domingo, 24 de octubre de 2010

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, IMPLICADO EN EL "CASO BRUGAL"

La policía relaciona a Gerardo Camps con negocios del imputado Enrique Ortiz

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El consejero de Economía, Gerardo Camps, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja), según recoge uno de los informes policiales del sumario. Además, las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en seis supuestos relacionados con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales del sumario. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas.

El imputado más destacado del 'caso Brugal' es el líder del PP de Alicante

En el PGOU de Alicante apunta siete posibles ilegalidades

La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, según el informe policial al que ha tenido acceso este periódico, está relacionada con la adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF. En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallyes y amigo de Gerardo Camps.

El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante señala siete actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones del contratista Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe, o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento. En el primer supuesto se encuadra la operación para ampliar el estadio Rico Pérez, que no ha incluido recalificación y se levantará sobre el actual campo.

La de las posibles ilegalidades en la tramitación del PGOU de Alicante es la tercera pieza de relevancia que incluye el caso Brugal. Esta causa fue remitida por el juez instructor a Alicante. El juez en el que recayó, el titular del número 5, sí ha asumido la investigación. No obstante, este magistrado mantiene el secreto del sumario y no ha practicado ninguna diligencia, en espera de que el juez de Orihuela le remita todas las diligencias, y no solo los informes policiales. La tramitación del PGOU de Alicante comenzó con Luis Díaz Alperi, del PP, al frente de la alcaldía de Alicante. El documento ha sido culminado por la sucesora de Alperi en la alcaldía, la popular Sonia Castedo. Una hipotética imputación del ex regidor Alperi en estas diligencias implicará el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dado que Alperi es aforado por su calidad de diputado autonómico.

Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y, a su vez, presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario final de la contrata de basura de la planta del plan zonal de La Vega Baja. Unos meses después de la adjudicación se cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll.

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SE REANUDAN ESTE LUNES LOS JUICIOS DE "MALAYA" Y "BALLENA BLANCA"

TRIBUNALES  | En la Ciudad de la Justicia

Europa Press | Málaga

Los juicios de los casos 'Malaya' y Ballena Blanca' se reanudan este lunes en la Ciudad de la Justicia. El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, continuará con las últimas exposiciones de cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados y con la contestación a estas alegaciones por parte del ministerio fiscal y de las demás acusaciones personadas.

Así, está previsto que los abogados terminen de exponer sus alegaciones previas al enjuiciamiento este lunes y que en esa misma sesión comience la Fiscalía Anticorrupción a contestar a las cuestiones que han ido planteando todas las defensas desde que se iniciara el juicio oral, el 27 del pasado mes de septiembre.

El martes día 26, según ha previsto el presidente del Tribunal, José Godino, será el turno de que se pronuncie el resto de las acusaciones, esto es, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria. Previsiblemente, la Sala responderá a algunas de las cuestiones previas planteadas mediante un auto.

Los abogados han centrado sus cuestiones previas en criticar la instrucción desde su comienzo, alegando que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales. La mayoría de las defensas se han referido a la actuación del primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, entendiendo que con este procedimiento se vulneraron las normas de reparto.

Así, han entendido que se vulneró "lo más importante, que es la Constitución, la madre de todo", por lo que han pedido la nulidad total o parcial del proceso, según los casos, principalmente de las escuchas telefónicas y de los registros, por falta de motivación, así como de las detenciones, que entendieron "innecesarias", criticando la utilización de la prisión para "arrancar confesiones".

En las sesiones de la pasada semana, varios letrados pusieron en duda la cadena de custodia de los documentos intervenidos en los registros, sobre todo de los archivos informáticos de la empresa Maras Asesores, donde aparecen anotaciones contables de presuntos cobros y pagos a través de iniciales o acrónimos que la instrucción ha asociado a algunos procesados.

También una de las defensas ha cuestionado la competencia de la Sala en favor de la Audiencia Nacional y ha estimado que debería haberse tramitado la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Asimismo, los letrados han solicitado a la Sala "limpieza mental y física" a la hora de atender a las argumentaciones de los letrados.

'Ballena blanca'

El Tribunal encargado del caso 'Ballena Blanca' continuará también esta semana el macrojuicio por blanqueo de capitales, que comenzó el pasado 15 de marzo, y tiene previsto comenzar el bloque relativo a los notarios acusados en esta causa, en la que se juzgan a 19 personas, entre ellas al abogado Fernando del Valle.

Esta semana, las sesiones de la vista oral serán de lunes a jueves y la Sala prevé que este bloque en concreto, en el que están acusados cinco personas, como son Del Valle, dos empleadas del bufete y dos notarios de Marbella, comience previsiblemente el martes, según informaron fuentes judiciales.

El fiscal sostiene que el letrado habría creado "una red de estructuras societarias" y "un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española", además de que determinados clientes, algunos presuntamente relacionados con grupos criminales, "se han servido del sistema de ocultamiento de fondos".

elmundo.es

"CASO MALAYA"; EL TRIBUNAL LEVANTA EL EMBARGO Y LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADOS CONTRA CORULLA

También los de Salvador Gardoqui y Fidel San Román

Europa Press | Málaga

El Tribunal que enjuicia el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, ha acordado levantar los embargos y demás medidas cautelares adoptados en su momento para garantizar la responsabilidad civil dentro de este procedimiento contra la acusada Montserrat Corulla, presunta testaferro del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

La defensa de Corulla presentó en septiembre un escrito solicitando que se dejaran sin efecto estas medidas para garantizar las responsabilidades pecuniarias, ya que ni el fiscal ni las demás acusaciones solicitan indemnizaciones de ninguna clase en concepto de responsabilidad civil ni decomiso de dinero o bienes, sino únicamente una multa por el delito de blanqueo del que se le acusa.

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala ha tenido en cuenta tanto que sólo existe la obligación de pagar una multa, y no responsabilidad civil, y también que han transcurrido ya cuatro años y medio desde que se adoptaron las medidas cautelares, a lo que hay que añadir "el tiempo que pueda durar la celebración del juicio" y, en su caso, los recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Por esto, el Tribunal considera que "no es admisible el mantenimiento indefinido de unas medidas cautelares, que participan de una naturaleza provisional y temporal". Así, se indica que no se puede sostener el hecho de que "un procesado tenga embargado, como en algún caso ocurre, indefinidamente su propio domicilio y su cuenta corriente para garantizar exclusivamente un multa pecuniaria".

A este respecto, la Sala señala que esto "equivaldría al cumplimiento anticipado de la pena, lo que se compadece mal con el principio de presunción de inocencia que deben amparar los tribunales mientras no recaiga sentencia firme", reiterando que no se puede prolongar esta situación "desde el momento en que nadie interesa responsabilidades civiles" y porque "se ignora el tiempo que aún pueda durar este proceso".

Asimismo, se estima que tampoco se pueden mantener las medidas cautelares para garantizar el pago de costas porque en ese supuesto caso "el Estado tendría instrumentos jurídicos para proceder contra quienes, teniendo medios y ejerciendo una profesión cualificada, voluntariamente enajenasen aquellos para eludir el pago de determinadas obligaciones contraídas con anterioridad".

El Tribunal ha tomado esta misma decisión respecto a otros acusados en este caso, como por ejemplo Salvador Gardoqui, también considerado por las acusaciones testaferro de Roca; el empresario Fidel San Román, el acusado Jaime Hachuel y, previamente, el letrado Manuel Sánchez Zubizarreta y demás abogados del bufete madrileño.

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    * Quién es quién en el caso 'Malaya'

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA PIDE A TORRIJOS QUE EXPLIQUE "SU MARCADO INTERÉS" EN LA VENTA DE SUELOS

Argumentos para rechazar un recurso de Mellet
 
    * Alaya señala que el portavoz de IU tendrá que explicar "su marcado interés"
    * Investiga a qué entidad benefició la fórmula elegida para la venta de suelos
    * Invita al directivo que aporte toda la documentación sobre Rodrigo Torrijos

Efe | Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla asegura que el primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en su día, "tendrá que explicar las razones de su marcado interés por el concurso público" de la venta de los terrenos del mercado central "y su intervención en él".

En un auto, la juez de instrucción 6 de Sevilla rechaza un recurso del ex gerente de Mercasevilla imputado, Fernando Mellet, que había pedido el archivo de la causa respecto a él y la declaración de altos cargos del Ayuntamiento, y le dice que, "para su tranquilidad", en su día serán llamados todos los miembros de la comisión ejecutiva del mercado mayorista que aprobaron la venta de sus terrenos a la inmobiliaria Sanma.

La imputación de esas personas o comparecencia como testigos dependerá de los "indicios" que haya en su momento, pero la juez adelanta en su auto que Rodrigo Torrijos "en el momento que se considere oportuno, tendrá que explicar las razones de su marcado interés por el concurso público y su participación en él".

No obstante, la magistrada adelanta que el "hecho delictivo" que persigue en sus investigaciones no es el concurso público utilizado para la adjudicación en lugar de la subasta, por mucho que el método elegido no fuese el "idóneo", sino que es preciso "algo más", demostrar que esa fórmula se "eligió e impulsó" con la idea de favorecer a una entidad determinada.

"No tenga la menor duda de que de que sobre ello se está investigando", dice el auto, por lo que la juez "invita" a Mellet a que aporte a la causa "los datos que posea en relación al señor Rodrigo Torrijos" o cualquiera de los que intervinieron en la aprobación del concurso.

Desvelar "quien o quienes le ordenaron sobre el concurso sería no solo relevante para la investigación sino para su defensa", manifiesta la juez. Por ello, desestima el recurso de Mellet "sin perjuicio de ordenar la práctica de sucesivas declaraciones en el momento oportuno".

En esta rama del caso Mercasevilla la juez mantiene imputadas a una decena de altos cargos del mercado central o técnicos municipales por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sanma pese a que su oferta era "antieconómica y contraria al interés general".

Otra rama referida a la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ser adjudicataria de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla ha finalizado ya su fase de investigación con cuatro imputados, entre ellos el ex delegado de la consejería de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas.