domingo, 21 de junio de 2009

BÁRCENAS , EL TESORERO "DISCRETO" E "INVISIBLE"


Después de 27 años en el núcleo del PP "todo el mundo sabe con qué patrimonio entró y cuál tiene hoy”

Luis Bárcenas, el tesorero del PP, implicado en el caso de corrupción Gürtel, es una persona “discreta” y “prudente”, según sus compañeros afines del partido, y con una gran capacidad para la “invisibilidad”, de acuerdo con la imagen que de él tienen sus adversarios políticos. Conoce los fondos de su grupo como nadie. Lleva anclado en su departamento de administración 27 años, desde que Ángel Sanchís, gerente en aquellos tiempos, le respaldara.

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Fraga, Hernández Mancha, Aznar, Rajoy. Los ha visto pasar a todos. El caso Naseiro le pasó de lado, cuando salió a la palestra en los 90, precisamente por culpa del tesorero Rosendo Naseiro, y por una acusación que ronda en el aire desde que saliera a la luz la Gürtel: financiación irregular.

Senador sin mucho esfuerzo
En 2004, Rajoy le apoyó, como reconocen en el cuartel general de Génova, y le incluyó en las listas al Senado por Cantabria. Y volvió a respaldarle en 2008. Al parecer el puesto no le ha requerido mucho esfuerzo parlamentario. En su primera legislatura, Bárcenas formuló 311 preguntas de respuesta escrita al Gobierno, en las que utilizó casi siempre la misma plantilla: la ejecución de los Presupuestos del Estado en Cantabria. Desde 2008, ha planteado 465 interrogantes, aunque la cifra es engañosa, porque en cuatro ocasiones ha inquirido por la plasmación de un proyecto concreto en los 102 municipios de la comunidad. Eso, para la Cámara, cuenta como 102 preguntas. Además, muchas de ellas las ha propuesto con los otros dos senadores cántabros del PP, Encarna Salmón y Gonzalo Piñeiro, según apunta Público.

"No recuerdo haberle visto mucho"
No ha participado en ninguna ocasión en una comisión ni en un pleno. "No recuerdo haberle visto mucho”, comentó Iñaki Anasagasti (PNV), presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Sólo una vez formuló una pregunta oral en la Comisión de Economía, pero la defendió su compañero José Manuel Barreiro. Es vocal de las comisiones de Exteriores, de Asuntos Iberoamericanos y de una muy singular, la de Suplicatorios, la encargada de emitir los dictámenes a favor o en contra de que el Supremo pueda juzgar a un senador, la que dirá en su día si permite al Alto Tribunal sentarle en el banquillo por la Gürtel.

Su labor "delicada"
Fuentes populares se esfuerzan por dar fe de que Bárcenas acude al Senado "a todas las reuniones del grupo, a las comisiones, a votar al plenario y punto", porque su labor, "delicada", es controlar los dineros del PP. Viaja a Cantabria "tres veces al mes como mínimo". Aunque sus compañeros de partido afirman que “va a las ejecutivas y a actos públicos y de partido”, el senador socialista Jesús Morlote lo desmiente: "No aparece, no es conocido. Es más, sorprendió que fuera a Santander el Día de las Fuerzas Armadas, el 31 de mayo". Mercedes Larumbe, secretaria de Imagen del Partido Regionalista de Cantabria, comparte esta idea: "No pinta mucho aquí".

El "patrimonio con el que entró"
Su mejor amigo dentro del PP es Luis Fraga, senador por Cuenca. Son compañeros desde el ICADE. Ambos son alpinistas. Subieron al Aconcagua, abrieron la vía española en el Everest. Fraga dice sólo piropos de él. "Luis tiene los valores de la montaña", insiste Fraga, "valiente, discreto, ordenado, prudente, con sentido común, preparado. Rehúye el protagonismo y los conflictos". Pero su implicación en Gürtel no apoya esta tesis. "Todo el mundo sabe con qué patrimonio entró y cuál tiene hoy; allá con su conciencia", confiesa un diputado popular, que coincide con muchas voces dentro del partido: “Bárcenas debe dimitir”.

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BARBERÁ INVESTIGADA POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS


Cedió al Valencia CF terreno público, por casi 30 millones menos de su valor, para construir el Mestalla

C. GUZMÁN

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado que hay indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos por la alcaldesa, Rita Barberá, el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, por ceder los terrenos al Valencia CF para la construcción del estadio Mestalla, por un importe casi 30 millones de euros inferior a su valor real.

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La alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, aceptó una tasación del club sólo por el valor del estadio de 45.300.000 euros, cuando lo que valen en realidad, gracias a las dos recalificaciones realizadas que permiten el uso de los terrenos para oficinas, comercial y hostelero, asciende a casi 75 millones. O sea, 29,5 millones menos.

"Trato de favor"
Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de criminalidad y considera responsables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la alcaldesa, Rita Barberá; al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, que estuvieron presentes en las recalificaciones. Según el informe del fiscal, los tres participaron en este convenio "a sabiendas" de que el terreno estaba siendo infravalorado, para favorecer al club de fútbol en detrimento del interés general de los ciudadanos, según el diario Levante.

Investigada desde hace seis meses
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación criminal hace más de seis meses, tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la presidencia de Juan Soler ,conocido constructor para levantar el nuevo estadio del Mestalla.

Terreno de uso deportivo público
El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de 80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes Valencianas, que estaba calificado como de uso deportivo público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17 millones de euros que el club debería entregar.

Modificaron el Plan de Ordenación
Para ello, el Ayuntamiento -que aún no ha recibido los solares ni el dinero- modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este primer momento ya se incurrió en prevaricación y en malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y, por tanto, se desconocía su valor.

La tasación del juez
Durante la investigación, el fiscal encargado del caso tomó declaración a varios técnicos del Ayuntamiento, pidió documentación y encargó una tasación de los terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de favor" por parte del gobierno de Valencia con el club de fútbol, que esuna sociedad anónima privada con ánimo de lucro, en detrimento del interés general de los valencianos.

La tasación de Barberá
El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando comprobó que el Ayuntamiento había aceptado que el Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que incluían el proyecto del nuevo Mestalla. A esta tasación acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de la Universidad Politécnica del Valencia, que el Equipo de Rita Barberá desestimó.

Uso hotelero del terreno
Aún más, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar una segunda recalificación, en mayo de 2008, que provocó la segunda denuncia de los vecinos, en la que "se permite el uso hotelero" en los terrenos, y que supone una modificación importante en la tasación, que, sin embargo, no se traduce en un cambio en el contrato.

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BÁRCENAS PIDE SER PARTE ANTES DE QUE EL SUPREMO DECIDA SI LO IMPUTA



El tribunal de Madrid mantiene la fianza a Martín Vasco

M. A. - Madrid

El senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presentó ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito en el que solicita que se le considere parte en el proceso que ese mismo tribunal deberá decidir en los próximos días si se abre contra él. El objetivo de Bárcenas es, según ese mismo escrito, acceder a la documentación que le incrimina: el informe de la Agencia Tributaria en que se basaban los indicios de delito fiscal y cohecho, y la propuesta de inhibición enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al alto tribunal al estar allí aforado por razón de su cargo.




PP

(Partido Popular)
A FONDO

Garzón atribuyó al diputado madrileño el cobro de 437.000 euros de la trama

La solicitud es similar a la que ya presentó el pasado 16 de junio ante el instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, y que este magistrado envió al Supremo junto a la exposición razonada (propuesta de inhibición). En esa exposición se recogían, los indicios encontrados no sólo contra el senador, sino también contra el diputado Jesús Merino y el eurodiputado Gerardo Galeote.

El escrito de Bárcenas, según fuentes jurídicas, se presenta antes de tiempo, ya que, al no haberse pronunciado el Supremo sobre la admisión a trámite -muy probablemente lo hará una vez reciba, previsiblemente el lunes, el informe de la fiscalía-, aún no existiría formalmente un caso abierto contra el tesorero en ese tribunal.

Bárcenas tampoco explica en qué condición (acusación particular o popular) actuaría de aceptarse su personación, pero ningún inculpado en un proceso puede ser al mismo tiempo acusador. Y la causa ha llegado al Supremo precisamente porque varios de los probables inculpados (entre ellos Bárcenas) son parlamentarios. Tras declararse competente, la Sala de lo Penal deberá tramitar el suplicatorio (solicitar autorización al Senado) para llamarlo a declarar como imputado.

Respecto a los documentos cuyo conocimiento solicita, el tesorero del PP tendrá que esperar a que el alto tribunal decida si levanta el secreto de sumario decretado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y mantenido por Pedreira mientras instruyó la causa.

Por otro lado, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM rechazó ayer rebajar la fianza por responsabilidad civil de 955.000 euros que Pedreira impuso al parlamentario madrileño del PP Benjamín Martín Vasco. Los magistrados razonan que esa cantidad no parece desproporcionada teniendo en cuenta que se le atribuye el cobro de 437.000 euros en dádivas y sobornos de las empresas de la trama, según el auto por el que Garzón se inhibió del caso. El TSJM niega, además, que existiera indefensión al imponérsele la fianza, ya que Martín Vasco conoce la existencia de indicios de delito contra él gracias a la resolución por la que el juez de la Audiencia Nacional dejó el caso en manos del tribunal madrileño.

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