miércoles, 20 de marzo de 2013

"CASO DE LAS ITV"; ORIOL PUJOL DEJA SUS CARGOS EN CIU PERO SEGUIRÁ COMO DIPUTADO TRAS SER IMPUTADO


Oriol Pujol, junto a Artur Mas, en una sesión del Parlament. | Antonio Moreno
CORRUPCIÓN
"Delega" temporalmente a sus cargos en CiU en el Parlament y en CDC
Mantendrá, en cambio, el acta de parlamentario en la cámara catalana
Asegura que su decisión "está en las antípodas de 'envolverse en la senyera"
Aun así, no duda en referirse al 'juego sucio' contra el proceso soberanista

J. Oms | C. Álvarez | V. Mondelo | Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este martes la imputación por tráfico de influencias del portavoz parlamentario de CiU en el Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, por la conocida como 'trama de las ITV' que habría maniobrado para lograr adjudicaciones públicas en Cataluña.

La imputación responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual señala al hijo del ex presidente de la Generalitat como "colaborador necesario" de la trama.

En rueda de prensa de urgencia tras conocer su imputación, Pujol ha anunciado que renuncia temporalmente a sus cargos como presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament y como secretario general de Convergència Democràtica (CDC). Sin embargo, mantendrá el acta de diputado en el Parlament.

Durante su comparecencia, Pujol ha negado de nuevo "ni ser colaborador ni necesario en ninguna trama de las ITV". Además, ha añadido que su renucia temporal a sus cargos "está en las antípodas de envolerme con la senyera", señalando en todo momento que "nadie debe obstaculizar el proceso iniciado en Cataluña", en referencia a la soberanía reivindicada por el Govern de Artur Mas.

Aun así, y aunque desvinculándolo de su imputación, Pujol no ha dudado en mentar el "juego sucio" contra el mencionado proceso soberanista supuestamente motivada desde el Gobierno central.

El nacionalista ha añadido que "rechazar el acta de diputado hubiera sido una acción desmesurada, porque estar imputado no es ser culpable ni estar acusado". "Esa decisión incorporaría una dosis de culpabilidad que no se corresponde con la realidad", ha añadido. Pujol, también se ha escudado en que renunciar al acta de diputado "imposibilitaría la reversabilidad" de la decisión.

Además

"CASO DE LAS ITV"; EL JUEZ CREE QUE PUJOL USÓ SU "PESO POLÍTICO" PARA LOGRAR "BENEFICIO ECONÓMICO"


Oriol Pujol, junto a Artur Mas y Francesc Homs en una reunión de CDC. | D. Umbert
CORRUPCIÓN | Imputación por tráfico de influencias


C.Álvarez | V. Mondelo | J. Oms | Barcelona

En el auto judicial hecho público esta mañana por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se incluyen los indicios por los que Oriol Pujol habría usado su "peso político" con el "objetivo de obtener un beneficio económico, para él y para sus amigos o colaboradores".

En el escrito, de ocho páginas, se especifican los pasos que habría seguido el hasta hoy secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para facilitar el camino a sus socios para conseguir adjudicaciones de estaciones de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV) en Cataluña. Una estrategia que el TSJC dibuja en cuatro puntos.

El primero habría sido lograr que el secretario general de Empresa y Ocupación de la Generalitat nombrara a Josep Tous -otro de los imputados- como mediador de la Administración en el conflicto entre empresas para lograr las adjudicaciones. Según relata el escrito judicial, las conversaciones telefónicas revelan que Pujol era consciente de que Tous estaba a sueldo de dos empresarios implicados en la lucha por las ITV.

Además, Pujol también habría maniobrado para que la Secretaría General de Empresa y Ocupación nombrara a Isidre Masalles como subdirector de Seguridad Industrial, un cargo que le obligaba a decidir sobre la resolución de las adjudicaciones de las estaciones de ITV siguiendo, además, un plan diseñado por Tous.

Según el TSJC, Pujol también habría colaborado con Sergi Alsina -reconocido como su amigo personal-, Ricard Puignou y Josep Tous para llevar a cabo un plan territorial redactado por este último. Dicha estrategia consistía en "ampliar considerablemente" el número de estaciones en Cataluña y "se denegara" la autorización a una empresa rival, ITELVELESA.

Finalmente, Pujol habría "participado en la trama societaria" ideada para que todos los implicados "se beneficiaran, directa o indirectamente" a consecuencia del aumento de estaciones de ITV en Cataluña.

El TSJC apunta que Pujol llegó a "coordinar y dar instrucciones" a toda la trama de forma periódica, hasta el punto de aconsejar a un abogado de su confianza.

"CASO VOLTOR"; MARTORELL NIEGA LA CONTRATACIÓN IRREGULAR DE TRABAJADORES EN EL CONSELL

Antoni Martorell en los juzgados. | Alberto Vera

JUICIO | Los contratos fantasma de UM
El jefe de gabinete de Munar está imputado en una pieza separada de la causa

Efe | Palma

Antoni Martorell, el que fuera jefe de gabinete de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, ha negado hoy en los juzgados de Palma la contratación irregular de trabajadores en el Consell de Mallorca durante la legislatura 2003-2007.

Martorell ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Voltor ante la magistrada del juzgado de instrucción número 10, Carmen Abrines, que también había citado a declarar al ex director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, cuya comparecencia se ha aplazado al 22 de abril por un problema de su abogado.

La Fiscalía investiga en esta causa la presunta contratación irregular por parte de empresas afines a Unió Mallorquina de trabajadores de los que sospecha que, en realidad, trabajaban para el partido desde el Consell de Mallorca.

A raíz de lo declarado por otros imputados en el caso Voltor, se investiga si en contraprestación por su trabajo, a los empleados se les pagaba con nóminas de la empresa Network, donde en realidad no trabajaban.

Martorell no ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, pero sí a las de su abogado y ha explicado que dos de los trabajadores de quienes se sospecha su contratación irregular estuvieron trabajando en el Consell de Mallorca bajo su control, uno de ellos como diseñador gráfico y una mujer como administrativa, han informado fuentes jurídicas.

El ex jefe de comunicación del Consell de Mallorca ha detallado que para contratar a ambos, él se dirigió al departamento de personal de la institución y solicitó lo que necesitaba, pero no indicó a ninguna persona en concreto para los puestos vacantes. Ha dicho que no conocía anteriormente a los dos trabajadores que le enviaron.

También ha subrayado que los dos tenían los conocimientos oportunos para llevar a cabo la función para la que se les requería, por lo que estuvo conforme con contratarles y ha añadido que es normal en la administración contratar a trabajadores a través de empresas externas.

Martorell ha afirmado que solo trabajaron para el Consell de Mallorca y nunca para UM, y ha detallado que su jornada laboral era de 8 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

El exjefe de gabinete de Munar ha insistido en negar que estos dos empleados trabajaran para UM y ha asegurado que él era militante del PSM y que se hizo de UM a finales de 2006, siempre como militante de base.

La defensa de Martorell prevé solicitar el archivo de la causa en lo que se refiere a él.

También han declarado hoy como testigos los padres de uno de los trabajadores, a quienes se ha preguntado por su relación con la expresidenta Munar y si esta medió para conseguirle un empleo a su hijo, tal como él declaró.

La madre del trabajador ha explicado que fue militante de UM varios años y regidora en el Ayuntamiento de Alcúdia, por lo que conocía a Munar y en un evento al que acudió la expresidenta le pidió trabajo para su hijo, que acababa de estudiar diseño gráfico y no encontraba empleo en esta localidad.

La mujer ha negado que Munar se ofreciera a darle trabajo a cambio de que ayudara en el partido y ha detallado que, igual que a la expresidenta insular, le requirió un empleo para su hijo a mucha más gente.

También el padre ha dicho que estuvo afiliado a UM y ha explicado que no relacionó la petición de empleo de su mujer con el hecho de que a su hijo le llamaran para trabajar en el Consell de Mallorca.

PIDEN SIETE AÑOS PARA EL EXALCALDE DE GARRUCHA POR PREVARICACIÓN Y EXTORSIÓN

AMERÍA | A una empresa constructora
Presionó respecto al convenio urbanístico suscrito para construir 138 pisos
También se enfrenta a 47 años de inhabilitación para cargo público

Europa Press | Almería

Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha (Almería), Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.

Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz.

La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia -sostiene- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

"TRAMA DE LOS ERE"; ANTICORRUPCIÓN VUELVE A PEDIR EL INGRESO EN PRISIÓN DE GUERRERO POR "RIESGO DE FUGA"

Francisco Javier Guerrero (izquierda), junto a su abogado en las puertas del juzgado. | Efe
'Operación Heracles'
Anticorrupción vuelve a pedir el ingreso en prisión de Guerrero por 'riesgo de fuga'
El delegado de Empleo ha declarado durante cerca de tres horas
Anticorrupción cree que también podría destruir pruebas del caso
Asegura a su salida de los juzgados que está "igual de tranquilo que siempre"

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Así lo han informado fuentes del caso al término de la declaración de Guerrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha prolongado durante cerca de tres horas y durante la que ha respondido a las preguntas de la magistrada desoyendo el consejo de su abogado, Fernando de Pablo.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos -sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil-, tras lo que permaneció más de siete meses en Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

La comparecencia de Guerrero, que ha concluido pasadas las 17 horas, corresponde a la parte de la causa que permanece bajo secreto de sumario y en ella han estado presentes la propia Alaya, los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado Fernando de Pablo.

Guerrero, que continúa a la espera de que la magistrada dicte el auto en el que acepte o no la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha declarado a los periodistas congregados a las puertas de la Audiencia Provincial que se encuentra "igual de preocupado que siempre", aunque ha admitido que no se trata de una "situación agradable".

También ha desvelado que ha prestado declaración ante la juez Alaya, que se ha interesado por "cosas que ya me habían preguntado antes" y también por "otras que hemos ampliado".

En principio está previsto que nuevos imputados presten declaración este miércoles ante la juez Mercedes Alaya.


Además
El escándalo del saqueo institucionalizado

elmundo.es

"TRAMA DE LOS ERE"; LA GUARDIA CIVIL DETIENE EN SIETE PROVINCIAS A 20 PERSONAS POR LOS ERE Y REALIZA 13 REGISTROS


La Guardia Civil en la puerta de uno de los despachos que están siendo registrados. | J. Morón
La juez Alaya cita a 9 imputados en la causa
Esta fase de la investigación se ha centrado en las empresas 'mediadoras'
La Guardia Civil registra los despachos de las empresas y de algunos abogados
La mayoría de los detenidos son mujeres; algunas, esposas de los implicados
En Barcelona se han producido nueve detenciones
Javier Guerrero es uno de los imputados que la juez Alaya ha citado a declarar

S. Torres / A. Salvador | Sevilla


La Guardia Civil ha detenido por el momento a 20 personas en relación con los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y ha realizado 13 registros. La operación se está desarrollando desde primera hora de esta mañana en siete provincias de cuatro comunidades autónomas y está relacionada con el desvío de las comisiones pagadas con el fondo de reptiles.

Nueve personas han sido detenidas en la provincia de Barcelona, cinco en la de Sevilla, tres en Cádiz, dos en Madrid y una en Las Palmas. Fuentes de la UCO han señalado a este periódico que, además, están pendientes de practicar dos detenciones. La mayoría de los detenidos son mujeres y, algunas de ellas, esposas de algunos de los implicados en la trama de los ERE. Entre ellos está al menos Eduardo Leal del Real, otro de los supuestos testaferros para el desvío de fondos, según informa Efe.

De los registros, tres se han realizado en Sevilla, donde se está a la espera de un cuarto en un edificio de la Plaza Nueva que permanece custodiado por la Guardia Civil, tres en el municipio jienense de Albanchez de Mágina, otro en Jaén capital, dos en Jerez de la Frontera y dos en Granada.

La operación está siendo coordinada desde el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que dirige la juez Mercedes Alaya, y que ha citado además como imputadas a otras nueve personas, además de los detenidos. Entre estos imputados están el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, que está a la espera de declarar desde las diez de la mañana; su antiguo chófer Juan Francisco Trujillo, que declarará este jueves; el supuesto conseguidor y ex sindicalista jenense Juan Lanzas; la esposa de éste; el abogado sevillano Carlos Leal, y los responsables de las empresas mediadoras Vitalia, Antonio Albarracín, y Uniter, José González Mata.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid se han desplazado a Andalucía y a otras comunidades autónomas por esta operación, que se está desarrollando en estos momentos por el orden de "primero registros y después detenciones".

En Sevilla, la UCO ha registrado oficinas del edificio Viapol, en la calle Balbino Marrón, el mismo edificio donde se encuentran los Juzgados de Primera Instancia, y otras del edificio Generali, en la Plaza Nueva, donde tiene su sede en Sevilla, entre otras empresas, Uniter.

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla mantiene el secreto del sumario sobre los ERE, en concreto, sobre las investigaciones de la UCO que está siguiéndole el rastro al dinero pagado en comisiones a mediadores. Actualmente está en prisión Juan Francisco Algarín Lamela, considerado por los investigadores testaferro u hombre de paja que habría colaborado para desviar dinero público.

Los implicados
En Jerez de la Frontera, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede de la empresa Seguros Uniter, en el número 58 de la calle Larga de esta localidad gaditana. El propietario de la compañía ha sido imputado en el caso de los ERE, puesto que la empresa, presuntamente, habría planteado expedientes de regulación de empleo para sus empleados, a los que supuestamente pagaba subvenciones para después recibir el propietario comisiones por ello.

Guerrero espera en las puertas del juzgado para declarar. | C. Márquez
Precisamente, el administrador de esta firma, José González Mata, está citado a declarar ante la juez Alaya el próximo sábado a las 17 horas. Aunque no está formalmente detenido, según ha sabido ELMUNDO.es, los agentes le han requisado su teléfono móvil.

Por su parte, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa y que se encontraba en libertad bajo fianza, ha recibido esta mañana a las 8.30 horas en su domicilio una citación, de manos de la Guardia Civil, para declarar esta misma mañana ante la juez Mercedes Alaya. Estaba citado a las 10 horas, pero ha entrado pasada las 14.20 horas.

Por otro lado, también ha sido citado a declarar el abogado Carlos Leal, socio director del bufete Estudios Jurídicos Villasís, que ya estaba imputado, igual que González Mata y Guerrero.

Entre los detenidos, se encuentra la esposa de Antonio Albarracín, comercial de la aseguradora Vitalia imputado por los ERE falsos, tras el registro de su domicilio en Madrid, según informa la agencia Efe. La mujer será llevada ante la juez Mercedes Alaya esta misma tarde, donde está citada a las 18 horas.

El propio Albarracín, que ya estaba imputado en las actuaciones, también ha pedido comparecer voluntariamente y ha emprendido viaje a Sevilla, donde espera declarar a las 19 horas, han añadido las fuentes.

También ha sido citado para declarar ante la juez este jueves Daniel Ponce, ex subdirector de Mercasevilla, que ya estaba imputado en la causa.

Los ideólogos
La citación de Guerrero se produce tras la aparición de nuevos indicios aportados por la Guardia Civil de su supuesta implicación en este asunto. Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, que han señalado que la magistrada también ha citado al ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como "conseguidor" en los ERE. Ninguno de los dos está detenido.

Según las investigaciones, Lanzas ideó un sistema para usar empresas pantalla con las que "introducir en el sistema financiero, dotando de apariencia de legalidad", el dinero de las comisiones que aplicaba a las pólizas de seguros financiadas por la Junta.

Relacionado con Guerrero, principal imputado en el caso, y con Lanzas, se están llevando a cabo registros domiciliarios en Jaén y en la localidad jienense de Albánchez de Mágina.

Entre los detenidos sí se encuentra, sin embargo, Eduardo Leal del Real, un presunto testaferro en la trama, socio de Juan Francisco Algarín Lamela, en libertad bajo fianza, en las tres empresas que los investigadores consideran 'pantallas', a través de las cuales Juan Lanzas cobraba, presuntamente, sus comisiones.

Otro de los citados por la juez Mercedes Alaya ha sido Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director general de Trabajo Javier Guerrero, y que ya estaba imputado, informa la agencia Efe. Trujillo, residente en Jaén, está citado este jueves a las 19 horas en el jugado de instrucción 6 de Sevilla.

Durante su declaración como imputado en marzo de 2012, Trujillo dijo a la juez que viajó al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger sobres con dinero para su jefe, el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que también está citado en esta nueva ronda.

Se trataba presuntamente de comisiones que la mediadora Vitalia le abonaría a Guerrero por sus gestiones para la contratación de las pólizas de los ERE.

Según su declaración, en una ocasión se encontró en la estación de Atocha con el director general de Vitalia, el imputado Antonio Albarracín, que le entregó un sobre de tamaño folio doblado por la mitad, conteniendo "billetes grandes" y un grosor de dos dedos.

Mediadores
Según ha sabido ELMUNDO.es, entre los detenidos en la operación se contarían también varios ex directivos y ex trabajadores del Grupo Vitalia, unas de las dos compañías que participaban en la mediación ante la Junta de Andalucía y que, según los investigadores, percibían por su trabajo comisiones desorbitadas, muy por encima de los precios de mercado.

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