LA ALARGADA SOMBRA DE "MALAYA"

CORRUPCIÓN | El mapa de las irregularidades urbanísticas

Juan Antonio Roca, Antonio Barrientos y José Manuel Marín

* La Justicia investiga al menos en 15 ayuntamientos si se cometió prevaricación
* Las imputaciones afectan a todos los partidos

Juan Sánchez | Málaga

Junto al turismo de sol y playa, la Costa del Sol es conocida más allá de sus fronteras por los casos de corrupción municipal. A la operación Malaya le han seguido más de una docena de casos. La delincuencia urbanística no entiende de color político, por lo que las principales fuerzas han visto como algunos de sus alcaldes, concejales y militantes han acabado en la cárcel.

Alcaucín
La Guardia Civil irrumpió el pasado 29 de febrero en el Ayuntamiento de Alcaucín y procedían a la detención del alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba y otras 13 personas. Se estaba desarrollando la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística. Entre los detenidos también estaban dos hijas del ahora ex regidor y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora.

Alhaurín el Grande
Durante el verano de 2007 se desarrolló la operación 'Troya' que investigó una supuesta trama de corrupción urbanística en la localidad. Fueron detenidas 24 personas, entre ellas el alcalde, Juan Martín Serón (PP) –que sigue en el cargo con fianza de 100.000 euros– y al concejal de Urbanismo.

Almogía
La instructora del caso Almexia confirmó el pasado 25 de noviembre las imputaciones para los acusados por irregularidades urbanísticas entre los que figura el alcalde, el socialista Cristóbal Torreblanca, al que la juez considera autor de los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación.

Casarabonela
Sebastián Gómez, alcalde socialista, se enfrenta a un año de prisión y ocho de inhabilitación. La Fiscalía le acusa de haber concedido presuntamente una licencia de obras a sabiendas de su ilegalidad.

Casares

Juan Sánchez.

A mediados de este año la Fiscalía de Medio Ambiente presentó denuncias contra el ex alcalde Casares y actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez (IU), por no ejercer sus competencias en materia urbanística. En concreto, el fiscal presentó dos denuncias contra el regidor y contra el edil de Urbanismo en las que señalaba que la «inactividad de los denunciados, no ejerciendo sus competencias en materia urbanística, ha dado como resultado la consolidación de la construcción ilegalmente realizada».

Colmenar
El regidor socialista Pedro Fernández y la ex arquitecta municipal figuran imputados por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito de prevaricación urbanística. A otro arquitecto y dos promotores están acusados de falsedad documental. La Benemérita investigó al Consistorio por conceder licencia de primera ocupación para una nave agrícola cuando en realidad se trataba de viviendas. En 2003 la ex arquitecta, esposa del ex jefe del servicio de Arquitectura de Diputación, José Mora, detenido en el marco de la operación Arcos en Alcaucín, emitió el informe favorable para construir una casa en un soler donde estaba proyectada una nave agrícola.

Estepona

Antonio Barrientos.

Tras 'Malaya', la operación 'Astapa' es la más importante de las desarrolladas en la Costa del Sol contra la corrupción urbanística en volumen de detenidos. El 17 de junio de 2008 agentes de la Policía Nacional procedieron al registro del Ayuntamiento. Detuvieron al alcalde socialista Antonio Barrientos y a concejales del PSOE y ex gilistas del PES. El detonante de la operación fue la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el actual regidor, David Valadez, y la también edil del PSOE Cristina Rodríguez.

Manilva
La operación Ballena Blanca, desarrollada por blanqueo de capitales, propició la detención del ahora ex alcalde de Manilva Pedro Tirado y de su cuñado por delito urbanístico. Lo que motivó los arrestos fue el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Royal Marbella Estates SL, por los que se incrementó el valor de los terrenos del cortijo La Parrada.

Marbella
'Malaya' se puede considerar el caldo de cultivo de la corrupción urbanística de un ayuntamiento a gran escala. Hasta el punto que propició la disolución de la Corporación. En el año 2006 fueron detenidos la mayor parte de los integrantes del equipo de gobierno marbellí, entre ellos personajes como la alcaldesa Marisol Yagüe (GIL); la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos (ex PSOE); el concejal Julián Muñoz (GIL) y su ahora ex novia, la tonadillera Isabel Pantoja; el edil del PA Carlos Fernández –en paradero desconocido–, y el cerebro de la trama, el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

Ojén
El ex alcalde socialista Juan Pedro Gómez fue imputado en 2005 como presunto autor de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras una denuncia presentada contra él por el Grupo Socialista Independiente de Ojén. Los hechos se enmarcan en agosto de 2003, cuando en una comisión de gobierno se aprobó por unanimidad, sin que el ex alcalde se ausentara o abstuviera, el cambio de titularidad de una licencia de obras que anteriormente poseía su padre y que fuer presentada por el propio Gómez y su hermana.

Ronda

Antonio Marín Lara.

A finales de 2007 la Delegación Provincial de Medio Ambiente denunció ante la Fiscalía al alcalde, Antonio María Marín Lara, por un presunto delito de prevaricación al aprobar la construcción de la urbanización Los Merinos. Por este mismo proyecto colectivos ecologistas habían denunciado ya al regidor por delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Sayalonga
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga acusó el pasado mes de noviembre al alcalde, el socialista José Luis Navas, de la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación urbanística por la aprobación de proyectos de actuación para viviendas unifamiliares y la concesión de las correspondientes licencias en contra de las normas. El fiscal pide una año de prisión y nueve de inhabilitación para el regidor, y además acusa por los mismos delitos a otras siete personas que eran ediles cuando sucedieron los hechos. En su escrito, el representante del Ministerio Público señala que cuatro promotores «decidieron obtener un rendimiento urbanístico» de una finca rústica, «hasta la fecha improductiva como finca agrícola».

Tolox

Juan Vera.

La Fiscalía en marzo de 2008 acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera de Convergencia Andalucista (CA), de cometer 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable. Cada caso se juzgará por separado y el alcalde se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en 14 procedimientos y de un año en los nueve restantes.

Torrox
El ex alcalde socialista Francisco Muñoz fue imputado en marzo de 2007, junto a otros ocho ediles, por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Los representantes públicos fueron denunciados por Izquierda Unida y por los miembros de la Plataforma de Independientes Unidos. Al parecer, los nueve imputados aprobaron en julio de 2005 varios expedientes para construir una viviendas unifamiliares aisladas alegando que iban a ser destinadas a fines agrícolas.

Viñuela
El regidor socialista Juan Millán se enfrenta a cinco denuncias efectuadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga en marzo de este año por haber podido incurrir en cinco delitos contra la ordenación del territorio tras la concesión de varias licencias de obras para viviendas unifamiliares. El fiscal dice que el regidor, a sabiendas de que no podía conceder los permisos, aprobó las licencias de forma «arbitraria e injusta» con el conocimiento de que eran en suelo no urbanizable.

elmundo.es

EL PACTO ANTICORRUPCIÓN QUE IMPEDIRÁ QUE UN IMPUTADO OBTENGA UN CARGO PÚBLICO

PACTO ANTICORRUPCIÓN | Acuerdo

* Deberá dimitir el imputado con medidas cautelares o que se enfrente a un juicio
* Nadal podrá continuar como portavoz de UM en Cort
* Este código ético afecta sólo a Bartomeu Vicens
* No se podrá garantizar que un político imputado abandone su escaño

Europa Press | Palma

El PSIB, UM y Bloc han acordado un Pacto Anticorrupción, que impedirá que cualquier imputado pueda ser nombrado para un cargo público, mientras que también contempla que todo imputado que se enfrente a un juicio oral deberá abandonar su cargo en las instituciones o su escaño en el Parlament, en los Consells o en los Ayuntamientos, al igual que sucederá con todos aquellos sobre los que un juez haya decretado medidas cautelares.

Así lo han explicado fuentes de los socios de Govern, que remarcaran que, en función de este acuerdo, el conseller de Medio Ambiente, Miquel Ángel Grimalt, podrá ejercer su cargo mientras el juez no decrete para él medidas cautelares o abra un procedimiento de juicio oral por su imputación en el caso Son Oms.

Asimismo, explican que con este pacto, se impide que Miquel Nadal pueda ejercer cualquier cargo público, aunque sí podrá continuar como portavoz y regidor de UM en el Ayuntamiento de Palma, mientras el juez no decrete para él medidas cautelares o abra un procedimiento de juicio oral.

El acuerdo sobre un código ético ha sido posible, después de que el PSIB y UM aceptaran el sábado las dos enmiendas presentadas por el Bloc, con el fin de impedir que un imputado pueda ser nombrado para un cargo público y obligar a dimitir a todo aquel imputado con medidas cautelares o que se enfrente a un juicio oral.

De este modo, este código ético sólo afectaría, por el momento, al parlamentario del Grupo Mixto Bartomeu Vicens (ex-UM), quien se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros por su implicación en el caso Son Oms, que investiga una supuesta trama de corrupción en torno a este polígono industrial de Palma.

Pese a este Pacto Anticorrupción que garantizará la estabilidad en todas las instituciones, las citadas fuentes de los socios reconocieron que no se podrá garantizar que un político imputado abandone su escaño, en caso de que se den los dos citados supuestos, ya que dependerá de su decisión personal. No obstante, será expulsado inmediatamente del partido, por lo que pasaría al Grupo Mixto, tal y como ha sucedido con Vicens.

Con el Pacto Anticorrupción que se ha acordado, tampoco se vería afectado el presidente del Consell Insular de Ibiza, Xico Tarrés, quien está imputado por el caso Eivissa Centre, aunque, de momento, no se ha decretado contra él medidas cautelares, ni se ha abierto un procedimiento de juicio oral.

Respecto a las discrepancias surgidas entre Miquel Nadal y el portavoz del Bloc en el Ayuntamiento de Palma, Eberhard Grosske, las citadas fuentes de los socios admitieron que estos dos dirigentes son un "poco incontrolables", aunque remarcaron que, con independencia de las diferencias surgidas enbre ambos, hay "consenso en todos los partidos del Govern" respecto al código ético, que será "validado" de manera oficial en las próximas horas por los máximos dirigentes del PSIB, UM y Bloc, Francesc Antich, Miquel Ángel Flaquer y Biel Barceló, respectivamente

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* Bauzà cree que el código ético 'no solucionará el caos'
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elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; LOS TESTAFERROS DEJARON POR ESCRITO QUE UM CONTROLABA LA MESA DE CONTRATACIÓN

Investigación

* La Policía requisa un documento de Studio Media donde se puede leer 'UM'
* En la lista hay políticos y técnicos

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Al registrar las empresas de los testaferros del ex conseller Bartomeu Vicens (UM) que controlaron la gestión de la radio pública recibiendo para ello más de 3 millones de euros, la Policía halló documentos internos de la sociedad que montaron para ello que, según las propias conclusiones policiales, constituyen "indicios evidentes" de que la empresa Studio Media Comunicació SL fue creada exclusivamente "para ser beneficiaria de los contratos del Consell" saltándose los requisitos administrativos y dándole "apariencia de legalidad" al entramado.

Según afirma la Policía tras el estudio de esa documentación incautada, desde un principio Alfredo Conde y Elisabeth Diéguez (vinculados a Vicens y juzgados por cobrar en su nombre comisiones derivadas de la recalificación del polígono de Son Oms) querían tener claro qué negociados iba a controlar UM. Una información que la Policía califica de 'determinante' para ejecutar su plan.

En uno de esos documentos incluidos ahora en el sumario judicial de la llamada Operación Maquillaje –una investigación que ha llevado a la imputación de toda la antigua cúpula de UM en el Consell Insular por el presunto desvío de fondos públicos al dar la gestión de la radio y la televisión públicas a testaferros de sus líderes– se aprecia cómo se puso por escrito que la Mesa de Contratación que iba a decidir sobre sus adjudicaciones estaba controlada mayoritariamente por UM.

Los investigadores hallaron en sus registros una copia del pliego de condiciones que dio origen a Ona Mallorca, la radio pública «en catalán» que se llevaron por concurso Conde y Diéguez a través de Studio Media. Datado el 28 de octubre de 2003, recogía los requisitos para presentarse a una adjudicación de 548.533,58 euros. Un concurso al que sólo concurrió Studio Media, apunta la investigación.

Además
* Los testaferros exigían con amenazas 3M€ con facturas falsas
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* ... y Flaquer le dice a Grosske que se vaya si no está a gusto
* ¿La debilidad de Antich con UM afecta a la gobernabilidad?

elmundo.es

MOVILIZACIÓN A TRAVÉS DE FACEBOOK CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BALEARES

CORRUPCIÓN Manifestación el 12 de diciembre

Imagen del grupo de Facebook que ha organizado la concentración.

* Los baleares dicen 'basta' y convocan por internet una concentración

* El grupo cuenta con más de 800 miembros de todas las edades
* Reivindican el voto en blanco para luchar contra la corrupción

elmundo.es | Efe | Palma

Todo tiene un límite y la paciencia de los baleares para con sus políticos ya lo ha alcanzado. La última crisis del Pacte provocada por las diversas imputaciones de los socios en casos de corrupción ha sido el detonante.

Un grupo creado en la red social Facebook, que ya cuenta con más de 800 miembros, ha convocado en Palma una concentración "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" el próximo día 12 de diciembre , entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde, para protestar contra la corrupción política.

"Por un día, podemos y debemos estar de acuerdo los votantes de izquierdas o derechas, los que somos nacionalistas y los que no", clama la página web de esta convocatoria, que pretende reunir al máximo número de personas en la plaza Mayor de Palma a las 12.00 horas del próximo sábado.

Bajo la premisa "¡Exigimos honradez en la gestión de lo nuestro!", este grupo ciudadano ya ha conseguido más de 800 adhesiones, una cifra que aumenta minuto a minuto de personas que claman que la corrupción "no se puede consentir más".
Voto en blanco

Una de las premisas para subrayar el carácter ciudadano y apolítico del evento es que todos los participantes acudan con vestimenta de color blanco y sin banderas para reivindicar además el voto en blanco contra la corrupción. "Creemos que es muy importante que la gente acuda a la concentración con el blanco como color principal. Con esta idea pretendemos evitar los conflictos de ideologías y banderas (que normalmente enfrentan a la gente) y enseñarles a los políticos cuál es nuestra arma frente a la corrupción; el voto en blanco."

Entre las personas que se han unido a él, hay gran cantidad de periodistas y también personajes públicos como el escritor Miquel López Crespí o el director general de Movilidad, Antoni Verger, así como asociaciones tan dispares como Attac Mallorca, Som Revetlers o la Peña Mallorquinista de Aviación. Asimismo destaca la disparidad de perfiles y edades, entre los que destacan estudiantes de casi todos los institutos de secundaria de las Islas.
'El despertar ciudadano'

En la página se pueden leer numerosos comentarios de los que apoyan la causa, como uno en el que se da las gracias a las personas que han fundado la iniciativa, que supone "despertar de un letargo" ciudadano.

"Me alegra ver que en esta isla de mansos todavía queda algo de rabia y agallas", afirma otro de los miembros, mientras que un tercero opina que "debería ser la manifestación más numerosa de la historia de Mallorca".

Otros proponen soluciones: " ¡Ya está bien de silencio! ¡Qué se nos oiga! y al corrupto, 100 años de trabajos comunitarios y que devuelva lo robado."

Otro miembro de la página saluda a los mallorquines que apoyan la concentración y afirma: "A 10.000 kilómetros de distancia y siete horas de diferencia horaria, estaré allá".

No faltan los que hacen un guiño a la música contemporánea y aluden a Macaco "Acción-Reacción-Repercusión" y por supuesto los que preferirían "plantarnos en la puerta de sus casas y gritarles ¡ladrones!".

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; MACIÁ ALAVEDRA SALE EN LIBERTAD TRAS ABONAR UN MILLÓN DE EUROS COMO FIANZA

Alavedra, a su salida de la prisión de Can Brians 2 este lunes | ACN

* Prenafeta podría seguir en prisión hasta el miércoles al no lograr la fianza
* El hijo de Prenafeta admite que la cantidad exigida por el juez 'es muy alta'
* Garzón considera que ya no existe riesgo de que destruyan pruebas del caso

Xiana Siccardi | Barcelona

Macià Alavedra, uno de los dos ex altos cargos de CiU encarcelados por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística conocida como 'Pretoria', ha salido en libertad este lunes tras abonar un millón de euros que el juez Garzón había establecido como fianza.

Tal y como han confirmado a ELMUNDO.es fuentes penitenciarias, quien fuera mano derecha de Jordi Pujol ha sido el primero en abandonar el recinto carcelario de Brians 2, situado en la localidad de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En la misma cárcel permanece todavía Lluís Prenafeta, cuyo entorno estaría haciendo las gestiones necesarias para poder hacer entrega de su fianza, que también se eleva a un millón de euros.

Fuentes judiciales han asegurado, sin embargo, que teniendo en cuenta que ninguna entidad bancaria puede atender ahora sus requerimientos y que el martes es un día festivo de ámbito nacional, Prenafeta podría permanecer encarcelado hasta, como mínimo, el miércoles.

De hecho, su propio hijo Marc Prenafeta ha asegurado a los medios de comunicación apostados a las puertas de Brians 2 que la cantidad exigida por Garzón "es muy alta".

El final de la reclusión preventiva de Alavedra y Prenafeta llega 38 días después de ser arrestados por orden del juez Baltasar Garzón, quien les acusa de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita en una trama que afectaría al urbanismo de los municipios de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Cabe recordar que las esposas de ambos, Lluïsa Mas y Doris Malfeito, también fueron imputadas la semana pasada acusadas de blanquear capitales. Ni la Fiscalía ni Garzón consideraron necesario entonces activar medidas preventivas contra ellas.

Además
* ¿Quién es quién en el 'caso Pretoria'?

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; LOS TESTAFERROS DE UM EXIGÍAN CON AMENAZAS 3 MILLONES CON FACTURAS FALSAS

El diputado Vicens junto a su testaferro Diéguez y su mujer, tras declarar ante el juez por Son Oms. | P. Vicens

La Policía y el Fisco les acusan de cochecho y malversación
Mientras tanto la Fiscalía guarda silencio

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los testaferros a los que utilizó Unió Mallorquina (UM) para cobrar comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms en Palma así como para saquear las arcas públicas del Consell de Mallorca con la adjudicación de programas fantasma de radio y televisión, se jactaron por escrito de que se llevarían al menos 3,2 millones de euros públicos con facturas falsas de la institución insular que dirigía la actual presidenta del Parlament balear y socia de gobierno del presidente socialista Francesc Antich.

En los manuscritos que les han sido incautados por la policía judicial se arrogaban entre amenazas el poder de determinar cómo y de qué manera obtener el dinero público sin que ningún alto cargo uemita una sola pega.

La documentación requisada por la policía judicial al matrimonio al que la líder de UM Maria Antònia Munar adjudicó mediante un concurso amañado la explotación de la emisora pública, habla por sí misma. En los registros practicados en el marco del caso Son Oms, desvelado por EL MUNDO/El Día de Baleares, y en el que está procesada por el juez la plana mayor de la formación política con la que gobierna las Islas el PSOE, ha sido intervenido un borrador elaborado por el periodista Alfredo Conde y su mujer, la funcionaria de la Seguridad Social Elisabeth Diéguez, amigos personales del ex conseller de Territorio de UM Bartomeu Vicens.

Además
* EU pide la dimisión de Miquel Nadal en Cort...
* ... y Flaquer le dice a Grosske que se vaya si no está a gusto
* ¿Dónde están los fiscales?
* El Pacte 'se arreglará' con medidas para evitar la corrupción
* UM garantiza a Antich apoyo
* El PP planta a Antich

elmundo.es

QUIEN ES QUIÉN EN EL CASO PRETORIA

CORRUPCIÓN | Los 20 imputadosDe izqda. a dcha., arriba: Lluisa Mas, Emili Mas y Malfeito. Abajo, Prenafeta, Alavedra y Muñoz.

ELMUNDO.es | Barcelona

El último auto de Garzón imputa a 11 personas más en el 'Caso Pretoria', la trama de corrupción urbanística que salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña. Con éstas, ya son una veintena los imputados en una compleja trama de relaciones, concursos y planes urbanísticos que investiga el juez de la Audiencia Nacional.

El primer auto, 27 de octubre

Nueve personas fueron imputadas en la primera fase de la operación, cinco de ellos -Prenafeta, Alavedra, Muñoz, Luigi y Dobarco- permanencen en prisión, aunque Garzón ya ha establecido una fianza para que éste último pueda quedar en libertad.

Lluís Prenafeta. Fue el primer secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol y mano derecha del expresidente en sus primeros años. Está detenido acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Macià Alavedra. Ex conseller de Jordi Pujol durante 15 años. Fue titular de las carteras de Governació, Indústria y Economia. Detenido por los mismos delitos que Prenafeta.

Bartomeu Muñoz. Alcalde (PSC) de Santa Coloma de Gramenet hasta que se destapó el caso. Está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude y exacciones ilegales y falsedad de documento oficial. Ha sido sustituído en el consistorio por Núria Parlón, nombrada por la cúpula del PSC.

Manuel Dobarco. Ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Luis García Sánchez, 'Luigi'. Se le considera el cerebro de la trama. Ex diputado del PSC, está en prisión acusado de asociación ilicita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales; además de por fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

Pascual Vela. Director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Su actuación consistiría en buscar empresas de construcción de guarderías para que les fueran adjudicadas de forma irregular las obras, además de ocultar las irregularidades del resto de la trama.

Josep Singla. Director de la inmobiliaria Proinosa, que consiguió sustanciosos contratos por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma.

Lluís Casamitjana. Director de la inmobiliaria Espais.

Manuel Carrillo. Detenido en Madrid, es el consejero delegado de Limasa Mediterránea, una empresa de servicios de limpieza que posee una delegación en Santa Coloma.

La segunda imputación de Garzón, la trama de 'Niesma'

La segunda ola incluye 11 nuevos imputados en la supuesta trama. Muchos de los nuevos implicados están relacionados con el caso Niesma, por el que se investiga una recalificación de terrenos en Sant Andreu de Llavaneres que beneficiaría a la empresa Niesma Corporació, dirigida por Luis García Sáez ('Luigi').

Genís Carbó. El ex jefe de planificación de la Generalitat entre 1996 y 2004 ya aparecía en el primer auto de Garzón por haber cobrado una comisión de 244.011 en la operación 'Niesma'.

Víctor Ros. Ex alcalde 'popular' de Llavaneres. Fue acusado ante la Fiscalía por favorecer a dos de sus primos con una reforma urbanística vinculada a la trama. También es investigado por un juzado de Mataró por otros dos convenios urbanísticos polémicos firmados con la constructora Proinosa.

Antonio Jiménez. Era concejal de Urbanismo en Llavaneres cuando se desarrolló la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en este ayuntamiento de 17,6 millones de euros.

Los allegados

Familiares de los primeros implicados y diversas personalidades -empresariales y políticas- relacionadas con 'Luigi', el supuesto cerebro de la trama, forman el grueso de esta segunda ola de imputaciones.

Manuel Valero Navarro. AAdministrador solidario junto con Jiménez y 'Luigi' desde enero de 2004 de la sociedad Niesma Corporació SL, implicada en las supuestas irregularidades en Sant Andreu de Llavaneres. Es mano derecha de 'Luigi'.

Doris Malfeito. Pintora y esposa de Macià Alavedra. Desde 1992 era administradora de una compañía con intereses inmobiliarios en la Costa Brava. Vendía sus cuadros a grandes empresas. Imputada por blanqueo de capitales.

Maria Lluïsa Mas. Exposa de Lluís Prenafeta y administradora en las sociedades utilizadas por su esposo para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Imputada por blanqueo de capitales.

Emili Mas. El hasta el día 2 de diciembre gerente del Incasol ya estaba citado en el primer auto del juez Garzón por haber aparecido en conversaciones con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García sobre la emisión de facturas falsas para desviar fondos de ayudas europeas.

Juan Felipe Ruiz. Delegado del Gobierno en Menorca entre 1988 y 1995, ya aparecía en el primer auto de Garzón en su calidad de gerente de Marina Badalona e investigado por una operación de compra-venta de un solar en el puerto deportivo de Badalona entre 2002 y 2004.

Philip McMahan. Afincado en Andorra.
Santa Coloma, el epicentro

El Ayuntamiento que se convirtió en el epicentro de la trama el pasado 27 de octubre fue, sin duda, el de Santa Coloma de Gramenet. En este segundo auto de Garzón se amplía el número de imputados relacionados con la corrupción en este consistorio.

Josefina Calvet. Madre del detenido Bartomeu Muñoz,. también fue esposa de Blas Muñoz, el último alcalde de Santa Coloma durante el franquismo entre 1975 y 1979.

Lluís Falcó. Técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Coloma que trasladó a los adjudicatarios del proyecto Centre Comercial Gramenet la inviabilidad de desarrollar este proyecto en ese momento.

elmundo.es

ABSUELTO DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EL EX ALCALDE DE SALOU Y SU HIJO, EX EDIL DE URBANISMO

La Fiscalía les acusó en 2007 de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada

F. BALSELLS - Tarragona

El supuesto caso de corrupción urbanística contra el ex alcalde de Salou (Tarragona), Esteve Ferran Rivera, su hijo, Esteve Ferran Gimbau y ex concejal de Urbanismo ha quedado archivado por falta de indicios delictivos. Así lo señala el Tribunal de Instrucción número 4 de Tarragona en un auto emitido el lunes pasado y notificado hoy en el que absuelve también a otros nueve coimputados por el caso. La Fiscalía acusó en 2007 a los Ferran de protagonizar varias irregularidades urbanísticas de las que se derivaban los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada mediante la cual obtuvieron beneficios por al menos 470.000 euros. La Fiscalía amplió la denuncia con nuevos procedimientos en noviembre de ese mismo año pero el juez no ha encontrado indicios en ninguna de las operaciones bajo sospecha. Las partes pueden presentar un recurso en un plazo de tres días.

Auto Sobreseimiento Provisional Salou
DOCUMENTO (PDF - 72,36Kb) - 02-12-2009

La primera actuación denunciada por el fiscal refiere al uso de información privilegiada en la compra de una finca por 30.000 euros por parte de Ferran Gimbau. Cinco años después, se vendió a una sociedad por 506.000 euros con una revisión del Plan de Ordenación Urbana (POUM) de por medio. El terreno en cuestión pasó a ser urbanizable, lo que permitió venderlo por más de quince veces su valor anterior. El juez rebate que los primeros propietarios de la finca han declarado que se desprendieron de ella a bajo precio dado que tenían "urgencia por vender y les parecía un precio adecuado". También señalaron que desconocían la inminente reforma del POUM, que según el juez había sido debidamente anunciada por el consistorio y era pública y conocida. Por tanto, pese a la "obtención de un gran beneficio por parte del imputado", el auto no considera probado ningún delito en la operación.

El fiscal denunció también supuestos delitos de prevaricación en la concesión por parte del Ayuntamiento de una parcela de titularidad pública a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó en el terreno una residencia geriátrica. Las irregularidades denunciadas son la fijación a la UTE de un canon anual de 6.000 euros revisables y sin justificación aparente. El juez asegura haber obtenido pruebas documentales que revelan que los trámites respetaron la ley. El resto de irregularidades de la operación, en las que destaca varias de las firmas del acta de la mesa de contratación no corresponden con los asistentes a dicha reunión, tampoco obedecen a actuación del ex alcalde de Salou, señala el auto.

La denuncia también recogía presuntas irregularidades en el proyecto de desvío del Barranco de Barenys, plan del consistorio que preveía expropiar 19 viviendas particulares para liberar 40 hectáreas en las que construir 10.000 nuevas plazas hoteleras. El Ayuntamiento habría informado a varias empresas de sus planes incurriendo en un delito de uso de información privilegiada, según el fiscal. El juez asegura que no tampoco encuentra indicios del delito en la operación.

La carrera política de Esteve Ferran Rivera, jardinero de profesión, está ligada al proceso de segregación de Salou respecto a Vila-Seca que culminó en 1989. Ferran Rivera fue el primer alcalde del municipio y lo siguió siendo durante 18 años. Primero bajo las siglas de CiU, luego mediante una plataforma electoral, Ferran Units per Salou (FUPS), que sigue gobernando en la actualidad. El partido perdió la alcaldía a favor del PSC en las elecciones de 2007, pero la recuperó tras una moción de censura realizada el pasado abril y que obtuvo el apoyo del PP y un tránsfuga de CiU. Pere Granados, número dos del FUPS, ostenta desde entonces el cargo de alcalde de la localidad.

elpaís.com

"CASO PRETORIA"; DIMITE EL GERENTE DE LA EMPRESA DEL SUELO DE LA GENERALITAT TRAS SER IMPUTADO POR GARZÓN

Once encausados por el 'caso Pretoria', entre ellos el gerente del instituto catalán del suelo, Emili Mas, un ex alcalde del PP y las mujeres de dos ex altos cargos de los gobiernos de Pujol

PERE RÍOS - Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria de corrupción urbanística y las ha citado a declarar para mañana y el próximo viernes. Con estas nuevas imputaciones, ya son 20 las personas inculpadas en este caso de corrupción urbanística. Cuatro de ellos permanecen en prisión desde el pasado 30 de octubre por orden de Garzón, que ayer acordó la libertad bajo fianza de 200.000 euros de Manuel Dobarco, ex teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet. Entre las 11 personas que han sido imputados figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo, al que el juez Garzón imputa por sus estrechas relaciones con el cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que permanece en prisión. Mas ha sido suspendido temporalmente de militancia del PSC; como ocurrió con el caso de otros cargos socialistas como Bartomeu Muñoz. El departamento de Política Territorial y el departamento de Medio Ambiente -del que también depende el Incasò- ha aceptado la "renuncia voluntaria" de Mas para "facilitar la instrucción del caso".

En esa relación de imputados también figuran Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas, esposas del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, respectivamente, y que permanecen en prisión. La imputación de ambas mujeres está relacionada con su participación como administradoras en las sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Fuentes de Convergència no quisieron confirmar la militancia de estas dos mujeres. Los nacionalistas no tomarán ninguna medida "porque sólo han sido llamados a declarar", informa Clara Blanchar.

También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también encarcelado por esta causa, y a la que se vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Al margen de estas 11 imputaciones, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo día 12 de enero a un total de diez personas como testigos. Entre ellas figura Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, la ciudad en la que se realizó una de las operaciones urbanísticas que investiga Garzón.

17,6 millones sustraídos
Según el auto dictado por Garzón, la trama de corrupción habría sustraído 17,6 millones euros de las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneras, y un total 44,7 millones de euros en el conjunto de municipios barceloneses en los que operaba (Sant Andreu, Badalona y Santa Coloma de Gramanet). El abogado de Prenafeta y Alavedra solicitó la excarcelación de ambos argumentando motivos de salud, pero Garzón la rechazó.

Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos".

Renuncia en el PP, no en CiU
Por su parte, el Partido Popular de Cataluña ha explicado que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres y actual concejal del Ayuntamiento, Víctor Ros, ha presentado esta misma tarde su renuncia a la militancia. El partido ha aceptado la renuncia y ha trasladado el caso al Comité de Derechos y Garantías, que en función de cómo evolucione su imputación podría decidir una expulsión definitiva e incluso la retirada de su acta de concejal.

También en el plano político CiU ha manifestado que no va a tomar ninguna medida contra Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, quién cobró 244.011 euros del también encarcelado Luis García Sáez, Luigi, por intervenir en una operación urbanística en la zona de Can Riviere de Sant Andreu de Llavaneres. Según un portavoz nacionalista "sólo han sido llamados a declarar".

Por su parte, el PSC ha suspendido también temporalmente de militancia a Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de Marina Badalona, también imputado por el juez Garzón. El Ayuntamiento de Badalona ha pedido a Ruiz su dimisión, pero éste no ha aceptado. Sí puede cesar a Ruiz el consejo de administación de Marina Badalona, que comprenden otras administraciones públicas.

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elpaís.com

"CASO MALAYA"; LAS DEFENSAS ARGUMENTAN QUE NO HAY DELITO FISCAL

TRIBUNALES | Autos de procesamiento

Europa Press | Málaga

Abogados de varios imputados en el 'caso Malaya', contra la corrupción en el municipio malagueño de Marbella, han negado la existencia de los delitos fiscales por los que se les procesa en el segundo auto de procesamiento de esta causa en relación con una operación y han sostenido que en todo caso la defraudación habría prescrito.

Así, el letrado del ex primer teniente de alcalde marbellí Pedro Román, procesado en este caso por cinco delitos fiscales, ha sostenido que se ha acreditado con documentos que no hubo incremento de patrimonio injustificado en 2001 a consecuencia de dicha operación, puesto que el ex concejal disponía de fondos en una cuenta que fue abierta en un banco extranjero en 1997.

Ha asegurado que aunque fuera "dinero no declarado al fisco" en su momento, esos fondos "ya existían" y el afloramiento "ha prescrito". Asimismo, ha señalado que en este caso se ha elaborado un informe sobre el incremento patrimonial "sin tener en cuenta el patrimonio anterior" en ese ejercicio.

Además, ha precisado que "no se pueden ignorar las realidades jurídicas para intentar por todos los medios que tributen las personas físicas que no intervienen", asegurando que en el caso del delito fiscal que se le imputa por el ejercicio de 2002 la operación se realizó por sociedades y no por personas, asegurando que Román "ni siquiera fue beneficiario".

En un sentido similar se ha pronunciado el abogado de Juan Hoffmann, otro de los supuestos participantes en esta operación al que también se le procesa por delito fiscal, quien ha apuntado que actuaron personas jurídicas y no físicas y quien ha señalado, además, que es erróneo el tipo impositivo aplicado, por lo que la cuota no es suficiente para considerar que hubo un delito fiscal.

Por otro lado, otras defensas han cuestionado el auto de procesamiento y la instrucción de las piezas separadas que contiene, puesto que algunas permanecieron bajo secreto sumarial hasta el momento en el que se ha dictado dicha resolución, por lo que consideran que se generó "indefensión".

En este sentido, el letrado del ex edil Rafael González ha afirmado que su cliente, procesado en relación con la aprobación de un convenio, no declaró como imputado, por lo que ha estimado que el auto debería ser declarado nulo. Respecto al fondo, ha dicho que no se trataban convenios en las comisiones de gobierno.

Asimismo, el abogado del empresario Carlos Sánchez ha lamentado que el procesamiento de su cliente "se despacha con una línea" y ha considerado que la resolución contiene "un baile de cifras y un lío de números". Además, ha pedido a la Sala que interprete el papel del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y se ha preguntado "por qué había que saber los ilícitos", cuando la Fiscalía y otras administraciones "no los vieron".

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL GASTO DE PERSONAL EN MERCASEVILLA CRECIÓ 900.000 EUROS TRAS APLICAR DOS ERE

Pese a los expedientes, aumentaron los trabajadores

* El PP dice que los EREs de 2003 y 2007 tienen carácter "fraudulento"

María Rionegro | Sevilla

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados en el seno de Mercasevilla -en 2003 y 2007- han surtido el efecto contrario en la empresa pública. Lejos de aliviar las cuentas y sanear la excesiva plantilla, éstos han supuesto un incremento en el gasto de personal de más de 900.000 euros en cinco años, de 2003 a 2008, mientras que el número de trabajadores aumentó.

Las cuentas del mercado de mayoristas arrojan que en el año 2003 el gasto de personal ascendía a 6,1 millones y había 184 empleados. En este mismo año, la Junta de Andalucía aprobó un ERE que tuvo su continuación en 2007, pues cinco años después, en 2008, el gasto de personal asciende a 7.061.683 entre los empleados de Mercasevilla y de su fundación. No obstante, esta cuantía no incluye los contratos por obras y servicios.

Estos resultados no se ajustan a la legalidad de los verdaderos motivos que llevaron a la empresa a remodelar su plantilla. El PP ha explicado que los ERE promovidos en 2003 y 2007 están «motivados» por la resolución emitida el 7 de octubre de 2002 por el Tribunal de la Competencia y ratificada por la Audiencia Nacional en la que se declara contrario a Derecho los cánones que gravan el comercio de pescado y censurando, asimismo, la estructura laboral de la empresa pública.

'ERE fraudulento'
Por todo ello, el portavoz adjunto del PP y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, calificó estos ERE de «fraudulentos» y «en balde», ya que las cuentas de 2008 superaban a las previas al expediente. Y es que, tal y como apunta la Policía Judicial en el informe que remitió a la juez que instruye el caso Mercasevilla, el ERE es, en realidad, un atractivo plan de prejubilaciones para sus empleados mayores de 50 años que, en vez de un ahorro de costes, supone más bien un incremento de los gastos, al contratar a personas para cubrir los puestos que dejan libres otras que están prejubiladas cobrando hasta el 95% del salario.

La creación de la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla en 2006 -ahora en proceso de disolución- también ‘ayudó’ a incrementar la plantilla, ya que, a juicio del PP, «sólo ha servido para trasvasar trabajadores de la empresa y simular así el cumplimiento de la resolución del Tribunal de la Competencia».

En este sentido, el PP consideró «inaudito» que una fundación pública pase en menos dos años a duplicar el número de trabajadores –de 22 en 2006 a 40 en 2008–, y, además, ya prejubilen a empleados. Para reforzar su argumento, la oposición expuso el caso de José María B.L., quien en 2003 figuraba en el organigrama de Mercasevilla y años después pasó a formar parte de la plantilla de la fundación, de donde lo despidieron.

Además
* Testigo insinúa que el concurso estaba dado de antemano
* El PP pregunta si el jefe de gabinete tuvo órdenes de Chaves
* La Junta tramitó en un solo día la ayuda de 900.000 euros

elmundo.es

"CASO MATSA"; "EVIDENTEMENTE SE HA TRABAJADO CON PAULA CHAVES EN EL EXPEDIENTE"

El abogado desmiente al vicepresidente tercero

* La participación de Paula Chaves fue «más activa» en la fase final

Manuel María Becerro | Sevilla

El abogado Francisco Javier López Rubio, ex apoderado de la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa), reconoció a EL MUNDO.es de Andalucía –como demuestran las grabaciones– que la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, Manuel Chaves, tuvo participación material en la tramitación del expediente de la ayuda la compañía minera, al afirmar textualmente que «evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa» y añadir que «hay algunos contratos que venían sellados por otra asesoría jurídica, con el visto bueno de ella en algunos casos».

Este reconocimiento expreso por parte de López Rubio (quien ahora asegura que nunca habló con ningún periodista de este diario en dichos términos) demuestran las dos cuestiones que han desmentido con rotundidad tanto Chaves como el Gobierno andaluz ahora presidido por José Antonio Griñán: por un lado, que el ex presidente de la Junta incumplió flagrantemente el artículo siete de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta al no inhibirse y votar al favor del incentivo; y, por el otro, que ha mentido reiteradamente al Congreso de los Diputados al negar contra toda evidencia la relación de su hija con la subvención desde mucho antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno del pasado 20 de enero.

Paula Chaves Iborra figura como apoderada de Matsa en el Registro Mercantil desde el 12 de noviembre de 2008, dos meses antes de que su padre aprobara la ratificación definitiva del incentivo de 10,1 millones a Aguas Teñidas. Además, la propia compañía minera ha reconocido a la hija del vicepresidente tercero del Gobierno como «directora» de su departamento jurídico desde que la contrató el 2 de julio de 2007.

Además
* La puntualización de López Rubio, el ex apoderado de Matsa

elmundo.es

VIERA ELUDE DE MOMENTO LA CITACIÓN JUDICIAL POR SU CONDICIÓN DE SENADOR

TRIBUNALES | Por la utilización de un local de Correos en Burguillos

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha dejado sin efecto la citación como imputado para el senador socialista y secretario provincial del PSOE de Sevilla José Antonio Viera, prevista para el 14 de diciembre, tras conocer su condición de aforado.

En concreto, la juez María José Bernal ha procedido a solicitar el suplicatorio al Senado para que constate la condición de senador y a partir de ahí sería el Tribunal Supremo el que podría encargarse del caso.

En la denuncia presentada por el PP, que hace referencia a la utilización de un local de Correos para uso "gratuito" de la sede del PSOE de Burguillos, en ningún momento se hace referencia a que José Antonio Viera sea senador del PSOE por Sevilla.

Con respecto a estos hechos, Viera ha explicado que, inmediatamente después de que tuvo conocimiento de este hecho, ordenó el cierre de las instalaciones y el desalojo del mobiliario y se puso en contacto con Correos para indicarle que fijase la cantidad que estimase oportuno por el uso "indebido" del local.

La cantidad de 17.092 euros se ingresó el 12 de noviembre en la cuenta de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos para dejar "zanjada" esta situación "irregular", ha precisado Viera.

Además
* José Antonio Viera, imputado por malversación y cohecho
* El PSOE respalda a Viera y acusa al PP de "ocultar datos"
* Lea la providencia del juzgado de Instrucción 13 de Sevilla

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; NADAL DESVIÓ 4,3 MILLONES PÚBLICOS A SU PRODUCTORA

Los hallazgos de Hacienda

* Sus acciones en Video-U las tiene el primo de su mujer
* Cazan un desvío de 385.000 € del 'testaferro' Sard al conseller

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El conseller de Turismo del Govern balear Miquel Nadal se apropió presuntamente de fondos del Consell de Mallorca mientras era su vicepresidente utilizando para ello como testaferro al primo de su mujer y, como pretexto, la adjudicación de programas fantasma de la radio y la televisión pública que él mismo puso en marcha y dirigó desde la institución que presidía entonces Maria Antònia Munar.

Así lo concluyen el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que han denunciado al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que investiga el caso Son Oms que el líder de Unió Mallorquina (UM) colocó como "persona interpuesta o testaferro" a su pariente Miguel Sard Vicens en la productora que se encargó de montar la Televisión de Mallorca.

Un medio público conocido popularmente como TeleMunar, en referencia a la actual presidenta del Parlamento balear y máxima responsable del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura y cuyo montaje se encomendó mediante infinidad de contratos y subvenciones irregulares a la productora Video-U, administrada por Miguel Oliver Reus y que, según refleja el último auto judicial, se llevó en solo dos años 3.752.559,80 euros públicos. Cifra que asciende hasta los 4.300.000 euros sumándole los intereses en otras sociedades interpuestas que también se nutrían de fondos del Consell. Tanto Nadal como Munar y Sard han sido imputados por el juez Juan Ignacio Lope Sola y tendrán que declarar a lo largo de la semana comprendida entre los próximos 14 y 18 de diciembre.

La suegra de 'pantalla'
Los investigadores sostienen que la figura de Sard constituye una mera "persona interpuesta o testaferro" del conseller del Ejecutivo balear que preside el socialista Francesc Antich y que los trabajos que se encomendaron a su productora Video-U adquirían la forma de "proyectos ficticios o sencillamente inexistentes".

Además
* Editorial: ¡Demoledoras pruebas y ni un detenido!
* Munar pagó a la banda de Son Oms con programas fantasma
* UM: 'Son sólo rumores, no nos han informado de nada'

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; UM ADMITE QUE ES "POSIBLE"QUE ALGÚN CONSELLER DIMITA "UNILATERALMENTE"

Su intención es cumplir el pacto

* Josep Melià remarca que la intención es cumplir el pacto de gobernabilidad

Europa Press | Palma

El portavoz de UM en el Parlament e integrante del Grupo Mixto, Josep Melià, ha remarcado que, "en principio", la intención de su partido es cumplir el pacto de gobernabilidad, auque admitió que es "posible" que algún conseller dimita "unilateralmente si considera que es lo mejor para el Ejecutivo", lo que responderá "en gran parte a una decisión personal".

Melià niega que UM se esté planteando abandonar el pacto y que vaya a exigir la dimisión de los consellers de Turismo y Medio Ambiente, Miquel Nadal, y Miquel Ángel Grimalt, tras haber sido imputados en una pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, junto a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y el presidente 'uemita, Miquel Ángel Flaquer.

Asimismo, recalca que su partido dará apoyo a los Presupuestos del Govern para 2010, después de haber colaborado en su elaboración, y, en esta línea, destacó que UM va a intentar que la "judicialización de la política, nos afecte lo mínimo posible en nuestras responsabilidades de Gobierno".

Melià sostiene que UM sólo "depurará responsabilidades políticas", en caso de que la Justicia adopte medidas cautelares o determine la culpabilidad de determinados cargos institucionales de este partido, pero añadió que "no se pueden adelantar los acontecimientos, porque sería dejar sin contenido la presunción de inocencia". Por ello, estima que la "salida" a la actual situación generada en las distintas instituciones, tras la imputación de Nadal, Grimalt y Munar, es que los tribunales comenzaran a "resolver los distintos casos y dictaminaran si hay culpabilidad o inocencia".

En esta línea, estima que los juzgados deberían "darse prisa", debido a que, a su juicio, "no se puede alargar indefinidamente la situación de sospecha" sobre algunos dirigentes de UM, ya que "no es buena para los afectados, ni para el sistema en general", teniendo en cuenta que las personas son inocentes "mientras no se demuestre lo contrario". "Quien haya cometido un delito que lo pague, pero si finalmente, se declara inocente, se deberá restituir su honor", señaló Melià.

Por otra parte, el dirigente de UM dice que le "llama la atención" que algunos dirigentes socialistas se planteen la posibilidad de que sea el PP el que tenga que dar "estabilidad" a un Gobierno en minoría, teniendo en cuenta que este partido tiene personas en "la misma situación" judicial que UM.

'A cualquiera le pueden imputar'
Asimismo, Melià afirma que le gustaría saber si en caso de que presidente del Govern, Francesc Antich, tome alguna decisión en contra de los consellers uemitas imputados, también destituirá al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, quien "se encuentra en una situación procesal más desarrollada que la de determinadas personas de UM".

"Si la imputación es sinónimo de dimitir, continuamente habría dirigentes políticos dimitiendo, porque a cualquiera le pueden imputar presentando una querella contra él", aseveró, al tiempo que criticó la "doble vara de medir" de algunos partidos, ya que "no veo a la gente de EU haciendo en el Consell de Ibiza lo mismo que hacen en el Ayuntamiento de Palma".

Pese a que admite que entre los 3.000 afiliados de UM puede haber pensamientos diferentes respecto a las medidas a adoptar tras la imputación de Nadal, Grimalt y Munar, resaltó que su partido es "organizado y estructurado", por lo que cualquier decisión que se tome al respecto se adoptará en los órganos de dirección que, según recordó, son el Consell Político y el Comité Ejecutivo.

Además
* Nadal desvió 4,3 millones públicos a su productora
* Editorial: ¡Demoledoras pruebas y ni un detenido!
* Kyril pagó 370.000€ a Nadal en la compra de una finca

elmundo.es

"CASO SON OMS"; JUZGAN A VICENS Y NICOLAU POR EL INFORME PLAGIADO DE INTERNET

CORRUPCIÓN | Este miércoles

Europa Press | Palma

El diputado del Grupo Mixto en el Parlament, Bartomeu Vicens, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y el antiguo contable del primero, Tomàs Martín, serán juzgados a partir del próximo miércoles por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), acusados de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de 12.020 euros del Consell de Mallorca a cambio de un informe plagiado sobre el suelo.

Se trata de una pieza separada del caso Son Oms en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de 4 años y seis meses de cárcel para Bartomeu Vicens y de 3 años y 2 meses para Damià Nicolau -ambos defendidos por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner- por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en el marco de esta pieza separada del caso relacionada con el supuesto pago por parte de Vicens de los 12.020 euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado de Internet.

Asimismo, el Ministerio Público solicita nueve meses de privación de libertad para Martín, asistido legalmente por Gaspar Oliver y Ricard Mesquida, y para quien concurren las atenuantes de reparación del daño producido y confesión de los hechos.

En concreto, el tribunal que juzgará a los tres acusados está compuesto por el presidente de la Sala, Antonio Terrasa, y los magistrados Francisco Javier Muñoz -ponente de la sentencia- y Felisa Vidal. Asimismo, la vista arrancará el martes a las 9.30 horas con las cuestiones previas, el interrogatorio de los imputados y la declaración de los testigos, mientras que el miércoles, desde las 10.00 horas, continuará la prueba testifical y se expondrán las conclusiones y los informes finales.

El escrito de la acusación pública, relata que a principios de 2007, cuando Vicens ocupaba el cargo de conseller ejecutivo de Territorio del Consell, decidió beneficiar "de manera arbitraria" con fondos públicos a su contable particular, Tomás Martín, a quien "quería favorecer por los servicios y colaboraciones prestadas y como medio para mantener su fidelidad".

Es por ello que llevó a cabo las gestiones necesarias para que se creara un expediente de contratación por unos servicios "innecesarios para la administración y que no entrañaban trabajo para su amigo ni utilidad alguna" para la institución que los pagaba.

De este modo, Nicolau, que entonces era director insular de Territorio, fue convencido por Vicens para que emitiera los informes pertinentes sobre la necesidad de este trabajo a fin de dar "una cobertura jurídica" a la contratación y pudiera superar los controles administrativos, prestándose a ello dictando resoluciones e informes dirigidos a efectuar el expediente de contratación por valor de 12.020 euros.

Así las cosas, el contable, pese a comunicar que no tenía conocimientos ni preparación para dicho estudio, realizó el trabajo mediante la copia y selección de diversas fuentes de información pública que la propia Conselleria le facilitó. Según la Fiscalía, Vicens autorizó la contratación arbitraria y ordenó el pago de la cantidad presupuestada "con pleno conocimiento de que el trabajo era inútil e innecesario y con la convicción de que a él, personalmente, le era más favorable congraciarse con Martín".

Reconocimiento de los hechos
Cabe recordar que en la declaración efectuada el pasado 26 de mayo ante el juez, Martín admitió que Vicens le encargó realizar un estudio sobre el valor del suelo en Mallorca de cara a la elaboración de la Ley del Suelo, que le fue adjudicado por un total de 12.020 euros del erario público.

Tal y como expuso en su comparecencia, accedió a la propuesta tras "poner reticencias" ya que "soy economista y no dominaba el tema", y plagió el informe que le había pedido, reconociendo que había extraído su contenido y estadísticas de varias páginas web y de otros informes sobre el valor del suelo que "ya existían". Un extremo que, sin embargo, negó Vicens durante la comparecencia que también llevó a cabo, donde dijo que la elaboración del informe no correspondía a un "plagio" de informes anteriores.

El acusado, tras ser preguntado sobre por qué no devolvió el dinero cuando lo cobró en 2007, respondió que "ahora me he dado cuenta de la gravedad", aunque un día antes de su declaración retornó en una entidad bancaria los 12.020 euros que percibió por el estudio, lo que la Fiscalía ha aceptado en su escrito como atenuante por la reparación del daño causado, que se suma al hecho de haber confesado lo ocurrido.

Martín, quien ya reconoció haber conseguido facturas falsas para evadir impuestos ante Hacienda y maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación de Son Oms, señaló que la obtención de los 12.020 euros -cantidad máxima que permite la Ley para realizar este tipo de pagos sin necesidad de convocar un concurso público-, no los considera "una recompensa" por la elaboración de las facturas sino que el informe fue encargado "en un entorno de amistad" entre Vicens y su contable.

Mientras tanto, Vicens afirmó en su declaración haber encargado el estudio, justificando su utilidad en torno a decisiones a tomar sobre política de suelo, aunque negó que indicase a su contable páginas web donde poder extraer y "plagiar" el contenido del estudio adjudicado.

A su vez, Nicolau negó que exista relación alguna entre el proceso de recalificación del polígono palmesano y la realización del informe sobre el valor del suelo en Mallorca y que, según manifestó, fue adjudicado al gestor Tomás Martín, "la persona que mejor lo podía hacer". Supuestamente, la adjudicación del estudio habría servido para recompensar al contable, que elaboró supuestas facturas falsas por 295.000 euros para maquillar las comisiones obtenidas por la recalificación de Son Oms.

Instrucción del caso Son Oms
Cabe recordar que fue el 27 de octubre de 2008 cuando la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se declaró competente para instruir el caso, procedente del juzgado de instrucción número 2 de Palma, debido a la condición de aforado de Vicens. Se trataba de la primera vez en la historia de la comunidad balear que un juez ordinario en Baleares pedía la adopción de una medida cautelar al TSJIB para un aforado, como es el caso de Vicens por ser diputado en el Parlament.

En relación con el procedimiento, la Fiscalía afirma que Vicens creó una sociedad, Metalumba, en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15% de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1999. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, Antònia Martorell, mientras que su presunta testaferro Elisabeth Diéguez fue designada administradora única.

Por otro lado, el juez abrió el pasado 21 de octubre otra pieza separada dentro del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde Televisió de Mallorca y Ona Mallorca hacia UM, y por la que deberán declarar en calidad de imputados, entre los días 14 y 18 de este mes, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y varios miembros más de la formación regionalista, como los consellers de Turismo y Medio Ambiente, Miquel Nadal y Miquel Àngel Grimalt, respectivamente.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; "MI PRIMER IMPULSO SERÍA DEJARLO TODO, PERO ME HAN PEDIDO QUE ME QUEDE

Declaraciones del conseller

Miquel Nadal durante la rueda de prensa en Ibiza | Sergio G. Cañizares

* Miquel Nadal expresa su deseo de dimitir tras las nuevas imputaciones
* Afirma sentirse perseguido y 'molesto' por las informaciones de El Mundo

Israel Rodríguez | Ibiza

"Mi primer impulso sería dejarlo todo, si no lo he hecho es porque mi presidente me lo ha pedido", así se ha expresado el conseller de Turismo Miquel Nadal durante una rueda de prensa en Ibiza.

Nadal ha asegurado que se siente "perseguido" y ha asegurado, en relación a las informaciones publicadas por El Mundo/El Día de Baleares sobre el desvío de 4,3 millones públicos a su productora, que "todo es falso". Nadal desmiente así no a la prensa sino a la Agencia Tributaria y los resultados de su investigación.

Asimismo ha salido en defensa de su prima Rosario Nadal y ha lamentado que "se ponga en duda" la compra de la finca.

"He pensado en dimitir y lo sigo pensando" ha dicho el conseller que ya cuando fue imputado por Can Domenge intentó, sin éxito, presentar su dimisión. Nadal ha hecho estas declaraciones durante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Ibiza en materia turística

Además
* Juzgan a Vicens y Nicolau por el informe plagiado de Internet
* El Bloc exige relevos en UM o redefinir el Pacte
* 'Todo es una estrategia para acabar con los nacionalistas'
* Fiol dice que no descarta unas elecciones anticipadas

elmundo.es

"CASO MILLET"; EL ASESOR LEGAL DEL PALAU DECLARA QUE LA HIJA DE MONTULL LE FACILITABA FACTURAS FALSAS

'CASO MILLET' | Raimon Bergós, destituido tras conocerse el desfalco

Raimon Bergós (izquierda), en el juzgado, junto a su abogado. | Efe

* Implica a Gemma Montull en la aportación de las facturas que eran manipuladas
* Fue secretario de la Fundación y le destituyeron tras destaparse el desvío
* Su despacho era el encargado de llevar los asuntos legales de la entidad

Germán González | Barcelona

Raimón Bergós, quien ejercía de asesor legal del Palau de la Música durante la presidencia de Fèlix Millet, ha asegurado ante el juez que lleva el caso que "nunca ha salido una factura falsa" de su despacho.

Bergós está acusado de falsedad documental como presunto colaborador de Fèlix Millet y Jordi Montull en la manipulación fraudulenta de facturas. En concreto, les acusan de realizar cuentas ficticias para responder a un requerimiento de la Agencia Tributaria, que les cuestionó sobre 2,2 millones de euros que no constaban en las cuentas de la entidad.

Durante su declaración de este miércoles Bergós ha recordado que su papel se limitaba a la de mero intermediario y que era Gemma Montull, hija de Jordi Montull y directora financiera del Palau, quien le entregaba la documentación que le requería. Una versión que han reforzado los otros dos imputados que han declarado hoy, los abogados Santiago Llopart y Edmundo Quintana.

Bergós, que fue secretario de la Fundación Orfeó Català y fue destituido tras destaparse el desfalco de la entidad, también ha aportado su versión sobre el préstamo que Millet realizó al político Àngel Colom para saldar las deudas contraídas tras la disolución de su formación política Partit per la Independència (PI).

Según ha aclarado Bergós, al preguntarle a Millet por el uso de 25 millones de pesetas que no se habían justificado debidamente, el ex presidente del Palau le aseguró que se debía a "un convenio verbal" con Colom. Siempre según Bergós, su despacho redactó entonces un borrador con los mencionados 25 millones, aunque el único escrito que ha aparecido durante la investigación ha sido uno de 12,5 millones, cifra que coincide con la admitida por el propio Colom.

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; GARZÓN TAMBIÉN IMPLICA A LAS MUJERES DE PRENAFETA Y ALAVEDRA

JUSTICIA | 11 nuevos imputados

* Garzón imputa también al gerente del organismo de suelo del Govern
* Los nuevos imputados, que no están detenidos, declararán jueves y viernes
* El conseller Nadal aseguró que la implicación de Mas era 'una confusión'
* Libertad bajo fianza para el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma

Xiana Siccardi | Germán González | Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por su presunta relación con la 'operación Pretoria 2' por presunta corrupción urbanística en varios municipios catalanes.

Entre ellos figuran las esposas de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente, así como Josefina Calvé, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz (PSC). Garzón, que ha citado a Malfeito y Mas para este mismo viernes, acusa a la mujer de Prenafeta de blanqueo de capitales, mientras que la madre de Bartomeu Muñoz habría incurrido en un delito de cohecho.

También destaca por la importancia de su cargo Emili Mas, actual gerente del servicio municipal del suelo catalán (Incasòl), y que previsiblemente declarará en la Audiencia Nacional también este viernes acusado de actividades prohibidas a cargos públicos.

La lista de imputados también incluye al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP), acusado de asociación ilícita. Una figura delictiva que también se atribuye a Lluís Falcó, técnico de urbanismo de Santa Coloma, y a Antonio Jiménez, ex responsable de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres.

El juez también acusa al ex director de Política Territorial del gobierno de CiU, Genís Carbó de cohecho y al consejero delegado de Marina Badalona SA, Juan Felipe Ruiz, de tráfico de influencias.

Fuentes cercanas al caso explicaron a ELMUNDO.es que dentro de estos nuevos 11 imputados, hay tres que han sido citados a declarar en relación a una causa antigua, que podría tratarse del 'caso Petrus'. Entre ellos podrían incluirse Phillip McMallen, así como Manuel Valero.

De los 11 totales, diez ya tienen en sus manos la citación judicial, y uno de ellos ha pedido una comisión rogatoria para poder declarar desde fuera de España.

Asimismo, Garzón ha aprobado la puesta en libertad bajo fianza de 250.000 euros para el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Manuel Dobarco, y que hasta ahora se encontraba en la prisión de Brians 2 (Barcelona) junto a los otros cuatro encarcelados por el caso: Prenafeta, Alavedra, el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz (PSC) y el director gerente del consistorio, Pasqual Vela.

La Generalitat hablaba de 'una confusión'

La imputación de Emili Mas cae como una losa en el Ejecutivo de Montilla. Después de que el nombre del gerente del Incasòl apareciese en el auto de Garzón sobre la trama, el conseller de Política Territorial y Obras públicas de la Generalitat, Joaquim Nadal, declaró que sólo podía tratarse de una "confusión". "No interpreto que en la conversación grabada en la que aparece Emili Mas se hablase de falsificar facturas", concretó.

Sólo unos días después Nadal abundaba: "No hay ninguna posibilidad real de que se haya podido producir ningún tipo de desvío de fondos que implique al gobierno de la Generalitat". Ahora Garzón pone en entredicho sus palabras.

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"OPERACIÓN PRETORIA"; EL GERENTE DE URBANISMO DE LA GENERALITAT DIMITE Y EL PSC LE SUSPENDE DE MILITANCIA

CORRUPCIÓN | Tras su imputación por 'Pretoria'

* El socialista está imputado por actividades prohibidas a cargo público
* Víctor Ros, ex alcalde de Sant Andreu por el PP, abandona el partido

Leonor Mayor | Barcelona

El gerente de urbanismo de la Generalitat, Emili Mas, ha dimitido de su cargo como director del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) tras su imputación en el 'caso Pretoria' por actividades prohibidas a cargo público, y ha sido suspendido de militancia del PSC, tal y como ocurrió con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz; y Pasqual Vela, gerente de Servicios del ayuntamiento de esta localidad barcelonesa, según han precisado fuente socialistas.

Por otra parte, Víctor Ros, quien fuera alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) con el PP, ha presentado su renuncia como militante del partido. Sin embargo, mantendrá el acta de concejal que ocupa en la actualidad al menos, hasta el próximo viernes, a la espera de la decisión que tome el juez Garzón tras escuchar su declaración.

elmundo.es

LA MADRE DEL ALCALDE DE LA NUCÍA TAMBIÉN PAGÓ EN METÁLICO UNA VIVIENDA

Bernabé Cano, su familia y sus amigos constructores poseen casi la totalidad del edificio

Una de las actuaciones más comprometidas del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, que ha saltado a la actualidad a raíz de sus vínculos con los cabecillas de la trama Gürtel, fue la compra de dos pisos de lujo que pagó en metálico. Pero no es el único miembro de la familia que adquirió viviendas en el mismo bloque: su madre también se hizo con un piso en el mismo edificio, en el que también tienen varios inmuebles los constructores Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Los dos constructores ayudaron a Francisco Correa a conseguir un pelotazo urbanístico en el municipio, y eran los propietarios del restaurante en el que la trama agasajaba con fiestas privadas a los políticos.

El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y su familia, junto con los constructores Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme tienen casi en exclusiva la propiedad de un bloque de viviendas en el municipio alicantino, situado en el centro de la actualidad política por los vínculos del alcalde con la trama de corrupción de la Operación Gürtel y por los intereses inmobiliarios que tenía en la localidad el presunto asesino del ex alcalde de Polop, Juan Cano.

Las compras de Cano... y de su madre
A la información ya conocida de que Bernabé Cano adquirió este mismo año dos viviendas en este edificio que pagó en efectivo a través de varios cheques y transferencias bancarias, y cuyo pago no ha podido acreditar íntegramente, se suma ahora la propiedad que compró su madre, Ángela García, en el mismo inmueble. La mujer adquirió en las mismas fechas una casa y una plaza de garaje en el bloque, por valor de 303.502 euros, que también habría abonado en metálico a través de transferencias bancarias.

Rocamora y Riquelme
Todos los pisos fueron comprados este mismo año, después de que estallara el escándalo del caso Gürtel. Tanto Cano como su madre compraron las viviendas a los empresarios Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, con los que el alcalde mantenía una fuerte amistad. Ambos constructores –que son propietarios de otras cinco viviendas en el edificio- ha aparecido también mezclados con la trama Gürtel, ya que fueron los encargados de facilitar a Francisco Correa un pelotazo urbanístico de 72 millones de euros en el municipio. Además, eran los propietarios del restaurante en el que Correa y los suyos organizaron fiestas con prostitutas en honor de Bernabé Cano y otros políticos.

Sin justificar
Ni el alcalde ni su madre han podido justificar los pagos de estas viviendas. En su día, Cano aseguró que parte del dinero que destinó a las casas se lo había donado su madre. Sin embargo, las compras se hicieron en el mismo periodo de tiempo y Cano no ha podido documentar ante notario 215.302 euros de los 823.000 que supuestamente pagó por los dos pisos en el bloque.

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"CASO BECARA"; GALLARDÓN NO DESTITUIRÁ AL EDIL DEL PP IMPUTADO

Íñigo Henríquez de Luna prestó ayer declaración ante el juez que le ratificó la imputación por tráfico de influencias. El concejal ha recibido el apoyo de Esperanza Aguirre y de la dirección del PP regional

B. JIMÉNEZ - Madrid

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henriquez de Luna, ha defendido hoy su inocencia durante una rueda de prensa convocada para aclarar su situación judicial. El edil popular está imputado por un delito de tráfico de influencias por supuesta participación en el caso Becara de concesión irregular de licencia urbanística a este comercio situado en la milla de oro de la capital.

Durante su intervención Henríquez de Luna ha manifestado que ha recibido el apoyo del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Fuentes municipales confirman que el equipo de Gobierno rechaza tomar medidas contra este concejal. También ha recibido el apoyo del vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, pese a que hace unas semanas mantuvieron un enfrentamiento público tras unas duras declaraciones de Cobo contra la dirección regional del partido en Madrid.

Henríquez de Luna ha asegurado que su imputación se debe a la denuncia que presentó contra el una familia, vecinos de la calle de Juan Bravo donde está el establecimiento, que denunció supuestas irregularidades en la concesión de la licencia a la tienda de muebles. El edil popular ha añadido que durante el encuentro que mantuvo ayer con el juez, Santiago Torres, sólo le informaron de los cargos que se le achacaban debido a la denuncia de la familia, María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche. Además, ha subrayado que su situación jurídica se debe a la venganza de estos vecinos. El concejal popular ha recordado que ha recibido amenazas por parte de esta familia.

Henríquez de Luna ha querido dejar claro que su caso no tiene nada que ver con el caso Guateque, la red de corrupción para conceder licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid. Según el edil, la Junta Municipal del Distrito de Salamanca no ha realizado ninguna licencia irregular a Becara. La licencia la concedió en una época anterior la Gerencia de Urbanismo, asegura.

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EL JUEZ CITA AL CHÓFER DE FABRA PARA QUE ACLARE LOS INGRESOS BANCARIOS

MARÍA FABRA - Castellón

El titular del Juzgado número 1 de Nules ha llamado a declarar, en calidad de testigo, al chófer del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de que hace dos semanas al menos cuatro empleados de tres entidades bancarias diferentes reconocieran al conductor, José Del Campo, como la persona que realizaba los ingresos en efectivo en las cuentas de su jefe. Carlos Fabra está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos cuyo origen Fabra no justificó. En muchos casos, no superaban los 3.000 euros, y, entre lo declarado y lo ingresado, se calculó un desfase de 600.000 euros de los que 300.000 eran atribuibles directamente a Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos".

Además, el juez ha requerido también al ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet para que aporte toda la documentación que acredite el aval del préstamo que, según declaró ante el propio juez, realizó a Fabra. El empresario sostuvo que los ingresos que realizó en una de las cuentas del presidente de la Diputación sirvieron para cubrir el impago de un crédito que avalaba.

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

EL ALCALDE DE LA NUCÍA COMPARTE UN BLOQUE CON PROMOTORES URBANÍSTICOS

El edil y su madre compraron tres apartamentos a los empresarios

ARTUR BALAGUER - Benidorm

Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades. Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.

La relación de Cano con Rocamora y Riquelme sigue siendo fluida

La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.

La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.

Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros. Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.

Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.

La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.

Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.

Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia. Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.

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"CASO MALAYA"; LAS DEFENSAS CRITICAN QUE SE CRIMINALICE "TODO LO QUE HUELA A ROCA"

TRIBUNALES | Corrupción en Marbella

Europa Press | Málaga

El abogado defensor del letrado Manuel Sánchez Zubizarreta ha pedido a la Sala encargada de resolver los recursos contra el segundo auto de procesamiento del caso 'Malaya' que "ponga fin a tanta arbitrariedad", al considerar que "se está criminalizando todo lo que huela a Juan Antonio Roca Nicolás", presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga ha acogido este martes la segundo sesión de la vista sobre los recursos de apelación presentados contra el auto de marzo de este año por el que el actual instructor, Óscar Pérez, amplió en 17 el número de procesados en esta causa contra la corrupción municipal en Marbella. La vista continuará este miércoles con la exposición de otras defensas.

Así, Francisco Soriano, letrado de Sánchez Zubizarreta, ha asegurado sentir "vergüenza de lo que está ocurriendo" en este procedimiento. "No he visto un sumario como éste", ha precisado, al tiempo que ha apuntado, como ya hiciera en la vista anterior sobre el primer auto de procesamiento, que "se hace todo lo que propone la Policía" y "no se cumplen las garantías constitucionales".

En este sentido, ha puesto de ejemplo el procesamiento dentro de esta causa de un hombre "año y medio después de haber fallecido". "Vamos a poner fin a esto o apaga y vámonos", ha señalado esta defensa, quien ha sostenido en la vista que su defendido no tuvo otra labor en las operaciones que se describen en este auto que la de "asesoramiento jurídico".

Por su parte, el abogado de otro procesado también se ha pronunciado respecto a la instrucción y ha asegurado que se mantiene que "todo lo que toca Roca era ilegal", por lo que a su entender "se está aplicando el derecho penal de autor". "Toda actuación urbanística en la que haya intervenido en señor Roca es delictiva mientras no se demuestre lo contrario", ha criticado.

En esta misma línea, el letrado ha indicado que se está haciendo una auditoría penal del urbanismo de los últimos años en la localidad marbellí y ha lamentado que se dé como "injusto" todo convenio urbanístico cuando, según ha manifestado, es una figura "totalmente legal" y utilizada en cualquier ámbito.

Respecto a los convenios, la defensa del edil José Luis Fernández Garrosa ha argumentado que un concejal de Personal, como era su cliente, "no tenía por qué saber si era correcto lo que aprobaba", más cuando venía ratificado por técnicos. "Si no se ponía previamente tacha al convenio, por qué lo va a hacer un concejal", se ha preguntado el letrado.

Además, ha concluido que su defendido "no estuvo" en la comisión de gobierno en la que se aprobó el convenio recogido en el auto de procesamiento y ha recordado que en los juzgados de Marbella se tramita una denuncia por presunta falsedad tras "los retoques" hechos en el acto de dicha comisión.

Por su parte, el letrado de uno de los administradores de Condeor, sociedad vinculada a Roca, ha dicho que su cliente fue "fiduciario en operaciones que considera lícitas" y ha destacado que las imputaciones por blanqueo de capitales se basan en "razonamientos erróneos", pues "se le impone a una persona no obligada por la ley unas obligaciones que tienen notarios, abogados o entidades bancarias", ha precisado.

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