martes, 31 de marzo de 2009

EL TSJM SE QUEDA EL CASO GÜRTEL Y APUNTA A TRES DIPUTADOS AUTONÓMICOS DEL PP




Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo, sospechosos de percibir “importantes cantidades de dinero”



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha declarado hoy competente para instruir el caso Gürtel, que hasta ahora llevaba el juez Baltasar Garzón, aunque ha preguntado al fiscal si debería enviarlo al Tribunal Supremo, ya que parte de los investigados son aforados en la Comunidad Valenciana.

En un auto, el tribunal justifica su competencia en que en las actuaciones "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de tres diputados autonómicos madrileños "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas". Se trata, añade la resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.

Alberto López Viejo
El auto desgrana los indicios de la implicación de cada uno de ellos y, así, dice que "declaraciones de alguno de los imputados apuntan a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna de esas empresas". Añade que "en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona (López Viejo) por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".

Benjamín Martín Vasco
Las mismas declaraciones y documentación "son indicativas de la posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento". También hay indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".

Alfonso Bosch
Por último, el TSJM dice que "las mismas diligencias ponen de manifiesto que Bosch Tejedor (...), cuando desempeñaba su cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa, favorecidas por la intermediación de aquél".

Cohecho y tráfico de influencias
El tribunal recuerda que la doctrina del Supremo exige que, para que un órgano como el TSJM asuma la investigación de una causa, debe darse "no sólo la concreción de las personas aforadas, sino la presencia inicial de un principio de indicios relevantes que permitan deducir una cierta consistencia de la imputación que habría de realizarse a continuación a tales personas". Así, los magistrados han considerado que los hechos que resultan de esos indicios "reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales que podrían corresponder" a los delitos de cohecho o de tráfico de influencias.

Gran vinculación
Además de declararse competente para investigar a estos tres aforados, el TSJM reclama "la inmediata remisión" de todas las actuaciones seguidas por Garzón, ya que considera que entre los hechos susceptibles de ser imputados a los diputados regionales y el resto de las actividades ilícitas que se atribuyen al resto de los imputados "parece existir una gran vinculación".

Entramado societario
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", explica el tribunal. Por ello, la sala concluye que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial".

Dobles aforados
El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió la parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa; ambos aforados. En este sentido, el TSJM recuerda que "es criterio del Tribunal Supremo (...) que cuando en una misma causa aparecen responsables personas aforadas de dos Comunidades Autónomas diferentes, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa", por lo que ha acordado solicitar a la Fiscalía su parecer sobre esta cuestión.

ELPLURAL.COM

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¿NUEVO ESCÁNDALO EN MARBELLA?

























En lo alto de la Vega del Jaque, entre Marbella y Benahavis, se alza altiva la Casa Rosada, una ostentosa mansión de 2.700 metros cuadrados, dos plantas, cinco dormitorios, tres almacenes, sala de billar, gimnasio, bodega, sala de cine, de juegos, dos piscinas, una exterior y otra climatizada, garaje para aparcar el Ferrari, y tres sótanos, en la que vive la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz.

Esta es la famosa vivienda construida en tierra de nadie que ha desatado la guerra entra la Junta de Andalucía y el consistorio marbellí. El Ayuntamiento aprobó en un pleno celebrado en diciembre que estos terrenos, pertenecientes a Marbella, los cedía a Benhavis. La semana pasada la Junta de Andalucía le hizo saber a la regidora municipal que desautoriza esta medida del deslinde de terrenos revocando su legalidad.

En la ciudad se la conoce como la Casa Rosada porque es un calco a la que habitan los Kirchner en Buenos Aires. Fachada, paredes, estanterías… Casi toda ella está pintada de rosa, el color preferido de la alcaldesa. La población marbellí que, tal y como se puede leer en los foros de Internet, siempre ha recelado de la mansión de su regidora, ignora el grado de ostentación de la misma. Hoy, El Confidencial la pone al descubierto con estas fotos exclusivas.

El escándalo está servido. Ángeles Muñoz, quien sucedió en el cargo de regidora a Julián Muñoz y Jesús Gil (ambos manchados por delitos de corrupción) y prometió transparencia en su gestión para acabar con todas las irregularidades de sus predecesores, vive a todo lujo en una de las mejores mansiones de Marbella. Para más inri, la vivienda podría haber incurrido en varias irregularidades, tal y como denuncian expertos y oposición a este diario.

Ángeles Muñoz es diputada regional y en la declaración patrimonial que registró en el Parlamento no aparece este inmueble. Según el abogado José Cosín, uno de los marbellíes que lucha por los derechos del municipio y se hace eco de las irregularidades que se producen en localidad desde La Voz de Marbella, Ángeles Muñoz podría perder todos sus derechos como parlamentaria si ha omitido bienes en su declaración patrimonial.

Propietaria del 50% de la casa

Según destaca el letrado, “la declaración de bienes presentada por Ángeles Muñoz en el Parlamento de Andalucía no coincide con la respuesta que la alcaldesa dio a El Confidencial, en la que aseguraba que era titular del 50% de la sociedad propietaria de la mansión donde reside, participación que no figura en su declaración patrimonial”. El otro 50% pertenecería a su marido, el constructor Lars Broberg.

En el documento adjunto que incluimos, Ángeles Muñoz declara poseer una vivienda en Suecia, con un valor catastral de 600.000 euros, una en Madrid, con un valor catastral de 150.253 euros, y dos en Málaga, la primera con un valor catastral de 62.112 euros y la segunda con un valor de 176.685. Ninguna coincide con la Casa Rosada.

No todo acaba ahí. Según el abogado José Cosín, existen irregularidades en la licencia de obras de la mansión de la regidora. “El permiso de obras, concedido por el Ayuntamiento de Benahavis cuando los terrenos pertenecían a Marbella, no incluía permiso para las tres plantas de sótano, de los que disfruta hoy la vivienda”.

Vinculaciones con Gibraltar

Estas declaraciones coinciden con las fotografías que hoy publica El Confidencial. En cada sótano de la Casa Rosada se ha construido una zona de ocio: sala de cine, spa con saunas, baños turcos, gimnasio, piscina climatizada y sala de juegos con billares y futbolines.

El diputado de Izquierda Unida, José Antonio Castro ha puesto en entredicho la legalidad de la Casa Rosada. Según Castro, hay documentos que apuntan que la sociedad propietaria de la vivienda de la alcaldesa y empresas de su entorno están relacionadas con Gibraltar, uno de los paraísos fiscales preferidos por los españoles.

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EL TSJ DE MADRID VE INDICIOS DE ACTIVIDADES ILÍCITAS EN TRES DIPUTADOS DEL PP


Operación Gürtel, Baltasar Garzón

@Europa Press. Madrid.


La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó este martes aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afecta a aforados autonómicos del PP, informó el TSJM. Asimismo, el Alto Tribunal madrileño ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre la posible competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de que se hallen indicios penales contra aforados nacionales.

Con motivo de la decisión de asumir la causa, el TSJM ha reclamado a Garzón la inmediata remisión de la totalidad de las actuaciones seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la decisión que adopte la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De este modo, la Sala de lo Civil y Penal ha designado como instructor de la causa, en virtud del turno establecido en las normas de reparto, al magistrado Antonio Pedreira.

El TSJM considera que aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".

Por ello, tratándose de personas respecto a las cuales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento.

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