viernes, 20 de noviembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; EL RASTREO DEL DINERO ALCANZA A 10 PAÍSES

Los investigadores envían 24 comisiones judiciales rogatorias pidiendo información sobre sociedades pantalla y cuentas bancarias a paraísos fiscales y otros países de América y Europa

PEDRO ÁGUEDA/ MADRID

Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.

Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

El laberinto de sociedades de la trama es el objetivo prioritario

La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.

Ingeniería financiera
A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.

La escasa colaboración de algunos países dificulta los avances

El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.

El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.

También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.

El secreto del sumario blinda la investigación internacional

En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.

Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramente instrumental.

Países pendientes

Aún no hay solicitudes de información a países asiáticos

Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.

A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.

Buscan el dinero en Suiza y Mónaco pero también en Holanda y Portugal

De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.

Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.

El Supremo alarga el secreto

Correa creó cinco sociedades pantalla en Panamá entre 2005 y 2007

Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.

Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.

El PSOE ratifica su querella contra Francisco Camps
Varios dirigentes del PSOE valenciano se presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para ratificar la querella contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y varios empresarios por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

El escrito lo presentaron el pasado día 9, pero el juez les obligó a otorgar un poder especial a los procuradores, para poder iniciar su actuación.

El portavoz socialista en Les Corts valencianas, Ángel Luna, aseguró que él y otros diputados autonómicos tuvieron que presentarse ante el Tribunal porque interpusieron la querella con el poder especial de un procedimiento anterior, que no es específico para el actual, “con lo que se ha tenido que ratificar”, informa Europa Press.Luna, que recordó que ahora es el TSJCV el que debe decidir si admite a trámite el escrito, afirmó que con esta actuación el PSOE valenciano “ha cumplido con su obligación después de tener conocimiento de unos hechos en los que existen indicios de unos delitos, que vienen reseñados en un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía”.

Público.es

"CASO ROSEWORLD"; EL FISCAL CREE QUE JUÁREZ Y TRES EDILES COBRARON UN SOBORNO DE DOS MILLONES

Anticorrupción acusa de cohecho al ex alcalde y a los concejales del PP de La Línea

CÁNDIDO ROMAGUERA - Algeciras

La justicia sigue actuando de forma contundente en el Ayuntamiento de La Línea, gobernado por el PP. La fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, asegura en el escrito de acusación del llamado caso Roseworld -en el que se investiga la supuesta venta irregular de cuatro parcelas municipales por parte del Ayuntamiento de la Línea a la mencionada sociedad- que los miembros de la Mesa de Contratación municipal recibieron un total de 2.010.803 euros "en compensación por el trato de favor recibido" por la empresa en esta operación.

En el escrito de la fiscalía, se acusa al ex alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, actualmente inhabilitado por un caso de desobediencia, y a los actuales concejales del Partido Popular, María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex concejal de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; al ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y al ex interventor municipal Sergio Gómez, de la comisión de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo.

La fiscal solicita penas de cuatro años de prisión y una multa de 500.00 euros a cada uno de ellos con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante ocho años y seis meses. A Carlos Ruiz Calama se le reclama, asimismo, el pago a Hacienda de la cantidad defraudada en 2006.

Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción acusa al administrador de Roseworld, Anil Thakurdas, de cometer un presunto delito de cohecho activo, por el que solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros. Por último, la fiscal Virginia Alonso acusa al representante de Abuztúa Inversiones, Rafael de los Reyes Medina, de ser el autor responsable de un delito de blanqueo de capitales por el que solicita le sea impuesta una condena de tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión y una multa de 25 millones de euros.

La calificación de la Fiscal Anticorrupción ya ha sido recibida en los juzgados linenses, que deberán dar traslado a la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras, donde finalmente se fijará fecha para la vista oral.

Tras conocerse el escrito de acusación del fiscal, la secretaria general del PSOE de La Línea, Gemma Araújo, exigió al PP "que tome medidas con aquellos concejales imputados". "El PP ha instaurado la corrupción en la ciudad con el beneplácito de los altos cargos de un partido que ya fue demasiado generoso con el inhabilitado ex alcalde Juan Carlos Juárez", manifestó Araújo, quien considera "lamentable" que la presencia de técnicos municipales y concejales populares en los juzgados "se haya convertido en una costumbre".

elpaís.com

LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA

La trama contactó con proveedores antes de la adjudicación del contrato

A. BELTRAN / F. SIMÓN - Valencia

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.

La fundación que organizó la visita gastó más de 12,2 millones de euros

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA LA FUNDACIÓN QUE ORGANIZÓ LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

El Gobierno valenciano confirma que el TSJ madrileño ha requerido la documentación

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha confirmado hoy a EL PAÍS que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la relación de la trama corrupta con la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. "El juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia", ha reconocido la consejera de Justicia y Administraciones Públicas al término de la reunión semanal del Gobierno valenciano.

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, participada por la Genealitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, gastó en 2006 más de 12,2 millones de euros para organizar la visita de Benedicto XVI sin que hasta la fecha haya detallado qué servicios contrató, a quién ni en qué condiciones.

El juez Pedreira también ha solicitado a Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana el contrato con la empresa Teconsa para la sonorización e instalación de pantallas durante la visita del Papa. Un contrato con el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según la investigación policial.

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"CASO CAN DOMENGE"; UNA OVACIÓN QUE NOS CUESTA 180.000 EUROS AL AÑO











La comparsa de la presidenta


Cati Cladera | A. Arranz

* El grupo que jaleó a Munar está liderado por una prima de su marido

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El grupo de incondicionales que se tomó el pasado lunes la mañana libre para jalear a Maria Antònia Munar a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) acumula, sólo en salarios públicos, unos 180.000 euros al año procedentes de áreas gobernadas por Unió Mallorquina (UM).

Los más fervientes animadores de la presidenta del Parlament balear a su llegada al Palacio de Justicia, donde se instruye en estos momentos el caso Can Domenge, así como quienes aplaudieron a rabiar cuando lo abandonó, están colocados por Munar. Siendo sus aplausos en realidad una mera expresión de agradecimiento que acabamos pagando todos. He aquí el perfil de sus seguidores y sus respectivos emolumentos públicos.

1 Antonio Salas Roca
El actual alcalde de Costitx por Unió Mallorquina (UM) es licenciado en Filología Catalana por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y profesor de catalán en un colegio. Es el hombre escogido por Maria Antònia Munar para sucederle al frente del Consistorio de su histórico feudo. Está afiliado a UM desde 1993. Con 20 años ya fue el número cinco de las listas de UM en las elecciones de 1995 encabezadas por Jeroni Albertí y fue el número tres del partido en los comicios generales de 1996. Preside desde 2005 el Comité Local uemita en Costitx y es el enlace de la Obra Cultural Balear en la localidad. Dice que está «enamorado de Costitx y de Mallorca». Como primer edil percibe un sueldo de unos 32.000 euros públicos anuales.

2 Francisca Jaume Soler
La actual directora de Comunicación y Márketing de IB3, natural de Vilafranca, es licenciada en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y profesora de piano por el Conservatorio profesional de las Islas. Desde 2002 al 2007 fue la elegida por Munar como jefa del Gabinete de Medios de Comunicación del Consell de Mallorca que ella presidía. En estos momentos percibe del ente público que controla Unió Mallorquina (UM)un sueldo anual que ronda los 60.000 euros públicos. La pasada legislatura, como coordinadora de Medios de Comunicación del Consell de Mallorca, Francisca Jaume percibía oficialmente 30.000 euros públicos.

3 Coloma Munar Vallespir

Es una de las personas de máxima confianza de Maria Antònia Munar. No en vano, a esta esteticien no sólo le une a la presidenta del Parlament su condición de afiliada a UM e integrante de su Consell Polític sino que son parientes. Concretamente Coloma Munar, natural de Costitx, es prima del marido de la imputada por el caso Can Domenge a la que jaleaba el pasado lunes. Durante los últimos años Munar siempre le ha procurado buenos puestos en el organigrama público que controla. Actualmente es asesora de la Conselleria de Deportes con un sueldo de unos 40.000 euros públicos. La pasada legislatura Munar la designó jefa de Programas de la Conselleria de Cultura con un salario de 30.000 euros públicos al año. Su hermano Bernardo también ha estado estrechamente vinculado a UM, pero no como político sino como socio del ex conseller de Ordenación de Territorio Bartomeu Vicens en las promotoras ocultas que le ha descubierto Hacienda, que le apunta como testaferro del diputado.

4 Josep Lliteres i Vidal
De profesión biólogo y profesor de Bachillerato, es miembro del Consell Polític de UM desde el 2000 y durante la pasada legislatura ocupó el puesto de director de Relaciones Institucionales. Como director general de Calidad Ambiental del Govern gana 48.000 euros públicos al año.

5 Antònia ‘Estrella’ Munar
No tiene estudios superiores. Ejercía la pasada legislatura como alcaldesa de Costitx durante las continuas ausencias de Maria Antònia Munar. Cobraba por ello unos 30.000 euros públicos del Consell de Mallorca como administrativa pero no pisaba la institución insular.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; MUNAR ENTREGÓ A VIDEO-U 440.000 EUROS PÚBLICOS "ADEDO" Y SIN FACTURA



















Informe del Tribunal de Cuentas


Munar saluda antes de entrar en el TSJB para declarar. | Cati Cladera

* La líder de UM �regó� irregularmente a la productora del gestor de Nadal
* 'No hay originales ni copia', concluye su informe

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

La Sindicatura de Cuentas de Baleares denuncia en su último informe, publicado hace apenas unos días, que la presidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar entregó a lo largo de un solo ejercicio, el de 2006, al menos 440.000 euros públicos a dedo y sin que mediara una sola factura a Video-U, la productora de televisión investigada en el marco del caso Son Oms y vinculada al entorno del entonces vicepresidente del Consell de Mallorca y actual conseller de Turismo Miquel Nadal.

Una empresa a la que Munar confió personalmente desde la institución insular la puesta en marcha de la Televisión Mallorca, conocida popularmente durante la pasada legislatura como TeleMunar y que está siendo investigada en el marco del caso Son Oms tras advertir los investigadores que los políticos de UM gratificaron con al menos 5,5 millones de euros públicos a los gestores y testaferros que les ayudaron en el pelotazo del polígono industrial o en los negocios que se nutrieron de las comisiones procedentes de su recalificación.

El Tribunal de Cuentas balear sentencia en su análisis sobre las cuentas del Consell de Mallorca de 2006 (el último que se encuentra fiscalizado hasta la fecha) que dos de los patrocinios con que se subvencionó a la empresa, de 270.000 y 170.000 euros públicos respectivamente, presentan serias «deficiencias en la forma de justificación». Los dos pagos a Video-U, S.A., constituyen sólo una parte de los 2,3 millones de euros públicos que se llevó la productora del Consell de Mallorca durante los últimos años. Dándose la circunstancia de que una cuarta parte de esta sociedad estaba en manos a su vez de una empresa del gestor de las inversiones inmobiliarias de Miquel Nadal y primo de su esposa, Miguel Sard Vicens: Rincones de la Vega de Sotomayor, S.L.

El ‘top 13’ de ilegalidades
Estos pagos irregulares han sido destacados junto a otras trece disposiciones de dinero público por parte de la Sindicatura de Cuentas y conforman «las de mayor significación» del referido ejercicio.

Tras solicitar y estudiar estos dos expedientes, los síndicos han plasmado por escrito que «en esos expedientes no constan las facturas, ni originales ni copia, sino una relación de gastos diferentes de aquellos que figuran en el presupuesto de gastos presentado». Igualmente, agregan los expertos auditores públicos, «en estos expedientes se presentan unas relaciones de gastos indirectos y no se especifica la parte que se imputa a la actividad subvencionada».

Del mismo modo, el informe señala que estas dos subvenciones se hicieron sin seguir escrupulosamente los principios de publicidad y concurrencia. Unos extremos que confirman lo revelado por EL MUNDO/El Día de Baleares hace sólo uno días. Es decir, limitando la posibilidad de que cualquier empresa mallorquina pudiese optar a percibir esos fondos en igualdad de condiciones. «No se determinan las razones de la exclusión del principio de concurrencia», subrayan.

ELMUNDO.ES