martes, 20 de octubre de 2009

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA PIDE LA RELACIÓN DE CARGOS DE QUIENES ACORDARON LA VENTA DE TERRENOS

La juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla ha pedido a la Policía una relación de los cargos públicos, privados y en partidos políticos de todos los miembros de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de la empresa que aprobaron la venta de terrenos investigada.

En un oficio al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla pide a la Policía Judicial que le informe del organigrama de Mercasevilla y de los cargos que hayan ostentado quienes aprobaron la venta de terrenos "a la fecha del concurso público y con posterioridad al mismo".

La juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" a la empresa Sando de los terrenos de Mercasevilla, pues presuntamente su oferta era "antieconómica y contraria al interés general" respecto a la presentada por la constructora Noga.

Según datos del sumario, Sando hizo donaciones que totalizaron 246.000 euros a la Fundación Mercasevilla a raíz de ser adjudicataria de la opción de compra de esos terrenos, una bolsa de 363.000 metros cuadrados adyacentes a la vía de circunvalación SE-30.

En su oficio, la juez solicita la relación de todos los cargos que hayan ostentado "tanto en instituciones públicas, como partidos políticos y empresas" los miembros de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración de Mercasevilla que votaron dicha venta.

En la venta de los terrenos están imputados el ex gerente Fernando Mellet, el vicedecano del Colegio de Abogados y ex secretario de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, Jorge Piñero, y dos técnicos urbanistas

Esta petición se ha producido cuando la juez y la Fiscalía Anticorrupción barajan imputar a los siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que aprobó la venta de sus terrenos en enero de 2005, entre los que se encontraba el actual concejal Antonio Rodrigo Torrijos y el ex edil Gonzalo Crespo.

La venta de los terrenos es una de las dos ramas del sumario de Mercasevilla y en ella están imputados el ex gerente Fernando Mellet, el vicedecano del Colegio de Abogados y ex secretario de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, Jorge Piñero, y dos técnicos urbanistas.

Además, Mellet está imputado por presunto cohecho y fraude en la petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla, asunto en el que también figura como imputado su adjunto Daniel Ponce, la funcionario M.R.B. y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.

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abc.es

EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA CONTRATÓ A UNA EMPRESA DEL SUEGRO DEL CEREBRO DEL CASO "GÜRTEL"

Negociaron un convenio para aumentar la edificabilidad de unos terrenos

JOSÉ CEJUDO. SEVILLA

El PP andaluz aseguró ayer que la conexión del caso «Gürtel» con el PSOE «pasa por Estepona», a través de otro polémico episodio vinculado a la presunta corrupción, el «Astapa», en cuyo sumario aparece la empresa «Construcciones Salamanca», propiedad de Emilio Rodríguez Bugallo, suegro de Francisco Correa, principal imputado en el «Gürtel». A su vez, Bugallo está acusado de cohecho por el caso «Malaya» de Marbella.

«Construcciones Salamanca, según consta en el sumario facilitado ayer por el PP, negoció con el Ayuntamiento de Estepona un convenio urbanístico por el que se aumentaba la edificabilidad del campo Atalaya Golf para la construcción de 135 nuevas viviendas.

La misma empresa destaca en el sumario por los pagos realizados a sociedades mercantiles que tienen intereses urbanísticos en Estepona y a otras del entorno del PSOE y del Partido de Estepona (PES). Ambos gobernaban cuando estalló el caso «Astapa».

A esta circunstancia se refirió el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que compareció en rueda de prensa junto al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y el presidente de esta formación en la provincia de Granada, Sebastián Pérez.

El caso «Astapa» está relacionado con la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Al respecto, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, señaló que después de levantarse el secreto de una parte del sumario, se ha podido comprobar la existencia de una supuesta «financiación ilegal» del PSOE.

Por caja
Indicó que «son muchas las empresas que han pasado por caja», y en este sentido señaló que la gerente de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, está relacionada con supuestos «favores urbanísticos».

Bendodo fue más allá e indicó que el anterior alcalde de Estepona, el imputado Antonio Barrientos, y su sustituto, David Valadez, ambos del PSOE, «son las dos caras de la misma corrupción».

Bendodo trazó por otra parte un paralelismo entre el caso «Malaya» y el de Estepona, y señaló que mientras en Marbella los socialistas se incorporaron a una corrupción iniciada por el GIL, en la otra localidad malagueña estuvieron «desde el minuto uno».

En opinión de Bendodo, de lo conocido hasta ahora del sumario del «Astapa», ya se puede establecer una conexión con el caso «Gürtel», cuyo principal implicado es Francisco Correa. Y es que según Bendodo, «la conexión del caso “Gürtel” con el PSOE pasa por Estepona».

A juicio del presidente del Partido Popular malagueño, el PSOE cree que tiene «barra libre» en esa provincia, pero la realidad es que casi la mitad de los alcaldes socialistas malagueños están imputados por la Justicia.

Mientras, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, contrapuso las «pruebas» de los supuestos delitos cometidos por responsables del PSOE e incluidas en los diferentes sumarios judiciales de los casos de corrupción, con las «sospechas» que los socialistas dicen tener cuando se refieren a los populares.

Antonio Sanz, además, reprochó al PSOE que presumiera en su momento de comprometerse a expulsar del partido a todo aquél que fuera imputado por corrupción, cuando en la práctica nunca ha llevado a cabo esa medida.

Muy al contrario, significó que los socialistas han renunciado a tomar cualquier medida que suponga asumir responsabilidades por los numerosos casos que se han producido en los últimos años en prácticamente todas las provincias andaluzas.

Los populares piden que el Parlamento investigue la corrupción
Echarle la culpa al muerto

abc.es

LA TRAMA GÜRTEL HIZO NEGOCIO EN URBANIZACIONES DE LA NUCIA Y ALTEA

DECLARACIONES ANTE EL JUEZ GARZÓN DEL SUMARIO SOBRE LA RED CORRUPTA

Jacobo Gordon compró suelo y medió en ventas por orden de Correa

ADOLF BELTRAN / ARTUR BALAGUER - Valencia / Benidorm

La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta. Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.

López Jaraba: "Todo está correcto"

Conocidos urbanizadores de La Marina fueron socios de Correa

Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó.

Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel.

Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".

A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell.

La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector.

Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...".

La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea.

Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón

- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".

- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí".

- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso".

elpaís.com

EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO MALVERSÓ 150 MILLONES EN SEIS AÑOS A TRAVÉS DE EMPRESAS FICTICIAS

20 personas han sido arrestadas a instancias de la fiscalía anticorrupción, que investiga delitos de blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y malversación.-

El PSOE rompe el acuerdo con el partido del alcalde por el que gobernaban juntos la Diputación de Almería

FERNANDO J. PÉREZ - El Ejido

La trama corrupta derivada del Ayuntamiento de El Ejido malversó unos 150 millones durante los últimos seis años a través de empresas ficticias y compañías tapadera distribuidas entre Madrid, Sevilla y Almería. Las empresas blanquearon los fondos municipales a través de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (ElSur), participada en un 30% por el Consistorio almeriense, que subcontrataba con empresas dirigidas por empresarios amigos del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, que fundó el Partido de Almería (PAL) tras abandonar el Partido Popular en 2005.

Los contratos con estas empresas subcontratadas se inflaban de manera desorbitada y tras los pagos surgían los beneficios ilícitos. La policía ha detenido al alcalde, el interventor municipal, diversos testaferros, empresarios y a sus respectivos familiares, a nombre de los cuales figuraban estas empresas. Los agentes se han incautado de 120.000 euros en efectivo y han intervenido diversas cuentas a nombre de los componentes de la trama.

El principal responsable del blanqueo y ex director de producción de ElSur, José Amate, ha sido detenido pasadas las ocho y media de la mañana junto a su mujer, tres hijas y dos de los maridos de estas últimas. Las hijas de Amate figuraban como responsables de las empresas Maviroad y Maviwater. En total han sido detenidas siete personas en Sevilla, seis en El Ejido, tres en Madrid, tres en Almería y otra en Vera (Almería). Varios de los detenidos disfrutaban de un alto nivel de vida. La operación se inició tras la denuncia de un particular en Almería a principios de 2007, a la que siguieron otras denuncias de Izquierda Unida y el Partido Popular.

Juan Enciso ya era alcalde de El Ejido, por el PP, cuando en el año 2000 se desataron los disturbios entre la población local y la numerosa población inmigrante que trabaja en los invernaderos de la zona, acontecimientos que por su crudeza dieron la vuelta al mundo. Posteriormente, abandonó este partido y creó el Partido de Almería, que ganó las elecciones con amplia mayoría en 2007. La policía también está registrando su domicilio particular.

El PSOE ha decidido romper el pacto que tiene con el PAL, liderado por Enciso, con el que hasta ahora gobernaba en la Diputación de Almería. El secretario de política institucional de los socialistas en Almería, Juan Antonio Segura, ha explicado en rueda de prensa que la ruptura del acuerdo se debe a la operación policial por blanqueo de capitales desarrollada hoy en el Ayuntamiento de El Ejido y la detención de su alcalde. Segura añadió que el pacto se rompe para evitar que el escándalo salpique también a la diputación, en la que PAL y PSOE gobernaban en coalición.

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"OPERACIÓN EN ALMOGÍA"; INVESTIGADOS EDILES Y FUNCIONARIOS POR POSIBLE PREVARICACIÓN

Registro en el Ayuntamiento

El alcalde, en las puertas del Ayuntamiento registrado. J. Zapata Efe

Los agentes examinan expedientes relacionados con urbanismo

Marga García Leonor Cabrera Marta Sánchez Málaga Almogía

La Guardia Civil investiga a miembros de la corporación municipal de Almogía, en Málaga, y a funcionarios municipales por un posible delito de prevaricación, según han informado a elmundo.es fuentes próximas a la investigación. Por este motivo, miembros del Seprona y de la Policía Judicial de la Guardia Civil registran desde primera hora de la mañana de hoy el Ayuntamiento de esta pequeña localidad malagueña, gobernada por el PSOE desde 1983.

Los guardias civiles allí personados han solicitado la presencia del alcalde, Cristóbal Torreblanca en estas dependencias, así como del secretario y el arquitecto municipal, quienes en este momento estarían dentro del Consistorio.

El alcalde, que ha confirmado a Efe el registro, ha indicado que desconoce el motivo de la operación, si bien ha explicado que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha requerido en los últimos meses documentación al Ayuntamiento, tras denuncias efectuadas por particulares.

Los investigadores han señalado también que prevén efectuar en las próximas horas al menos tres imputaciones por prevaricación y, en un principio, no prevén efectuar detenciones.

Fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press que el registro está enmarcado en una investigación sobre asuntos urbanísticos. La decisión de registrar el Ayuntamiento tendría como objetivo tratar de confirmar en la documentación de la corporación municipal esa investigación, que según los primeros datos tiene que ver con temas urbanísticos. Estas fuentes indicaron que, en función del registro y de las pesquisas, se podrían producir detenciones a lo largo de la mañana.

Por su parte, el alcalde ha informado de que hay una decena de agentes de la Guardia Civil en el Consistorio que están examinando entre 10 y 15 expedientes de disciplina urbanística relacionados con terrenos rústicos de esta pequeña localidad malagueña, con unos 4.000 habitantes.

Examen de expedientes Torreblanca, quien fue requerido a primera hora de la mañana por la Guardia Civil para asistir al registro pero quien no se encuentra detenido, ha explicado a los medios congregados ante el Ayuntamiento al filo de las 11.00 horas que este registro está relacionado con una operación abierta por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga.

El alcalde desconoce el contenido de los expedientes que centran la atención de la Guardia Civil, ya que en el municipio "se han abierto unos 300 expedientes de disciplina urbanística".

Torreblanca ha asegurado que no tenía información previa de que la Benemérita iba a proceder al registro del Consistorio. Los guardias civiles han comenzado el registro por el área de Urbanismo y la tenencia de alcaldía, aunque su intención es, posteriormente, pasar a registrar las dependencias de la Alcaldía.

El alcalde de Almogía ha comunicado al PSOE que si resulta imputado por algún delito en las actuaciones judiciales relacionadas con el Ayuntamiento que preside, renunciará a su cargo y al acta de concejal y se dará de baja del partido.
Almogía es una pequeña localidad del interior de Málaga, que tiene algo más de 4.000 habitantes.

Cristóbal Torreblanca, alcalde de la localidad desde 1983, es también diputado provincial del Área de Organización y Gobierno Interior y entre sus responsabilidades figura la del Patronato Provicial de Recaudación. El PSOE gobierna en la localidad con mayoría absoluta, ya que tiene ocho ediles, mientras que IU tiene dos y el PA cuenta con uno.

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; DETENIDO EL ALCALDE DE EL EJIDO POR MALVERSACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITAL

Registran el Ayuntamiento


El concejal de Agricultura, Jorge Viseras, abandona el Ayuntamiento durante el registro. Efe


Miguel Cabrera Agencias El Ejido

El alcalde de la localidad almeriense de El Ejido, Juan Antonio Enciso Ruiz, del Partido de Almería (PAL), el interventor del ayuntamiento, José Alemán, han sido detenido junto con otras 18 personas, todas ellas acusadas de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

Además, en la denominada "Operación Poniente", se están registrando el propio Ayuntamiento y la sede de 12 sociedades y de la de la Empresa Mixta de Servicios Municipales, según informaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción. También se han producido arrestos y registros en Madrid, Sevilla y Almería capital.

Juan Enciso. El Mundo

El actual alcalde de El Ejido, Juan Antonio Enciso Ruiz, fue expulsado del Partido Popular en 2005, a raiz de sus desavenencias con las dirección provincial. Entonces fundó su actual formación, el Partido de Almería (PAL), con la que ganó las últimas elecciones municipales por mayoría absoluta. El Ejido es una pieza clave en la Diputación de Almería, donde el PSOE gobierna gracias al pacto con el PAL.

La nota de la Fiscalía explica que su investigación empezó en 2007 con la intervención de la Unidades de Apoyo de Policía Judicial, intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como la Jefatura Superior de Policía de Granada, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y la Comisaría de Policía de Almería.

La operación responde a una trama empresarial creada por los detenidos en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) de El Ejido y el Ayuntamiento de dicha localidad.

Las diligencias de Fiscalía fueron judicializadas en abril de 2009 acordándose por la titular del Juzgado la intervención telefónica de los terminales de los detenidos más relevantes en la trama empresarial.

Las diligencias fueron declaradas secretas por la Juez instructora del caso y continúan en dicho estado.

Por otra parte, la empresa mixta de servicios municipales desde hace unos meses está en el punto de mira, entre otras cuestiones, por un supuesto traspaso ilegal de trabajadores de las subcontratas Arborimar y Maviroad.

El sindicato CCOO ha denunciado en una nota la situación que se vive en la empresa y asegura que la intervención ordenada por la Fiscalía Anticorrupción se debe a este caso.

CCOO apunta que los agentes "no están dejando salir a los funcionarios" del Ayuntamiento de El Ejido hasta que faciliten las claves de sus ordenadores y están prohibiendo la entrada y salida al inmueble.

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elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN PIDE AL JUEZ INVESTIGAR OTROS CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente de las Cortes dio un área de servicio a una empresa ligada a Correa

Fernández Santiago, ayer, durante una rueda de prensa-EFE

J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y a la policía que se investiguen adjudicaciones de contratos del Gobierno de Castilla y León en los que haya podido intervenir, entre otros cargos públicos, el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellanoleonés, José Manuel Fernández Santiago, cuyo apodo, reconocido por él mismo, es Toti, un nombre que aparece en los documentos intervenidos a la red de Francisco Correa.

Fernández Santiago concedió el área por 44 años y con un canon gratuito.
La investigación cree que Constructora Hispánica pagó para obtener contratos.

Una vez que la fiscalía cree tener acreditada la relación entre Fernández Santiago y la trama corrupta que dirigía Correa, su propósito ahora es que los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales indaguen otras adjudicaciones de obras públicas otorgadas por el departamento de Fernández Santiago durante su etapa como consejero de Fomento, cargo que abandonó para ocupar el de presidente de las Cortes autonómicas, institución que aún preside.

Los investigadores sospechan que Fernández Santiago no sólo recibió una comisión de 39.000 euros por adjudicar a la empresa Teconsa, afín al conglomerado de empresas de Correa, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, sino que también ha podido recibir otras comisiones ilegales. La policía entregó hace 15 días al Tribunal Supremo un informe de 22 folios en el que se apunta claramente al presidente de las Cortes de Castilla y León como perceptor de sobornos, puesto que su apodo, "Toti", aparece completo en al menos dos documentos, y con iniciales (TT o TO) en otros.

Aunque la fiscalía no ha pedido aún investigar ningún contrato en concreto, hay uno muy significativo que Fernández Santiago promovió nada más llegar a la consejería. Se trata de un área de servicio en Campo de Villavidel, en la autovía León-Burgos. Las áreas de servicio, en especial las gasolineras, suelen ser un negocio muy codiciado. Por eso la administración exige habitualmente que el adjudicatario garantice una cuota anual durante el largo periodo de concesión, que suele llegar a los 40 años.

Obtener una concesión así implica una voluminosa inversión, y, por tanto, un riesgo. Pero no es eso lo que decidió Fernández Santiago. Sólo tres meses después de llegar a la consejería de Fomento, el 14 de junio de 2001, GICAL, un organismo dependiente del departamento que dirigía el actual presidente de las Cortes, concedió, según consta el Boletín Oficial de esta autonomía, el área de servicio de Campo de Villavidel a una unión de empresas en las que estaba Constructora Hispánica con un 33%. Se concedió por 44 años con un canon fijo anual de cero pesetas. Sólo se puso un canon variable en función de litros vendidos: una peseta por litro.

Constructora Hispánica es una empresa que no había trabajado en Castilla y León antes de que Fernández Santiago llegara a esa consejería, pero sobre todo es una constructora muy vinculada a Correa, hasta el punto de que en el sumario aparecen documentos de supuestos pagos de sobornos de esa empresa a la red de Correa y a distintos políticos del PP, entre ellos el ya ex tesorero Luis Bárcenas, para que le facilitaran contratos públicos.

Ese canon de cero pesetas no es ni mucho menos habitual. En ese mismo año, en noviembre de 2001, en la autovía del Mediterráneo (A7), el Ministerio de Fomento concedió otro el área de servicio de Elche por 50 años con un canon fijo mínimo de 150.000 euros al año. Hay otros muchos ejemplos de concesiones del Ministerio de Fomento en los que el canon fijo se sitúa siempre entre 100.000 y 150.000 euros al año, con lo que Constructora Hispánica habría obtenido la ventaja de no tener que comprometerse a esa inversión y pagar sólo en función de la rentabilidad del negocio.

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UN ALTO CARGO DE AGUIRRE IMPUTADO EN EL "CASO GÜRTEL" FINANCIÓ A UN SOCIO DE CORREA

La Fundación Iberemprende recibió al menos 600.000 euros de Inmigración

Carlos Clemente durante un partido benéfico en Senegal.-D.B.

DANIEL BORASTEROS - Madrid

La relación entre Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta finales de octubre de 2008, y Pablo Collado, mano derecha de Francisco Correa en Madrid, no se limita a las conversaciones cómplices incorporadas al sumario del caso Gürtel, en el que ambos figuran como imputados. Va más allá. La Fundación Iberemprende, creada en 2003 y cuyo secretario era Collado, recibió al menos dos cuantiosas subvenciones del departamento de Clemente para actividades en Colombia. Una, en 2006 por el programa Antioquia emprende, por un total de 472.132 euros y otra, en 2007 bajo el epígrafe Proyecto de formación para el autoempleo dirigido a mujeres en Colombia, por 150.000.

El socialista Contreras cree "muy llamativa la coincidencia"

La Fundación Iberemprende "apenas tiene actividad", según uno de sus portavoces, que no recuerda muy bien si han recibido otras ayudas de la Comunidad de Madrid desde 2007. Tiene una página web con varios enlaces rotos, pero en la que sigue figurando Collado como director general. A pesar de ello, la organización pactó la expulsión a Collado de su cargo cuando "saltó todo ese asunto, en febrero pasado, para que no perjudicase", explica este mismo portavoz que rehúsa dar su nombre. Iberemprende tiene su domicilio social en la Casa de Cantabria, según se anunció la fundación en Internet, pero Inmigración da la calle de Diego de León, 59, como lugar donde radica.

Fuentes muy cercanas a Carlos Clemente argumentan que desde 2005 su cargo no llevaba aparejado ni firma ni presupuesto, que las concesiones de subvenciones "no dependían ni en una coma de él" y que todos los pliegos se escrutan con mucha precisión a través de un grupo de académicos de la Universidad de Alcalá. También recuerdan que hay, nombrados por la propia consejería, unos delegados en cada país o zona de países que controlan en qué cosas se invierte el dinero. "Los euros que salen de España están muy controlados y también se trabaja de forma muy estrecha con la Agencia Española de Cooperación Internacional", insiste esta fuente.

La Consejería de Inmigración, a través de una portavoz, defiende la "absoluta legalidad de los dos proyectos". Explica que ambos se hicieron tras pasar "20.000 controles" y que en ambos casos la fundación contó con otras instituciones, como la Cámara de Comercio de Medellín o la Universidad Bolivariana para llevarlos a cabo. Sobre los programas en sí, la portavoz explica que el programa Antioquia emprende se creó para asesorar en la creación de empresas, para montar aulas de informática y escuelas de verano. En total, calculan que tuvo unos 4.000 beneficiarios. Al ser un programa que concluye en enero de 2010 sus cuentas no están fiscalizadas. Tampoco el otro proyecto las tiene revisadas, porque las mandaron hace dos semanas. Sobre éste, ponen de manifiesto que benefició a 210 mujeres y que aportó capital para la creación de 25 empresas.

El diputado socialista Francisco Contreras no comparte este análisis. "Es cuando menos llamativo que aparezca el nombre de este señor entre los favorecidos por una subvención", subraya el parlamentario regional, que duda mucho de los "mecanismos de control de la consejería". Aseguran que aparecían criterios "no muy claros" en esa y otras adjudicaciones de ayudas, que en un porcentaje muy alto se destinan a Colombia y las gestionan organizaciones muy ligadas a grupos de integristas religiosos católicos, como los Legionarios de Cristo.

Tras abandonar el cargo de viceconsejero, Clemente medió con la Consejería de Inmigración para garantizar que se siguiera contratando a las empresas de Correa, entonces representadas en Madrid por Collado, según las conversaciones incorporadas al sumario del caso Gürtel. También figura su nombre en otra charla entre Francisco Correa y Pablo Collado, en la que el principal cabecilla de la trama pregunta si Clemente ha dejado firmado todo lo que tenía que firmar antes de abandonar su puesto, el 23 de octubre de 2008.

El conocimiento mutuo entre Carlos Clemente y Pablo Collado se remonta a sus primeros tiempos posuniversitarios. Entonces, Clemente estaba en la rama juvenil popular, Nuevas Generaciones, y Collado presidía la Asociación de Jóvenes Empresarios de España. Previamente, lo fue de la de Baleares. En las islas también ocupó algunos altos cargos en la Administración de Jaume Matas. Fue director general de la empresa pública Baleares Sostenible. Su padre, también en el Gobierno popular de Matas, fue imputado en junio de 2009 por malversación cuando dirigía la Empresa Funeraria Municipal de Palma.

Carlos Clemente -que cuando abandonó la viceconsejería de Inmigración recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid de manos de su presidenta Aguirre- está imputado, entre otras cosas, por recibir supuestamente un sobre con 6.000 euros de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la trama. También figura su apellido en la contabilidad secreta del entramado. Allí, figura una asignación de 10.000 euros en dinero B.

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"CASO GÜRTEL"; AGUIRRE PIDE A LOS DIPUTADOS IMPUTADOS QUE DEJEN EL ESCAÑO

Europa Press Madrid

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido a los diputados regionales imputados en la trama Gürtel, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco, que dejen su escaño en el Parlamento regional "por responsabilidad política" sin dejar de tener en cuenta por ello la presunción de inocencia.

"Ya he vivido el asunto Funeraria y (he visto) que el aforamiento dilata el esclarecimiento de los hechos. Como presidenta del partido en Madrid, yo les pido que dejen el escaño por responsabilidad política sin quitarles un ápice a la presunción de inocencia que yo desde luego les concedo a todos", afirmó Aguirre en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

A su juicio, el aforamiento "es un error" ya que en 2011, cuando lleguen las próximas elecciones autonómicas y municipales, los tres diputados no estarán en las listas "a no ser que sean exculpados por sentencia firme", por lo que el pleito pasará o a la Audiencia Nacional o a un Juzgado ordinario.

"Cuando llegue el mes de abril de 2011, si sigo presidiendo este partido lo cual es harto probable porque no hay Congreso regional hasta final de 2011, estos señores, a no ser que sean exculpados por sentencia firme, no van a ir en las listas y este pleito pasará, ellos creen que a la Audiencia Nacional, y en ambientes judiciales se dice que a juzgados normales", indicó.

La dirigente regional retomó las palabras que pronunció la semana pasada en la Asamblea de Madrid en las que dijo que "ninguna organización, partido político o empresa privada está libre de que en su seno haya personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que sean corruptos y que delincan".

En este sentido, sostuvo que "lo importante es cómo se reacciona ante estas situaciones" y recordó que el PP madrileño "no va a titubear de ninguna manera ante el ejercicio de la responsabilidad política de militantes, votantes y todas las personas del PP" que les han apoyado.

También mencionó que las responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid por el caso Gürtel "han sido totalmente asumidas", ya que los tres diputados imputados han abandonado el grupo parlamentario, los ex alcaldes de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y Arganda, Ginés López, han dejado su escaño, y el de Boadilla, Arturo González Panero, ha sido expulsado del grupo municipal.

Al ser preguntada por qué futuro augura al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, por la gestión que ha hecho del caso Gürtel, la presidente del PP madrileño dijo que ella no puede augurar ningún futuro a nadie.

"¿Quién soy yo para augurar a un compañeros presidente de una Comunidad Autónoma ningún futuro? Tendrá el futuro que decida él y el que decidan los valencianos, que será seguro muy brillante, según dicen las encuestas", manifestó.

Sobre si cree que al presidente del PP, Mariano Rajoy, le pasará factura su actuación en el partido respecto a las personas implicadas, Aguirre aseveró que el asunto de los imputados que tienen escaños nacionales se encuentra en el Tribunal Supremo, instancia que ha prolongado el secreto de sumario.

"No sabemos qué es lo que hay y estoy convencida de que Rajoy actuará cuando tenga conocimiento de todo. El abuso del secreto de sumario es un error y es muy perjudicial para los imputados y para los responsables políticos que queremos saber qué es lo que hay. Nosotros cuando se levantó el secreto de sumario actuamos y creo que Rajoy hará exactamente lo mismo", concluyó.

Además
La rama madrileña de Gürtel

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PSPV ANUNCIA UNA QUERELLA CONTRA CAMPS Y COSTA POR FINANCIACIÓN IRREGULAR

Recogerá otros delitos, como cohecho y alteración contable

* Alarte adelanta que la denuncia incorporará delitos como alteración contable
* Irá dirigida también contra Rambla, David Serra y la tesorera Yolanda García


Manuel Sánchez | Efe | Madrid

El PSPV presentará en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella criminal contra el presidente del Consell, Francisco Camps, y el que fuera su 'número 2' en el PP valenciano, Ricardo Costa, por financiación irregular, malversación, cohecho y delito fiscal.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha adelantado que la denuncia incorporará otros delitos como alteración contable e irá dirigida también contra otros dirigentes del PP y de la Generalitat Valenciana.

El objetivo, según Alarte, es que se investigue plenamente el informe policial que apunta a una financiación irregular de actos del PP valenciano en relación con la trama Gürtel.

Además de contra Camps y Costa, la querella irá dirigida contra el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra y la tesorera del PPCV, Yolanda García, entre otros.

Alarte ha lamentado que el TSJCV decidiera no incluir este informe en su causa contra Camps, aunque lo conocía desde el 31 de julio. La presentación de la querella se decididió este martes por la Ejecutiva nacional del PSPV.

Además
* El PP cree que la querella del PSPV continúa 'la campaña de acoso y desprestigio'
* Costa mantiene su cargo... en la web del PP | 'Costa se sentará en las Cortes donde le corresponde'
* El PSPV rechazará la Comisión de Investigación | La Fiscalía niega que pidiese eliminar información
* Rus: 'Gürtel es una marca de coches' | PSPV: 'No sabemos si Camps es indecente, tonto o las dos cosas'
* Claves | Cronología de la rama valenciana | Los nombres del caso Gürtel | El desamparo de Camps

elmundo.es

UNA RUTA POR LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL EN MÁLAGA

De 'Malaya' al caso de Almogía

Álvaro Frías | Málaga

Se repite la historia: otro municipio malagueño bajo sospechas de corrupción urbanística. Una vez más agentes policiales han irrumpido en un ayuntamiento de la provincia. En esta ocasión, las autoridades han registrado el Consistorio de Almogía dentro de una operación en la que se investiga a miembros de la corporación municipal y a funcionarios municipales por un posible delito de prevaricación, según fuentes próximas a la investigación.

'Ballena Blanca' fue una de las primeras operaciones policiales con alcaldes implicados. En esta ocasión, la investigación se centró en los convenios urbanísticos firmados entre el Ayuntamiento de Manilva y la sociedad Royal Marbella Estates S.L., por los que se incrementó el valor de los terrenos del cortijo 'La Parrada'. Concretamente, se recalificaron de suelo rústico a urbanizable -en el 2003- y luego se incrementó el coeficiente de edificabilidad casi al doble del inicial -en el 2004-.

Fueron detenidas medio centenar de personas, entre las que se encontraba el ex alcalde independiente de la localidad Pedro Tirado y su cuñado. En el registro que se llevó a cabo en la vivienda del regidor, además de varios relojes Rolex de oro, se incautaron, cerca de 770.000 euros en efectivo repartidos en bolsas.

Pero si lugar a dudas el máximo exponente de la corrupción urbanística en la provincia de Málaga ha sido el Ayuntamiento de Marbella, después de que en abril del 2006 la 'Operación Malaya' supusiera la disolución del Consistorio de la localidad y obligara a una gestora a hacerse cargo de la dirección de la localidad.

La mayoría de los miembros del gobierno marbellí acabaron detenidos y más de un centenar de personas están procesadas por este caso, en el que se incautaron bienes por valor de 3.000 millones de euros. Entre las personas arrestadas se encontraban la que era alcaldesa en ese momento de Marbella, la independiente Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; el concejal Julián Muñoz y el asesor municipal de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

En el mismo año, los agentes llevaron a cabo una operación de corrupción urbanística en el municipio de Tolox, aunque ésta de menor envergadura. Se investigó al que era alcalde, Juan Vera (Partido Andalucista), al arquitecto municipal y a la secretaria del Consistorio, por la construcción de más de 2.000 viviendas en terreno no urbanizable.
Otros casos

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande también ha sido objeto de investigaciones por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. En el municipio se llevó acabo en 2007 la 'Operación Troya'. En esta ocasión, los agentes policiales detuvieron al alcalde Juan Martín Serón (PP), al concejal Gregorio Guerra y a otras 20 personas, sobretodo empresarios, por presuntos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.

El Ayuntamiento de Estepona también es uno de los consistorios salpicados por la corrupción urbanística en la Costa del Sol. En este caso, la Policía Nacional acometió en 2008 la 'Operación Astapa', con registro incluido del Consistorio. Los agentes detuvieron al que era entonces alcalde de localidad Antonio Barrientos (PSOE), a su jefe de gabinete y a otros ediles. En esta operación, que al igual que el resto no ha sido juzgada, hay imputadas un total de 63 personas.

Antes de la operación de este martes en Almogía, la última ocasión en la que se pudo ver a la Guardia Civil registrando un ayuntamiento fue el pasado 29 de febrero, cuando los agentes salieron con cajas llenas de documentos de el Consistorio de Alcaucín, un pueblo de la Axarquía malagueña. Fueron detenidas, en una primera fase de la 'Operación Arcos', 13 personas entre las que se encontraban el alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba (PSOE), alias 'Pepe el Patillas', además de dos hijas suyas y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora.

elmundo.es

EL ALCALDE DE ALHAURÍN SE COMPLICA: AL CASO "TROYA" Y "GÜRTEL" AHORA UNE OTROS MÁS

Cuatro concejales de su gobierno denunciados en Fiscalía por supuestas construcciones ilegales!

Si ya lo tenía complicado Juan Martín Serón alcalde del PP detenido e imputado por el caso "Troya" en Alhaurín el Grande, más duro se le presenta el horizonte judicial al conocerse ayer que un vecino ha presentado una denuncia contra, nada más ni menos, que un tercio de su equipo de gobierno por haber construido o residir en viviendas calificadas como no urbanizables

Quien debe administrar la ley urbanística parece según la denuncia, que la ha infringido y de forma muy grave y de manera colectiva. Un vecino de Alhaurín ha denunciado ante Fiscalía que ediles del equipo de gobierno podrían haber construido viviendas en suelo no urbanizable. Lo grave, de ser fundada la denuncia, es que no ha sido un caso aislado de un un concejal o de dos tenientes de alcalde. No, afectaría amás de un tercio del equipo de gobierno quienes se hallarían en una situación penalmente sancionable según la denuncia de un vecino aparentemente afectado por determinadas decisiones.

Tenientes de alcaldes supuestos infractores
Este ciudadano ha registrado en la Fiscalía de Málaga una denuncia por posibles irregularidades cometidas por parte, buen parte, del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En dicho escrito se recoge y se denuncia que dichos ediles, la mayoría Tenientes de Alcalde, habrían “construido y/o residen en viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable de Alhaurín”.

El alcalde ha consentido
Se denuncia además que carecen de licencia urbanística y lo demuestra con una amplia información como certificaciones de parcelas, escritos para probar que no están dadas de alta en el catastro y fotografías de las viviendas. La denuncia incluye al alcalde del PP, Martín Serón, ya que se contiene que es responsable también por por consentimiento de las irregularidades.

Gürtel
La situación se agrava para el Ayuntamiento del PP ya que según denunciaron los socialistas la semana pasada, dos empresas Teconsa y Proinsa, investigadas en el ´caso Gürtel´ por efectuar supuestos pagos a Francisco Correa, efectuaron donaciones al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.

andalucia@elplural.com

"CASO GÜRTEL"; CAMPS A RAJOY EN EL PARADOR DE ALARCÓN: "SI CAIGO YO, TÚ TAMBIÉN PUEDES CAER"
















El presidente del PP, Mariano Rajoy (d), y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps (i). Efe

@José L. Lobo.

La reunión secreta que Mariano Rajoy y Francisco Camps celebraron el pasado 30 de septiembre en el parador de Alarcón (Cuenca) para evaluar los daños del caso Gürtel transcurrió con cordialidad y sosiego, como corresponde al carácter pausado de sus protagonistas, pero tampoco fue una balsa de aceite. Fuentes solventes del PP han asegurado a El Confidencial que no faltaron momentos de tirantez, y que el presidente de la Generalitat valenciana, firmemente decidido a que las turbulencias del escándalo no se lleven por delante su futuro político, llegó a espetar al líder del PP: "Si caigo yo, tú también puedes caer".

La cita de Alarcón no fue ni secreta ni discreta, como pretendían ambos dirigentes. La misma tarde del encuentro -que ni siquiera María Dolores de Cospedal conocía de antemano, o al menos eso es lo que aseguró más tarde la número dos del PP- la noticia se coló en las redacciones de todos los medios de comunicación. Y aunque es cierto que muy poco ha trascendido hasta ahora de lo tratado en las casi cinco horas que Rajoy y Camps compartieron en el parador, a medio camino entre Madrid y Valencia, las primeras filtraciones han empezado a traspasar el manto de silencio impuesto por ambos.

Las fuentes consultadas aseguran que el líder del PP trató de persuadir a Camps de la necesidad de adoptar las medidas "contundentes" exigidas dos días antes por De Cospedal tras conocerse el informe policial que apunta a una presunta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana. Rajoy le advirtió que debía rodar alguna cabeza, y llegó a poner sobre la mesa el nombre del ya defenestrado Ricardo Costa. Pero dejó las manos libres a Camps para que fuese el presidente de la Generalitat quien llevase la iniciativa y manejase los tiempos. Y, por supuesto, ni se le pasó por la cabeza exigir la renuncia a su interlocutor, a quien ha seguido apoyando públicamente desde entonces.

Camps, además de defender a Costa, le dijo a Rajoy que la destitución del ya ex secretario general del PP valenciano no serviría de cortafuegos para frenar la crisis abierta por el caso Gürtel, y que la oposición, eliminado su delfín de la escena política, apuntaría entonces hacia su propia cabeza, como así ha ocurrido. Fue entonces cuando Camps, tratando de poner la venda antes de que sangrara la herida, previno a Rajoy: "Si caigo yo, tú también puedes caer". El líder del PP, según las fuentes consultadas, respondió con un prolongado silencio.

Asalto a La Moncloa
Esa frase, según interpretan las mismas fuentes, encerraba varios mensajes. Por un lado, Camps quiso recordar a Rajoy que los casi 1,5 millones de votos cosechados por el PP en la Comunidad Valenciana en las últimas elecciones generales le serán imprescindibles para su asalto a La Moncloa en 2012. Por otro, que sólo el propio presidente de la Generalitat -al que no pocos compañeros de partido empiezan a acusar de situarse fuera de la realidad y negarse a asumir su imparable desgaste- está en condiciones de garantizar de nuevo ese masivo respaldo en las urnas. Y, por último, que el líder del PP lo sigue siendo gracias, en buena medida, al firme respaldo de Camps en el Congreso del PP celebrado en Valencia en junio de 2008.

Pero los acontecimientos se precipitaron en las dos semanas siguientes, hasta desembocar en la tormentosa caída de Costa y el nuevo cierre de filas de Rajoy en apoyo de Camps, que buena parte de la cúpula del PP ni comparte ni acaba de entender: fue el presidente de la Generalitat quien introdujo a Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia; el que le decía "te quiero un huevo" y "amiguito del alma" en las conversaciones intervenidas por la policía; el que mintió sobre el pago de los ya célebres trajes; el que telefoneó hasta 50 veces en poco más de dos días al sastre José Tomás García para saber si alguien había pagado facturas a su nombre en Milano; el mismo que aceptó costosos regalos navideños de El Bigotes para su familia...

El pasado jueves, cuando dijo que sigue depositando en Camps "la misma confianza que he mantenido a lo largo de estos años", y que el presidente de la Generalitat volverá a ser el candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2011, Rajoy añadió una frase que, lejos de ver como un respaldo, algunos dirigentes del partido han interpretado como una clara señal de distanciamiento: "No hay ningún elemento nuevo para cesar a Camps". ¿Eso significa que si nuevas revelaciones comprometedoras del sumario vuelven a salpicar a Camps, o si se reabre la causa por los trajes que le regaló la trama corrupta, o si los jueces deciden investigar las finanzas del PP valenciano, Rajoy le decapitaría como a Costa?

"La apuesta de Rajoy es muy arriesgada. Si sale a la luz más porquería que afecte a Camps y le acaba destituyendo, él también quedará tocado por haberle respaldado contra viento y marea", sostiene un diputado del PP. "Y si no lo hace y Camps aguanta hasta 2011, se expone a perder muchos votos en Valencia, porque en la campaña electoral no se hablará de otra cosa que del caso Gürtel, sobre todo si para entonces lo de los trajes o lo de la financiación ilegal está en los tribunales".

elconfidencial.com

MILLET PONE EN JAQUE LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS

El corrupto ex presidente del Orfeó cuidaba con celo y en persona sus tratos con las formaciones

Millet muestra el atractivo arquitectónico del Palau a Aznar en el año 2000. - EFE

FERRAN CASAS - BARCELONA

El sumario del caso Millet pasa, por ahora, de puntillas sobre la financiación de los partidos. Sólo incorpora un escrito anónimo que asegura que se pagaron campañas con dinero del Palau. Pero la relación del ex presidente de la fundación Orfeó Català-Palau de la Música con partidos y poderes fácticos catalanes explica la impunidad con la que, hasta julio, se apropió de cantidades, que superan los 12 millones de euros, de una de las instituciones más emblemáticas (y subvencionadas) del país. El caso Millet ha abierto una vía de agua en algunas formaciones y el fuego de mortero CiU-PSC está lejos de amainar, pese a la petición de cese de hostilidades que, sin éxito, lanzó Artur Mas.

CiU se defiende atacando
La federación es, por ahora, la más afectada por casos de financiación irregular en los que estaría implicado Millet. A los 72.000 euros que Àngel Colom, responsable de Inmigración de CDC, admitió haber recibido (Millet contabilizó 150.000) para liquidar deudas de su anterior aventura, el Partit per la Independència, se le suman 630.000 en 10 años para la fundación Trias Fargas, la de CDC, que no se quieren justificar. Convergència contraataca con convenios entre Caixa Catalunya y el PSC, que la formación de José Montilla sí ha publicitado.

Millet era muy cuidadoso en su relación con los partidos, como admiten dirigentes que le trataron. A unos los invitaba al Palau para disuadirlos de la necesidad de que, sin preguntar, le apoyaran y a otros, como a Mas, los cortejaba con citas veraniegas en Menorca.

Sus ayudas a Colom y a la fundación de CDC parecen sólo la punta del iceberg

Su estrategia funcionó gracias a las relaciones personales y al prestigio de la institución. Así, por ejemplo, desde 1990 se han destinado al Palau 26 millones de euros del Estado.

Arrimarse al poder era una de sus especialidades. Su estirpe catalanista no le impidió abrazar al PP. Todo empezó con una visita de José María Aznar en 2000. El flechazo llegaría a final de 2002. "Fue un profesional", recuerda un ex dirigente del PP que engrasó la relación. El agasajo le reportó, 15 días después, tres millones extra para la ampliación que empezó en 2000. En correspondencia, Millet aceptó engrosar el patronato de la FAES catalana.

Cada año, en el trámite del Presupuesto en las Cortes, el Palau (y por tanto Millet) sacaba tajada. De hecho, una de las motivaciones que CDC admite en el entonces presidente del Palau para ayudarles es la de agradecer el apoyo que CiU les prestaba desde instituciones y desde los parlamentos.

Enmiendas millonarias
Entre otras, para el de 2006 CiU arrancó una enmienda de 400.000 euros en el Congreso y otra de tres millones en el Senado. En la Cámara baja, en 2008, ICV logró dos millones y, en 2009, PSC, ERC e ICV vieron aprobada otra por 1,25 millones. CiU intentó 1,1 millones más. En el Senado, tanto el tripartito como la federación buscaron asegurar cuatro millones más para el Palau.

Todos presionaban cada año en Madrid para conseguir más dinero para el Palau

Pero, ¿tenía margen Millet para agradecer favores? Sí, porque el control de los patronos del Palau era nulo y convenios como el de la Trias Fargas la junta ni los conoció. Él y Jordi Montull hacían y deshacían "gracias a los buenos balances y a lo que lucía el Palau en lo artístico y patrimonial", reconoce un miembro del patronato.

El Palau una joya del modernismo es escenario idóneo para actos políticos. En los últimos años, ERC ha cerrado allí su campaña de las catalanas, ha acogido homenajes a comunistas como Gregorio López Raimundo y presentaciones de libros de Pasqual Maragall y Jordi Pujol. Fuentes de la institución admiten que Millet tenía "todo el margen para fijar tarifas a su conveniencia".

Las dificultades de financiación de los partidos, las irregularidades y los métodos dudosos, como los donativos anónimos, vuelven a quedar en evidencia y a dar que hablar. Esta vez, a costa del Palau y gracias a su corrupto ex presidente.

El juez sopesa hoy si encarcela al patricio
Hoy declaran en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona los imputados Millet y Montull, su mano derecha.

Después de dilatar su citación para completar la investigación, el juez Pau Solaz estudiará, tras oírlos, medidas cautelares. Fuentes judiciales dan por hecho que el fiscal pedirá prisión preventiva.

No ha sido aún citada Gemma Montull cerebro financiero que intentó llevarse en un pen drive información incriminatoria para los estafadores confesos Millet y Montull ni los tesoreros Enric Álvarez y Pau Vila.

Tanto la Generalitat de Catalunya, a la que no se le ha permitido personarse, como la Diputación de Barcelona pretenden ejercer ahora la acusación popular.

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público.es

LA "GÜRTEL" TRITURA EL DISCURSO DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE

Los más de 300 contratos que Madrid dio a la trama dibujan una política de despilfarro y culto a la personalidad avalada por la misma dirigente que propugna "adelgazar la Administración"

ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Cuando en junio de 2008 Esperanza Aguirre se enfundó en el discurso de la austeridad y redujo su Gobierno para "adelgazar la Administración", nada se sabía aún de los manejos de la trama Gürtel. Ni que las empresas de la enmarañada red habían logrado entre 2004 y 2008 más de tres millones de euros en contratos del Ejecutivo madrileño, todos ellos, menos dos, otorgados a dedo. Desde luego, tampoco se sabía que la mayor parte de esos 342 contratos tenían por objeto glorificar la figura de Aguirre. No a cualquier precio, pero sí a cualquiera que fuese inferior a 12.000 euros. O que aparentase serlo.

El repaso de las facturas madrileñas incluidas en el sumario del caso Gürtel dibuja una política de despilfarro y culto a la personalidad practicada, justamente, por el Gobierno de una de las dirigentes que con mayor ahínco defiende la reducción del gasto público y el "intervencionismo" estatal.

Esas mismas facturas constatan que las empresas de la trama servían para todo: para instalar una y otra vez una pantalla de plasma, para decorar con flores falsas el patio de la sede presidencial e, incluso, para tareas que muchos ciudadanos presumen gratuitas, como inaugurar un colegio, visitar un centro de salud o presentar un libro de cartas de amor. Pero nada de ello salía gratis. Mientras el Gobierno de Madrid adelgazaba, engordaban sus cuentas las cuatro empresas de la trama que operaban con la Comunidad.

Doce mil euros eran, hasta octubre de 2007, el importe máximo permitido para los llamados contratos menores, aquellos que se adjudican sin concurso. En múltiples ocasiones, los contratos se fraccionaron para que la cantidad nunca excediera del límite antes señalado. A veces, las partes se dividían entre distintas empresas del grupo, lo que dificultaba que la oposición detectase el ardid. Por ejemplo, que Aguirre presidiera la entrega de 250 viviendas de protección oficial a sus propietarios en mayo de 2005 costó 23.803 euros: Good and Better justificó trabajos por 11.992, mientras que Easy Concept facturó los 11.811 euros restantes.

En medio del erial
El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros. Casi seis millones de las antiguas pesetas es lo que cobró Diseño Asimétrico por organizar el 19 de julio de 2006 una visita de Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetania, en Getafe. La visita empezó y terminó por la mañana. Si hubo aperitivo o copa de vino español, se pagó en otra factura.

El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros

La empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión de suelos, liquidó sin problemas la factura, cuyo desglose parece sugerir que, en lugar de en una carpa montada sobre un erial, Aguirre atendió a sus invitados en un salón parisino. El recibo consigna la famosa "trasera" generalmente, un cartelón cuya instalación era, según Rajoy, lo que básicamente hacían las empresas de Correa en los actos del PP. Y quedan anotados también conceptos que luego se repiten en muchas otras facturas: las "dos jaimas de 5x5", la "tarima de prensa de 6x1 metros" y la "moqueta rojo institucional" suenan a letanía en los cargos endosados a la Comunidad por Diseño Asimétrico y sus tres compañías hermanas: Good and Better, Easy Concept y Servimadrid Integral.

Aunque los precios oscilan, fuentes del sector aseguran que alquilar una carpa en Madrid cuesta a un particular alrededor de 20 euros el metro cuadrado. O sea, que una de 10x15 como la usada en Getafe saldría por 3.000 euros. Y cada jaima, por unos 300 euros.

Teóricamente, ese contrato nada tiene que ver con el defenestrado Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia, luego consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel y a quien Aguirre señala ahora como el gran engañador y culpable de que el gang de Correa siguiera trabajando para la Comunidad. Si Arpegio pagó porque el entonces viceconsejero de Presidencia y hoy imputado Alberto López Viejo lo "recomendó", que es lo que María Dolores de Cospedal ha dicho para exculparse por los dos contratos que Metro de Madrid SA pagó a la trama cuando ella dirigía Transportes, eso es una incógnita. Pero, en todo caso, una incógnita baladí a efectos administrativos.

Por la apertura del curso escolar en varios centros, la Comunidad pagó a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros

Lo único cierto es que tanto esa empresa pública, entonces dependiente de Ordenación del Territorio, como todas las demás consejerías abonaron las facturas presentadas por alguna o varias de las empresas del conglomerado Gürtel.

Las dos jaimas antes citadas aparecían ya en una factura correspondiente al evento "Invertimos en Alcorcón", celebrado el 22 de febrero de 2006 y facturado a la Consejería de Sanidad. Visitar el ambulatorio La Ribota de ese municipio e inaugurar una residencia de mayores costó al erario público madrileño 7.096 euros. Sólo entre enero de 2005 y mayo de 2007, la Consejería de Sanidad abonó al menos a las empresas de la trama 53.053 euros por las visitas o inauguraciones de Aguirre a seis centros de salud y a otras tantas instalaciones hospitalarias. En una de esas facturas, se contabilizó incluso, aunque sin desglosar el coste, el "transporte de banderas de la Comunidad".

La escuela era una maqueta
Como se ve, las inauguraciones del Gobierno de Aguirre no son gratis. Por la apertura del curso escolar en ocho colegios y una guardería, la Comunidad pagó entre 2004 y 2007 a las sociedades de Francisco Correa 54.141 euros. En el listado de facturas de Educación, se observa no ya la confusión general que la trama introducía al facturar varias veces el mismo acto con ligeros cambios en el enunciado. Se revela algo más extraño aún: el 16 de febrero de 2006, Servimadrid facturó 10.183,25 euros por la "inauguración de la Escuela Infantil" de Valdemorillo. En realidad, y así figura en la página oficial de Aguirre, la presidenta de Madrid visitó ese día Valdemorillo... pero lo que presentó fue "la maqueta" de la futura escuela infantil. Puede tratarse de un error y no de una factura falsa, pero nadie lo detectó.

La confusión, en efecto, es continua. Otro ejemplo: Educación pagó en octubre de 2007 a Good and Better 11.990 euros por un acto cuya fecha ni siquiera se aporta. La justificación del contrato firmada por el subsecretario de la consejería, tampoco. Y tampoco se señala en el reconocimiento de pago signado por la interventora. La única información ofrecida es que el evento se llamó "Acuerdo para la mejora de la calidad educativa" y que se celebró en el Patio de Postas de la sede presidencial.

La Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores

Siguiendo idéntica pauta, la Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de mayores protagonizados por Aguirre. La del centro del barrio de Los Cármenes, celebrada el 21 de marzo de 2007, reportó a Diseño Asimétrico 7.041,27 euros. Las fotos muestran a Aguirre tras un atril cuya leyenda dice esto: "Invertimos en Madrid". La trama cobró también el atril.

Dos meses más tarde, el 27 de mayo, se celebraron las elecciones autonómicas en las que Aguirre revalidó la mayoría absoluta alcanzada el 27 de octubre de 2003 en los segundos comicios de aquel año, forzados por el tamayazo.

La frenética actividad de la presidenta, que en un mismo día protagonizaba dos y hasta tres actos públicos, la llevó a comandarlos de toda índole, siempre que le garantizase un baño de multitudes. Por ejemplo, la clausura del I Concurso de Karaoke. Ocurrió el 17 de enero de 2006. En las fotos de su web, Aguirre posa sonriente junto al presentador de la final, Manolo Escobar. Ante ellos, se yergue un ramo de flores de aspecto auténtico y que, curiosamente, no facturó esta vez Servimadrid. Esta singular promoción pública del karaoke supuso a la Consejería de Familia un desembolso de 6.978,72 euros.

12.000 euros para flores
La lectura de la documentación remitida al juez por la Comunidad de Madrid alimenta una pregunta: la de por qué un Gobierno presidido por una de las principales defensoras del liberalismo económico se permitió, y es otro ejemplo, pagar con cargo al erario público 12.000 euros a Easy Concept por la "decoración floral" de los patios centrales de la sede de la Presidencia durante el acto del Día de la Constitución de 2004. A tenor de la factura, no hubo orquídeas salvajes sino kentyas de tela, 38 jardineras de ponsetias la flor navideña por antonomasia y "44 metros de guirnaldas" de esa misma variedad. Easy Concept instaló, según la factura, "60 sillas doradas para orquesta".

El bastidor oscilante
La pregunta sobre por qué un gobierno supuestamente austero destinó a gastos superfluos cantidades como las expuestas se complica con la constatación de que el fraccionamiento de contratos no fue una artimaña excepcional. Como el propio Francisco Correa confesó en una charla intervenida por la Policía, aquello de trocear los encargos era la tónica habitual. Así que, por ese mismo acto del Día de la Constitución de 2004, la misma Easy Concept facturó otros 12.000 euros en concepto de "iluminación y sonorización".

La trama disparaba con pólvora del rey. O, más exactamente, de los ciudadanos. Hay una factura de Diseño Asimétrico relativa a la entrega de medallas al Mérito Ciudadano en 2007 y en la que se anotan 2.191 euros por un "bastidor de madera tapizada en tela para trasera de 9x4 m." Debajo, se apuntan otros 1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros". El vocabulario evoca el empleado por Orange Market cuando pedía a Forever Young que facturase los trajes de Camps como "tela para tapizar".

1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros"

Meses más tarde, Servimadrid envió a la Consejería de Empleo y Mujer otra factura ajustada a los peculiares estándares de la Comunidad: 11.800,54 euros con IVA. La empresa pretendía cobrar y lo logró un acto celebrado el 5 de octubre de 2005. Se trataba de la presentación del Plan Emprendedores 2005/2007, donde Aguirre describió las acciones previstas. Y el bastidor, ahora con 40 centímetros más de ancho y dispuesto para "grapado de lona", ya aparecía anotado al precio de 1.732,98 euros. "Si tienes un sueño, empréndelo", era el bucólico lema del plan.

En mayo de 2007, Empleo también abonó 11.995,83 euros por otro acto celebrado el 2 de noviembre de 2005. Aquí, de nuevo con la presidenta en el centro del protagonismo, Servimadrid cifró en 2.505 euros un bastidor que supuestamente medía 10x4 metros. Como apuntan los datos, el precio del metro de bastidor oscilaba. Y se cotizaba según el estado de ánimo o las necesidades de la empresa. Sin reparos oficiales.

Desfile de pantallas
Ninguna de las facturas aportadas al sumario permite dilucidar si las empresas de Correa amortizaron la moqueta roja institucional, la tarima de prensa y el bastidor a base de usarlos en sucesivos eventos. Tampoco es posible concluir si la Comunidad habría ahorrado más comprando cuatro pantallas de plasma de 50 pulgadas que alquilándolas una y otra vez a la resuelta trama empresarial: por las cuatro utilizadas en el acto de los emprendedores del 5 de octubre de 2005, Servimadrid cobró 2.600 euros.

Las cuatro pantallas de plasma, que desfilan como un ejército por el listado de facturas, aparecen por primera vez en uno de los eventos sobre los que más tinta ha corrido en los últimos meses: por sus características, el homenaje a quienes participaron socorriendo a las víctimas del 11-M y porque Vicepresidencia permitió que Easy Concept fraccionara el importe total en 15 facturas.

De nuevo, nadie se molestó tampoco en preguntar cuánto personal había aportado la empresa, que por ese concepto emitió otra factura de 9.834 euros, más otros 10.525 euros por el alquiler, montaje y desmontaje de 3.500 sillas. Y así 15 veces hasta sumar 141.000 euros.

Objetivo, situar a la presidenta en el centro del escenario

Situar en el centro del escenario a la presidenta, tanto en sentido literal como figurado, era el objetivo de la mayoría de los 342 contratos que lograron del Gobierno de Madrid las cuatro empresas de la ‘trama Gürtel’ que operaban en esa comunidad autónoma. Hacerlo costó más de tres millones de euros.

07/09/2005
El acto en Metro del que nada sabía Cospedal: 21.480 euros
Metro de Madrid SA pagó a Servimadrid 21.480 euros por la presentación de la Cumbre Flamenca en el Metro. Cospedal, entonces consejera de Transportes, aseguró no tener “ni idea” de ese contrato y negó que Metro hubiera efectuado el encargo.

11/04/06
Inaugurar las obras de un hospital: 5.649 euros
En abril de 2006, Aguirre inauguró la primera fase de la ampliación de urgencias del hospital de Getafe. Como se lee en la factura, el “montaje” reportó a Servimadrid 5.649 euros.

19/07/2006
Visitar un parque empresarial, 34.748 euros
La que Esperanza Aguirre realizó hace tres años al parque empresarial La Carpetania, en Getafe, fue una visita habitual, salvo por su coste: Diseño Asimétrico cobró 34.748,55 euros, precio que no incluía catering y sí la famosa carpa que aparece en múltiples facturas.

14/02/2007
Presentar cartas de amor: 32.296 euros
El 14 de febrero de 2007, con el reloj ya avanzando hacia las autonómicas, Aguirre presentó el libro ‘Toda una vida’, recopilación de las cartas de amor escritas por “usuarios de centros de mayores”. La presentación, celebrada en la sede de Presidencia, en la Puerta del Sol, costó 32.296 euros.

02/04/2007
Ir a un colegio y hacer una promesa electoral: 8.888 euros
El 2 de abril de 2007, Aguirre visitó el colegio San Eugenio y San Isidro, que permaneció abierto en Semana Santa. La presidenta aprovechó para anunciar que reforzaría su plan de colegios bilingües si en mayo resultaba reelegida. Costó 8.888 euros.

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