martes, 28 de febrero de 2012

"TRAMA DE LAS ONG"; LA DETENCIÓN DE LA EX JEFA DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN ELEVA A 15 LOS ARRESTADOS POR LA TRAMA

CORRUPCIÓN
La Policía detuvo a Dolores Escandell durante la mañana de este lunes
El juzgado también está examinando diferente documentación y expedientes

Europa Press | Valencia

La detención este lunes de la ex jefa del servicio de Cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad, Dolores Escandell, eleva a 15 los arrestados en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por presunto fraude en las subvenciones otorgadas por el Consell a distintas fundaciones, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Esta funcionaria detenida el lunes ocupaba un alto cargo en Solidaridad, conselleria que en ese momento estaba dirigida por el actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco. La Policía la detuvo durante la mañana de este lunes, y por la tarde, sobre las 19.00 horas, pasó a disposición judicial. La jueza, tras tomarle declaración, la dejó en libertad con cargos. La Policía está tratando de localizar a otras personas sobre las que consta orden de detención en esta causa.

Junto a las detenciones, el juzgado también está examinando diferente documentación y expedientes -algunos de ellos en soporte informático- intervenidos la pasada semana tanto en la sede de la Dirección General de Cooperación como en los domicilios particulares de algunos de los detenidos.

Además, también se están transcribiendo numerosas intervenciones telefónicas que fueron ordenados meses atrás para intentar averiguar más datos y poder llegar al fondo de la trama, han señalado las mismas fuentes.

De los 15 detenidos hasta el momento en este procedimiento, cuatro de ellos formaban parte del Consell: el ex director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad; el hasta hace unos días subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que antes ocupó este mismo cargo, primero en la Conselleria de Inmigración y más tarde en Solidaridad; en tercer lugar, la ex jefa del servicio de Cooperación, detenida este lunes; y Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Conselleria de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad.

El resto de detenidos son empresarios y miembros de las fundaciones que se están investigando: el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder; y la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette.

Asimismo, figura como detenido en la causa Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni. Todavía hay nombres de algunos detenidos cuya identidad no ha trascendido.

Contratos y otros documentos
Todos los detenidos comenzaron a prestar declaración ante la jueza este pasado viernes, y tuvieron que responder a preguntas relacionadas con contratos, documentos y relaciones con el Consell. Los interrogatorios se prolongaron hasta el domingo, es decir, que se apuraron las 72 horas establecidas para mantener a alguien en los calabozos.

Tras tomarles declaración, la jueza, Nieves Molina, dejó a 14 de los detenidos en libertad con cargos, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. A ellos se les ha retirado el pasaporte y, además, a casi todos, es decir, a 12, se les ha prohibido salir del país.

Sin embargo, la magistrada decidió enviar a prisión a César Augusto Tauroni, vinculado a la Hemisferio, fundación presuntamente encargada de contactar con otras entidades no gubernamentales para poder tener acceso a las ayudas de la Conselleria de Solidaridad y supuestamente cometer el fraude, que podría ascender a los nueve millones de euros, según la valoración del PSPV, que fue quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía en octubre de 2010, junto con Compromís.