del tribunal valenciano de parte del 'caso Gürtel'

Los Datos

El tribunal también asume la causa en los hechos que se imputan al ex vicepresidente del Gobierno valenciano y al actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia

Tras la decisión judicial, se abre ahora el plazo legal establecido para que las partes puedan recurrir la decisión del TSJCV si lo estiman conveniente

efe/Madrid/valencia

El TSJCV también asume la causa en los hechos que se imputan al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

El auto también se pronuncia sobre el secreto sumarial bajo el que se encuentra este caso y, "a la vista de las numerosas filtraciones que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación", recuerda que esta medida afecta a todas aquellas personas ajenas al proceso.

En este sentido, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las diligencias del sumario "serán secretas hasta que se abra el juicio oral", y señala que el abogado de cualquiera de las partes que no lo respete deberá asumir una multa económica, que también se aplicará a los funcionarios que lo infrinjan.

Según remarca el comunicado del TSJCV, el funcionario también incumpliría el Código Penal, que tipifica como delito "el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento".

El escrito insiste en la regulación del secreto sumarial, puesto que "recientemente ha sido objeto de reproducción en diversos medios de difusión, previo su escaneado y remisión por medios electrónicos, algún escrito dirigido por el Ministerio Fiscal" a la Sala de lo Civil y Penal.

Ante estos hechos, "el tribunal se ve en la necesidad de recordar la vigencia de dichos preceptos y la exigibilidad del deber de su rigurosa observancia".

"Recepción de dádivas"

La decisión llega después de que el pasado 5 de marzo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, aconsejado por la Fiscalía Anticorrupción, se inhibiera a favor del tribunal valenciano de parte del 'caso Gürtel' y de que, once días después, la causa llegara a la Ciudad de la Justicia de Valencia remitida desde el Juzgado Central número 5 de Madrid.

Anticorrupción solicitó además recientemente al TSJCV que fuera éste el órgano competente para tomar declaración a Camps y a Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso, y que interrogara a ambos aforados.

Estos hechos, según concretaba en un auto, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.

Tras la declaración de competencia del TSJCV, se abre ahora el plazo legal establecido para que las partes puedan recurrir esta decisión si lo estiman conveniente.

ESTRELLADIGITAL.ES

EL PP, EL JUEZ DE CIEMPOZUELOS Y GRANADOS TEMEN QUE "EL ALBONDIGUILLA" REVIENTE LA FIESTA DE LA POLICÍA


Caso Gürtel, El Albondiguilla, Boadilla del Monte, Francisco Correa

@Redacción

Todos temen su presencia. Aparecer a su lado en una fotografía puede ser letal. Arturo González Panero, El Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla e imputado en el caso Gürtel, amenaza con ‘reventar’ la fiesta de la Policía de este municipio madrileño, a la que están invitados responsables políticos de la región, jueces, y oficiales de las Fuerzas de Seguridad. El Albondiguilla, pese a que es uno de los principales implicados en la trama de Francisco Correa, permanece como concejal en Boadilla, y ha asegurado que asistirá a la celebración del próximo miércoles caiga quien caiga.

El pánico ha cundido en el Ayuntamiento ante la posibilidad de que muchos invitados renuncien a asistir para no aparecer junto al ex alcalde imputado. El Albondiguilla recibió la invitación de la Alcaldía, aunque nadie acierta a decir si por un error del personal del Gabinete, o por expreso deseo del nuevo primer edil, Juan Siguero. En los últimos días, el ex alcalde imputado se ha jactado de su poder, entrando a formar parte de diversas Comisiones del Consistorio, y exhibiendo la invitación del alcalde a la conmemoración.

El organizador del acto, junto a Siguero, es el concejal de Asuntos Judiciales, Ramón González Bosch, que ejerce como abogado en la localidad, y que, según fuentes próximas al Ayuntamiento, sirvió de paraguas judicial para El Albondiguilla a través de sus contactos en la judicatura.

Entre los personajes que van a ser homenajeados en Boadilla, epicentro de la operación Gürtel, destaca Agustín Carretero, el juez encargado del ‘caso Ciempozuelos’, que llevó a prisión a dos ex alcaldes socialistas. Carretero fue fichado más tarde por el Gobierno de Esperanza Aguirre como director general de Política Interior. En la actualidad ejerce como director de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid.

Como invitados, el Ayuntamiento tiene previsto contar con los jueces decanos de Móstoles y Getafe, alcaldes de la zona y oficiales de diferentes policías locales y de la Guardia Civil. Asimismo, fuentes municipales explicaron que, como ya hizo en años anteriores, podría asistir el consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados. Además de consejero, Granados es el ‘número dos’ del PP en Madrid, y ha sido incapaz de convencer a El Albondiguilla para que abandone su puesto en el Ayuntamiento. Por ello, su reencuentro en un acto público genera una gran expectación en el municipio.

La situación puede ser especialmente embarazosa, ya que, según el programa, las autoridades y el alcalde pasan revista a la formación de la Policía, para luego saludar a los concejales de la corporación, entre ellos El Albondiguilla, así como al resto de cargos públicos. A continuación, se entregan dos placas, la Cruz al Mérito a la Constancia Policial y tres medallas, entre las que se encuentra la del juez Carretero. Todo un acontecimiento a la altura del glamour de la alcaldía de Boadilla.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL TSJCV SE DECLARA COMPETENTE PARA ASUMIR LA CAUSA RELATIVA A CAMPS, COSTA, CAMPOS Y BETORET


corrupción Gürtel, Camps, Garzón

Europa Press.










Francisco Camps (Efe)

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha declarado competente para asumir la investigación sobre el denominado 'caso Gürtel' en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el secretario general del PPCV y portavoz popular en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa, las dádivas que percibieron "no aparecen relacionadas con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa".

El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.

ELCONFIDENCIAL.COM

CORREA SE GASTÓ 200.000 EUROS EN TRAJES-REGALO PARA CARGOS DEL PP


La Agencia Tributaria detecta que se cargaban como material para eventos

V.V.

Según un informe de la Agencia Tributaria que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, gastaron entre 2005 y 2006 hasta 200.000 euros en trajes que regalaron a altos cargos del PP. Francisco Camps y Ricardo Costa se habrían beneficiado de estos regalos, que habrían llegado también a numerosos concejales y alcaldes vinculados a municipios donde las empresas de Correa recibían adjudicaciones y contratos. En muchas ocasiones, las tiendas Milano y Forever Young, donde se adquiría la ropa, emitían facturas en las que los trajes se convertían en mantelerías u otros objetos para justificarlos como gastos de las empresas para la organización de eventos.

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Los trajes eran uno de los regalos más habituales que las empresas de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama de corrupción de la Operación Gürtel, empleaban para agasajar a los cargos del PP en cuyas administraciones se les facilitaban contratos y adjudicaciones. Según publica el diario El País, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) maneja un informe de al Agencia Tributaria que se ha incorporado al sumario en el que se recoge como durante los años 2005 y 2006 la empresas Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral y Orange Market habían declarado compras de material a la empresa Milano por valor de 200.000 euros.

Trajes en Boadilla
Varios de los directivos que ya han declarado ante el juez habían confirmado este tipo de pagos a los populares que facilitaban contratos y adjudicaciones a las empresas de la trama. Un claro ejemplo es el de Isabel Jordán, quien aseguró que había pagado trajes en dos ocasiones para el ex alcalde del municipio madrileño de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y a otros miembros del consistorio.

¿Regalos de navidad?
Jordán aseguró entonces que se trataba de regalos de navidad y alegó que se trata de una práctica habitual en el ámbito de la publicidad. Sin embargo, el encargado de ventas de la firma, José Tomás, apuntó en su declaración ante el juez q eu dichas compras no se hizo en fechas próximas a las fiestas navideñas.

Facturas falseadas
Además, las empresas de la trama camuflaban estos regalos facturándolos en las tiendas como gastos de material necesarios para las actividades de la propia empresa de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y reducir los beneficios por los que tendrían que declarar al fisco. Según las declaraciones de varias de las empleadas de Milano y Forever Young, las facturas se elaboraban según el concepto que pedía el cliente. Además, los números de las facturas no llevaban ningún tipo de registro o control, ni un orden correlativo, y tampoco se almacenaban ni guardaban, por lo que ahora al juez no le es posible acceder a ellas.

De trajes a mantelerías
Durante el juicio, una de las trabajadoras explicó que en una ocasión José Tomás pidió que una venta de trajes de chaqueta para cargos del PP se facturase como mantelerías o cristalerías, tal y como le habían propuesto los compradores. De este modo, las empresas podían justificar estos gastos colándolos, por ejemplo, como material para la organización de eventos del partido.

ELPLURAL.COM

CARGOS POPULARES DE MADRID IDEABAN NEGOCIOS PARA CORREA, ADEMÁS DE PONER LA MANO



El Albondiguilla, el ex alcalde de Arganda, el diputado Bosch Tejedor... ¿cabezas pensantes de la trama corrupta?


La Comunidad de Madrid es uno de los principales focos de negocio que tenían las empresas de Francisco Correa vinculadas a la trama de corrupción de la Operación Gürtel. Según recoge el sumario del caso, los dirigentes populares que propiciaron contratos y adjudicaciones a las empresas de la trama no solo les favorecieron con este tipo de concursos, sino que los propios políticos ofrecían en muchos casos nuevos negocios a los directivos de las sociedades corruptas.

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Los dirigentes populares de la Comunidad de Madrid que favorecieron a las empresas de la trama de corrupción que encabeza Francisco Correa no tenían suficiente con adjudicar a estas sociedades todo tipo de concursos, sino que en algunas ocasiones llegaron incluso a proponer nuevos negocios a las empresas de la trama. Según informó El País, varios testimonios de directivos de las empresas que están recogidos en el sumario de la operación destacan como los propios alcaldes o concejales proponían nuevos núcleos de negocio dirigidos a las empresas de Correa.

Atención al Ciudadano en Arganda
Según la confesión de la directiva Isabel Jordán, ex el alcalde de Arganda, Ginés López, planteó por ejemplo la posibilidad de que la red de Correa privatizase y gestionase en el municipio la Oficina de Atención al Ciudadano, algo que ya se estaba llevando a cabo en Majadahonda, otro de los municipios vinculados con la trama. Precisamente el ya ex alcalde de esta localidad, Guillermo Ortega –otro de los imputados en la trama- habría recibido una vivienda de una constructora, según denunció un edil del propio PP, a cambio de dar permiso para desmontar una torre de tensión instalada en un solar edificable.

La grúa municipal de Boadilla
Otro de los cargos del PP que no dudó en ofrecer y proponer nuevos negocios a Correa es el diputado regional Alfonso Bosch, que dirigía la Empresa Municipal del Suelo en Boadilla del Monte y que trató de que las empresas de la trama gestionasen el servicio de la grúa municipal después de que se instalase un sistema de parquímetros en la localidad. Ni la propuesta de López ni esta llegaron a llevarse a cabo, pero lo cierto es que Boadilla se convirtió en uno de los principales feudos de las empresas de Correa, algo que el empresario agradecía a su ya ex alcalde, Arturo González Panero a través de cuantiosas comisiones y de regalos.

Contratos con amigos
De hecho, Panero ha sido uno de los miembros del PP para quienes el empresario encargaba trajes a las firmas Milano y Forever Young. Isabel Jordán confirmó que, al menos, se le entregaron dos, aunque justificó estas dádivas asegurando que se trataba de regalos de navidad. Según Jordán, estos presentes eran un reconocimiento a los contratos obtenidos gracias a la amistad con los dirigentes populares. “Conseguía los contratos porque conocía a Jesús Sepúlveda, que era el alcalde de Pozuelo”, econoció ante el juez.

ELPLURAL.COM

LOS DOS CONCEJALES DE BURRIANA SIGUEN IMPUTADOS, PERO NO LOS POLICÍAS LOCALES

El alcalde niega haber reconocido a familiares suyos entre los beneficiados

M. FABRA - Castellón

El juzgado número 3 de Vila-real ha dictado un auto de sobreseimiento provisional por el caso de las multas de tráfico perdonadas en Burriana, en el que retira las imputaciones contra los inspectores de la Policía Local del municipio. Así, la acusación recae únicamente en los dos concejales responsables de seguridad de Burriana entre 2004 y 2007, Francisco Isach (PP) y Juan Granell (PP), a quienes se señala como autores de un presunto delito de prevaricación administrativa. Ambos han declarado ya ante la juez, aunque optaron por no responder a las preguntas de la acusación.

La fiscalía solicitó la exclusión de los policías de las imputaciones, dado que éstos actuaron por orden de sus superiores. Ahora, la juez ha resuelto en este sentido y mantiene la existencia de indicios de delito en la actuación de los concejales populares. Tal como denunció públicamente la edil de Ciutadans per Borriana, Mariola Aguilera, en los expedientes de la policía aparecen sanciones retiradas por orden de los concejales, hecho que ahora investiga el juzgado. Los "beneficiarios" de la condonación de las multas por la retirada de vehículos con la grúa son, principalmente, familiares y amigos de ambos concejales.

Además, entre la documentación recopilada por el juzgado también figura la sanción retirada a un familiar del alcalde, José Ramón Calpe, que también acudió a declarar al juzgado en calidad de testigo. En una nota enviada a este periódico, Calpe asegura que en ningún momento reconoció ante el juez "que un familiar suyo figurara entre las decenas de parientes y simpatizantes del PP supuestamente beneficiados con la retirada de sanciones entre 2005 y 2007". Calpe afirma que supo del "supuesto perdón de multas a raíz de la denuncia de la concejal de Ciutadans per Borriana". El alcalde ha retirado las competencias a los dos concejales imputados.

ELPAÍS.COM

EL PSOE DE ELCHE NO HA DEVUELTO 22.000 EUROS QUE SALIERON DE LAS ARCAS PÚBLICAS


M. A. RUIZ COLL/D. MARTÍNEZ | ALICANTE
Tras ser imputado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler (en la foto), aseguró ayer que su partido ya ha satisfecho las facturas de su campaña electoral que pagó con fondos del Ayuntamiento.

Soler matizó que se refiere exclusivamente a las seis facturas que, por un importe total de 12.800 euros, su equipo de gobierno reconoce haber abonado con fondos públicos -es decir, de todos los ilicitanos- correspondientes a la publicidad de su candidatura en las municipales de 2007.

Sin embargo, según la investigación iniciada por el PP, son 19 las facturas de publicidad electoral del PSOE -desveladas por ABC- abonadas por el Consistorio por un importe de 34.900 euros. Por tanto, quedarían 22.100 euros del presupuesto municipal de los que el PSOE no se hace responsable.

Defiende su «honradez»
Alejandro Soler se mostró ayer convencido de que con la devolución de este dinero quedará resuelta cualquier responsabilidad penal. «No me quiero adelantar a la decisión de los tribunales», indicó, «pero si el juez determina que todo ha sido un error, la única consecuencia jurídica de ese error sería la subsanación del mismo» y, por tanto, nadie deberá responder por lo ocurrido.

El alcalde y «número dos» del PSOE de la Comunidad Valenciana compareció ayer en rueda de prensa para defender su «honradez y honestidad», veinticuatro horas después de conocerse que el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche le ha llamado a declarar como imputado, a raíz de la querella presentada contra él por el PP.

«Estoy tranquilo porque confío plenamente en los jueces y fiscales», indicó, «estoy seguro de que el día 21 de abril [fecha en la que ha sido citado a declarar ante el Juzgado] podré demostrar que todo esto no es más que un montaje, una cortina de humo montada por el PP». En sus declaraciones, Soler apuntó que el PSOE no le va a dar de baja como militante salvo que, como ha ocurrido con otros cargos públicos socialistas de la Comunidad, el juez ordene su ingreso en prisión.

Entre las facturas que fueron abonadas en su día por el Ayuntamiento de Elche, se encuentran las correspondientes a distintos publirreportajes sobre la proclamación de Soler como candidato a la Alcaldía, su presencia en las ferias Fitur y Modacalzado [siempre como «candidato del PSOE»] o las de unas Jornadas sobre Educación celebradas en Elche y organizadas desde la sede de Ferraz.

El PP interpela a Pajín
Varios de estos pagos fueron ordenados personalmente por el propio Alejandro Soler en su calidad de teniente de alcalde de Hacienda, cargo que ocupó hasta las elecciones de 2007. Otras facturas fueron aprobadas, incluso, por todos los concejales del equipo de gobierno en el Pleno municipal, mediante una modificación presupuestaria, según han denunciado los populares.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió ayer en Elche a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que «aclare si hay más ayuntamientos en España que han pagado actos del PSOE nacional» con dinero público, informó Efe.

Por su parte, la coordinadora regional del PP valenciano y portavoz municipal en Elche, Mercedes Alonso, consideró que este caso «pone de manifiesto cómo la Fiscalía tiene una doble vara de medir: los fiscales no han actuado contra el alcalde de Elche, ha tenido que ser a impulso de querella que el asunto llegue a los tribunales».

«Creo que ya está bien de que la Fiscalía en España actúe al dictado de un partido político», añadió Mercedes Alonso, «ya está bien de que se trate diferente a los políticos de un partido y a los de otro, y que la Fiscalía no sea neutral».

ABC.ES

EL "CASO ASTAPA" CUMPLE 10 MESES BAJO SECRETO Y SIN JUEZ TITULAR

El CGPJ rechaza que la magistrada de Martorell asuma la causa interinamente

J. VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Málaga

Las grandes causas judiciales de la provincia de Málaga siguen batiendo récords. El caso Astapa, centrado en el Ayuntamiento de Estepona, acumula ya diez meses consecutivos de secreto de sumario, tres meses más de sigilo judicial que los que tuvo el caso Malaya de Marbella, considerado el grado máximo en la escala oficiosa de corrupción municipal. Los 63 imputados del caso Astapa desconocen qué hechos delictivos concretos les atribuyen las dos jueces que han llevado la investigación, Isabel Conejo -anterior titular del juzgado de Instrucción número 1 de Estepona- y Virtudes Molina, su sustituta.

* Casos sin final

En realidad, los diez meses de secreto están computados desde que estalló el escándalo, en junio de 2008, pero el silencio judicial abarca mucho más tiempo, concretamente desde marzo de 2007, cuando se inicia la investigación. Desde julio de 2008, las jueces han ido prorrogando mes tras mes el secreto de sumario para todas las partes excepto el ministerio fiscal, que prevé que esta medida aún dure "unos cuantos meses más".

El prolongado secreto comienza a desesperar a los imputados y a sus abogados. La juez Conejo colmó la paciencia de los letrados al rellenar con una hilera de equis el espacio reservado a los razonamientos jurídicos y los fundamentos de hecho con los que se justifica la prórroga del secreto de sumario. En los siguientes autos, la juez de apoyo sustituyó las "xxxxxxx" por algo igualmente poco esclarecedor, pero al menos legible: "actuaciones declaradas secretas".

Algunos imputados, como el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, que pasó seis meses en prisión preventiva, han recurrido al menos ocho de los autos de secreto de sumario. Según fuentes cercanas al caso, es probable que la Audiencia de Málaga sea la que decrete la apertura, al menos parcial, del sigilo judicial. Las defensas aseguran que la nula argumentación de estas resoluciones dejan a sus clientes en situación de "indefensión procesal". Otro problema que padece la instrucción del caso Astapa es la interinidad del juzgado de Instrucción número 1 de Estepona. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó que la juez Marina del Carmen Palomo se hiciera cargo en comisión de servicios del juzgado esteponero, después de que un portavoz del órgano de gobierno de los jueces confirmara que la comisión permanente había dado el visto bueno al traslado el pasado 10 de marzo, y se preveía su publicación en el Boletín Oficial del Estado hacia el día 23 de marzo.

Una semana después, el CGPJ denegó el traslado al entender que la juez Palomo no podía abandonar aún el juzgado número 3 de Martorell (Barcelona), por estar tramitando una causa "especialmente compleja". Palomo investiga el robo de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona, en el que está imputados 10 guardias civiles, entre ellos un teniente coronel.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es necesario convocar un nuevo concurso para ocupar interinamente la plaza que dejó vacante la juez Conejo al trasladarse a un juzgado de nueva creación en la misma Estepona. No va a ser tarea sencilla encontrar a un candidato para hacerse cargo de Astapa, una causa tremendamente compleja, en un juzgado con escasos medios. En la anterior convocatoria, la juez Palomo era la única aspirante.

Casos sin final

- La investigación de Astapa arrancó el 29 de marzo de 2007. Las detenciones llegaron 15 meses después, en junio de 2008.

- En Malaya transcurrieron cuatro meses entre el inicio de las pesquisas y los primeros arrestos.

- La causa de Marbella acumula 103 imputados y más de 600 testigos. Se calcula que el juicio durará un año.

- Astapa suma 63 implicados, pero la Fiscalía calcula que habrá que citar a decenas de personas más.

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