sábado, 16 de enero de 2010

"LAGOS DEL SERRANO"; EL EX ALCALDE DE GUILLENA SE ENFRENTA A UNA PETICIÓN DEL FISCAL DE UNA AÑO DE CÁRCEL

TRIBUNALES | Juicio por los chalés ilegales en los Lagos del Serrano

Justo Padilla en una imagen retrospectiva cuando aún era alcalde de Guillena. | Conchitina

* El regidor está imputado por no impedir la construcción de chalés ilegales
* Padilla tiene pendiente otra causa por la que le piden 45 meses de prisión

Efe | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla pedirá el martes un año de cárcel y ocho de inhabilitación para el ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) por prevaricación, por permitir la construcción de chalés ilegales en la urbanización Lagos del Serrano.

Padilla presentó su dimisión en mayo de 2009, después de 30 años ocupando el cargo, en una decisión que, según dijo entonces, tenía meditada desde que se presentó a las últimas elecciones y no guarda relación con las dos causas judiciales que tiene abiertas.

En el juicio que celebrará el martes el juzgado penal 12 de Sevilla, el fiscal imputará a Padilla por no impedir la construcción de chalés, cobrar las tasas municipales y permitir la electrificación de la zona.

Este es uno de los dos juicios pendientes del ex alcalde, pues en otra causa aún no señalada para juicio el fiscal pide para él 45 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación para todo cargo público por dar licencia para construir unas naves en el polígono El Cerro de la localidad.

Las actuales diligencias fueron iniciadas por la Fiscalía tras recibir la denuncia de varias decenas de parcelistas, contrariados porque la Asociación de Propietarios les reclamaba 2.100 euros a cada uno para los trabajos de electrificación, prohibidos tras la declaración del paraje como no urbanizable.

Un informe de la Policía Autonómica elevado al Juzgado en 2004 indicó que 186 de las 990 parcelas ya estaban construidas y en ellas se podrían haber hecho pozos ciegos que "podrían estar contaminando con aguas fecales los acuíferos subterráneos y las aguas del embalse de Cala", que abastece a la mayor parte de la provincia.

Dicho informe dio cuenta de la "supuesta permisividad del Ayuntamiento en la construcción incontrolada" al "no aclarar suficientemente" la situación legal de los terrenos y aceptar el pago de tasas de obras después del decreto de la alcaldía que ordenó paralizar todo tipo de trabajos.

Padilla fue imputado además por el accidente de la atracción La Voladora, ubicada en el parque temático Mundo Park, cuyo derrumbe en el año 2005 hirió a 25 personas, en su mayoría niños, aunque la causa quedó finalmente archivada en la vertiente penal.

Al juicio previsto en el juzgado penal 12 están citados el próximo martes, como testigos, varios propietarios de chalés de "Lagos del Serrano", aunque fuentes del caso han apuntado a Efe la posibilidad de que el alcalde acepte una condena y el juicio no llegue a celebrarse.

elmundo.es

"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; "CONDE ME PRESIONÓ Y LE DI 120.000 € DEL CONSELL; SABÍA QUE ME LA JUGABA"

Declaraciones ante el juez

Luisa Almiñana | Jordi Avellà

* La gestora de Video-U admite que cobró de Munar por 'programas fantasma'
* Reconoce también que desvió el dinero al testaferro de Vicens

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Cada nueva jornada de declaraciones de la Operación Maquillaje deja más en evidencia que a los parientes de la presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar implicados en el escándalo la Fiscalía de Baleares les ha dispensado una trato favorable y que, entre el resto, no existe un criterio claro.

El fiscal Joan Carrau solicitó el viernes prisión eludible con fianza de 150.000 euros para una de las socias de la productora Video-U, Luisa Almiñana, a la que atribuye sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos después de que ésta admitiera que entregó 120.000 euros públicos a los testaferros de Bartomeu Vicens que previamente había cobrado por un programa fantasma. Añadió que lo hizo tras ser "presionada porque necesitaban dinero" y que al realizar dicho pago era consciente de que "se la jugaba" porque "no le pareció correcto".

Sin embargo, contra Miguel Oliver, el cerebro de esta sociedad en la que se encuentra oculta bajo un nombre falso la familia de Munar, que también admitió la "incorrección" del referido pago el Ministerio Público sólo pidió que le fuera retirado el pasaporte tras atribuirle un delito de malversación.

A media tarde el juez Juan Ignacio Lope Sola acabó resolviendo imponer a Almiñana una caución de 100.000 euros y prohibiendo la salida de España a su ex pareja Oliver, un empresario históricamente vinculado al PSOE.

Además
* 100.000 euros de fianza para una de las socias de Video-U
* El análisis por Esteban Urreiztieta

elmundo.es

EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE MATARÓ POR CAN FÁBREGAS

El edil y dos miembros del consistorio, acusados de delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio

ELPAIS.com - Barcelona

El alcalde de Mataró Joan Antoni Baron (PSC); el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas (PSC) y la letrada Maria Lluïsa Guanyabens han sido imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio, ha informado el consistorio a través de una nota de prensa. Se les acusa de haber autorizado el desmantelamiento de la antigua fábrica de Can Fàbregas y de Caralt.

El juzgado de instrucción número 3 de Mataró comunicó ayer al consistorio la admisión a trámite de la querella, que había sido presentada el 4 de enero por la fiscalía provincial de Barcelona. El juez también pidió como medidas cautelares detener la deconstrucción.

El Ayuntamiento asegura que ha detenido "de forma inmediata" el desmontaje, del que solo queda pendiente la base de la chimenea, y ha ordenado la protección de los restos del subsuelo.

El edificio fue construido en 1879 como fábrica de la Harinera Mataronesa. La nave hace parte del Patrimonio Arquitectónico del municipio.

Barón ha afirmado en una rueda de prensa que siempre ha actuado "desde la honestidad y la legalidad". Asimismo ha rechazado la posibilidad de dimitir y ha dicho que tiene "plena confianza" en la justicia.

elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; MATAS COBRÓ DE UN BUFETE AL QUE SU GOVERN HABÍA CONTRATADO

El gabinete jurídico trabajó desde el 2004 al 2008 y percibió 165.475 euros

El ex president recibió 31.320 euros de la sociedad Estudios Jurídicos y Procesales, que también fue asesora de IB3

Matas colaboró con el gabinete jurídico al poco tiempo de abandonar la política activa. Foto: Lorenzo

J.F. MESTRE/F.ARMENDÁRIZ. PALMA. La Guardia Civil está investigando el origen del dinero que Jaume Matas percibió en su cuenta bancaria y que fue abonado por un bufete de abogados de Madrid que había realizado colaboraciones con el Govern y con IB3 durante su etapa de gobierno. Se trata del despacho profesional que utilizaba la denominación mercantil de Estudios Jurídicos y Procesales, una asesoría de abogados de Madrid que entre sus socios cuenta con varios prestigiosos juristas muy próximos al Partido Popular,.

En los movimientos bancarios de la libreta que utiliza el ex president Matas en la entidad Bancaja, y que forma parte de las pruebas documentales que se están recopilando ante la próxima declaración judicial del ex president, aparecen dos ingresos que suman la cantidad de 31.320 euros. Este dinero lo declara el propio despacho de abogados como abonado a Jaume Matas. Los ingresos datan del 25 de septiembre de 2007 y del 31 de octubre del mismo año cuando ya Matas había abandonado el poder político, pero todavía no se había trasladado a Estados Unidos. En el extracto bancario, lógicamente, no se especifica en concepto de qué se paga este dinero, aunque a los investigadores les llamó la atención porque no se conoce que el ex president del Govern tenga ningún conocimiento en materia jurídica que justifique tan altos dispendios.

A pesar de que la comunidad autónoma de Balears dispone de su propio servicio jurídico, el ex president Matas ordenó la contratación de este gabinete externo, cuya sede se encuentra ubicada en la céntrica calle Padre Damián de Madrid.

Según se detalla en la documentación que ha ido recopilando la Guardia Civil, y que ha sido entregada al juez Castro, la relación entre el Govern y el gabinete jurídico se inicia en el año 2004. El bufete colabora con la comunidad autónoma y después también lo hace para el Ente Público de Radiotelevisión de Balears (IB3), cuando todavía no había realizado sus primeras emisiones. Esta primera colaboración supone un gasto a la administración de 41.096 euros.

Sólo para IB3
En los dos años siguientes el bufete ya no trabaja para la comunidad autónoma, pero sí continúa facturando para IB3. En el 2005 percibe 28.174 euros y al año siguiente cobra un total de 30.956 euros. Durante estos dos años la televisión autonómica de Balears ya contaba con su propio gabinete jurídico.

Ya en el año 2007, según la relación de ingresos que declara el propio gabinete jurídico ante Hacienda, factura 33.833 euros al ente de televisión y otros 23.600 a la comunidad autónoma. Esta relación de colaboración se mantuvo incluso con el actual Govern. El despacho legal presenta su última factura en el año 2008 a IB3 y asciende a la cantidad de 7.816 euros. En estos cuatro años de colaboración, el despacho jurídico factura al ejecutivo balear la cantidad total de 165.475 euros.

El juez Castro, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la familia de Jaume Matas en el caso Palma Arena, ha ordenado a la Guardia Civil que pida la colaboración del Govern y de IB3 para que entreguen los expedientes administrativos que se tramitaron para justificar la contratación de este gabinete jurídico externo. Lo que se sabe es que se trató de una contratación directa, es decir, sin ningún tipo de concurso público.

El juez también quiere comprobar si Matas ha podido incumplir la ley de incompatibilidades al colaborar con el despacho de letrados tras apartarse de la política activa. Esta ley prohibe a un ex president mantener ningún tipo de colaboración profesional con empresas que se han visto beneficiadas durante su mandato presidencial. El cobro de más de 30.000 euros demostraría, según fuentes próximas a la investigación, que Jaume Matas habría infringido presuntamente esta ley de incompatibilidades.

El juez ha autorizado a la Guardia Civil que solicite al actual Govern y a la televisión autonómica los expedientes de contratación, así como los informes que han podido realizar estos abogados para valorar si era necesaria su contratación y si se justifican sus elevadas minutas.

El dinero que recibe Matas de este gabinete jurídico coincide en el tiempo con los ingresos que también percibe del Partido Popular de Madrid. El ex president fue cobrando durante un año una media de unos seis mil euros mensuales que le ingresaban directamente desde la sede de la calle Génova, si bien hasta el momento se desconoce a cambio de qué recibía estos emolumentos porque en esa época Matas había anunciado que quedaba desvinculado de la política.

diariodemallorca.es