jueves, 21 de abril de 2011

"CASO GÜRTEL"; IMPUTADO OTRO CARGO DEL PP DE ARGANDA POR EL MAYOR PELOTAZO DE CORREA

La fiscalía solicitó al iniciarse el 'caso Gürtel' que Juan Fernández Caballero declarara por la adjudicación de una parcela a Martinsa por 77 millones

TONO CALLEJA - Madrid 

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son cuatro los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.

El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.

La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.

Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...". Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.

El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.

Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.

Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.

En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: " le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.

Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.

Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
   

UN CONCEJAL DEL PP DE ORIHUELA ARRESTADO E IMPUTADO EN EL "CASO BRUGAL" SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

El edil, acusado de cohecho por la contrata de la basura, tilda la investigación de "chascarrillo"

SANTIAGO NAVARRO - Orihuela

Ginés Sánchez Larrosa, concejal del PP de Orihuela, arrestado e imputado en el caso Brugal, se ha negado esta mañana a declarar ante el juez que instruye el sumario, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela. El edil, detenido el 6 de julio de 2010, está en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información relacionados con el supuesto amaño de la contrata de basura de municipio. Pese a no declarar ante el magistrado, a la salida de la oficina judicial, Sánchez Larrosa, responsable del área de Medio Ambiente, ha tildado la investigación judicial de "chascarrillo". "Todo es un montaje y tiene una clara intencionalidad política. Después del 22 de mayo esta operación no interesará a nadie", ha manifestado.

Ginés Sánchez Larrosa, aunque no ha contestado a las preguntas de las partes, sí ha hecho una exposición unilateral ante el magistrado en la que, según fuentes del caso, negó las imputaciones, es decir, que recibiera regalos a cambio de informar a los adjudicatarios de la contrata de la basura del pliego de condiciones. El contrato fue adjudicado a una UTE integrada por las firmas Sufi, Liarsur y Gobancast. Según la investigación, estas dos últimas firmas son una tapadera del industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama corrupta del sumario del caso Brugal.

Junto a Larrosa, la policía también arrestó a otros dos concejales del PP oriolano, Manuel Abadía y Antonio Rodríguez. Ninguno de los tres ha sido incluido en la candidatura del PP, que encabeza la actual alcaldesa, Mónica Lorente, para las elecciones municipales de mayo. Abadía y Larrosa habían sido excluidos por la propia regidora, mientras que Rodríguez ha sido sacado de la lista por el comité electoral regional del PP valenciano.
  
Más información:

"OPERACIÓN XORIGUER"; IMPUTADA LA SECRETARIA GENERAL DEL PP DE MENORCA EN UN CASO DE CORRUPCIÓN

Antònia Gener se une al exalcalde y a otros dos exediles populares acusados de malversación de caudales, falsedad y prevaricación en el Ayuntamiento de Ciutadella

ANDREU MANRESA - Menorca 

La parlamemtaria balear y secretaria general del PP de Menorca, Antònia Gener, ha sido imputada por la juez de Ciutadella, que investiga las supuestas irregularidades en los concursos públicos desde el consorcio de Turismo de esa localidad menorquina. Gener fue apartada de la lista autonómica de los populares por Menorca, donde iba de número dos.
     
La dirigente conservadora ha asegurado en la cadena Cope tras conocer su imputación que "la fiscalía tiene intencionalidad política" y que en este caso se desmuestra que existe "una persecución política y personal" para afectar al PP que estaba "poco tocado"

Con esta decisión, la juez Raquel Martínez incorpora a Gener al sumario del caso Xoriguer (una ginebra típica de Menorca) que destapó el pasado 29 de marzo y que se saldó con las detenciones de nueve personas, entre ellas el exalcalde popular, Llorenç Brondo, los exediles Avel.lí Casasnovas y Gabriel Cardona, la concejal Antonia Salord, el secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas, el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca y el empresario Manuel Mercadal.

La operación destapó la gestión irregular entre 2003 y 2007, de los contratos y el presupuesto del consorcio Citur (Ciutadella Turisme), que manejó un ambicioso plan de promoción dotado con fondos que procedían del Estado, el Consell de Menorca y el Gobierno balear.

Gener ha sido citada para declarar el próximo jueves 5 de mayo. Ese mismo día y el 6 de mayo comparecerán ante la juez el resto de los encausados. Entre los llamados a declarar en calidad de testigos se encuentra el concejal de UPCM, Joan Triay, cuya denuncia dio lugar a la investigación que ha destapado el caso de corrupción. La juez ha rechazado la petición de la Fiscalía de fijar una fianza de responsabilidad civil de 354.327 euros para otro de los imputados en la causa, el director del área de Medio Ambiente, Xavier Cardona.

. El pasado 8 de abril, la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, defendió la candidatura a la presidencia del Gobierno balear de José ramón Bauzá y habló de la necesidad de que haya gobiernos "transparentes y responsables", que actúen con "luz y taquígrafos".
   

"CASO GÜRTEL"; EL TRIBUNAL RECHAZA LA ÚLTIMA APELACIÓN DE CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

La decisión deja en manos del juez instructor la apertura de juicio al presidente valenciano por cohecho

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha rechazado el último recurso de Francisco Camps en el caso de los trajes. El futuro judicial del presidente de la Generalitat queda de este modo en manos del juez instructor, José Flors, que parece decidido a sentarlo en el banquillo por aceptar regalos de la trama Gürtel; la masiva red de corrupción dirigida por Francisco Correa que, según la investigación, encontró en Valencia un lugar muy fecundo donde hacer negocios al amparo del Gobierno autonómico y el PP regional. Las numerosas pruebas recabadas en la instrucción apuntan a que las empresas de la trama se beneficiaron de contratos adjudicados de forma irregular por la Generalitat y que, paralelamente, la red participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha desestimado las apelaciones presentadas por Camps y su exvicepresidente Víctor Campos, despeja el señalamiento de la vista preliminar, el acto que precede inmediatamente a la decisión de Flors de abrir o no juicio oral contra el presidente valenciano por cohecho impropio.

Camps siempre ha negado haber recibido regalos. Las pruebas acumuladas en los dos años de instrucción, obtenidas a través de registros, grabación de las comunicaciones de los miembros de la red corrupta y declaraciones de los empleados de los dos establecimientos que preparaban las prendas de vestir, señalan, en cambio, lo contrario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los años 2005 y 2008 Camps recibió de la red, al menos, 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros. El ministerio público ha solicitado por ello una pena de multa de 41.250 euros para el presidente, al tiempo que recordaba que el Código Penal actual castiga ese comportamiento con penas de cárcel e inhabilitación especial.

El presidente de la Generalitat también ha negado haber tenido más relación con el cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, que la profesional, derivada de su condición de organizador de actos para el PP valenciano. Las conversaciones intervenidas a la trama revelan, por el contrario, un alto grado de familiaridad entre ambos.

En una grabación efectuada el 24 de diciembre de 2004 se escucha a Camps decirle a El Bigotes: "Feliz Navidad, amiguito del alma"; "[tenía que haberte llamado] sobre todo para decirte que te quiero un huevo".

En otra charla, intervenida el 7 de enero de 2009, Pérez le dice al presidente:

-Fíjate si te debo...

-No, no, nada- responde Camps.

-Sí, sí, sí.

-Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito-, termina el presidente antes de pasarle el teléfono a su mujer. Isabel Bas, la esposa de Camps, se queja a El Bigotes de que el regalo que le ha enviado resulta excesivo ("con el mío te has pasado 20 pueblos", se le oye decir), pero parece aceptar el obsequio que Pérez le ha hecho a uno de sus hijos.

El juez Flors no pareció quedar muy satisfecho con las explicaciones que Camps ofreció en la causa sobre los supuestos regalos. Según la reconstrucción realizada por este diario de la declaración que Camps hizo en sede judicial, el 20 de mayo de 2009, el magistrado preguntó al presidente refiriéndose a la segunda conversación mencionada:

-¿Qué le debe a usted el señor Pérez?

-Todos los valencianos me deben mucho porque he sacado adelante la Comunidad Valenciana. Los valencianos me gritan "presidente, presidente" cuando me ven por la calle.

-No, señor Camps, lo que le pregunto es: ¿qué le debe el señor Pérez?

-Todos reconocen mi empuje como presidente.

-Bien, es suficiente-, concluyó Flors.

Las pruebas recabadas por la policía señalan que las empresas del entramado de Francisco Correa obtuvieron de la Generalitat contratos millonarios adjudicados a dedo por diversas consejerías y parcelados para esquivar los controles legales. Que emplearon empresas pantalla y se valieron de contratos hechos a media por organismos públicos valencianos (en la visita del papa). Y que habrían participado de la financiación ilegal de las campañas del PP de las últimas elecciones autonómicas y generales, canalizando los fondos que suministraban empresas constructoras, que a su vez eran adjudicatarias de contratos millonarios de la Administración autonómica.

Las apelaciones rechazadas por el tribunal se referían a la petición de las defensas de revisar todas las grabaciones realizadas a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Y a la solicitud de que prestase declaración Cándido Herrero, gerente de Orange Market, principal empresa de la trama en Valencia.

En la causa de los trajes están imputados, además de Camps y Campos, Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV y candidato a repetir como diputado en las Cortes valencianas) y Rafael Betoret (jefe de protocolo de la Diputación de Valencia).


elpaís.com