martes, 14 de abril de 2009

LA FISCALÍA SOLICITA AL TSJ QUE ASUMA LA RAMA VALENCIANA DEL "CASO GÜRTEL"



CASO GÜRTEL /INVESTIGACIÓN





















Ricardo Costa y Francisco Camps en el comité ejecutivo del PP | Benito Pajares

* Anticorrupción pide al TSJ valenciano que tome declaración a Camps y Costa
* 'El sastre' afirmó entregar prendas a Costa en su domicilio de Castellón

Agencias | Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso 'Gürtel'.

En un escrito remitido a la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal valenciano, Anticorrupción pide que se interrogue a los dos aforados y considera que los hechos que deben ser investigados por el TSJCV son "exclusivamente los atribuidos a ambos".

Estos hechos, según concreta, consisten en la "recepción de dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa sin que, en el momento presente y sin perjuicio de lo que resulte de la posterior investigación, resulten "vinculados a una concreta actividad" del entorno de Francisco Correa.

Al respecto, el escrito de Fiscalía señala que existe "abundante documentación aún sin examinar", intervenida tanto en las sedes de Madrid como en la de Valencia, de las empresas del denominado grupo 'fcs' (Francisco Correa).

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada recuerda, además, que "la competencia para conocer de dichos hechos correspondería al TSJCV".

Sobre Camps y Costa

Sobre Camps, el informe concreta que la documentación intervenida parece reflejar la recepción de distintas prendas de vestir de las tiendas Milano y Forever Young abonadas por el entorno de Correa. El valor de las prendas atribuidas al presidente valenciano de Milano ascendería a 4.700 euros y las de Forever Young a 8.073,5 euros.

Sobre este asunto, y sobre las prendas de vestir que presumiblemente recibió Costa, subraya la Fiscalía que "existe abundante documentación aún sin examinar, intervenida tanto en las sedes de Madrid como en la de Valencia, de las empresas del denominado grupo 'fcs' (Francisco Correa). Recoge que el sastre José Tomás García, en sus distintas declaraciones, afirmó haber entregado a Costa distintas prendas de vestir en su domicilio de Castellón.

Según recordó el TSJM en el auto en el que asumió la competencia del caso, el criterio del propio Tribunal Supremo (expresado en la sentencia dictada en 1996 contra la Mesa Nacional de HB) señala que cuando en una misma causa aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes "corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el conocimiento de la causa". Este ejemplo sería aplicable al 'caso Gürtel'.

Por ello, y a este respecto, Anticorrupción señala que los hechos atribuidos a Camps y Costa son escindibles de la causa principal y que, en el estado actual del procedimiento, aún no puede decirse que existan aforados de la Comunidad Valenciana que hagan aplicable a día de hoy dicho criterio para respaldar que la causa pase al Supremo.

ELMUNDO.ES

EL PP SE PLANTEA LLEVAR A LA FISCALÍA EL COBRO IRREGULAR DEL SERVICIO DE GRÚA MUNICIPAL

ALGECIRAS | La empresa pretende renovar la concesión

Alberto Espinosa | Algeciras

Los ciudadanos de Algeciras siguen atónitos el conocido como 'caso de la grúa municipal', una vez que el PSOE -grupo mayoritario en el gobierno- ha reconocido que había irregularidades en el cobro del servicio de recogida de vehículos. Un asunto que el PP llevará ante la Fiscalía, si los socialistas no lo hacen.

Así lo ha anunciado el portavoz popular, José Ignacio Landaluce, que ha culpado directamente al alcalde, Tomás Herrera, de la situación, antes de señalar que su formación no descarta trasladar el caso a los tribunales de justicia, “si no lo hace él”.

Landaluce ha criticado que los portavoces del PSOE en el Ayuntamiento algecireño, Diego Sánchez Rull e Isabel Beneroso, "reconozcan el problema y dijeran el lunes que su compañera ha denunciado el mismo, y no han hecho nada en los últimos meses”. Y es que Sánchez Rull y Beneroso admitieron en sus declaraciones las irregularidades en el cobro, ya que cada servicio se aumentaba en 12 ó 13 euros sobre el precio aprobado en el pleno, que ronda los 42 euros. Un sobrecoste que podría llevar efectuándose desde hace hasta tres años.

A pesar de ello, según ha anunciado el líder de la oposición en Algeciras, “la empresa se ha presentado el concurso para la nueva concesión y ha quedado tercera” en el mismo.

A la vista de los hechos, José Ignacio Landaluce ha reclamado claridad y transparencia a los dirigentes locales. “No tenemos más información que la que dan los medios de comunicación, y eso que, con diez concejales, representamos a un número importante de ciudadanos”, ha recordado.

El PP ha solicitado que se convoque, de manera urgente, la 'comisión de seguimiento a la gestión del alcalde'.

El también diputado se ha preguntado igualmente por los motivos que llevan a Herrera a “ser presunto cómplice de esta situación. Lo que han dicho sus compañeros es muy grave” y "dejan en mal lugar al alcalde", ya que "lo sabía y no ha hecho nada".

Para Landaluce, lo que está ocurriendo es "muy grave", por lo que ha insistido en saber "los motivos por los que se le permitió a esta empresa optar nuevamente a la concesión del servicio cuando estaba bajo sospecha".

"La responsabilidad de Garrido es relativa, ya que, según dicen sus compañeros, trasladó la información al alcalde", ha destacado.

ELMUNDO.ES

CORREA EXPLOTÓ 32 LOCALES COMERCIALES EN BOADILLA DURANTE TRES AÑOS SIN PAGAR




Y eso que le pusieron un precio de amigo, muy por debajo del de mercado

Una de las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, dejó sin pagar durante tres años un concesión del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde se destapó la trama bajo el mandato del también imputado Arturo González Panero, para construir y explotar 32 locales comerciales en una de las mejores zonas del municipio. Correa consiguió un precio de 320.000 euros anuales, que después se rebajaron a 81.000, aunque lo cierto es que desde que se hizo la concesión en 2005, hasta que se destapó la trama en 2008 sus empresas no habían realizado ningún pago, según consta en las memorias de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

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Entre los múltiples negocios que Francisco Correa llevó a cabo en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) antes de que Arturo González Panero dejara la alcaldía al aparecer como uno de los imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, figura la construcción y explotación de 32 locales en una de las mejores zonas comerciales de la localidad por los que las empresas del principal imputado nunca pagaron en los tres años en que se ocuparon de ellos. Según publicó hoy El País, hasta el 31 de diciembre de 2008, tres años después de que Panero hiciese la concesión, las empresas del principal imputado en la trama no habían hecho ningún pago según la memoria de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

Muy por debajo del precio de mercado
El negocio comenzó en septiembre de 2005 cuando la EMSV, cuyo gerente era entonces el diputado regional del PP Alfonso Bosch, también imputado en esta operación por Baltasar Garzón, otorgó a la compañía Rústicas MBS la explotación de 32 locales con un coste anual de 320.000 euros. El precio estaba muy por debajo del fijado por el mercado, ya que se estima que por los mismos locales se podrían haber llegado a pagar 650.000 euros anuales.

Alquiler de locales y aparcamiento
La empresa de Correa, que pronto pasó a llamarse Artas Consultoría y que estaba administrada por el también imputado José Ramón Blanco Ballín, completaba este negocio definido por el propio empresario como una buena oportunidad para “llevarse unas pesetillas”, con el alquiler de dos de los locales y de un aparcamiento por los que percibía al año 199.000 euros. Además, Rústicas MBS primero y Artas Consultoría después no llegaron a efectuar ningún pago por la explotación de los locales a la EMSV.

Rebaja del pago anual
Con todo, en abril de 2008, Artas Consultoría consiguió una rebaja del canon anual, que pasó de los 320.000 euros fijados a costar 81.000. A la oposición se le justificó esta rebaja alegando que la concesionaria debía realizar obras de reforma en el aparcamiento y construir dos rampas de acceso. Todos los datos, así como los impagos, están recogidos en la memoria de la EMSV, un documento que jamás salía a la luz antes de las dimisiones de Panero, Bosch, José Galeote y Tomás Martín Morales, todos ellos salpicados por la trama y miembros de esta corporación.

El PSOE pide una auditoría
El portavoz socialista de Boadilla, Pablo Nieto, ha solicitado ya al Consejo de Administración de la EMSV una auditoría entre los años 2003 y 2008 para aclarar la presunta vinculación de la dirección de este organismo municipal con la trama. Además, su grupo ha exigido ya la inmediata rescisión del contrato con las empresas de Correa.

ELPLURAL.COM

REGALOS MADE IN GRANADOS BAJO SOSPECHA


El señor del ladrillo de Valdemoro colaboró en la campaña municipal del PP con aceite para los vecinos

El actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y número dos del PP madrileño, Francisco Granados, fue reelegido a la alcaldía de Valdemoro en 2003 después de una intensa campaña en la que no faltaron los regalos promocionales a los vecinos. Además de los típicos mecheros o gorras, la campaña con el eslogan Francisco Granados 100% Valdemoro incluyó como punto fuerte la distribución de 20.000 botellas de aceite de oliva, una por cada habitante del municipio.

La revista Interviú ha desvelado que el albarán de entrega del aceite se facturó a una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, un constructor de la localidad estrechamente vinculado a Granados. La Ley de Partidos limita a 6.000 euros el máximo que una empresa o un particular pueden donar a una formación, un valor ampliamente excedido por el coste de ese pedido. Desde el entorno de Granados alegan que el empresario pudo comprar el aceite “para él”, pero no tienen las facturas que acrediten que pagaron aquel pedido. Además, miles de folletos del PP figuran como pagados por el Ayuntamiento, y no por el partido.

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El PP regaló en la campaña electoral de Valdemoro 5.000 litros de aceite de oliva virgen La Española distribuidas en 20.000 botellas de cuarto de litro. La compañía aceitera dueña de la marca, Aceites del Sur, que cuenta con una sede logística en Valdemoro, entregó un pedido de 5.000 litros durante la campaña a Distribuciones y Servicios Cid, una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, según figura en el albarán de entrega al que ha tenido acceso Interviú.

Desde el PP apuntan que fueron "para él"
Desde el entorno de Granados aseguran que ese aceite puede no ser el mismo que el PP repartió y que quizá el empresario lo pidió “para él”, pero no muestran la factura que acredita el pago por parte del partido de aquel aceite regalado en campaña. Además, el albarán de entrega a la empresa de Cid está firmado por un miembro del equipo electoral de Granados.

Vínculos con el constructor aceitero
La estrecha relación entre el constructor Cid y el ex alcalde Granados –que el mismo año de su reelección en 2003 se marchó a la Asamblea de Madrid de la mano de Esperanza Aguirre- ha salido a la luz con anterioridad en diversas ocasiones. Así, el grupo empresarial de Cid es el que está construyendo un palacete en Valdemoro para Granados, y también el mismo bajo el que figuraba la inscripción del coche de la esposa de popular que ardió en extrañas circunstancias. Estos días, David Merino, ex directivo de la constructora DICO, ha ratificado ante el fiscal Miguel Herranz sus acusaciones contra diversos alcaldes populares de Madrid de recibir astronómicos sobornos de su constructora. Merino se ha referido a Granados como “el tío más sucio del mundo”.

¿Folletos del PP pagados por el Ayuntamiento?
También en la campaña de 2003 y según ha comprobado Interviú, el Ayuntamiento de Valdemoro del PP figura en un albarán como el cliente que recibió 5.000 folletos de promoción de Granados por parte de la imprenta Monterreina. La portavoz de Granados asegura que los gastos de campaña los sufragó el PP y no el Ayuntamiento, pero no mostró tampoco las facturas de esos 5.000 folletos.

"Un grave delito"
La líder del PSOE en Valdemoro, Margarita Peña, considera que Granados “tendrá que dar explicaciones” y que “si el Ayuntamiento y un empresario pagaron gastos de la campaña del PP estaríamos ante un grave delito de financiación irregular”.

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VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL


Amplió un contrato con su constructora Begar sin sacar las nuevas obras a concurso

Los informes de los técnicos municipales desfavorables no parecen un obstáculo para que el empresario José Luis Ulibarri, uno de los implicados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel, consiga jugosos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado con mayoría absoluta del PP desde 1995. Ayer El Plural ya informaba de algunas de estas adjudicaciones. Hoy ha salido a la luz otro escandaloso caso: el consistorio de Francisco Javier León de la Riva otorgó un concurso a Begar, la empresa del magnate castellano-leonés para ampliar el museo de Colón en la ciudad. Tres semanas después ampliaba este contrato adjudicando a la sociedad nuevas obras de remodelación del centro sin sacar éstas a concurso y pese a que la Secretaría del Consistorio emitió un informe en el que dudaba de la legalidad de la ampliación del contrato.

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Son muchas las ciudades y municipios de Castilla y León que han beneficiado al magnate José Luis Ulibarri, ahora imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel que salpica al PP, con jugosos contratos y adjudicaciones. Valladolid, gobernada desde 1995 con mayoría absoluta por el popular Francisco Javier León de la Riva es uno de los feudos de este empresario, del que ha recibido desde 2003 cerca de 22 millones y medio de euros en adjudicaciones. El diario Público recoge hoy uno de los contratos más polémicos entre el Ayuntamiento y el empresario.

Adjudicación para las obras de ampliación
Se trata de la adjudicación que se hizo a Begar, el conglomerado de empresas de Ulibarri, para ampliar el museo Casa Colón con motivo de la celebración de quinto centenario de la muerte del descubridor. Las obras de ampliación salieron a concurso con un precio de licitación de 1,73 millones de euros, y optaron a su ejecución dos empresas además de Begar, todas con ofertas inferiores a dicho precio. La adjudicataria fue la sociedad de Ulibarri, que proponía un coste de 1,5 millones, una rebaja de un 13 por ciento sobre el precio propuesto por el consistorio.

Nueva adjudicación sin concurso
Sin embargo, sólo tres semanas después los honorarios de Begar se vieron incrementados con creces: a la empresa se le adjudicaron también otras obras de remodelación de la casa museo que no estaban previstas en un principio, y por las que se pagaron 930.000 euros más. En este caso, las obras no salieron a concurso, pese a la oposición de la Secretaría del Ayuntamiento, que emitió un informe en el que subrayaba la importancia de que la nueva adjudicación saliera de nuevo a concurso público.

Informe desfavorable de la Secretaría
La Secretaría apuntaba en su informe sus dudas sobre la legalidad de ampliar el contrato sin publicitar y sin convocar un nuevo concurso. Según señalaban, ambos contratos deberían haberse licitado conjuntamente, ya que de otro modo se ponía en duda el cumplimiento de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Carpetazo de la Junta de Gobierno
Sin embargo, la Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por miembros del PP, dio carpetazo al asunto alegando que no era necesario sacar estas obras a concurso, sino que era mejor que las asumiera directamente Begar, a la que ya se habían dado las primeras obras, para terminar antes los trabajos. De hecho, el consistorio aprobó la nueva adjudicación a Ulibarri y en las actas ni siquiera mencionó el informe desfavorable de la Secretaría.

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EL BIGOTES ORGANIZÓ UN MITIN DE MARIANO RAJOY EN ELCHE EN LA CAMPAÑA PARA LAS GENERALES DEL 9-M





Fotos que demuestran la relación de los populares con la trama corrupta, incluso después de 2004

Mariano Rajoy aseguró que había roto en 2004 relaciones con las empresas de Correa porque le habían comunicado que estaban utilizando "indebidamente" el nombre del partido. Sin embargo, después de esa fecha, empresas de la trama corrupta siguieron organizando actos del Partido Popular. El Plural les muestra las obtenidas en un mitin del propio Rajoy en Elche, celebrado el 28 de febrero de 2008, en plena campaña para las elecciones generales del 9 de marzo.




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Según el blog Trajes para todos, El Bigotes organizó el mitin que Mariano Rajoy celebró en la Institución Ferial Alicantina situada en el municipio de Elche el jueves 28 de febrero de 2008. En concreto, Álvaro Perez, imputado en el caso Gürtel, habría organizado todo el entramado que conllevó este mitin y mantuvo contacto con importantes dirigentes del PP. Así lo demuestran varias fotografías.

¿Más actos?
Este blog también apunta que El Bigotes pudo organizar una parte del almuerzo-mitin que se celebró en un restaurante del Parque Municipal el jueves 29 de marzo de 2007 o el acto celebrado en el Centro de Congresos de Elche el sábado 19 de abril de 2008.

Estrechas relaciones con el PP ilicitano
Hace unos días, salió a la luz una imagen en la que aparecía Mercedes Alonso, presidenta del PP de Elche y portavoz del grupo municipal popular en la capital ilicitana, con Álvaro Perez. Ahora, estas nuevas fotografías demuestran la estrecha relación que existió entre El Bigotes y el Partido Popular de Elche.

Hombre fuerte de Correa en Valencia
Los tentáculos del Bigotes se extendieron no sólo en Elche, sino en toda la Comunidad Valenciana. Como contó El Plural el pasado 30 de marzo, Correa le hizo responsable del negociado valenciano, aprovechando sus habilidades para las relaciones públicas. Y no se equivocó al convertirle en su hombre fuerte en la zona ya que se granjeó muy buenas relaciones en la cúpula del PP. El propio Camps llegó a asistir a su boda junto al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa y el director general de Canal 9, Pedro García.

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ROCA RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL PARA QUE ANULE LAS ESCUCHAS DEL CASO "URQUÍA"


Corrupción en Marbella

* La sentencia rebaja la pena de un año de prisión al pago de 36.900 euros

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La representación legal de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal destapada en Marbella con la operación 'Malaya', planteará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el pago de 73.800 euros por parte de Roca al ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, a cambio de determinadas resoluciones judiciales.

La sentencia es ya de por sí extraordinariamente favorable a los intereses de Roca, ya que ha rebajado la pena de un año de prisión impuesta en agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al pago de 36.900 euros, sustituibles por una responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de cárcel, algo ridículo si se tiene en cuenta que Roca lleva en prisión desde marzo de 2006.

Roca, que en su día mostró su conformidad con la sentencia de un año de prisión dictada por el TSJA, se ha visto nuevamente beneficiado, esta vez por la decisión del Supremo de aplicar al juez Urquía un artículo más favorable del Código Penal en cuanto al delito de cohecho por el que se le había condenado en primera instancia.

En concreto, el alto tribunal ha considerado que el magistrado –suspendido cautelarmente desde julio de 2007– no prevaricó al dictar resoluciones judiciales favorables a Juan Antonio Roca, como la suspensión de un programa de televisión crítico con su persona.

Al suprimir de la condena el delito de prevaricación, el Supremo ha aplicado a Urquía el artículo 425.1, y a Roca como coautor del mencionado cohecho, el artículo 423.2, lo que ha dejado las condenas en sendas cantidades económicas, y en el caso de Urquía, además, en 21 meses de suspensión que ya había cumplido.

Tras la sorprendente sentencia del Supremo, la representación legal de Roca pretende llevar el caso todavía más lejos y recurrir ante el Constitucional, alegando que en la instrucción del caso se vulneraron derechos constitucionales de Roca tales como el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad mediante la práctica incorrecta de las escuchas telefónicas.

El equipo jurídico de Roca, liderado por el letrado José Aníbal Álvarez, sostiene que a las intervenciones telefónicas practicadas en torno al ex asesor de Urbanismo tuvieron acceso hasta 72 policías, a través de los sistemas telemáticos de la Policía, que en teoría deberían tener un acceso restringido mediante las oportunas claves.

De prosperar en el Constitucional el recurso de los abogados de Roca las escuchas serías anuladas, y el presunto cerebro del caso Malaya se vería de nuevo beneficiado en el presente caso, pero también a posteriori por la repercución que estas decisiones del Supremo y el Constitucional puedan tener en las futuras actuaciones judiciales del caso Malaya.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que el hecho de que por abonar 73.800 euros a Urquía sólo se haya condenado a Roca a 15 días de cárcel influirá a buen seguro en el tipo de cohecho que se aplique a la hora de calificar y enjuiciar los pagos efectuados por Roca a ex concejales del Consistorio marbellí, y los realizados por los empresarios implicados en el caso al propio Juan Antonio Roca a cambio de la aprobación de determinadas licencias y convenios.
Juicio de 'Malaya'

El procedimiento judicial abierto a raíz de la operación 'Malaya' se encuentra actualmente pendiente de que el juez instructor resuelva los recursos presentados por numerosas partes contra el primer y el segundo auto de procesamiento, éste último dictado en marzo por el magistrado, y que amplía a 102 el número de imputados, que inicialmente estaba en 86.

El juez Óscar Pérez tendrá que practicar además diligencias solicitadas por diferentes partes, entre ellas por la representación legal del propio Juan Antonio Roca, y ordenar en un auto la conclusión del sumario, que será entonces remitido hasta la Audiencia Provincial, que deberá señalar una fecha para el comienzo de la vista oral.

Fuentes de la propia Audiencia Provincial consultadas por este diario sitúan el inicio del juicio en el primer trimestre del año 2010. Para esa fecha se prevé que estén ya concluidas las dos macrosalas que van a levantarse de forma provisional en los aledaños de la Ciudad de la Justicia, destinadas a dar cabida a macrojuicios como Malaya o Ballena Blanca en un espacio lo suficientemente amplio e independiente en accesos y funcionamiento del resto del complejo.

ELMUNDO.ES

ANTICORRUPCIÓN RECOMIENDA SEGUIR INVESTIGANDO A BÁRCENAS Y GALEOTE


La Fiscalía exige que se investigue y tome declaración a Camps y Costa

JOSÉ MARÍA GARRIDO

La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este martes que aún no hay indicios suficientes para imputar en el caso Gürtel al tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote. (en la foto) Por tanto, de momento no se elevará la causa al Tribunal Supremo.

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Así, serán los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia los únicos órganos competentes para asumir la investigación sobre la supuesta trama de corrupción vinculada con el Partido Popular. Pese a todo, la Fiscalía aboga porque se siga investigando a Bárcenas y Galeote, "especialmente teniendo en cuenta la abundante documentación aún por examinar".

Acusaciones gravísimas
Cabe recordar que el juez Garzón acusó a Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros por parte de Correa. Por su parte, según el magistrado de la Audiencia Nacional, Galeote habría percibido “directa o indirectamente” otros 625.000 euros de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular y varios coches de lujo.

Investigación a Camps
Por otro lado, el fiscal considera que el TSJ de Valencia debe investigar los hechos atribuidos a los aforados Francisco Camps y Ricardo Costa, consistentes en la recepción de dádivas de alguno de los imputados en el caso Gürtel, a quienes solicita que se debe tomar declaración, informa la agencia Efe.

Indicios contra 3 diputados
Por su parte, el TSJ de Madrid ya se declaró competente el 31 de marzo para instruir el caso Gürtel. En un auto, el tribunal apuntó que tres diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid -Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch- podrían haber cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Importantes cantidades de dinero
En concreto, el TSJM cree que estos tres diputados populares podrían haber recibido "importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas con imputados en la causa seguida en dicho Juzgado Central de Instrucción".

jmgarrido@elplural.com

LA FISCALÍA SIGUE SIN VER INDICIOS SUFICIENTES CONTRA BÁRCENAS Y GALEOTE EN EL "CASO GÜRTEL"



Luis Bárcenas (i) y Gerardo Galeote (Efe).

ESPAÑA







Luis Bárcenas, Gerardo Galeote, PP

@Carlota Guindal.

La Fiscalía no quiere llevar el 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo. De los cuatro informes que ha realizado a lo largo de la investigación todos apuntan lo mismo. No hay suficientes indicios para imputar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote y, por tanto, la investigación debe quedarse en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

En contra de la propia postura del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y del TSJ de Madrid, que ambos defendían la opción de enviar la causa al Supremo, el Ministerio Público acaba de enviar su último informe a los TSJ de Madrid y Valencia, sobre la competencia para que se queden con el caso, y recoge que es "más oportuno procesalmente" esperar al avance de la investigación para imputar a Bárcenas y Galeote.

La Fiscalía Anticorrupción dice que no es suficiente con las siglas L.B., o "Luis el cabrón", y G.G. para imputarles. De Bárcenas afirma que "en el estado actual no cabe sino reiterar lo expuesto sin perjuicio de que, a lo largo de la instrucción, aún en estado inicial, aparezcan datos que permitan identificar la persona que aparece tras la iniciales L, LB así como el origen de los cobros".

En el auto dictado por Garzón el pasado 31 de marzo, en el que abandonaba la investigación, recogía que el tesorero 'popular' pudo recibir de la organización liderada por Francisco Correa hasta 1.353.000 euros. El magistrado recoge que hay otros indicios, además de las siglas, para presuponer que L.B. es Luis Bárcenas como unas grabaciones de Correa, entregadas por el también imputado Alvaro Peña, en las que reconocía que hizo entregas de dinero a Bárcenas en la sede principal de partido en la calle Génova (Madrid) y en su casa, en efectivo, de obras u adjudicaciones, y que el dinero lo sacaron a un paraíso fiscal.

Garzón también acredita su identidad por declaraciones judiciales de varios imputados que reconocieron que "Luis el cabrón", aparecida en varia documentación, hace referencia a Bárcenas. Esa expresión era pronunciada por los miembros de la organización en las reuniones a las que se hace referencia en la causa, y ello porque no les daba trabajo y les había cortado el que tenían.

En lo que se refiere a Gerardo Galeote, que podría haber cobrado 628.310 euros de la trama, la Fiscalía Anticorrupción señala que "no concurren indicios bastantes de criminalidad" contra él para enviar la causa al Supremo. Dice que para acusarle de un delito es imprescindible "una más profunda instrucción que se extienda, entre otras cuestiones, el motivo de los pagos eventualmente percibidos por los aforados".

Contra el criterio de Garzón

Para el Ministerio Público no es suficiente el informe de la Policía Judicial que hace un análisis de las cuentas donde consta las entregas efectuadas, donde figura la anotación "G.Galeote", ni por la relación "directa" con Correa, así como de éste con personas vinculadas familiarmente a Gerardo Galeote, como su padre, al que uno de los imputados reconoce que ha llevado sobres tanto a su domicilio como al trabajo por orden del cabecilla de la trama. Tampoco tiene en cuenta que las empresas de Correa han organizado eventos para el PP Europeo en julio de 1999 y la campaña del Parlamento Europeo de ese mismo año.

Y por último, la Fiscalía no tiene en cuenta la afirmación de Garzón sobre que "la conducta presunta, pero concreta, de los dos aforados se habría desarrollado en el seno de la organización liderada por Francisco Correa en la que aquéllos estarían integrados y prestarían los servicios requeridos por éste, en función de su posición cualificada o estratégica en el partido político al que pertenecen, favorecedora de los intereses económicos de aquél y de las empresas que controla, por lo que habrían recibido, en un período temporal concreto, diversas cantidades de dinero".

Mientras no se obtengan los suficientes datos para inculparles, la Fiscalía considera que el TSJ de Madrid debe investigar la parte de los hechos ocurridos en la Comunidad y el TSJ de Valencia investigue a Francisco Camps y Ricardo Costa. Entre los diputados regionales del PP en Madrid imputados se encuentran Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco por los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

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