martes, 2 de noviembre de 2010

LAS IRREGULARIDADES CONTABLES DEL PARTIDO POPULAR. ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE

La fiscalía indaga si el partido se financió con la red Gürtel como en 2003

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

La trama de corrupción masiva que organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .

Los fiscales revisan los gastos electorales de los populares en 2007 y 2008

Special Events facturaba a una fundación servicios prestados al PP

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron fuentes de la investigación.

Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por ley.

El diario Público reveló que los principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral.

El PSOE, que competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción quiere conocer ahora si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.

"Los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".

Anticorrupción señala también que "la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.

Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.

De esta manera, los populares pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones electorales.

Las fotografías que complementan esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con fondos de Fundescam.


LAS CONVERSACIONES DEL "CASO BRUGAL"; "TENEMOS QUE METER LA CUCHARA PORQUE HAY MUCHA PASTA EN JUEGO"

Gregori conversó sobre los posibles negocios del tranvía Alicante-Elche

E. MOLTÓ / R.BIOT - Alicante

El empresario Rafael Gregori ejerce una gran influencia sobre el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, para "beneficio propio o de terceras personas", según apunta la brigada de delitos económicos de la policía, que ha tenido durante meses intervenidos los teléfonos de los implicados en el caso Brugal. Gregori, propietario de un concesionario de coches y camiones de basura, es una de las piezas clave del caso Brugal. Fue detenido el pasado mes de julio, y el juez le dejó en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho y fraude, con una fianza de 100.000 euros.

El empresario, presidente de la Fundación Hércules hasta abril pasado, en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la policía, el 4 de abril de 2008, habla con José, una persona que los agentes no logran identificar. Hablan sobre posibles negocios con el grupo Subús (concesionario del transporte urbano de Alicante y su área metropolitana). El empresario pide a Gregori que le pegue "un empujón" para hablar con Antonio Arias. Acto seguido, según la transcripción de la conversación efectuada por la policía, empiezan a hablar del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía.

José: ¿Entonces, cómo escarbo, cómo llego yo a ese proyecto, tú tienes idea?

Rafael Gregori: Me informo.

J.: Infórmate cómo puedo llegar yo a ese proyecto porque (no se entiende) los tranvías estos pueden transportar 240.000 personas por tirada.

R.: Sí.

J.: No necesitan tendido eléctrico, van guiados por GPS, no necesitan conductor y puede ser un proyecto acojonante.

R.: Voy a estar con el presidente de la Diputación ahora en Sevilla, y voy a preguntarle.

J.: Hazle un preguntado, porque coger un avión e irnos a Indover puede ser una pasada...

Y añade un poco después: "Entérate porque puede ser muy interesante unir Elche por la Vía Parque con Alicante".

R.: Si es cosa de la consejería, también tengo ahí al presidente y al consejero, que es amigo mío coño.

J.: Pues ahí tenemos que meter la cuchara, tenemos que meter la cuchara porque puede haber mucha pasta en juego.

R.: Vale, vale, vale...

J.: Pues a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento unas cosas que tenemos que hablar.

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elpaís.com

LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR EL PAGO DE COMISIONES A CDC A TRAVÉS DEL PALAU

También solicita que sean citados a declarar como imputados el tesorero de CDC y el secretario de inmigración

LLUÍS PELLICER - Barcelona

La Fiscalía ha pedido hoy al juez del caso Palau que abra una pieza separada para investigar el supuesto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública durante los mandatos de Jordi Pujol.

En un escrito remitido hoy al juez, Juli Solaz, la Fiscalía pide nuevas diligencias e imputaciones sobre estos supuestos pagos a raíz del informe de la Agencia Tributaria que concluyó que el antiguo responsable de la institución, Fèlix Millet, ejerció de intermediario en el reparto de comisiones de la constructora al partido. Entre los testigos que la Fiscalía pide que sean citados a declarar como imputados está el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, Daniel Osácar, y Àngel Colom, secretario de inmigración de CDC. El responsable de finanzas del partido que lidera Artur Mas fue uno de los presuntos intermediarios que, según el informe de la Agencia Tributaria, participó en el desvío de fondos del Palau de la Música hacia CDC y su fundación, la Trias Fargas, hoy rebautizada Catdem.

Según la Fiscalía, por ahora se han hallado "evidencias documentales" que apuntan a que se estas comisiones por la adjudicación de obra pública se pagaron a través de dinero en efectivo, de servicios a empresas que trabajaron supuestamente para CDC y de donaciones a la Fundación Ramon Trias Fargas (actual Catdem), vinculada a CDC.

Por su parte, el consejero Joaquim Nadal, portavoz ocasional del Gobierno catalán, ha afirmado hoy que el ejecutivo tripartito queda a la espera de lo que decida el juez del caso Palau ante la petición de la Fiscalía y, así, que "la justicia siga su curso".


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