sábado, 12 de diciembre de 2009

"CASO MILLET"; EL DIAMANTE DE MONTULL QUE PAGÓ EL PALAU

La mano derecha de Millet cargó a la institución un brillante de 16.000 euros

C. SERRA - Barcelona

Parece imposible, pero aún siguen conociéndose nuevos datos sobre el saqueo sistemático del Palau de la Música de la mano de Fèlix Millet y Jordi Montull. Entre ellos figura el recibo de un diamante que compró Montull, anterior director administrativo del Palau, por 16.000 euros. El documento se encontró al poco de entrar los nuevos gestores en el edificio y comprobar que las máquinas trituradoras de papel aún estaban en funcionamiento. Se desconoce cuánto material pudo ser destruido en el intermedio durante el cual se produjo el registro de los Mossos, el 23 de julio, y el nombramiento de la nueva dirección, el 29 del mismo mes. Durante este tiempo los imputados continuaban al mando de la nave que habían gobernado, como si de su propiedad se tratara, en las últimas décadas.

Los auditores declararán la semana que viene ante el juez

Ante la evidencia de que se estaban destruyendo documentos -aunque, misteriosamente, se habían borrado las cintas de las cámaras de seguridad-, los nuevos responsables recuperaron todos los restos de papel para intentar reconstruir los documentos. En algunos se encontraron "perlas", como un papel en el que se planeaba cómo traspasar fondos de la fundación al Orfeó para dotar a esta entidad del dinero necesario para asumir la fraudulenta compra de un local en Sant Pere més Baix, propiedad de Millet i Montull, que intentaban vender al doble del precio tasado. Con todo, el recibo del diamante no había sido triturado, sino simplemente partido en dos. Estaba en la basura, a punto de ser lanzado, al igual que los restos de otros papeles. Le faltaba el membrete de la joyería o casa de subastas en la que fue adquirido por Montull, se supone que para obsequiar a alguien.

En una de las cinco caja fuertes del Palau, la que guardaba el dinero en metálico -abundante- que servía para los gastos de la familia Millet, también apareció aquellos días la factura de la compra de un kilo de oro en lingotes, con una nota de la casa de subastas Lamas y Bolaño en la que se anunciaba que en breve les harían llegar el otro kilo solicitado. Al parecer, la economía doméstica de los Millet se llevaba directamente desde el Palau y de allí salían todo tipo de pagos para los gastos cotidianos de la familia. Pero en general todo se pagaba en metálico, lo que hace difícil cuantificarlos.

Es lo que pasa también con los más de diez millones de euros en metálico que salieron de las cuentas de la fundación o del Orfeó y que no consta que llegaran a ninguna parte. Los auditores sólo han podido constatar que estas cantidades salieron de una u otra cuenta, pero no conocen su destino, por lo que se limitan en su informe a contabilizarlas como parte de los 23,7 millones del saqueo.

Sólo Millet y Montull saben qué hicieron con ellos, pero entre los trabajadores del Palau circula la hipótesis de que pudieron ir a pagos a terceros, por lo que sería una carta que se guardarían los imputados para el caso de que las cosas se les pusieran difíciles. De momento, como es conocido, su vida sigue siendo la misma, aunque ahora son más famosos.

La Audiencia de Barcelona acordó el pasado miércoles mantener la libertad provisional para los dos imputados. En el auto, los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona sólo obligaron a Millet y a Montull a comparecer mensualmente ante el juez instructor, algo que hasta ahora no tenían que hacer. Consideran que es evidente que no hay riesgo de que huyan ya que hubieran podido hacerlo "sin la menor traba o dificultad" desde que, hace cinco meses, tuvieron conocimiento del proceso que se abría contra ellos. Los magistrados admiten que habrían compartido la imposición de prisión provisional al inicio de la instrucción, pero que ahora la actitud demostrada por los dos imputados es suficiente para determinar que no hay riesgo de fuga.

De momento, sin embargo, casi todas las diligencias efectuadas por el juez se basan en la querella inicial. La próxima semana, finalmente, comparecerán en el juzgado los peritos que han realizado las auditorías y los informes que se dieron a conocer el 13 de noviembre. Una vez que se ratifiquen en sus estudios, que cifran en 23,7 millones de euros la cifra defraudada, el juez decidirá si los incorpora a la causa. El informe pericial sobre el Consorcio del Palau de la Música es básico, ya que 3,5 millones procedentes de instituciones públicas en los que los auditores han detectado irregularidades servirían para poder acusarlos de malversación de fondos públicos.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL INVOLUCRA A UN EX EDIL

El caso acumula ya diez acusados tras la imputación del ex edil socialista

J. M.-A. - Sevilla -

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha imputado al ex concejal socialista Gonzalo Crespo por la supuesta venta irregular de los terrenos municipales. Crespo presidía en 2006 la mesa de contratación del concurso de los terrenos públicos que la magistrada considera "fraudulento y antieconómico". La juez ha imputado junto a Crespo a la directora del área económica de Mercasevilla, Pilar Giraldo, y ambos están citados para comparecer a finales del próximo febrero.

La magistrada ha imputado también a la directiva Pilar Giraldo

El ex edil Crespo fue presidente de Mercasevilla cuando se acordó la venta de sus terrenos a la empresa Sando, en febrero de 2006, y también fue concejal socialista en el Ayuntamiento en el anterior mandato y hasta 2007.

"Resulta necesario para continuar con la investigación de la causa tomar declaraciones [a Crespo y Giraldo] que por su contenido incriminatorio y por el necesario respeto al derecho de defensa, deben ser tomadas en calidad de imputados", puntualiza la juez Alaya.

Ayer la portavoz del equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento, Maribel Montaño, declaró a Efe que la imputación de Crespo se ha producido para "el conocimiento de la verdad y para preservar sus derechos constitucionales y garantías procesales". Tanto Crespo como otros cargos políticos han descargado su responsabilidad para aprobar las supuestas irregularidades con la excusa de que venían avaladas por informes técnicos favorables.

El caso judicial avanza y los imputados aumentan. Ya son diez los acusados en esta segunda investigación que pretende aclarar las supuestas irregularidades cometidas en el concurso que ganó la constructora Sando pese a no presentar la mejor oferta. Todos los miembros de la mesa de contratación están imputados tras la acusación contra Crespo y Giraldo. A estos dos últimos se les suma al ex director gerente Fernando Mellet, el ex vicesecretario y asesor jurídico Jorge Piñero, la jefa del servicio de Vía Pública María Victoria Bustamante y el técnico economista José Antonio Ripollés. Mientras, están asimismo imputados los tres directivos de la cúpula de Sando y el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño.

En su último auto, la juez del caso ha acordado asimismo pedir a la Agencia Tributaria un informe sobre la adjudicación de la venta de los terrenos y si la baremación aplicada respondió a "criterios lógico-económicos". La juez considera que el concurso fue irregular ya que resultó ganadora la oferta de Sando frente a mejores propuestas.

Con este informe solicitado a la Agencia Tributaria, la juez pretende contrastar lo declarado por el testigo Antonio Pajares Ruiz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, quien manifestó que la decisión de puntuar con cero puntos a Noga en aplicación de la cláusula de "alza desproporcionada", por superar el 10% de la media de las demás, fue "una interpretación personal y no la consultó con nadie".

También manifestó que fue una "interpretación de la lectura global del pliego de condiciones" su decisión de valorar más favorablemente la oferta de pago al contado sobre el aplazado, pese a que esa premisa no aparecía en el citado pliego.

Por otra parte, la juez ha pedido a Mercasevilla que entregue la documentación que acredite que notificó a los ocho licitadores un informe con el resultado del concurso para la adjudicación del derecho de opción de compra sobre los terrenos, que se adjudicó Sando tras una operación de compra a Mercasevilla y la constructora Larena 98.

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"CASO PRETORIA"; UN CONSTRUCTOR EVADIÓ 300.000 EUROS A ANDORRA

La Audiencia da un espaldarazo a la instrucción de Garzón

MANUEL ALTOZANO - Madrid

Mintió al juez de Instrucción. Cuando le preguntaron si tenía alguna cantidad de dinero fuera de España, el empresario Lluís Casamitjana, en libertad bajo fianza de 500.000 euros por participar en uno de los pelotazos organizados por la trama político-empresarial investigada en caso Pretoria, respondió que no. Sin embargo, el juez Baltasar Garzón ha encontrado 300.000 euros en una cuenta a nombre del empresario en Andorra.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer confirmó la fianza de Casamitjana y la prisión incondicional del presunto cerebro de la trama, Luis García, Luigi, asegura que ese dinero no se ha declarado a Hacienda y que podría proceder de "las ilícitas actividades" del empresario.

La resolución de la Sala, firmada por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacio y Juan Francisco Martel (sección cuarta), supone un espaldarazo a la instrucción de Garzón, que califica de "adecuada, cabal y ponderada". El auto asegura que de la actuación de Casamitjana se desprenden "graves indicios" de la posible participación del empresario en los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal.

A través de dos de sus sociedades -Espais y Procam- Casamitjana entregó al ex secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol Lluís Prenafeta y al ex consejero de CiU Macià Alavedra, 1.461.590 euros en comisiones ilegales. Les pagaba así por su labor de conseguidores en la denominada Operación Badalona, por la que el empresario adquirió unos terrenos recalificados en las inmediaciones del puerto deportivo de Badalona. Tanto Prenafeta como Alavedra "recibieron también comisiones de otros proyectos posteriores" del empresario, según los magistrados.

Por todo ello, la Sala lo incluye entre los empresarios implicados en la trama investigada, cuyas actividades se dirigían a "lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana, el cobro de comisiones ilegales, el fraude a Hacienda y el tráfico de influencias aprovechando los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales de los distintos componentes del grupo".

Los magistrados también confirmaron la prisión incondicional contra Luis García, Luigi -el nexo entre políticos y empresarios implicados en la trama y uno de los principales comisionistas-, decretada por Garzón el pasado 30 de octubre. La resolución viene a decir que su encarcelamiento era la única medida posible para impedir que se destruyan "evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios en la investigación que se está llevando a cabo". De forma más enigmática que en la resolución sobre Casamitjana, la Sala también subraya que Luigi "dispone de cuantiosos fondos y, presuntamente, realiza actividades fuera de la jurisdicción española". También en este caso, la Sala califica de "terminante y clara" la actuación del juez.

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CÁRCEL PARA UN EX ALCALDE DE LA GOMERA POR MALVERSACIÓN

EFE - Las Palmas

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al ex alcalde de Valle de Gran Rey (La Gomera) y diputado regional de Coalición Canaria, Esteban Bethencourt, a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por un delito de malversación de caudales públicos. El ex alcalde deberá, además, resarcir al Ayuntamiento en una cantidad que será fijada en la fase de ejecución de la sentencia.

Bethencourt, que fue considerado culpable del delito de malversación de caudales públicos por un jurado popular, cobró del Ayuntamiento, entre octubre de 1998 y noviembre de 1999, un total de 50.382 euros en concepto de desplazamientos sin que en "ningún caso" justificase la razón, necesidad o utilidad de los mismos. El ex alcalde, primer aforado de Canarias que es considerado culpable por un jurado popular, cobró dietas por pernoctar fuera de su domicilio a pesar de que realmente dormía en su casa.

El tribunal considera de "especial gravedad" la cantidad de la que se lucró el entonces alcalde, que sólo era ligeramente inferior a la prevista por el Ayuntamiento para atenciones benéficas y asistencia a menores y sus familias. Entienden los jueces que la cantidad restituida por el ex alcalde después de que se presentara una querella contra él (24.244 euros) no hace desaparecer el delito. Además, Bethencourt, entre octubre de 1998 y noviembre de 1999, cobró otros 6.731 euros por su condición de diputado regional.

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL JUEZ IMPLICA AL ESPOSO DE MUNAR EN LA CAUSA CONTRA LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO BALEAR

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Un total de 11 personas más del entorno militante y de la red social de Unió Mallorquina (UM) fueron imputadas ayer por el juez que investiga la llamada Operación Maquillaje, un asunto de supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos en subvenciones y contratos para la producción de programas de la radio y la televisión del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007.

Accionistas de las empresas concesionarias aparecen relacionados con una red en la que figuran socios y testaferros de políticos vinculados a negocios de gestión urbanística e inmobiliaria.

Por compras de bienes inmuebles a precios muy ventajosos a uno de los sospechosos de la red, ha sido imputado Miquel Munar, esposo de la presidenta del Parlamento de Baleares, Maria Antònia Munar, de UM, que también está encausada en este caso y, además, en otras diligencias que instruye el Tribunal Superior balear: el de la venta a mitad de su valor del solar público de Can Domenge por parte del Consell de Mallorca, gobernado entonces por una alianza formada entre Unió Mallorquina y el PP. En la Operación Maquillaje se indagan presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho, entre otros.

Además del matrimonio Munar-Munar, se hallan imputados el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; el ex consejero y edil de Palma Miquel Nadal; el actual consejero de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, y el ex diputado suspendido de militancia Tomeu Vicens. Unos firmaron contratos públicos y otros tienen vínculos societarios mediante familiares y testaferros.

La acusación contra cinco políticos de UM y una decena de colaboradores nace del rastreo de compañías y accionistas -con dobles pagos de servicios- que intervinieron en los pactos de supuesta distribución de beneficios por la producción de programas y el tráfico de pagos en compañías que operaban en la recalificación de terrenos rústicos y reventas de inmuebles. Otros implicados sobre los presuntos desvíos en las subvenciones de la radio y la televisión de Mallorca son Coloma Munar, prima del marido de la presidenta, y los empresarios Juan Gea, Miquel Oliver y Ramón Rullan.

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"CASO MALAYA"; ROCA ESTUDIA EN PRISIÓN PARA SUS PRÓXIMAS COMPARECENCIAS JUDICIALES

TRIBUNALES | Cerebro del 'caso Malaya'

Roca, en enero pasado, juzgado por el 'caso Saqueo'. | ELMUNDO.es

Efe | Málaga

El ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca estudia en la prisión su vida laboral y procesal para diversas citas judiciales que tiene durante la próxima semana y que podrían ser cruciales para su libertad y su posible reincorporación al trabajo.

Un juicio de lo Social, una vista sobre su posible libertad, la apelación por el auto de procesamiento en el 'caso Malaya' contra la corrupción y la revisión por la sentencia del 'caso Saqueo' sobre el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995 forman parte del calendario judicial que tendrá la próxima semana el ex asesor, según han informado a Efe fuentes judiciales.

El Juzgado de lo Social número 11 de Málaga acogerá el próximo 15 de diciembre el juicio laboral sobre la demanda de despido presentada por el ex asesor, al considerar que su despido es improcedente.

En la Audiencia Provincial se revisará el mismo día el segundo auto de procesamiento del 'caso Malaya', así como la vista del recurso sobre la prisión preventiva por la que Roca permanece encarcelado desde marzo de 2006.

Solicitud de libertad

Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el 'caso Malaya', ha solicitado en numerosas ocasiones su libertad, aunque siempre ha sido rechazada tanto por el juez instructor como por la Audiencia Provincial de Málaga por el riesgo de fuga.

El instructor de esta causa rechazó recientemente su puesta en libertad debido al momento procesal en el que se encuentra por "la inminencia de la conclusión de la instrucción".

El fiscal encargado de la investigación del 'caso Malaya', Juan Carlos López Caballero, siempre se ha negado a su libertad al entender que su situación está ajustada a Derecho.

En sus argumentos jurídicos recuerda que, además de los posibles delitos por los que se le está investigando, ya ha sido condenado -si bien en resolución no firme- por un delito de malversación de caudales públicos.

La acusación pública mantiene que el imputado posee un papel determinante en un entramado societario que se estableció a través de imputados en la causa para ocultar el ilícito patrimonio obtenido por él con sus actividades delictivas.

Según la versión del fiscal, canalizaba esos fondos en distintos ámbitos económicos: agrícola, ganadero, hotelero o inmobiliario.

Por todo ello, el ministerio público entiende que la prisión preventiva acordada resulta todavía necesaria dado el riesgo de fuga en virtud de la gravedad de las posibles penas.

Además
* Dos fiscales más para el juicio de 'Malaya'
* Quién es quién en Malaya

elmundo.es

"CASO BURGUILLOS"; IMPUTADO EL JEFE DE CORREOS POR CEDER UN LOCAL AL PSOE

TRIBUNALES | En Burguillos

* La juez acusa además a cuatro dirigentes socialistas del municipio
* El PP se persona como acusación popular e insiste en implicar a Viera


María Rionegro | Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 13 ha imputado a un directivo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de Sevilla por la cesión gratuita de una sede de este organismo público del Estado a la agrupación local del PSOE de Burguillos. Se trata, en concreto, del jefe provincial de la sociedad en Sevilla, que deberá comparecer ante la magistrada María José Bernal Bernal, ya como imputado, el próximo lunes.

A esta nueva inculpación de la juez Bernal se suma a la imputación de la cúpula socialista en Burguillos (la alcaldesa, Mariana Pérez; su primer teniente de alcalde, José Antonio Santos; el secretario local del PSOE, José María Fernández; y el ex secretario general y ex alcalde de la localidad, José Juan López).

La imputación del alto cargo de Correos y el resto de inculpados viene motivada por la querella que el PP ha interpuesto y que ayer ratificó como acusación popular en la que aprecia a la comisión de tres posibles delitos que ahora la juez quiere investigar y esclarecer por la utilización "ilegal" de un local estatal por parte del PSOE: cohecho, malversación de efectos públicos y tráfico de influencias.

En el auto judicial, la magistrada expone que todavía "no está determinada la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido". Sin embargo, seguidamente, determina que "es procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

La cita de la juez con todos los imputados tendrá lugar la próxima semana. El martes 15 de diciembre están llamados a declarar el ex alcalde y el secretario general del PSOE en Burguillos; el viernes lo harán la alcaldesa y el primer teniente de alcalde. El primer turno, no obstante, será para el directivo de Correos, que lo hará el lunes.

El papel de Viera

La juez Bernal también había citado como imputado el secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, aunque, finalmente, esta decisión procesal se vio frustrada por su condición de aforado al ser senador. Sin embargo, el PP solicitó ayer de nuevo en su querella la imputación de Viera. Para ello, los populares reclaman que se "individualice" su papel en los hechos y la magistrada eleve al Tribunal Supremo (TS) una "exposición razonada" para que el Alto Tribunal solicite un suplicatorio al Senado de cara a su inculpación.

El PSOE utilizó un local propiedad de la Sociedad Estatal de Correos en la localidad de Burguillos. El PSOE, que instaló en esas dependencias su sede local, asegura que desconocía que el dueño anterior lo había vendido. El querellante, el PP, cree que se trata de un caso de financiación ilegal del partido.

En concreto, la querella recuerda que el PSOE utilizó durante al menos 16 meses el local propiedad del Ministerio de Fomento "sin abonar nada por ello", extremo que han reconocido el propio José Antonio Viera, la alcaldesa o el ministro José Blanco.

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EL PSOE APOYA A VALADEZ Y TIENE "SERIAS DUDAS" SOBRE LA IMPUTACIÓN

POLÍTICA | Arremete contra el PP

Velasco durante su intervención. | Madero Cubero

David Valadez tiene "todo el apoyo del PSOE para defenderse"

Toñi Caravaca | Córdoba


El Partido Socialista (PSOE) no sólo es que no vaya a pedir la dimisión o expulsar de sus filas al alcalde de Estepona, David Valadez, después de que haya sido imputado por prevaricación urbanística y omisión en el deber de perseguir delitos, sino que además, le ha mostrado públicamente su apoyo en un acto celebrado este sábado en la capital cordobesa.

Así, el secretario de Organización del PSOE en Andalucía, Rafael Velasco, ha aclarado que los socialistas son los únicos que cuentan con un código ético para expulsar a los imputados por corrupción del partido. Sin embargo, como ha dicho, éste no es el caso.

Cabe recordar que fuentes del TSJA han confirmado que a Valadez se le imputan estos dos presuntos delitos en una causa que parte de una denuncia formulada a finales de 2008 por la construcción de una vivienda en suelo rústico por parte de su jefe de gabinete en la Alcaldía, Luciano Sánchez. No obstante, el alcalde compareció el viernes de forma voluntaria ante el Juzgado número 4 de Estepona para aportar toda la documentación del expediente y ponerse a disposición de la Justicia.

Una decisión que ha sido resaltada por el secretario de Organización del PSOE andaluz, quien además ha asegurado que el partido tiene "serias dudas" sobre la imputación que se le ha hecho al alcalde de Estepona. Así Velasco ha precisado que Valadez tiene "todo el apoyo del PSOE para defenderse. De hecho, ya ha aportado toda la documentación de un expediente que él inició en el momento en el que se enteró de que podía haber alguna irregularidad". De ahí que los socialistas andaluces tengan "plena confianza" en el alcalde de Estepona, por lo que "vamos a apoyarlo" en la causa en la que se le imputa.

No obstante, Velasco ha querido recordar que el PP no cuenta con dicho código ético porque "no tienen ética". Por lo tanto, según éste, los imputados populares por corrupción siguen en el partido, cuando "los imputados por corrupción en el PSOE, están en la calle". Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE andaluz se ha referido al anuncio realizado por el PP de que presentará en el Parlamento una Proposición No de Ley para instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar las medidas precisas para disolver el Ayuntamiento de Estepona.

En este sentido, Velasco ha calificado de actitud "miserable" la mantenida por el PP en esta localidad malagueña, ya que, "en vez de arrimar el hombro, de normalizar democráticamente un ayuntamiento, se sitúa en el extremo opuesto e intenta derrocar a un alcalde por la vía de la destrucción y no de la construcción". Así, el PSOE andaluz no cree que "sea lo mejor" para resolver los problemas de este Consistorio lo que el PP propone, "un gobierno popular con miembros del ex GIL".

En cualquier caso, Velasco asegura que lo que pretende el PP con esta propuesta es "politizar la Justicia". Sin embargo, para el socialista, esta fuerza política no tiene "credibilidad" alguna para pedir la convocatoria de unas elecciones en Estepona, entre otras razones, "porque se ha posicionado con ex gilistas y con personas que están imputadas. Ese es el aval del PP en Estepona".

No obstante, éste ha animado a los populares a "arrimar el hombro" al alcalde de este municipio para intentar sacar al Ayuntamiento de una situación económica "muy difícil. De hecho, eso es lo que vamos a hacer los socialistas para que los empleados puedan cobrar sus nóminas". Asimismo, ha dicho que es necesario la "normalización económica" de este consistorio.

Además
* Valadez: 'Sólo dimitiré si me matan o si el PSOE me lo pide'
* El alcalde, imputado por prevaricación urbanística
* El PP solicita la dimisión
* Arenas: 'La única solución son las elecciones'

elmundo.es

"CASO ASTAPA"; FUERZAN LA OFICINA DEL JUEZ Y FISGONEAN EN EL SUMARIO

TRIBUNALES | Corrupción urbanística en Estepona

Europa Press | Málaga

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), Jesús Torres, ha comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la puerta del despacho fue forzada en varias ocasiones, así como las sospechas de que desconocidos han tenido acceso al procedimiento del 'caso Astapa', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, sin que se produjera pérdida ni deterioro de documentación.

El juez informó al TSJA de que en el periodo en el que este órgano judicial estuvo sin titular, después de que lo dejara la anterior jueza, Isabel Conejo, la puerta del despacho de uso exclusivo para el magistrado fue violentada varias veces, según publica el diario 'Málaga Hoy'. Desde el alto Tribunal andaluz confirmaron que se les informó y tomaron conocimiento de estos hechos.

Fuentes del TSJA explicaron a Europa Press que este Tribunal actúa cuando hay que reconstruir un sumario y dijeron desconocer si el juez ha abierto diligencias. Otras fuentes consultadas por el rotativo han precisado que se ha abierto una investigación para tratar de determinar quién o quiénes pudieron forzar la puerta del despacho y qué fines les movían para revolver en el caso 'Astapa'.

Este caso se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal, hay ocho imputados en este caso, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas tal y como les exigió su partido tras su imputación.

A raíz de este caso ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico municipal Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses y se encuentran desde diciembre de 2008 en libertad bajo fianza.

Además
* En Estepona había que pagar "por todo"

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"CASO MAQUILLAJE"; EL PSM PIDE A MUNAR QUE SE PIENSE DIMITIR POR "HIGIENE DEMOCRÁTICA"

CORRUPCIÓN | Imputada en dos causas

* La petición tiene lugar tras los 12 nuevos imputados en el caso Maquillaje
* Califican la situación de Josep Juan Cardona de 'insostenible'

Efe | Palma

El PSM-EN ha pedido a la presidenta del Parlament balear, Maria Antonia Munar, imputada en dos causas judiciales, que "reflexione" sobre la conveniencia de dimitir y abandonar su cargo como "medida de higiene democrática".

A través de un comunicado emitido esta tarde, el partido nacionalista reconoce que la actual situación procesal de Munar no se encuentra dentro de los casos en los que se debe exigir a un político que dimita, según el código ético aprobado esta semana por los seis socios del Govern balear.

Sin embargo, el PSM-EN entiende que, en todo caso, se debe "desligar" la actividad política de la investigación judicial de presuntos casos de corrupción, como los que afectan a la segunda autoridad política de las Islas Baleares. Esta petición del PSM-EN tiene lugar tras la imputación ayer de 12 nuevas personas en el caso Maquillaje, donde se investiga el desvío de fondos en la pasada legislatura de la Radio y Televisión de Mallorca, gestionada por el Consell de Mallorca cuando Munar era la presidenta de esta institución. Entre los imputados, además de la propia presidenta de honor de UM, hay varias personas cercanas a ella, caso de su marido.

Por otra parte, el PSM-EN considera que es "insostenible" la situación judicial del ex conseller balear de Comercio y actual diputado autonómico Josep Juan Cardona (PP) en el caso Scala. La juez instructora afirma que Cardona inyectó transferencias y otros sistemas millones de euros en el Consorcio público para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), que en realidad habrían sido empleados para beneficio propio.

Por ello, el PSM-EN pide que asuma su responsabilidad y abandone su escaño de diputado tras la decisión de la jueza de trasladar el caso al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) al tratarse de una persona aforada

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MÁS DE MIL PERSONAS DICEN "BASTA YA" A LA CORRUPCIÓN EN UNA MANIFESTACIÓN EN PALMA

PROTESTA | Convocada en Facebook

Cabecera de la manifestación. - Foto: Cati Cladera

* Los manifestantes han llegado hasta el 'palacete' de Matas para protestar
* Tras la 'visita' a San Felio han continuado su protesta en el Parlament
* Gran cantidad de pancartas como 'Maria Antonieta, el pueblo pide tu cabeza'
* 'Matas zoquete devuelve el palacete' entre los cánticos de los asistentes
* Las latas de Cola-Cao, protagonistas también en la jornada de protesta

Hugo Sáenz | María J. García | Palma

Lo han podido decir más alto pero no más claro. Más de mil personas han clamado esta mañana en Palma contra la corrupción de manera clara y unánime ante el 'inaceptable y vergonzoso aumento de los casos de corrupción'. Si alguien tenía dudas del poder de convocatoria de Facebook, han quedado totalmente disipadas. Todos los asistentes han dicho 'Basta ya' a la corrupción en una manifestación pacífica convocada a través de esta popular red social que ha comenzado tal y como estaba previsto en el Borne, pero que poco después se ha salido del guión establecido y ha incluido 'visitas' al palacete de Matas y al Parlament.

Con el poder de la palabra por bandera y la reivindicación del voto en blanco contra la corrupción, los asistentes han expresado su particular 'Basta ya' en un acto ciudadano y apolítico que ha transcurrido sin incidentes. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres y votantes de izquierdas y de derechas se han acercado al palmesano paseo del Borne para "enseñarles a los políticos cuál es nuestra arma frente a la corrupción; el voto en blanco". La convocatoria se produce tras la última crisis del Pacte por las diversas imputaciones de los socios en casos de corrupción. Sólo desde el año 2004, se han llevado a cabo en Baleares un total de 21 operaciones policiales que se han traducido en 110 detenciones.

Pasaban pocos minutos de las doce de la mañana cuando comenzaban a llegar los primeros manifestantes al Borne ataviados con sus pancartas y objetos reivindicativos, como latas de cola-cao, caricaturas de Jaume Matas o alusiones a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, todos ellos contra la situación actual que viven unas Islas que últimamente son portada constantemente en los medios no por su belleza o por sus gentes, sino por los numerosos casos de corrupción que las asolan.

Del 'Maria Antonieta el pueblo pide tu cabeza'...

Tras la llegada de las primeras personas comenzaba la fiesta y los cánticos contra la corrupción con lemas como "En la cárcel no hay peluquería" -en clara alusión a Munar- o "Esta ronda la pago yo" pasando por "Basta ya de corrupción" y "No nos robarán". Pero uno de los momentos más aplaudidos por los asistentes ha sido cuando unos ciudadanos han llegado al Borne con una pancarta en la que se podía leer "Maria Antonieta el pueblo pide tu cabeza", todos los asistentes han dedicado una cerrada ovación a esta pancarta.

La mañana transcurría sin incidentes y entre cánticos y proclamas hasta que de manera voluntaria y espontánea la serpiente humana colocada en el Borne ha comenzado a gritar "Todos al palacete, todos al palacete" y en cosa de 15 minutos el número 8 de la calle San Felio era ya un hormiguero de personas clamando contra la corrupción.

Al 'Matas zoquete, devuelve el palacete'

Una vez junto al palacete de Jaume Matas, la multitud se ha dejado llevar y ha comenzado a cantar eslóganes como "Matas zoquete, devuelve el palacete", la calle San Felio era un hervidero de gente y efectivos de la Policía Nacional se apostaban junto a la entrada del palacete para evitar que la cosa pasase a mayores, aunque afortunadamente, todo ha transcurrido sin incidentes.

Tras cerca de veinte minutos bloqueando la calle San Feliu, también de manera espontánea la marea humana ha enfilado rumbo al Parlament de Baleares, acompañados en todo momento por una melodía pegadiza: "Todos al Parlament, todos al Parlament". Pasaban dos horas desde el comienzo de la manifestación y la multitud, lejos de irse a sus casas, si iban viniendo arriba con más ganas si cabe.

Una vez han llegado a la Cámara autonómica, han desplegado una gran pancarta con la que denunciaban que 'Esto no es democracia'. Los protestantes han concluido el recorrido frente a las puertas del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca.

Más de 3.000 adhesiones en Facebook

La manifestación había sido convocada por un grupo creado en la red social Facebook, que ha superado las 3.000 adhesiones, "puramente ciudadana al margen de todos los partidos políticos" para protestar contra la corrupción política. "Por un día, podemos y debemos estar de acuerdo los votantes de izquierdas o derechas, los que somos nacionalistas y los que no", clamaba la página web de esta convocatoria. Organizada bajo el lema 'Prou de Corrupció' (Basta de corrupción), es una reacción a los casos que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, como el del Palma Arena, Can Domenge o Son Oms, entre otros, que afectan al ex-presidente del Govern Jaume Matas, a la actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y a los consellers de Turismo y Medio Ambiente, Miquel Nadal, y Miquel Ángel Grimalt, respectivamente.

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