lunes, 8 de junio de 2009

ULIBARRI ACUSA A LA BANCA DE INSOLVENTE TRAS NO REFINANCIAR LA DEUDA DE SU CONSTRUCTORA BEGAR


José Luis Ulibarri, Grupo Begar, deuda, bancos

@Carlos Hernanz







José Luis Ulibarri.



El empresario leonés José Luis Ulibarri, propietario de Grupo Begar, explicó el sábado su particular versión de los problemas financieros que atraviesa su constructora Begar. Lo hizo después de que trascendieran las conversaciones mantenidas el jueves de la semana pasada con los sindicatos para abordar la posibilidad de ejecutar un expediente de regulación de empleo que afectaría a más de 800 trabajadores, entre fijos y contratados por obra.

Ulibarri habló a través de las páginas de su periódico de cabecera y también de su propiedad, El Diario de Léón¸ por el que pagó 30 millones de euros en 2006 a La Voz de Galicia. En la información referida a los problemas que atraviesa la constructora Begar, con un pasivo global de 700 millones, argumenta que “la situación de crisis de la sociedad está relacionada con la decisión de algún banco de no participar en la refinanciación de su deuda”.

Sin embargo, el empresario leonés va más lejos y se atreve a decir, a través de su periódico, que la responsabilidad de que “alguno de los bancos acreedores, que ha dejado las negociaciones en punto muerto”, responde a “su propia insolvencia o incapacidad económica, situación que no permite a estas entidades cubrir la parte correspondiente de la línea de crédito que inicialmente habían otorgado a la empresa constructora”. Literalmente.

Según fuentes financieras, las entidades con mayor riesgo crediticio en Begar son Santander, Banco Popular, Caja España y Caja Duero. Tras varias semanas de negociaciones, alguna de estas entidades se ha plantado tras considerar incierto el futuro de la constructora, afectada gravemente por el riesgo reputacional derivado de la implicación de Ulibarri en el ‘caso Gurtel’, teniendo en cuenta la dependencia de su negocio de las concesiones públicas.

Durante las últimas semanas, Begar ha ido perdiendo concursos y obras en marcha repartidas entre Burgos, Valencia o León ante la imposibilidad de hacer frente a su ejecución por falta de liquidez. La constructora, dedicada sobre todo a la obra civil, ha sido el embrión del posterior holding empresarial de Ulibarri, con ramificaciones en la promoción inmobiliaria, los medios de comunicación y la gestión de concesiones públicas.

Precisamente, Santander fue el banco que financió a Ulibarri para comprar unos terrenos en Boadilla del Monte, epicentro del ‘caso Gurtel’. A través de esta operación, el empresario leonés apareció vinculado con la presunta trama de corrupción dirigida por Francisco Correa, que habría entrado en contacto con el dueño de Begar a través de Jesús Merino, diputado popular por Castilla y León y también implicado en la trama investigada por el juez Garzón.

Como informó este diario, Ulibarri salvó hace dos semanas la declaración necesaria de concurso de acreedores después de alcanzar un acuerdo extrajudicial con los demandantes. Un balón de oxigeno para el tycoon leonés, propietario de varios periódicos regionales, accionista de Punto Radio y socio de la televisión autonómica de Castilla y León, que pretendía ganar tiempo para cerrar la refinanciación de su constructora. Sin embargo, los bancos y la Administración le han retirado su confianza.

COTIZALIA.COM

EL TSJ DE VALENCIA PIDE UN NUEVO INFORME POLICIAL PARA CONTRASTAR LAS DECLARACIONES

CASO GÜRTEL | Tras las últimas citaciones

* El juez requiere el análisis al laboratorio de la Policía Judicial
* Según el TSJ reclama, además, la 'aportación de documentación'

elmundo.es | Valencia

El magistrado que instruye la rama valenciana del 'caso Gürtel', José Orts, ha solicitado este lunes un informe a la Policía Judicial para contrastar el contenido de las declaraciones prestadas por los imputados y testigos en esta causa.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez ha reclamado un informe al laboratorio de la Policía Judicial, así como la aportación de documentación, para clarificar los testimonios recogidos en las últimas semanas.

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha firmado esta misma mañana la providencia, que ya ha sido notificada a todas las partes personadas en la causa.

Continúa así la investigación de la rama valenciano del 'caso Gürtel', que salpica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps y al 'número 2' del PP valenciano, Ricardo Costa.

A ambos, como al ex conseller Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, se les imputa un supuesto delito de cohecho.

Además

* El caso Gürtel, paso a paso

ELMUNDO.ES

CHAVES VULNERÓ LA MISMA LEY QUE HA "BLINDADO" A TODOS LOS ALTOS CARGOS DE LA JUNTA


Normativa aprobada en abril de 2005


Chaves con su mujer y sus nietos camino del colegio electoral. | Esther Lobato



Manuel María Becerro | Sevilla

La ley que habría vulnerado el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al no inhibirse en la aprobación y firma del incentivo de más de diez millones de euros otorgados por la Junta a una empresa en la que está apoderada su hija, es la misma que permitió blindarlos salarialmente a él y a todos los altos cargos de la autonomía con un sistema de cesantías inédito en Andalucía hasta el año 2005, y la misma en la que se justificó también la aprobación de todos los privilegios que gozará en un futuro en su calidad de ex presidente andaluz.

La Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta obliga a Chaves en su artículo 7 a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

Además, esta norma incorpora un capítulo de «asignaciones y situaciones tras el cese» que blinda a todos los cargos políticos, a los que reconoce un derecho a recibir «una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce» (incompatible, eso sí, con la percepción de otras rentas).

El privilegio se justificó precisamente en el endurecimiento del régimen de incompatibilidades. El propio ex presidente lo afirmó en el Parlamento el 10 de febrero de 2005, durante una sesión de control al Gobierno en la que le llovieron las críticas desde el PP por incluir dentro de un paquete legislativo de impulso democrático un sistema de cesantías que se hacía extensivo a la práctica totalidad de la clase política autonómica.

«Ni prebendas, ni abusos, ni blindajes. Aquí de lo que se trata es de que haya transparencia y fortalecimiento de la autonomía de la política a través de un régimen de incompatibilidades que es uno de los más duros que hay en el panorama político español», aseguró.

Previamente, el 16 de diciembre de 2004, Chaves aseguraba con más solemnidad: «Me siento orgulloso de este impulso democrático porque hará que la luz, los taquígrafos y la transparencia sean parte inseparable de la actividad política. Estamos apostando por instaurar medidas para hacer la vida política más diáfana, hasta el punto de que sean irreversibles. Se trata de quemar las naves de la opacidad, cerrando así el paso a cualquier tentación futura de volver al pasado».

También el ex consejero Gaspar Zarrías declaró que de este modo se «dignificó» a los «asalariados de la política» andaluza, que a cambio de garantizarse una especie de sustitutivo del subsidio del desempleo se comprometieron a subir y a mantener alto el listón de las incompatibilidades, que les obligan a no participar en decisiones que puedan favorecer a empresas en las que tengan cualquier participación principal familiares.

Sin embargo, mientras que decenas de ex altos cargos de la Junta se han dignificado acogiéndose a los beneficios económicos de la normativa (que incluye también a los 109 parlamentarios autonómicos), la eficacia de ese régimen de limitaciones al ejercicio del poder y su correspondiente sistema sancionador está en entredicho desde el mismo momento y hora de que aún no se ha aprobado ninguna resolución que expulse del Gobierno andaluz a ningún asalariado de la política.

Dos presuntos casos de incumplimiento de las incompatibilidades son los que más repercusión social han tenido, por sus actores principales: Chaves y su hermano Leonardo, ex director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas. En ambos casos, la estrategia de la Junta fue la misma: restar valor a la firma del alto cargo , aun cuando sea la que aparezca en el BOJA bajo el incentivo o la adjudicación.

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«Hemos seguido todos los procedimientos públicos, se han publicado todos en el BOJA según el informe de los técnicos. Ha salido todo técnicamente limpio. Yo firmo la resolución, pero no informó ni influyó técnicamente», declaró Leonardo Chaves a EL MUNDO.

Además

* Las siete explicaciones de Manuel Chaves
* Opinión: Chaves abochorna a los demócratas y enfanga al Gobierno
* El alcalde de Almonaster dimitió a toda prisa para fichar por Matsa

ELMUNDO.ES