jueves, 8 de diciembre de 2011

"CASO LLÍBER"; EL EXALCALDE AUTORIZÓ UN TENDIDO ELÉCTRICO POR UN MERCEDES

La juez procesa a nueve personas por construir 293 viviendas en suelo rústico

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El exalcalde de Llíber, José Mas, del PP, primer imputado de la trama urbanística destapada en esta localidad de La Marina Alta, recibió un coche de la marca Mercedes a cambio de autorizar un tendido eléctrico en la zona en la que se levantaron 293 construcciones ilegales, todas en suelo no urbanizable. La dádiva, según consta en el sumario, la realizó otro de los cabecillas de la trama, el promotor Miguel Muntaner.

La trama vendió las casas a clientes extranjeros por 150.000 euros

El exregidor, siempre según el sumario, se habría embolsado, además, 3.000 euros por cada de una de las 293 licencias de obras que autorizó de manera fraudulenta entre 1999 y 2003. Las casas eran vendidas a una media de 150.000 euros y preferentemente a clientes extranjeros.

El exregidor Mas y el promotor Muntaner fueron arrestados y encarcelados por estos hechos y en la actualidad están en libertad bajo fianza.

La magistrada que instruye este sumario, la titular del Juzgado número 4 de Dénia, ha dictado ya el auto de procesamiento que inicialmente afecta a nueve personas. No obstante, la resolución de la magistrada ha sido recurrida en apelación por las partes a la Audiencia de Alicante. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. El fiscal del caso también ha presentado un escrito de impugnación a los recursos de apelación.

El sumario se abrió por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

La magistrada ha inculpado al exalcalde del PP José Mas por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del Territorio. Junto al exregidor, la juez también ha procesado a otros tres concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de conceder las licencias. Uno de esos concejales ya ha fallecido. Y por lo que toca a la Corporación, la magistrada también inculpa al aparejador municipal y la secretaria. El primero está considerado por la investigación como uno de los puentes de los que se valió la trama para cristalizar la estafa. Este funcionario daba luz verde a proyectos que supuestamente pretendían la rehabilitación de almacenes de casas agrícolas, cuando en realidad se trataba de construcciones de nueva planta. Por cada uno de esos informes el funcionario recibía supuestamente unos 25.000 euros de los promotores.

El aparejador desvió el dinero que obtuvo de las licencias para las casas ilegales a Andorra. La Guardia Civil intervino un total de 2,4 millones de euros en las cuentas bancarias que el funcionario tenía en este pequeño país, fondos que procedían de las operaciones ilegales.

El procesamiento de la secretaria municipal, según fuentes del caso, tiene su origen en el hecho de que validara los acuerdos de la junta de gobierno autorizando las edificaciones, pese a que el suelo estaba calificado como no urbanizable.

Además de los políticos del PP y los dos altos funcionarios de la Corporación, la magistrada también ha acordado el procesamiento de cuatro promotores, el mencionado Miguel Muntaner, un segundo de nacionalidad inglesa y dos alemanes (un padre y su hijo).

En su recurso de apelación, una de las acusaciones particulares pide que se amplíe el procesamiento a otros tres constructores. El fiscal respalda esta petición. Mientras, otras de las acusaciones pide el procesamiento para otras cuatro personas más (tres abogados y un notario). El ministerio público no se adhiere a esta segunda propuesta por entender que no hay indicios de delitos en esas cuatro personas que inicialmente fueron imputadas en el sumario.

elpaís.com

LAS IRREGULARIDADES EN EMARSA EMPEZARON CON UN EDIL DE BARBERÁ

Los auditores detectaron durante la presidencia de Silvestre Senent la misma falta de control que en la etapa del imputado Crespo

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El monumental saqueo de Emarsa, la sociedad de depuración de agua de Valencia, se produjo, según ha revelado la investigación judicial, en un contexto de falta de control interno de los procesos de contratación, lo que facilitó que la empresa pública fuese exprimida hasta la quiebra mediante el pago por servicios y suministros falsos. Los auditores advirtieron de las irregularidades durante todos los ejercicios investigados, de 2004 a 2010, sin que el entonces presidente y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, que sigue siendo vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, prestara atención alguna a dichas alarmas. Ese comportamiento fue uno de los elementos destacados por el juez instructor para imputar hace unas semanas a Crespo por malversación, estafa continuada y delitos societarios.

La investigación cada vez implica a más cargos del PP de la capital

Las auditorías de Emarsa de los años inmediatamente anteriores a la llegada de Crespo, cuando la sociedad pública estaba presidida por Silvestre Senent, entonces y ahora concejal de Hacienda de Rita Barberá, detectaron el mismo tipo de irregularidades. Insuficiencias en el procedimiento de contratación y autorización; y falta de control en las compras, reparaciones y mantenimiento, que fueron las principales vías por las que se produjo el pillaje. Varios párrafos de los informes de auditoría de la etapa de Senent son prácticamente idénticos a los que el juez Vicente Ríos reprodujo en el auto de imputación de Crespo. "La revisión de los procedimientos de control interno relacionados con adquisiciones de equipo y elementos de inmovilizado, reparaciones y mantenimiento" halló "insuficiencias" en el procedimiento de "autorización, proceso de contratación, recepción efectiva, aplicación contable, imputación de subvenciones de capital, etc", señalan los auditores.

"Teniendo en cuenta la situación descrita", prosiguen los informes referentes a los años en que el edil de Barberá presidía Emarsa, "no hemos podido asegurarnos de haber detectado todos los ajustes y situaciones que pudieran ser necesarios de acuerdo con normas de auditoría, principios contables y de control interno".

El descontrol sobre la gestión de Emarsa en la época de Senent resultó aún mayor: el exgerente de la sociedad Esteban Cuesta declaró ante el juez que cuando él accedió al cargo, en 2004, la empresa pública llevaba seis años sin ser auditada, lo que cubre la etapa del edil de Hacienda de Valencia al frente de Emarsa. Una versión confirmada por los auditores de la firma Mazars, que tuvieron que efectuar los informes de forma retroactiva. "Dado que fuimos nombrados auditores con posterioridad" a los cierres de los ejercicios, señalan, "no pudimos estar presentes en la realización del recuento físico de las existencias iniciales ni finales, ni hemos podido verificar el corte de operaciones entre ejercicios, que son elementos importantes en la determinación del resultado".

Las sospechas sobre la etapa de Silvestre Senent al frente de Emarsa aumentan por el hecho de que varias de las empresas investigadas por haber participado presuntamente en el saqueo empezaron a trabajar para la sociedad pública durante su mandato. Según fuentes del caso, así habría ocurrido con Microprocesadores y Sofitec, las dos firmas propiedad de Sebastián García Martínez, que era proveedor de Emarsa y al mismo tiempo actuaba como jefe de informática de la empresa pública, imputado por estafa y delitos societarios. Con Hispavás, empresa de transportes de lodos administrada por José Alcácer García, portavoz del PP en Albuixech, también imputado. Y con otras firmas.

El papel del PP de la ciudad de Valencia, que no preside pero sí controla sin oposición la alcaldesa, en la gestión de Emarsa resulta, además, cada vez más controvertido. La última declaración del proveedor Sebastián García, que entre otras cosas facturó 1,8 millones de euros a Emarsa con un simple "acuerdo verbal", ha revelado que fue vocal del PP en la junta municipal del distrito de Trànsits de la ciudad. El jefe de Compras, Ignacio Martínez, y el jefe de Contabilidad de la sociedad pública, Santos Peral, ambos contratados en su día por Senent y citados a declarar de momento como testigos, son respectivamente los secretarios generales del PP en los distritos de Trànsits y Patraix. Y el imputado Esteban Cuesta fue nombrado alcalde pedáneo de Benimàmet por Rita Barbera y cobró por ello durante una década, a pesar de que entre 2004 y 2007 su contrato de gerente con Emarsa le exigía exclusividad.

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elpaís.com

"CASO PALMA ARENA"; DOS GOBIERNOS DEL PP AYUDARON A URDANGARÍN A CAPTAR FONDOS PRIVADOS

Iñaki Urdangarin estrecha la mano a Sebastián Escarrer, consejero de Melià.
El yerno del Rey logró patrocinios gracias a los ejecutivos de Matas y Camps

Andreu Manresa Palma de Mallorca


Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos, extendió la actividad y el volumen de negocio de su Instituto Nóos con la ayuda de los Gobiernos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana, durante los mandatos de Jaume Matas y Francisco Camps, según el testimonio de empresarios privados recabado durante la instrucción judicial de este caso.

El crecimiento de la cartera de clientes de Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que se creó en 1999 pero solo tuvo actividad a partir de la llegada de Iñaki Urdangarin a su junta directiva a partir de 2003, fue paralelo al logro de los contratos oficiales cerrados con Camps y Matas para la celebración de foros y encuentros por valor de cerca de seis millones entre 2004 y 2007.

Nóos, sin ánimo de lucro, captaba fondos públicos y privados, y los desviaba a una red de empresas particulares con ánimo de lucro que eran propiedad del presidente del instituto, Iñaki Urdangarin, y de su socio principal y gerente, Diego Torres.

Al llegar, estaba Urdangarin. Al día siguiente, me visitó para convencerme

Urdangarin, que compartía la propiedad de su promotora inmobiliaria Aizoon con la infanta Cristina, intentó arraigar la presencia de Nóos en Palma de Mallorca mediante contratos plurianuales para teóricas “oficinas de proyectos” y “observatorios”, que finalmente nunca se desarrollaron, según la investigación judicial.

Diferentes cargos políticos intermediaron a favor del Instituto Nóos tanto en Mallorca como en la capital valenciana, facilitando citas colectivas o contactos directos con empresarios y entidades sociales privadas que acabaron poniendo dinero para los congresos que organizaba Urdangarin.

Algunos de estos episodios constan en la causa abierta en el juzgado de Palma y otros han sido documentados por EL PAÍS con alguno de sus participantes directos.

Sobre la base de esa doble actividad de captación de fondos de patrocinadores públicos y privados y de diseño de estrategias deportivas y de promoción turística, Nóos sumó hasta 16 millones de euros en ingresos entre 2003 y 2007, según el cómputo de la Agencia Tributaria.

La Fiscalía Anticorrupción, tomando como base informes periciales, calcula que en algunas ocasiones el instituto Nóos llegó a facturar por sus servicios con unos precios que suponían un beneficio del 170 % respecto al coste real de los mismos.

En uno de los casos, la petición de patrocinio para los eventos que organizaba Nóos lo efectuó un alto cargo del PP en Palma. “La patronal balear Caeb aceptó poner dinero, pero nosotros dijimos no a las presiones y quedaron muy extrañados”, detalló a este periódico el presidente de una entidad de Mallorca.

“Nos ha venido a ver el Duque de Palma y nos llamaron de Presidencia”

“Nos ha venido a ver el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, con Sebastián Escarrer, consejero de Hoteles Melià. Y nos llamaron desde Presidencia del Gobierno de Baleares”. La cúpula ejecutiva de la caja balear Sa Nostra razonó así en el consejo de administración el compromiso adquirido para el patrocinio por 58.000 euros para cada una de las ediciones de los foros que el Instituto Nóos organizó en Palma, en 2005 y 2006, con un coste de 2,3 millones públicos. Hoteles Melià abonó a Nóos más de 105.000 euros en patrocinio. Por su pago, Sa Nostra fue la entidad bancaria en exclusiva de los foros. La zapatera mallorquina Lottusse abonó 110.000 euros.

La cartera de Nóos sumó más de un centenar de empresas y corporaciones. El grueso de clientes procedió del sector privado, en especial del entorno empresarial y social donde celebró sus eventos. Sin embargo, los mayores abonos fueron de organismos públicos: además del Gobierno de Baleares, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia pagaron 3,5 millones en tres años. Un episodio revelador de la estrategia de captación de ayudas y contratos sucedió en torno a la celebración los foros Summit que Urdangarin y Torres desarrollaron en Valencia. Un presidente de una entidad social declaró que fue citado desde una instancia oficial política para que acudiera a un encuentro empresarial. “Al llegar allí estaba Urdangarin”, indicó el testigo, “con los principales líderes empresariales reunidos en un museo de Valencia”. “Se explicó el proyecto”, continúa, “y al día siguiente, él me visitó para convencerme”. La factura por análisis y patrocinio cargada fue de 58.000 euros.

Cerca de una treintena de testigos han narrado su experiencia con Nóos y sus negocios exteriores. Esas personas han sido interrogadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía del Grupo de Delincuencia Económica en Barcelona, Palma y Valencia. La incautación de documentación en las sedes del entramado de Nóos en Barcelona sirve para verificar la facturación entregada al juez de Palma, José Castro, por Diego Torres.



EL DUQUE CAPTÓ EL CONTRATO DEL MILLÓN AL PROMETER A MATAS UNA ETAPA DEL TOUR

Urdangarin presumió ante el presidente del PP de su amistad con Leblanc


Javier Casqueiro Madrid



La capacidad de persuasión para los negocios del duque de Palma llegó hasta el extremo de ofrecer su “amistad personal” con personalidades internacionales tan relevantes como Jean-Marie Leblanc, director histórico del Tour de Francia, para conseguir que una etapa de la mítica carrera pasase de alguna manera por Baleares. La oferta se la hizo en 2003 el duque al entonces presidente de Baleares, Jaume Matas, en la cita que concertaron en su despacho oficial de la Comunidad Autónoma para venderle las bondades de un convenio de colaboración entre el Instituto Nóos que él presidía y este Gobierno regional, entonces del Partido Popular. El convenio se firmó a los pocos días por valor de 1.100.000 euros. Leblanc acudió a la cita organizada por el foro Nóos, pero no pudo llevar la carrera francesa hasta Mallorca.

Matas, dos de sus consejeros y otros cargos de esa comunidad detallaron éste y otros aspectos de ese proyecto en sus declaraciones ante el juez y la fiscalía el 24 de marzo de 2010.

La reunión en el despacho oficial de Matas la concertó su entonces poderoso hombre del deporte en las islas, José Luis Ballester, conocido como Pepote Ballester, con cargo de director general y con gran relación con la familia real. Urdangarin acudió solo. Con Ballester y Matas estuvieron sus dos consejeros de Turismo, Joan Falquer, y de Presidencia y Deportes, María Rosa Puig.

Ballester y los consejeros argumentaron a favor de suscribir un convenio de colaboración, sin concurso público, con el Instituto Nóos para fomentar la colaboración del turismo y el deporte de élite en las islas. Matas y su Gobierno estaban entonces en plena discusión de la decisión estratégica de patrocinar al equipo ciclista de José Miguel Echávarri, Banesto. Fue un caramelo a la puerta de un colegio. El duque lo vendió muy bien durante la charla. Llegó a decir que era “amigo personal” del director del Tour, Jean-Marie Leblanc, al que catalogó como “el Bernie Ecclestone del ciclismo”, en alusión al polémico y poderoso director de la Fórmula 1, según las explicaciones de los presentes en la reunión. En aquella época se había hablado de la posibilidad de que una etapa del Tour de Francia pudiese llegar incluso a Barcelona. El Gobierno de Baleares llegó a soñar con la posibilidad de que esa etapa “diese el salto” a las islas. El duque avaló y se comprometió con esa idea, según han corroborado en sus declaraciones los cargos del Gobierno balear.

El convenio entre Nóos y el Gobierno de Matas se firmó, por valor de 1.100.000 euros. Leblanc llegó a viajar incluso a Mallorca en 2005 y recibió un premio del Forum Illes Balears montado por Nóos en presencia de Iñaki Urdangarin. Y durante esa velada reconoció que dos años antes, durante la entrega en Oviedo de los premios Príncipe de Asturias de 2003, el duque y el director general de deportes de Baleares, Pepote Ballester, le propusieron Mallorca como sede y que él respondió que era un proyecto “muy difícil de llevar a cabo” por problemas geográficos, como publicaba hace unos días El Periódico de Catalunya.

Leblanc ha asegurado hoy que había visto al duque de Palma "tres o cuatro veces" pero que este nunca contactó con él para que Baleares acogiera una etapa de la ronda gala. "Si el presidente de la comunidad quería acoger al Tour no tenía más que decírmelo, no hacía falta ningún intermediario", ha dicho el expresidente de la ronda gala en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.

En aquella reunión en su propio despacho, Matas, tras escuchar los compromisos del duque, tomó la decisión política de realizar la colaboración con el Instituto Nóos. Tras esa reunión, las siguientes las concertaron y cerraron los responsables administrativos de la Fundación Illesport e Ibatur (promoción del turismo), que fueron los que ultimaron los expedientes que usan este tipo de organismos autónomos, según han declarado todos ellos en el sumario ante el juez y la fiscalía que lleva el caso. La cantidad se fijó conforme al presupuesto presentado por la dirección del Instituto Nóos. El primer convenio se firmó en marzo de 2005 y el segundo en septiembre de 2006.

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"CASO EMARSA"; EL JUEZ BUSCA A 4 TRADUCTORAS RUMANAS QUE VIAJARON A HOTELES CON CARGO A UNA DEPURADORA

Investiga el 'agujero' en la depuradora de Pinedo (Valencia)

* El magistrado precisa en una providencia su intención de tomarles declaración

ELMUNDO.es | fe | Valencia

El juez Vicente Ríos, que investiga el 'agujero' en la depuradora de Pinedo, en Valencia, ha ordenado a la Policía que investigue el paradero de cuatro de las supuestas traductoras que los gestores de la empresa pública Emarsa trajeron desde Rumanía y alojaron en hoteles de lujo de la Comunidad Valenciana, con el fin de que tomarles declaración en el marco de esta causa.

Recientemente, el ex gerente de esta sociedad y uno de los imputados en el caso justificó la contratación de estas profesionales para transcribir "documentos y proyectos" vinculados a las operaciones que Emarsa mantenía en dicho país. Sin embargo, los socialistas ironizaron con que las traducciones era de "francés, griego y kamasutra".

Asimismo, el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido al Ayuntamiento de Valencia que informe de si tramitó algún expediente para reclasificar los terrenos destinados a una planta de tratamiento de lodos en las instalaciones de la depuradora de Valencia, investigada por supuestas irregularidades en su gestión.

El titular del juzgado, Vicente Ríos, también solicita a Valmor Sports, empresa que gestiona el Gran Premio de Europa de F1, que informe si emitió una factura a Management de Azafatas y Servicios, cuya administradora única está imputada en el denominado 'caso Emarsa'.

En una providencia fechada este miércoles, el magistrado pregunta al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particular y popular si estiman procedente imputar al administrador de Llar Calzada SL, Daniel Calzada, que se sumaría así a los 18 imputados en la causa, alguno de ellos cargos del PP.

En su escrito, el juez ordena la práctica de 45 diligencias en relación con distintos aspectos de la causa, que investiga un "agujero" económico de 40 millones de euros en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), relacionado principalmente con el tratamiento de lodos.

En este sentido, el magistrado pide al Ayuntamiento de Valencia que "en el plazo más breve posible" informe al juzgado si tramitó algún expediente para reclasificar los terrenos designados para instalar una planta de secado solar para el tratamiento de lodos, que hubieran pasado de estar calificados como de bien de interés público a suelo industrial.

Además, se pide a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que ejerce la acusación particular, que indique si "evaluó la idoneidad" de instalar un sistema de secado solar para los lodos producidos en la depuradora.

La depuradora deberá comunicar, en el plazo de cinco días, la cantidad de lodos generados desde su puesta en marcha, los costes de evacuación de estos residuos, los gastos de mantenimiento y explotación y los motivos por los que en 2004 se incrementó el precio unitario de retirada de residuos, desde los 42 euros por tonelada a los 80.

El juez requiere los documentos del acuerdo de Emarsa que incorporaba como gastos derivados de las direcciones de obra y un 19% en concepto de "gastos generales y beneficio industrial", y el volumen de lodos evacuados por la depuradora a las plantas de compostaje de Calles, Quart de Berenguer y Los Hornillos.

Ríos solicita documentación sobre los contratos o servicios prestados por una quincena de empresas y personas jurídicas, relacionadas principalmente con la informática, a Emarsa, y solicita la comparecencia de tres testigos más, entre ellos a la ex jefa de Relaciones Externas de Emarsa María Cristina Ortí.

Igualmente, pide a la Jefatura Superior de Policía de Valencia que informe sobre la residencia de una mujer con la finalidad de "averiguar el paradero" de Jorge Ignacio Roca, uno de los empresarios imputados por estafa, malversación y delito societario y que se encuentra en paradero desconocido.

Finalmente, ordena nuevos oficios para que los directores de hoteles confirmen si se alojaron en sus establecimientos por cuenta de Emarsa alguna de las personas investigadas.


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