miércoles, 15 de julio de 2009

"NI SE SABE TODO NI SE SABRÁ"

JOSÉ LUIS PEÑAS-
Ex concejal de Majadahonda y denunciante del 'caso Correa' (izquierda de la foto, junto a Juan José Moreno, en un pleno en Majadahonda)

FERNANDO GAREA

Fue el primer aleteo que desencadenó el efecto mariposa que acabó en el terremoto político y judicial del caso Correa.
"Las cosas se hacen porque deben hacerse, no porque compensen"

Todo empezó un día del año 2007 en el que José Luis Peñas acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía con una denuncia bajo el brazo y con más de 20 horas de grabación sin editar que él mismo había hecho durante meses.

Grabó, entre otros, a Francisco Correa y a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, y aportó la prueba a la policía para que tirara del hilo de la investigación y luego acudió en numerosas ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción para seguir aportando datos.

En febrero de este año, el caso estalló. Ha marcado la agenda política de los últimos meses y aún se desconoce hasta dónde puede llegar. Peñas está convencido de que "ni se sabe todo, ni se sabrá", pero, según asegura estos días a sus próximos, se siente satisfecho porque su compromiso "con la democracia, su país y la libertad está más que saldado" a su favor.

Si no hubiera sido por él, Francisco Camps no estaría camino del banquillo, Luis Bárcenas no estaría pendiente del Tribunal Supremo, no hubieran dimitido media docena de cargos autonómicos y municipales del PP y Francisco Correa no estaría en la cárcel. Explica a sus allegados que "las cosas no se hacen en función de si compensan o no, se hacen porque se deben hacer". Les explica que está orgulloso de poder mirar de frente a su familia y, sobre todo, de estar dispuesto a "mirar de frente a todos los golfos que han de pasar delante de él en el banquillo". Peñas, de 41 años, empezó en política en 1999 como concejal del PP en Parla y entabló relación con Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, que dimitió por su relación con la trama, y con Carmen, la esposa de Correa. Llegó a tener tal nivel de confianza, que el presunto jefe de la trama de corrupción confiaba el cuidado de su hija de pocos meses a Pepe Peñas cuando tenían que viajar. Peñas fue concejal de Planificación Urbana de Majadahonda, pero fue expulsado del PP cuando se rebeló contra una recalificación de terrenos que él consideró turbia. A pesar de eso, mantuvo su amistad con Correa y con su mujer.

Luego, Peñas hizo el segundo gesto de rebeldía: el de acaparar pruebas, incluso a costa de su "tranquilidad, tiempo y dinero", para denunciar lo que había constatado como red política corrupta, muy compleja, y con alcance a varias comunidades autónomas.

Constató de primera mano que en el PP casi todo el mundo conocía a Correa y su gente. Recuerda que Correa era íntimo de José María Aznar y de los máximos responsables del PP (de Javier Arenas, de Gerardo Galeote, de Jesús Sepúlveda, de Luis Bárcenas...); que había tortas por estar con él y que cenar con él era sinónimo de realizar un buen negocio amparado por la cúpula. Eran los días de vino y rosas de Correa, de Álvaro Pérez (El Bigotes) y de todos los cargos del PP que disfrutaban de regalos. La trama movía los hilos de sus marionetas en los ayuntamientos de los municipios más ricos del noroeste de Madrid. Pozuelo, Majadahonda y Boadilla eran el epicentro de la trama, y Peñas se dedicó a registrar con una modesta grabadora de bolsillo las conversaciones con sus amigos en las que se hablaba de comisiones, paraísos fiscales, regalos y cajas b.

Nunca se sintió un agente secreto y, por eso, mientras grababa las reuniones con los implicados para hacer acopio de pruebas, confesaba a su familia que pasaba "mucho miedo". Los datos que recabó en secreto durante meses han sido ratificados luego con pruebas materiales y con testimonios directos por el juez Baltasar Garzón y por magistrados instructores de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia. Y aún queda mucho por salir.

Ahora, Peñas es funcionario del Ayuntamiento de Madrid y acaba de terminar la carrera de Derecho. Intenta ser lo más discreto que puede para pasar lo más inadvertido posible. Se limita a observar los efectos del terremoto que ha provocado y sigue colaborando con la investigación.

ELPAÍS.COM

FERRÉ RATIFICA SU ACUSACIÓN CONTRA MATAS E IMPLICA A RAMIS EN LA TRAMA CDEIB

Corrupción

* El imputado consuma el pacto con la Fiscalía que desveló EL MUNDO
* Incrimina a la cúpula del PP sin documentos que avalen su testimonio
* 'Matas ordenó inflar facturas en un 40% para una feria en Miami'
* Cuantifica 'en 250.000 euros' lo que fue a parar al PP

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

«Estaba de viaje con [el conseller de Industria] Josep Juan Cardona y el director general Kurt Viaene, y estando de escala en el aeropuerto de Frankfurt el conseller recibió una llamada de Jaime Matas». Así arranca uno de los pasajes de la declaración judicial escrita con la que, como adelantó detalladamente EL MUNDO, uno de los imputados del caso CDEIB trata de incriminar directamente al ex presidente del Govern del PP en la millonaria trama de corrupción y cobro de comisiones. Se trata de Felipe Ferrè, ex concejal del PP de Lloseta y contratista del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares acusado de usar sus empresas para desviar fondos y cobrar comisiones y quien ahora, un año después de ser imputado y tras negociar previamente con la Fiscalía a cambio de una eventual rebaja en sus cargos, ha decidido «colaborar con la Justicia».

«Cuando colgó el teléfono, Cardona estaba muy indignado porque Matas le había dicho que por orden suya debía realizarse una feria en Miami sólo de comunidades autónomas gobernadas por el PP porque tenía un compromiso con Madrid y el comentario de Cardona fue que por lo visto el que montaba la feria era 'su amigo', que supongo que es Zaplana», prosigue Ferré en la confesión entregada, ratificada y ampliada hace unos días ante la jueza que investiga el caso. Una ratificación que ha estado bajo secreto de sumario hasta esta semana. «Entonces se llegó a un acuerdo entre la comunidad balear, la comunidad de Madrid y la comunidad de Valencia para participar en esta feria y Matas le dijo a Cardona que hinchase la factura de Gourmet –Gourmet and Boutique Islands, empresa administrada por Ferré con la que se sacaba dinero del CDEIB y cuya propiedad «real» la Fiscalía atribuye a Cardona y Viaene– correspondiente a la feria de Miami; así me lo dijo Cardona».

«Antònia Ordinas (la ex gerente del Consorcio) me ordenó hinchar la factura de Gourmet con el 40%, y esto eran órdenes directas de Matas», continúa la confesión. Al final, remata Ferré, se emitió una factura de 20.654,06 euros el 5 de mayo de 2006. «El 40% de esa factura se la entregué a Ordinas y no sé si llegó algo a Matas; mi conclusión es que una parte del dinero se fue a parar al PP».

Asimismo, y pese a que no ha aportado pruebas documentales que acrediten su versión, en su declaración Ferré asegura que Matas fue quien autorizó el proyecto Honey Moon, un millonario plan de supuesta promoción turística que pasaba por producir un concurso de televisión en China en el que se sortearía un viaje a Mallorca. Un plan que la Fiscalía sostiene que no fue sino una excusa para sacar fondos del CDEIB.

Implica a Flaquer

Incluso llega a decir que «recibía llamadas al móvil del propio Matas, siempre con número oculto, interesándose por mi trabajo» y que el ex presidente conocía la existencia de una trama de empresas participadas por los dirigentes del CDEIB para expoliar sus arcas «ya que estaba al tanto de todo lo que yo hacía sin habérselo comentado antes».

Además
PP tacha de "rollo macabeo" que Ferré implique a Matas en el caso Scala

ELMUNDO.ES

EL JUEZ FLORS DESESTIMA CITAR COMO IMPUTADOS A CORREA, CRESPO Y "EL BIGOTES"


CASO GÜRTEL

El TSJ escucha las alegaciones de los acusados


Concentración contra la corrupción a las puertas de TSJ. | Efe

* Desestima el recurso de la Fiscalía por entender que ya les investiga el TSJM

* La defensa pide suspender la causa hasta saber si el TSJ acepta sus recursos

* La Fiscalía y el PSPV han solicitados al juez Flors nuevas diligencias

Gema Peñalosa | F. Álvarez | Agencias | Valencia

El magistrado instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel', José Flors, ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía para citar como imputados a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.

El magistrado entiende que no es posible investigar el pago de las prendas con las que, al parecer, obsequiaron a políticos, cuando todas las actuaciones llevadas a cabo por los implicados (también los supuestos regalos) forman parte de otro proceso que se está tramitando en el TSJ de Madrid.

Según fuentes del tribunal, el instructor entiende que para imputarlos sería necesario, en primer lugar, que el TSJM se inhibiera a favor de la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano, y después que esta sala aceptase la competencia y acordase la acumulación de esos hechos a los que ya se investigan.

El dictamen del juez Flors se ha comunicado a las partes minutos antes de que arrancara esta mañana una comparecencia en la que el TSJ ha escuchado las alegaciones de los imputados en la causa.

Según fuentes del TSJ, en esta audiencia preliminar los letrados han solicitado que se suspenda el curso del prodecimiento hasta que se resuelvan los recursos presentados en los últimos días. Por su parte, el Ministerio Fiscal y la acusación popular han concretado las acusaciones y han solicitado que se practiquen nuevas diligencias. El juez dictará una resolución en próximas fechas en torno a las peticiones formuladas.

Concentración de protesta

Finalmente, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el número del PP en la Comunidad, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y el jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no han acudido a esta cita. Todos ellos han renunciado a su derecho de estar presentes tras delegar en sus abogados.

Aún así, Iniciativa del Poble Valencià, uno de los grupos integrados en la coalición de Compromís del País Valencià, se ha concentrado frente la sede del TSJ con una pancarta en la que se podía leer 'No a la corrupción. Camps dimisión'. Alrededor de 20 manifestantes portaban caretas con la imagen de Camps y narices alargadas.

'Indicios razonables

La cita, que ha dado comienzo a las 10.30 horas en el TSJ, fue establecida por el magistrado instructor del caso en el auto dictado el pasado 6 de julio. Los abogados han abandonado la sede judicial al filo del mediodía.

En él, Flors ordenaba continuar con la tramitación de la causa al entender que existen "indicios razonables de delito" en los hechos atribuidos a los cuatro imputados. En concreto, se les acusa de cohecho impropio por, presuntamente, aceptar varios trajes regalados por empresas vinculadas a Francisco Correa.

A lo largo de los últimos días, todos los imputados han recurrido el auto del magistrado. Costa fue el primero en presentar las alegaciones contra esta resolución, el pasado viernes, mientras que la defensa de Francisco Camps prácticamente agotó el plazo legal al formalizarlo ayer mismo.

En su recurso, el jefe del Consell mantiene la línea argumental de su comparecencia ante el juez. Resta credibilidad a la versión ofrecida por el sastre José Tomás, al tiempo que se reafirma en que abonó los supuestos trajes en efectivo.
Recursos al auto de Flors

Por su parte, el secretario general del PP valenciano aporta un nuevo razonamiento en su defensa. Asegura que las medidas de la ropa que figuran en las hojas de encargo no son las suyas y lo justifica con el testimonio de su sastre de cabecera.

El PSPV, que también se ha personado en la causa, también ha presentado un recurso, pero con el fin de que se practiquen nuevas pruebas que determinen si se han cometido otros delitos, más allá del cohecho pasivo impropio.

Además:
¿Donde está el límite de los regalos?
Camps, convencido de que agotará la legislatura
El Circuito niega que Correa montara las gradas de F1

ELMUNDO.ES

¿DONDE ESTÁ EL LÍMITE DE LOS REGALOS?

CASO GÜRTEL | Los juristas explican el delito de cohecho

* Si el cargo público ofrece trato de favor a cambio del regalo existe un cohecho
* "Que el regalo proceda de un 'cohechador' profesional avala más el tipo penal"

Javier G.Negre | Madrid

Trajes, jaguars o anchoas. La trama Gürtel no sólo ha servido para hacer tambalear los cimientos del Partido Popular. También ha abierto un debate entre los especialistas en Derecho Penal acerca de la legalidad de que personas que ostentan cargos públicos acepten regalos de diversa índole.

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, considera que el hecho de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, haya presuntamente aceptado trajes de Francisco Correa, cerebro de la trama de corrupción, es constitutivo de un «delito de cohecho impropio». Así lo considera ya que no se ha demostrado que Correa haya obtenido «ninguna resolución justa ni injusta» tras la supuesta entrega de las prendas. En este caso se trataría de «un delito menor» en su opinión.

«Si se demostrase que Camps le ha dado algún trato de favor por recibir estas prendas estaríamos hablando de un delito de cochecho propio», sostiene. «Además el hecho de que el regalo proceda de un cohechador profesional avala más el tipo penal», subraya Gimbernat.

Gonzalo Martínez Fresneda, jurista de reconocido prestigio, también aplaude el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en la que se imputa a Camps por cohecho impropio. «Este delito incluye regalos destinados a granjearse un trato de favor o la simpatía de un responsable político para futuras relaciones», defiende Martínez Fresneda, subrayando que existe un límite entre lo que son regalos de cortesía y otro tipo de regalos de mayor valor que exceden ese límite.«Probablemente el señor Camps recibe millones de presentes encuadrables en regalos de protocolo aplicables en una autoridad, pero los trajes no encajarían en este capítulo por su naturaleza y por su valor».

En este mismo sentido, Luis Ángel Baeza, fiscal jefe del municipio de Marbella, señala que el delito de cohecho dependerá de «la trascendencia que tenga el regalo», aunque subraya que el «tipo penal no delimita su cuantía», lo cual deja espacio a la intepretación del juez.

Respecto a la supuesta relación de amistad que une a Francisco Camps con Francisco Correa, Diego-Manuel Luzón Peña, catedrático de Derecho Penal y director de I+D del despacho González Franco, argumenta que en el caso de que Correa hubiera hecho los presentes no «en atención al cargo, sino por una relación personal o de amistad existente entre ellos, no habría cohecho impropio». Así puntualiza que si existiesen «estrechas relaciones personales» que derivasen en la entrega de regalos por parte de Correa lo que tendría que hacer Camps es «abstenerse de resolver asuntos que beneficien a su amigo» para no incurrir en tráfico de influencias, tal y como podría haber sucedido con la concesión de contratos a Orange Market, enpresa propiedad de Correa.

Sin embargo, en este debate también surgen voces discordanes. Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional mantiene que para condenar a Camps por un delito de cohecho habría que demostrar la relación entre el recibir un regalo y el otorgar un beneficio para el cohechador. «El regalo simple no es delito», esgrime.

Asimismo, José Aníbal, abogado penalista, señala que si el regalo es algo que el cargo público se puede pagar no hay cohecho. «Estoy seguro de que Camps con su sueldo puede pagarse los trajes», argumenta. «Hay delito cuando alguien soborna a un cargo público para doblegar su voluntad o cuando éste pide dinero a cambio de un trato de favor», mantiene. «Es posible que Correa le haya regalado los trajes por una mera liberalidad suya sin que Camps le haya ofrecido nada a cambio», arguye.

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