REPORTAJE: Elecciones municipales y autonómicas GRANDES TEMAS (2) La corrupción
Los casos de corrupción han empañado la última legislatura pero en las listas electorales de los dos partidos mayoritarios aparecen nombres de imputados
TONO CALLEJA - Madrid
El 22 de mayo los ciudadanos de la Comunidad de Madrid elegirán a los concejales, alcaldes y diputados autonómicos que se encargarán de gestionar las arcas de las diferentes Administraciones. Y lo harán después de que en los últimos cuatro años muchos de estos votantes hayan tenido que ver cómo en algunos casos los representantes políticos que habían apoyado acababan imputados como presuntos autores de delitos como el cohecho o la malversación de fondos públicos. Los partidos más afectados por esta ola de imputados son precisamente los que más Administraciones públicas dirigen: el PP, con numerosos altos cargos en tela de juicio, y el PSOE, con su actual secretaria de Organización, Trinidad Rollán, inhabilitada tras ser condenada por prevaricación al aprobar un convenio urbanístico ilegal. Pese a que estos últimos cuatro años podrían calificarse como la legislatura de la corrupción, los expertos consideran que esta situación no será un factor determinante de cara a los próximos comicios: "Las próximas elecciones parecen un plebiscito sobre la gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zpatero. Y por eso algunas personas votarán al PP para castigarle y otras apoyarán al PSOE para defenderle. Esto volverá a fomentar el bipartidismo, algo que va en contra de los intereses de otros partidos minoritarios, como por ejemplo Izquierda Unida (IU) o Unión Progreso y Democracia (UPyD)", explica Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria opina que la corrupción sí tendrá algún efecto en las urnas: "Algo influirá, ya que si no se hubiera destapado el caso Gürtel la situación del PP en Madrid y Valencia habría sido muy diferente, pero no será determinante", matiza este experto en el estudio de la corrupción en España.
Entre todos los casos destapados en los últimos años el más importante es el caso Gürtel. Y por eso la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se ha visto obligada a presentar sus excusas por el comportamiento "incorrecto" de cargos públicos. Pero días antes de pedir disculpas, la presidenta lanzaba acusaciones contra sus adversarios del PSOE: "Si el Gobierno de la Comunidad tuviera la vigésima parte de lo que presuntamente estamos sabiendo que ha ocurrido en el Gobierno de Andalucía, en Madrid las masas tomarían la Puerta del Sol y de mí no quedaría... no le quiero contar".
De esta forma, la presidenta minimizaba la trama Gürtel, a pesar de que el juez Pedreira investiga los contratos concedidos por la Comunidad de Madrid a las empresas de Correa, que organizaron la mayor parte de los actos de Aguirre. La Comunidad llegó a pagar 10.000 euros para que la trama le adaptara el atril de presidencia, según el sumario. Además, la mayor parte de actos públicos protagonizados por la presidenta entre 2004 y 2008 fueron facturados sin concurso a empresas de Correa. Pero los problemas del PP con los tribunales no se circunscriben al caso Gürtel, ya que al menos una decena de los candidatos de ese partido están imputados como presuntos autores de delitos que van desde la malversación (sustracción de dinero público) a la prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).
De forma paralela a la petición de disculpas de Aguirre, el PP mantiene una actitud muy hostil hacia los responsables de la investigación del caso Gürtel. Tanto es así que el propio juez Pedreira, en un auto firmado el 21 de marzo de 2011, asegura que la representación legal del PP, que es acusación particular, está actuando "en fraude de ley" ya que en algunos casos se comporta como si fuera la defensa de los imputados. En el mismo sentido, la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la expulsión del PP como acusación particular por esos mismos motivos "fraudulentos" con impugnaciones que, en vez de acusar, defendían a imputados en la causa. Por eso Pedreira, que considera que el comportamiento del PP es "irrespetuoso e ilícito", explica que esta conducta ha seguido manteniéndose, y el fraude de ley en su momento denunciado es ahora "palmario".
Pedreira tiene sobre su mesa un informe acerca de la presunta financiación ilegal del PP, pues la entonces candidata a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, protagonizó el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte, un mitin que fue financiado por las empresas FCC y Sufi, concesionarias del servicio de recogida de basuras del municipio madrileño.
Al contrario de lo que cabría esperar por su magnitud, el caso Gürtel no parece que vaya a enquistarse en los juzgados. De hecho, Pedreira anunció recientemente que el juicio podría celebrarse tras finalizar la legislatura. Para ello el magistrado debe emitir un auto de conclusión del sumario. Y será entonces cuando finalice su trabajo en el caso. Si lo hace antes del 15 de junio, fecha en la que se constituirá la nueva Asamblea de Madrid, la vista se celebraría en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque hasta esa fecha los tres diputados imputados en la causa mantendrán su condición de aforados. Pero si lo hace público después, el tribunal madrileño no sería competente en el enjuiciamiento de este sumario, que debería regresar a la Audiencia Nacional.
Al margen del caso Gürtel, varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están inmersos en investigaciones judiciales. Procesos por los que están imputados sus regidores o candidatos a alcalde: Alcobendas, Guadarrama, Las Rozas, Coslada, Pinto, Leganés, Majadahonda o Torrejón de Ardoz, Aldea del Fresno, Torres de la Alameda, y Torremocha del Jarama, son algunos de estos consistorios, a los que habría que añadir el de Madrid, en el que desde 2007 se investiga una presunta trama de corrupción entre funcionarios para conceder licencias de la Concejalía de Medio Ambiente, en lo que se ha dado a conocer como caso Guateque. El final de este proceso judicial parece incierto, pues fuentes judiciales sostienen que está paralizado desde hace varios meses.
El tercero de los grandes casos de corrupción que afectan a las instituciones madrileñas es el conocido como del espionaje. Hace menos de un mes, la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de apelación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso del supuesto espionaje a políticos del PP. La Sección 16ª estimó en un auto que no existían motivos para proceder al archivo de la causa al detectar "indicios suficientes" de la comisión de delito de malversación de caudales públicos. El caso se reabría después de que fuera archivado en julio de 2010 por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce. Los denunciantes alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar, supuestamente, al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada. El PP criticó esta decisión colegiada de tres magistrados atacando a la ponente del caso, la magistrada Luz Almeida Castro, que es hermana de la expolítica de IU y de Izquierda Socialista Cristina Almeida, abogada en ejercicio.
De todos los casos de presunta corrupción del PSM, el que ha cobrado mayor envergadura fue la condena por prevaricación contra la exalcaldesa de Torrejón de Ardoz Trinidad Rollán, número dos del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. En un gesto que no comprende una parte de su partido, Gómez ha mantenido a Rollán como número dos del partido en Madrid, pese a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de inhabilitarla junto al resto de la corporación municipal socialista para ejercer cargo público durante ocho años. En los últimos días la número 20 de la candidatura socialista a la Asamblea, Carmen Toledano, también ha sido imputada por un juez por prevaricación, al igual que el número 37 de la lista de Aguirre, Íñigo Henríquez de Luna, imputado por tráfico de influencias en el caso Guateque.
Capítulo aparte merece la Operación Bloque, de Coslada, que destapó una presunta trama de corrupción en la Policía Local del municipio, que no ha tenido consecuencias políticas. En este caso permanece en prisión el conocido sheriff (jefe de la policía municipal) de Coslada, Ginés Jiménez. El exalcalde del PP del mismo municipio y candidato a la alcaldía de la localidad, Raúl López, afronta un juicio, distinto del de la Operación Bloque, por prevaricación y malversación de fondos públicos tras haber sido procesado por no sancionar al exjefe de la policía local del municipio del Corredor del Henares.
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción pidió hasta siete años de prisión para los dos exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, como autores de los delitos continuados de blanqueo, cohecho y falsedad documental. El escrito del ministerio público les acusa de haber recibido 7,6 millones de euros de diversas constructoras.
Ante tal tsunami de corrupción, el PP y el PSM solo se ponen de acuerdo en la reacción: criticar al adversario minimizando los casos propios.
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria opina que la corrupción sí tendrá algún efecto en las urnas: "Algo influirá, ya que si no se hubiera destapado el caso Gürtel la situación del PP en Madrid y Valencia habría sido muy diferente, pero no será determinante", matiza este experto en el estudio de la corrupción en España.
Entre todos los casos destapados en los últimos años el más importante es el caso Gürtel. Y por eso la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se ha visto obligada a presentar sus excusas por el comportamiento "incorrecto" de cargos públicos. Pero días antes de pedir disculpas, la presidenta lanzaba acusaciones contra sus adversarios del PSOE: "Si el Gobierno de la Comunidad tuviera la vigésima parte de lo que presuntamente estamos sabiendo que ha ocurrido en el Gobierno de Andalucía, en Madrid las masas tomarían la Puerta del Sol y de mí no quedaría... no le quiero contar".
De esta forma, la presidenta minimizaba la trama Gürtel, a pesar de que el juez Pedreira investiga los contratos concedidos por la Comunidad de Madrid a las empresas de Correa, que organizaron la mayor parte de los actos de Aguirre. La Comunidad llegó a pagar 10.000 euros para que la trama le adaptara el atril de presidencia, según el sumario. Además, la mayor parte de actos públicos protagonizados por la presidenta entre 2004 y 2008 fueron facturados sin concurso a empresas de Correa. Pero los problemas del PP con los tribunales no se circunscriben al caso Gürtel, ya que al menos una decena de los candidatos de ese partido están imputados como presuntos autores de delitos que van desde la malversación (sustracción de dinero público) a la prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).
De forma paralela a la petición de disculpas de Aguirre, el PP mantiene una actitud muy hostil hacia los responsables de la investigación del caso Gürtel. Tanto es así que el propio juez Pedreira, en un auto firmado el 21 de marzo de 2011, asegura que la representación legal del PP, que es acusación particular, está actuando "en fraude de ley" ya que en algunos casos se comporta como si fuera la defensa de los imputados. En el mismo sentido, la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la expulsión del PP como acusación particular por esos mismos motivos "fraudulentos" con impugnaciones que, en vez de acusar, defendían a imputados en la causa. Por eso Pedreira, que considera que el comportamiento del PP es "irrespetuoso e ilícito", explica que esta conducta ha seguido manteniéndose, y el fraude de ley en su momento denunciado es ahora "palmario".
Pedreira tiene sobre su mesa un informe acerca de la presunta financiación ilegal del PP, pues la entonces candidata a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, protagonizó el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte, un mitin que fue financiado por las empresas FCC y Sufi, concesionarias del servicio de recogida de basuras del municipio madrileño.
Al contrario de lo que cabría esperar por su magnitud, el caso Gürtel no parece que vaya a enquistarse en los juzgados. De hecho, Pedreira anunció recientemente que el juicio podría celebrarse tras finalizar la legislatura. Para ello el magistrado debe emitir un auto de conclusión del sumario. Y será entonces cuando finalice su trabajo en el caso. Si lo hace antes del 15 de junio, fecha en la que se constituirá la nueva Asamblea de Madrid, la vista se celebraría en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) porque hasta esa fecha los tres diputados imputados en la causa mantendrán su condición de aforados. Pero si lo hace público después, el tribunal madrileño no sería competente en el enjuiciamiento de este sumario, que debería regresar a la Audiencia Nacional.
Al margen del caso Gürtel, varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están inmersos en investigaciones judiciales. Procesos por los que están imputados sus regidores o candidatos a alcalde: Alcobendas, Guadarrama, Las Rozas, Coslada, Pinto, Leganés, Majadahonda o Torrejón de Ardoz, Aldea del Fresno, Torres de la Alameda, y Torremocha del Jarama, son algunos de estos consistorios, a los que habría que añadir el de Madrid, en el que desde 2007 se investiga una presunta trama de corrupción entre funcionarios para conceder licencias de la Concejalía de Medio Ambiente, en lo que se ha dado a conocer como caso Guateque. El final de este proceso judicial parece incierto, pues fuentes judiciales sostienen que está paralizado desde hace varios meses.
El tercero de los grandes casos de corrupción que afectan a las instituciones madrileñas es el conocido como del espionaje. Hace menos de un mes, la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de apelación del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea regional contra el sobreseimiento del caso del supuesto espionaje a políticos del PP. La Sección 16ª estimó en un auto que no existían motivos para proceder al archivo de la causa al detectar "indicios suficientes" de la comisión de delito de malversación de caudales públicos. El caso se reabría después de que fuera archivado en julio de 2010 por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce. Los denunciantes alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar, supuestamente, al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada. El PP criticó esta decisión colegiada de tres magistrados atacando a la ponente del caso, la magistrada Luz Almeida Castro, que es hermana de la expolítica de IU y de Izquierda Socialista Cristina Almeida, abogada en ejercicio.
De todos los casos de presunta corrupción del PSM, el que ha cobrado mayor envergadura fue la condena por prevaricación contra la exalcaldesa de Torrejón de Ardoz Trinidad Rollán, número dos del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. En un gesto que no comprende una parte de su partido, Gómez ha mantenido a Rollán como número dos del partido en Madrid, pese a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de inhabilitarla junto al resto de la corporación municipal socialista para ejercer cargo público durante ocho años. En los últimos días la número 20 de la candidatura socialista a la Asamblea, Carmen Toledano, también ha sido imputada por un juez por prevaricación, al igual que el número 37 de la lista de Aguirre, Íñigo Henríquez de Luna, imputado por tráfico de influencias en el caso Guateque.
Capítulo aparte merece la Operación Bloque, de Coslada, que destapó una presunta trama de corrupción en la Policía Local del municipio, que no ha tenido consecuencias políticas. En este caso permanece en prisión el conocido sheriff (jefe de la policía municipal) de Coslada, Ginés Jiménez. El exalcalde del PP del mismo municipio y candidato a la alcaldía de la localidad, Raúl López, afronta un juicio, distinto del de la Operación Bloque, por prevaricación y malversación de fondos públicos tras haber sido procesado por no sancionar al exjefe de la policía local del municipio del Corredor del Henares.
A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción pidió hasta siete años de prisión para los dos exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, como autores de los delitos continuados de blanqueo, cohecho y falsedad documental. El escrito del ministerio público les acusa de haber recibido 7,6 millones de euros de diversas constructoras.
Ante tal tsunami de corrupción, el PP y el PSM solo se ponen de acuerdo en la reacción: criticar al adversario minimizando los casos propios.
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