viernes, 20 de marzo de 2009

LA MUELA SUSTITUYE A LA ALCALDESA POR MEGAFONÍA


El juez cita como imputado al director provincial de Urbanismo de Aragón

R. TAMAYO / C. MONSERRAT - La Muela / Zaragoza

Una atronadora jota quebró el silencio matutino de las estrechas calles con casas bajas del casco urbano del municipio aragonés de La Muela (5.000 habitantes) un día después de que la policía detuviese a la alcaldesa, María Victoria Pinilla (Partido Aragonés) y a otras 18 personas por corrupción urbanística. La música salió disparada a las 11.45 por los altavoces situados en las esquinas de la plaza del Ayuntamiento, uno de los más ricos de España gracias a los parques eólicos.

Tras unos tres minutos de cántico llegó el bando. Una voz solemne comunicaba a la población que la primera teniente de alcalde, Miriam Fajardo, relevaba a Pinilla, alcaldesa del municipio los últimos 22 años, hasta "que no se adopten otras medidas judiciales". "Los acontecimientos [...] reclaman de todo el vecindario una actitud serena, basada en el respeto a la presunción de inocencia, confianza en la justicia y apoyo al buen nombre de La Muela".

Este comunicado fue la única explicación que dio el Consistorio, cuya actividad no se frenó. Sobre la mesa de la recepción del Ayuntamiento se apelotonaban unos folios en los que los ciudadanos podían rellenar un formulario para recibir en sus teléfonos información municipal de forma gratuita. Pero los móviles aún esperaban el mensaje sobre la detención de la alcaldesa a las siete de la tarde de ayer, según corroboró uno de los vecinos.

La Operación Molinos está relacionada con la recalificación irregular de terrenos industriales cercanos a los parques eólicos del municipio para la construcción de casas, según fuentes judiciales. El juez imputa a la alcaldesa nueve delitos: cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales y blanqueo. Su marido y uno de sus hijos también han sido imputados y detenidos, así como un concejal del PAR, el secretario y el arquitecto del ayuntamiento y empresarios de Zaragoza, Madrid y San Sebastián. El escolta del consejero aragonés de Medio Ambiente fue arrestado ayer tras llegar de Estambul, con lo que ya son 19 los detenidos. Todos pasarán mañana a disposición judicial.

Uno de los imputados en el caso es Carlos Martín Rafecas, director provincial de urbanismo en el Gobierno de Aragón, que ha sido citado para declarar hoy ante el juez. Martín Rafecas dirigió el ISVA (Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón) a nivel provincial cuando Emilio Eiroa (Par) presidía la Diputación a principios de los noventa. También fue presidente del CESA (Consejo Económico y Social de Aragón) en el Gobierno de coalición PP-Par presidido por Santiago Lanzuela (PP).

Mientras, el Par medita la expulsión de Pinilla del partido. "Actuaremos con dureza si es necesario", declaró ayer Manuel Blasco, miembro de la Ejecutiva. El Comité Intercomarcal de Zaragoza del Par tomará la decisión el lunes en una reunión extraordinaria en función de un informe elaborado por el Comité de Disciplina y Garantías de la formación.

ELPAIS.COM

LA SASTRERÍA DE CAMPS APORTA A GARZÓN FACTURAS QUE COINCIDEN CON PRESUNTOS ENCARGOS DE LA TRAMA CORREA PARA ÉL

Forever Young insiste en que su nombre no consta en sus registros

El presidente de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha aportado al juez Baltasar Garzón una relación de facturas para desmentir a su ex empleado José Tomás y demostrar que ni el presidente Francisco Camps ni el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, compraron en su tienda. Sin embargo, algunas de los importes y fechas de las facturas coinciden con supuestos pedidos de la trama Correa para Camps y Costa y que aparecen en el auto del juez.

Varias de las facturas aportadas por Hinojosa a Garzón presentan coincidencias con fechas o importes de supuestos pedidos de Camps y Costa que aparecen en el auto del juez y que habrían sido pagados por la trama corrupta de Correa vinculada al Partido Popular, según informa Levante. El responsable de Forever Young acusa al sastre José Tomás de haber falseado datos y en una denuncia aireada por ABC asegura que no le despidió por declarar ante Garzón sino porque entonces descubrió que llevaba una doble contabilidad en la tienda.

De existir habrían pagado "al contado"
Hinojosa niega que consten compras o encargos a nombre de Camps y Costa y que, de existir, las habrían pagado “al contado” en el momento del pedido, “igual que quien compra en El Corte Inglés”, e independientemente de los arreglos posteriores. Sin embargo, figuran dos facturas con referencia "Camps nuevo cliente" y por importe de 720 y 2.160 euros y fechadas el 14 de noviembre de 2006. Tres de los pedidos de la trama de Correa recogidos en el auto de Garzón coinciden con esa fecha, 14 de noviembre de 2006. El juez también refleja en su sumario que el nombre de Camps aparece en varias hojas del listado de encargos de la tienda.

Facturas de Pérez coinciden con auto
Además, en el auto también se recoge un cuarto pedido con fecha 4 de enero de 2007, la misma fecha que dos de las facturas que Hinojosa atribuye al imputado Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, por 1.472 y 347,50 euros. Garzón mantiene que algunos de estos pedidos habrían sido abonados o autorizados por Pablo Crespo, ex dirigente popular y mano derecha de Francisco Correa, el cabecilla de la presunta trama de corrupción del PP.

Constan medidas de Costa
Respecto a Costa, del que Hinojosa también niega que encargara trajes, una factura a nombre de Crespo por valor de 4.925 euros coincide con el importe que el auto atribuye a uno de los trajes que la trama habría pagado al popular. Además, el nombre de Costa y sus medidas constan en el listado de encargos. Hinojosa asegura que José Tomás falsificó la contabilidad, pero a la luz de estos documentos también tendría que haber falseado las hojas de pedido e incluso los patronajes de los políticos.

Sí hay facturas de otros altos cargos
El responsable de Forever Young aportó facturas a nombre de dos de los imputados relacionados con la Comunidad Valenciana, el ex alto cargo de la consejería de Turismo Rafael Betoret y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, aunque no estarían relacionados con los supuestos encargos de la trama para ellos. También hay facturas a nombre del director general de la televisión valenciana, Pedro García, que no está imputado pero su nombre aparece citado en el sumario en relación con la trama. Pedro García forma parte del círculo de amistades de Álvaro Pérez, El Bigotes, a cuya boda asistió, al igual que el presidente valenciano.

ELPLURAL.COM

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DETENIDO UN ESCOLTA DEL GOBIERNO ARAGONÉS POR LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE LA MUELA

ROBERTO PÉREZ | ZARAGOZA

Un escolta del Gobierno aragonés, asignado a la seguridad del consejero de Medio Ambiente y secretario general del PAR, Alfredo Boné, se sumó ayer a la lista de detenidos por la «Operación Molinos». Con él son 19 los detenidos por la presunta trama de corrupción urbanística en La Muela, el pequeño municipio zaragozano que durante las últimas décadas presumió de prosperidad al calor de la energía eólica, las grandes recalificaciones de suelo para uso industrial y residencial junto a la capital aragonesa.

Las 19 detenciones las ordenó el juzgado de Instrucción de La Almunia de Doña Godina tras más de un año de investigación -tras la denuncia de un particular- por delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Las diligencias instruidas, fruto de la investigación previa y de las actuaciones de esta semana -toma de declaraciones, registros e incautación de documentos-, se ponen ahora en común. Y entre hoy y mañana pasarán a disposición judicial los detenidos, momento en el que el juzgado fijará los delitos que les imputa, si los envía a prisión o si los deja en libertad, con o sin cargos. Ayer se les tomó declaración en dependencias policiales.

Hijo de otra detenida
El escolta presuntamente implicado, Juan Carlos Rodrigo Vela, es hijo de una de las detenidas el miércoles. Su madre tiene una asesoría fiscal en La Muela y él estaba el miércoles en Estambul, acompañando al consejero Boné en un viaje oficial. Juan Carlos Rodrigo estaba llamado a declarar, ayer se personó en dependencias policiales y quedó detenido. El Gobierno aragonés ha afirmado que este escolta no forma parte del personal contratado directamente por la Consejería, sino que pertenece a una empresa a la que se tiene asignada la seguridad de los miembros del Gobierno regional.

El PAR también indicó que el escolta no está afiliado a este partido, en el que sí militan dos de los detenidos: la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y un concejal. Entre los arrestados figura también el secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal, el marido de la alcaldesa, uno de sus hijos, y empresarios de La Muela, Zaragoza, Madrid y San Sebastián. Entre estos, los directivos de la empresa inmobiliaria Aranade, que compartía multimillonarios negocios con el Ayuntamiento de La Muela.

La sede de Aranade está en el polígono industrial de la localidad. Se inauguró en octubre de 2007 con la presencia, junto a la alcaldesa, del vicepresidente aragonés y líder del PAR, José Ángel Biel. Este partido anunció ayer que el lunes estudiarán lo ocurrido y las medidas a adoptar si finalmente son imputados cargos electos ligados al PAR.

Entre tanto, la Alcaldía ha sido asumida provisionalmente por Mirian Fajardo. Es la teniente de alcalde de La Muela desde junio de 2007, cuando comenzó la actual legislatura. Hasta entonces había sido secretaria personal de María Victoria Pinilla.

Un bando pide «serenidad»
Fajardo se lo comunicó al resto de concejales en una breve reunión que mantuvo ayer con ellos. Con la alcaldesa y otro concejal detenidos, la Corporación se ha quedado con nueve ediles: cinco del PAR, dos del PSOE y dos del PP. Socialistas y populares creen que, si se confirman las imputaciones, la solución podría pasar por el nombramiento de una gestora al frente del Ayuntamiento, como ocurrió en su día en Marbella.

Entre tanto, la ahora alcaldesa en funciones difundió ayer un bando por la localidad llamando a la «serenidad», apelando al principio de presunción de inocencia y prometiendo que el gobierno municipal seguirá «con el mismo compromiso y dedicación de siempre, y aún más si cabe», para garantizar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y de los servicios públicos municipales.

ABC.ES

EL PSOE DE ELCHE NO HA DEVUELTO 22.000 EUROS QUE SALIERON DE LAS ARCAS PÚBLICAS


M. A. RUIZ COLL/D. MARTÍNEZ | ALICANTE

Tras ser imputado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, el alcalde socialista de Elche, Alejandro Soler, aseguró ayer que su partido ya ha satisfecho las facturas de su campaña electoral que pagó con fondos del Ayuntamiento. Soler matizó que se refiere exclusivamente a las seis facturas que, por un importe total de 12.800 euros, su equipo de gobierno reconoce haber abonado con fondos públicos -es decir, de todos los ilicitanos- correspondientes a la publicidad de su candidatura en las municipales de 2007.

Sin embargo, según la investigación iniciada por el PP, son 19 las facturas de publicidad electoral del PSOE -desveladas por ABC- abonadas por el Consistorio por un importe de 34.900 euros. Por tanto, quedarían 22.100 euros del presupuesto municipal de los que el PSOE no se hace responsable.

Defiende su «honradez»
Alejandro Soler se mostró ayer convencido de que con la devolución de este dinero quedará resuelta cualquier responsabilidad penal. «No me quiero adelantar a la decisión de los tribunales», indicó, «pero si el juez determina que todo ha sido un error, la única consecuencia jurídica de ese error sería la subsanación del mismo» y, por tanto, nadie deberá responder por lo ocurrido.

El alcalde y «número dos» del PSOE de la Comunidad Valenciana compareció ayer en rueda de prensa para defender su «honradez y honestidad», veinticuatro horas después de conocerse que el Juzgado de Instrucción número 4 de Elche le ha llamado a declarar como imputado, a raíz de la querella presentada contra él por el PP.

«Estoy tranquilo porque confío plenamente en los jueces y fiscales», indicó, «estoy seguro de que el día 21 de abril [fecha en la que ha sido citado a declarar ante el Juzgado] podré demostrar que todo esto no es más que un montaje, una cortina de humo montada por el PP». En sus declaraciones, Soler apuntó que el PSOE no le va a dar de baja como militante salvo que, como ha ocurrido con otros cargos públicos socialistas de la Comunidad, el juez ordene su ingreso en prisión.

Entre las facturas que fueron abonadas en su día por el Ayuntamiento de Elche, se encuentran las correspondientes a distintos publirreportajes sobre la proclamación de Soler como candidato a la Alcaldía, su presencia en las ferias Fitur y Modacalzado [siempre como «candidato del PSOE»] o las de unas Jornadas sobre Educación celebradas en Elche y organizadas desde la sede de Ferraz.

El PP interpela a Pajín
Varios de estos pagos fueron ordenados personalmente por el propio Alejandro Soler en su calidad de teniente de alcalde de Hacienda, cargo que ocupó hasta las elecciones de 2007. Otras facturas fueron aprobadas, incluso, por todos los concejales del equipo de gobierno en el Pleno municipal, mediante una modificación presupuestaria, según han denunciado los populares.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, pidió ayer en Elche a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que «aclare si hay más ayuntamientos en España que han pagado actos del PSOE nacional» con dinero público, informó Efe.

Por su parte, la coordinadora regional del PP valenciano y portavoz municipal en Elche, Mercedes Alonso, consideró que este caso «pone de manifiesto cómo la Fiscalía tiene una doble vara de medir: los fiscales no han actuado contra el alcalde de Elche, ha tenido que ser a impulso de querella que el asunto llegue a los tribunales».

«Creo que ya está bien de que la Fiscalía en España actúe al dictado de un partido político», añadió Mercedes Alonso, «ya está bien de que se trate diferente a los políticos de un partido y a los de otro, y que la Fiscalía no sea neutral».

ABC.ES

UN SUBDIRECTOR DE URBANISMO ARAGONÉS, IMPUTADO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS


Carlos Martín Rafecas
EFE | ZARAGOZA

La Policía ha imputado al subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, un supuesto delito de tráfico de influencias, según ha confirmado él mismo tras permanecer en la Jefatura Superior durante unas dos horas y media.

En el interrogatorio, le han preguntado muchas cuestiones sobre su trabajo como alto cargo en la Dirección Provincial de Urbanismo, ha explicado a los medios de comunicación, a los que también haconfirmado que no ha quedado detenido y que se incorporaba a sus tareas diarias en su despacho.

Éste es el primer cargo de la Administración autonómica que presta declaración en relación con la trama de presunta corrupción urbanística descubierta en la localidad de La Muela, en la que hasta ahora han sido detenidas 19 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinillas, del PAR, su esposo, uno de sus hijos, un concejal, también del PAR, el secretario y el arquitecto municipales y varios empresarios.

Martín Rafecas ha estado dos horas y media en la Jefatura Superior de Policía, pero su declaración, en calidad de imputado por un delito de tráfico de influencias, ha durado poco más de una hora, en la que le han preguntado sobre "temas técnicos" y sobre su labor en la administración.

"A lo largo de estos años han pasado cantidad de planeamientos de todos los municipios de Zaragoza" por el Departamento en el que trabaja y, según ha precisado, ha sido llamado a testificar "en calidad de técnico, única y exclusivamente", ya que ha tenido que explicar todo lo relativo a su trabajo profesional en La Muela.

Es el primer cargo de la Administración autonómica que presta declaración en relación con la trama de presunta corrupción urbanística en La Muela

Sobre si se había detectado alguna anomalía o irregularidad en los planes urbanísticos, ha recordado que hay recursos contenciosos interpuestos, "lo que quiere decir que ha habido alguna anomalía o irregularidad", ha señalado a los medios.

El funcionario, que ha quedado a disposición del juez de La Almunia de Doña Godina que investiga este asunto, por si considera oportuno llamarle a declarar, aunque "si es suficiente con la declaración de hoy, asunto terminado", ha sentenciado.

Carlos Martín, quien ha testificado acompañado de su abogado, Jesús García Huici, ha reconocido que se siente "muy mal", ya que todo ha sido "tan rápido" que apenas le ha dado tiempo a comentarlo con sus compañeros de departamento.

Vuelta al trabajo
No obstante, ha asegurado que sus superiores le han dicho que esté "tranquilo" y ha dicho que va a reanudar su actividad profesional hoy mismo, porque al final de mes hay una nueva comisión y hay que prepararla.

Ha reconocido que conoce a algunas de las personas imputadas, como al técnico municipal de La Muela, pero únicamente por su "relación técnica" en el ámbito del planeamiento y urbanismo.

Martín Rafecas, un abogado de 60 años, lleva más de 30 años de carrera en la Administración autonómica aragonesa, donde ha ocupado diferentes cargos, desde director gerente del Instituto de Suelo y Vivienda a presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.

Los detenidos en esta operación policial prestaron ayer sus primeras declaraciones ante la policía, que acusa a la alcaldesa María Victoria Pinilla de nueve delitos, entre ellos, cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación,fraude, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

ABC.ES

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EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA APLAZA LA RENUNCIA DE GALEOTE TRAS SU CARTA A GARZÓN

EFE | MÁLAGA

El Pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha retirado hoy del orden del día la renuncia del acta de concejal del PP de Ricardo Galeote, al que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa en el "caso Gürtel", que investiga la presunta trama de financiación irregular del PP.

Galeote ha presentado esta mañana por registro de entrada del Ayuntamiento un escrito en el que solicita el aplazamiento de ese punto, ya que confía que en las próximas horas el juez Garzón levante su imputación, según ha informado el portavoz popular y presidente local del partido, Ignacio Mena.

Ricardo Galeote se compromete a renunciar definitivamente a su acta de edil en caso de que se le mantenga su imputación en el momento que se le facilite el auto, que confía tener en las próximas horas o días, según Mena.

El edil del PP declaró el pasado miércoles ante el juez y le pidió que le retirara la imputación porque argumentaba que no había recibido los 42.469 euros que, según el auto del juez, habría percibido de la trama entre los años 2001-2003 cuando era gerente de la sociedad municipal "Turismo y Actividades Recreativas Estepona S.L.".

El principal imputado en la causa, Francisco Correa, facturó casi 123.000 euros a la empresa municipal.

ABC-ES

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO APOYARÁ LA INVESTIGACIÓN A LOS AFORADOS DE MADRID Y VALENCIA

SERVIMEDIA | MADRID

La Fiscalía informará a favor de que los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia abran una investigación contra los aforados autonómicos presuntamente implicados en la trama de corrupción del "caso Gürtel", entre los que se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Fuentes del departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido explicaron que el informe que la Fiscalía presentará ante los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, y que todavía se está preparando, apoyará la competencia de estos dos órganos jurídicos para continuar con la investigación del "caso Gürtel" y pedirá que se abra un procedimiento contra los aforados.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió inhibirse en favor de Valencia al haber encontrado indicios de responsabilidad penal contra Camps y contra el secretario general del PP en esa Comunidad, Ricardo Costa Climent. En el caso de Madrid, Garzón aconsejó la imputación de los aforados regionales Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo.

Tras recibir el pasado lunes los oficios de inhibición y las copias testimoniadas del sumario instruido por el juez Garzón, los tribunales superiores de Madrid y Valencia dieron traslado a la Fiscalía para que informará sobre la pertinencia legal de abrir un proceso penal contra los aforados.

Además, las salas de lo Civil y lo Penal de ambos tribunales nombraron el pasado martes a los ponentes, los magistrados que deberán realizar el informe sobre la competencia y la adminisión o inadmisión a trámite de las causas y elevar a la sala una propuesta concreta de admisión o inadmisión.

Que investigue la Fiscalía Anticorrupción
En el caso de Madrid, el ponente elegido es el magistrado Francisco Javier Vieira Morante, mientras que en el caso de Valencia el ponente es José Flors. Una vez reciban el informe de la Fiscalía, Vieria Morante y Flors deberán comenzar a redactar su propuesta de admisión o inadmisión de las causas.

Por último, las fuentes consultadas explicaron que Conde-Pumpido ha ordenado que sea la Fiscalía Anticorrupción, y no las fiscalías superiores de Madrid y Valencia, las que se encarguen de los dos procedimientos que se podrían abrir en los tribunales superiores.

Esta medida ha sido adoptada debido a que la Fiscalía Anticorrupción, y en concreto las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell, han llevado desde el principio la causa. De hecho, fue este departamento el primero en abrir una investigación sobre la presunta trama de corrupción después de recibir una denuncia presentada por un ex concejal del PP.

ABC.ES