sábado, 5 de noviembre de 2011

EL JUEZ QUE INVESTIGA EL SAQUEO DE EMARSA CITA A OTROS DOS CARGOS DEL PP

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El juez Víctor Ríos ha ordenado una batería de requerimientos y citaciones para avanzar en el esclarecimiento del saqueo de Emarsa, la empresa pública de depuración del agua de Valencia vampirizada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. El juez cita como testigos a 15 personas, entre ellas dos cargos del PP de la ciudad de Valencia, Ignacio Martínez y Santos Peral. Y cita también a declarar a dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat responsable del saneamiento de agua en toda la comunidad autónoma que, según ha declarado el imputado en la causa Esteban Cuesta, impuso a Emarsa la contratación de una de las empresas ahora investigadas por facturar falsos servicios y estableció, además, que se le pagasen precios muy superiores a los de mercado.

Uno de los directivos de Epsar citados es José Juan Morenilla, que cesó como gerente de la entidad en verano y casi inmediatamente fue contratado por Facsa, la empresa de Castellón cuyos administradores han sido imputados en el caso Gürtel por, supuestamente, haber financiado ilegalmente al PP valenciano.

El juez reclama igualmente al Ayuntamiento de Valencia que aclare por qué ingresaba en la cuenta bancaria de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, algo más de mil euros de forma regular. Cuesta, imputado en la causa por malversación, estafa continuada y delitos societarios, fue nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Rita Barberá. Al parecer, el Consistorio siguió pagándole después de ser nombrado gerente de Emarsa, a pesar de que su contrato con la depuradora le exigía exclusividad. Y a pesar de haber admitido ante el juez parte de las irregularidades, el PP de Valencia, que en última instancia domina Barberá, lo mantiene como dirigente local del partido.

El juez instructor cita a declarar al dueño del bar Pepe, donde el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también imputado, cargó a Emarsa en cuatro días comidas por importe de 3.780 euros que resultaron ser banquetes falleros, según admitió el hostelero a este diario.


elpaís.com

EL JUEZ DE LA PIEZA DE BRUGAL DE CALP INSTA A ARTACHO A COMPARECER

S. NAVARRO - Alicante

El empresario Francisco Artacho, que según la investigación es el intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp, alegó motivos de salud para no acudir ayer declarar como imputado. El magistrado, el titular del Juzgado número 1 de Dénia, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. En caso contrario, informó el Tribunal Superior de Justicia, el juez adoptará el lunes medidas legales contra el imputado, es decir, una orden de busca y captura. Es la segunda vez que Artacho desoye la cita con el juez.

El magistrado pide al Consell el informe laboral del hermano de Castedo

Junto a Artacho, el juez había citado al industrial Ángel Fenoll, adjudicatario de la planta de basura, y a su hijo Antonio Ángel Fenoll. Los dos comparecieron ante el magistrado pero se negaron a declarar. La policía y el fiscal sostienen que Fenoll se hizo con la planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La policía considera a Artacho el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho.

Por otra parte, el juez que instruye otra pieza del caso Brugal, en este caso un supuesto trato de favor al promotor Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha solicitado al Consistorio que le remita el documento aprobado provisionalmente en mayo de 2010. El magistrado también ha acordado la práctica de otras pruebas, entre ellas, las operaciones con terceros desde 2007 a 2010 de cuatro mercantiles, tres de ellas vinculadas a los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP) y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados por su implicación en la trama a través del despacho Salvetti Abogados. El juez también ha pedido a la Generalitat Valenciana que remita un informe sobre la relación laboral de José Luis Castedo con el Consell. La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha expresado su "disposición" a colaborar con el juez.

elpaís.com

"CASO CAMPEÓN"; LA JUEZA DE LUGO ENVÍA AL SUPREMO LA ACUSACIÓN CONTRA BLANCO DE UN IMPUTADO

El escrito sugiere indicios de tráfico de influencias contra el ministro

    * Del 'caso Gürtel' a la Operación Campeón

Julio M. Lázaro / Pepe Seijo Madrid / Lugo

La juez de instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, remitió sin previo aviso al Tribunal Supremo lo que parece ser una exposición razonada sobre posibles indicios de un delito de tráfico de influencias en el que habría incurrido el ministro de Fomento y cabeza de lista por Lugo, José Blanco, dentro de su investigación de la denominada Operación Campeón. El escrito llegó unas horas antes de que arrancara la campaña electoral y permitió al Partido Popular exigir de nuevo la dimisión del candidato socialista.


La juez no consultó ni notificó a la Fiscalía de Lugo su decisión, y el Tribunal Supremo se limitó a confirmar que la Secretaría de Causas Especiales, que tramita los procesos contra aforados, en este caso el ministro de Fomento y diputado en el Congreso, había registrado un asunto procedente del juzgado de Lugo sin especificar cuál por encontrarse bajo secreto del sumario.


Según las fuentes consultadas, una exposición razonada sobre un supuesto delito de tráfico de influencias no necesitaría acreditar los requisitos que exige el presunto cohecho y permitiría a la juez un cierto “encaje” para dirigirse al Supremo sin haber realizado determinadas diligencias, inexcusables si se trata de demostrar un soborno.


Entre éstas, el interrogatorio del primo del ministro, Manuel Bran, supuesto receptor de un cohecho de 200.000 euros del empresario farmacéutico Jorge Dorribo a cambio de gestiones con Blanco para conseguir subvenciones para su empresa, Laboratorios Nupel, y una autorización del Ministerio de Sanidad. Dicho interrogatorio no se ha practicado, pese a haberlo solicitado el propio Bran y pese a que el ministro Blanco asegurase en reiteradas ocasiones que es “falso” el pago de 200.000 euros a su primo.

Víspera de campaña
Fuentes jurídicas próximas al caso valoraron la intervención de la juez San José como “una explosión controlada del sumario”, precisamente la víspera del inicio de la campaña. Según esas fuentes, la actuación de la juez habría “incumplido los principios éticos de no injerencia en la campaña electoral para no afectar a los candidatos” y con el secreto del sumario prorrogado por la juez “para que el ministro no se pueda defender”. Según esas fuentes, dado que el criterio del Supremo es paralizar las actuaciones durante el periodo electoral, Blanco tendrá una espada de Damocles sobre su cabeza durante toda la campaña, sin poder evitarlo. Un eventual rechazo por el Tribunal Supremo de la exposición de la juez o la devolución de la causa para que siga investigando se produciría después de las elecciones, cuando el perjuicio sería irrevocable.

Otras fuentes próximas al PSOE se sorprendieron de que a la juez “no le haya interesado la declaración del principal testigo” del caso ya que ha “agotado la investigación sin haberla iniciado” y conformándose solo con lo que ha dicho Dorribo. El hecho de que San José actuase a espaldas de la Fiscalía de Lugo sorprendió relativamente, ya que también lo hizo cuando dirigió sendas exposiciones razonadas al Tribunal de Justica de Galicia contra los ahora exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG).

Dorribo, que estuvo encarcelado entre mayo y agosto por un presunto fraude en subvenciones públicas de la Xunta, declaró a la juez, según el diario El Mundo, que Blanco se había comprometido en febrero pasado a hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad a fin de que le concediese el permiso preceptivo para abrir una planta de fármacos unidosis. Al mismo tiempo, según el empresario, Blanco también le habría gestionado una subvención del Ministerio de Hacienda. Ambas solicitudes fueron denegadas. La de Hacienda el 11 de junio y la de Sanidad el 18 de julio.

El PP pide la dimisión porque “hay indicios de criminalidad”

FERNANDO GAREA


El PP no ha podido empezar mejor la campaña electoral. A las óptimas expectativas se unió ayer la decisión de la juez de Lugo de remitir al Tribunal Supremo las acusaciones del empresario Jorge Dorribo contra José Blanco, portavoz del Gobierno y número dos del PSOE.


Públicamente, el PP pidió ayer la dimisión de Blanco y aseguró que la decisión judicial supone que la juez ha encontrado “indicios de criminalidad” contra él. El equipo de campaña del PP añade el efecto positivo que, en su opinión, tendrá este caso en su campaña electoral, entre otras cosas porque dificulta a los socialistas intentar marcar la agenda política del arranque de campaña. La noticia sirve para que los socialistas tengan problemas para colocar sus mensajes y, desde luego, para que desistan de intentar usar la corrupción de Gürtel u otros casos que afectan al PP como argumento electoral. De hecho, desde el inicio de la instrucción, los populares utilizan las palabras de Blanco exigiendo dimisiones en el caso Gürtel.

 
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró en un comunicado que la situación de Blanco en el Gobierno es “insostenible” y que son más claras aún las exigencias de dimisión. Además, tiró por elevación y aseguró que aumenta la responsabilidad tanto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como del cabeza de lista del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, por mantenerlo de ministro y de candidato. “Ni Zapatero ni Rubalcaba pueden esconderse más. Tienen que asumir su responsabilidad política con su dimisión. Cada día que pasa sin que dimita, el candidato socialista se hace más responsable de la situación de Blanco”, aseguró Saénz de Santamaría.

Doctrina del Supremo
Para rematar la argumentación, el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró en un comunicado difundido por su partido que “la doctrina del Tribunal Supremo exige que existan indicios de criminalidad para que le remitan un asunto, y la jueza sin duda conoce la doctrina del tribunal”.


Trillo, además, advirtió al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de que no debe interferir en la admisión a trámite y debe dejar decidir a la Sala. Según dijo, “en ese caso, como en otros muchos, Conde Pumpido ya ha intervenido demasiado, y siempre a favor del Gobierno”.


El propósito del PP es mantener la presión sobre Blanco en los próximos días, para rentabilizar el efecto de la decisión de la juez de Lugo.

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO DECRETA QUE SE DEVUELVAN LOS 500.000 EUROS DE LA FIANZA DE MATAS

Al Banco de Valencia

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, ha decretado que sean devueltos al Banco de Valencia los 500.000 euros en que el pasado día 17 la Audiencia Provincial de Palma rebajó la fianza de tres millones de euros impuesta contra el expresidente del Govern, Jaume Matas, en el marco del caso Palma Arena, y cuya entrega fue solicitada la semana pasada por la entidad bancaria.

Así lo ha dictado este viernes mediante un auto que justifica que el hecho de que el exjefe del Ejecutivo balear pignorara en favor del banco "el derecho de crédito que en su caso pudiera surgir a la devolución de la fianza prestada" por tres millones de euros, imposibilita la devolución directa de los 500.000 euros al propio Matas.

Y como, prosigue la resolución, la petición del Banco de Valencia "no ha sido desvirtuada" ni por ninguna de las acusaciones como tampoco por parte de la defensa del exdirigente del PP a pesar de que así se les dio traslado, el juez finalmente ha accedido a la pretensión de la entidad bancaria.

El Banco de Valencia alegaba en el escrito que presentó para solicitar la devolución de la cantidad que "el acreedor picnoraticio está facultado para retener el dinero pignorado e imputar a la deuda directamente el importe del metálico sobre el que se constituyó dicha prenda".

Se da la circunstancia de que, de forma paralela, la entidad ha pedido al Juzgado de Primera Instancia número 10 que señale fecha para la celebración de la subasta pública de las tres fincas con las que Matas garantizó el préstamo que le concedió para hacer frente a la fianza de tres millones. El banco ha presentado un escrito ante el Juzgado después de que el principal imputado del caso Palma Arena no haya abonado los más de cuatro millones que le adeuda a raíz del préstamo.

Tal y como ya avanzaron fuentes jurídicas a Europa Press, el exministro de Medio Ambiente no ha hecho efectivo el pago de la cantidad que debe, de forma que, tras así haberlo solicitado el Banco de Valencia, el Juzgado deberá sacar a subasta no sólo la principal vivienda que Matas posee en el casco antiguo de Palma, conocida como 'palacete', ubicada en la céntrica calle Sant Feliu, sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla además de un local ubicado en la calle Sant Miquel.

Fue el pasado mes de mayo cuando el banco presentó una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces

Además

elmundo.es