domingo, 31 de mayo de 2009

EL JUEZ DECRETA LIBERTAD SIN FIANZA PARA DOS EMPRESARIOS DE LA TRAMA DE LANZAROTE

"OPERACIÓN UNIÓN"

El juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife ha decretado libertad sin fianza para el constructor Fermín Curbelo y el empresario Antonio Gómez Ruiz, (hijo de la concejal socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Chani Ruíz), ambos imputados por un presunto delito de cohecho.

Prisión para Dimas Martín (PIL)
Prisión para el ex vicepresidente socialista del Cabildo de Lanzarote
Otras seis personas detenidas en la trama urbanística de Lanzarote
Sorpresa por que sea la UCO quién investigue la corrupción urbanística en Lanzarote

L D (Agencias) Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado en el que también explicó que las actuaciones continuarán bajo secreto de sumario.

El juez César Romero Pamparacuatro, que investiga la trama, ha puesto en libertad con cargos de cohecho a otros dos empresarios detenidos por corrupción en la "Operación Unión". El juez titular del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife de Lanzarote continuará en las próximas horas con la declaración de los últimos detenidos en esta red, que cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.

Esta decisión se ha llevado a cabo dentro de la llamada "Operación Unión", que investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como el de Yaiza, donde también -del mismo modo que pasó en la capital de la isla- tuvieron lugar diferentes registros durante la semana.

La operación la siguen realizando miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio

LIBERTADDIGITAL.COM

LA FISCALÍA DA LA RAZÓN A LOS DENUNCIANTES DE VILLA PSOE Y NO VE DELITO CONTRA EL HONOR

(PD).- Pepiño Blanco les había amenazado: "Se van a enterar ustedes de quien soy yo". Ellos no se amedrentaron y la Justica se ha puesto de su parte. La Fiscalía ha pedido la desestimación de la demanda presentada por el alcalde de A Illa, José Manuel Vázquez, y tres ediles más contra José Carlos y Raimundo Piñeiro, portavoces hasta hace poco de Cafines por supuestas difamaciones y atentado al honor.

En un comunicado, José Carlos Piñeiro y Raimundo Piñeiro –miembros del SUGC que destaparon el escándalo de Villa PSOE, el complejo de viviendas de lujo a pie de playa en el que José Blanco tiene un ático y otros dirigentes del PSOE gallego ha comprado apartamentos– explican que el fiscal les ha dado la razón en el juicio por la querella que presentó el Alcalde de la Isla de Arosa, José Vázquez y otras personas vinculadas con dicha corporación del PSOE, por un supuesto delito contra el honor.

La acusación particular no tiene la misma visión. El abogado que representa los intereses del regidor de A Illa y de los tres ediles que formaban parte de la comisión de gobierno que dio luz verde al desarrollo del área de reparto de O Furado entiende que se ha causado un claro perjuicio a estas personas, solicitando al juez una indemnización de 10.000 euros, informa El Faro de Vigo.

Entiende el representante jurídico que existen una serie de hechos probados como son las manifestaciones continuas, por parte de los dos acusados, insinuando que en esa urbanización se cometieron "pelotazos en toda regla o caciquismo puro y duro". Sin embargo, las más graves acusaciones son las de que "se falsificaron informes urbanísticos, irregularidades como que la obra incumple la Ley de Costas, e incluso hablan de blanqueo de capitales y conductas delictivas cuando está más que probado que no existe nada".

Los denunciantes recuerdan asimismo que Villa PSOE "es para beneficio vacacional de una parte de la casta política, judicial etc; al mismo tiempo que se estaba procediendo al derribo de casas de ciudadanos (Tenerife, Marín, Pontedeume, Moaña, Cantabria, Etc), que llevaban construidas más de cincuenta años; y al mismo tiempo, el mismo PSOE, en el Gobierno bipartito de la Xunta de PSOE y BNG de Touriño y Quintana, había prohibido edificar en una línea de 500 metros a contar del borde de la costa". Por si fuera poco, añaden que "está previsto derrumbar (viviendas) en toda la costa gallega por aplicación de la legalidad vigente en materia del litoral".

Por eso, además de la indemnización, la demanda presentada contra los dos antiguos portavoces de Cafines, hoy altos mandos del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) sirva para limpiar de sospecha a sus representados. "No todo vale en la crítica política y esto es un claro ejemplo de lo que la Ley define como difamación: imputación de hechos delictivos falsos y juicios de valor", indicó el abogado.

PERIODISTADIGITAL.COM

LA SOMBRA ALARGADA DEL CASO GÜRTEL LLEGARÍA HASTA FLORENTINO


(CONFIDENCIAL PD).- Siempre que no surja un terremoto o la tierra se abra bajo los pies de la Cibeles, en apenas dos días Florentino Pérez será aclamado por unanimidad el flamante Presidente del Real Madrid, club que ostenta la marca más famosa y con mayor probabilidad, más cara del mundo.

A partir de ese momento desaparecerán las preocupaciones por la cuenta de resultados del Grupo ACS y de la diferencia cada vez mayor entre valor de activos y los créditos que se pidieron para adquirirlos. Controlando de nuevo el galáctico club, volverán las reuniones de negocios en el palco presidencial y los acuerdos discretos bajo el blanco palio futbolístico.

Para Florentino , llegar hasta aquí no le ha resultado fácil, es más, ha cruzado los dedos temiendo que en cualquier momento saltara todo por el aire, si la mínima filtración se hubiera producido en la investigación policial que se sigue, bajo el ya conocido nombre de operación Gürtel.

Y la culpa de todo ello la tienen varios datos que están surgiendo en esta investigación en especial el nombre de Manuel Delgado Solís.

Llama poderosamente la atención la falta de interés que ha tenido en los medios de comunicación el relevante hecho de que uno de los máximos imputados en la famosa operación que relaciona al engominado Correa con dirigentes del PP de Madrid y Valencia, se llama Manuel Delgado Solís y es uno de los Consejeros más significados en ACS y persona de confianza absoluta de Florentino, ya que es el encargado de estructurar las sociedades que el Grupo ACS dispone en el extranjero.

A quien se señala como "cerebro" de la operación financiera y del diseño del montaje de sociedades en Suiza, Luxemburgo, Antillas Holandesas, Cuarasao y otros lugares del planeta para el engominado Correa es a Ramón Blanco Balín, pero Delgado Solís ha entrado en el paquete, debido -entre otras razones- a un oscuro viaje suyo a Panamá, que ha terminado con su imputación y de manera muy significativa en el Sumario Gürtel.

LOS CEREBROS DE LA TRAMA

Los que le conocen dicen que siempre le ha gustado "chapotear". Ramón Blanco Balín coincidió con José María Aznar en el escalafón de los inspectores de finanzas del Estado. Durante el aznarismo llegó a ocupar una vicepresidencia en la mayor petrolera española e hizo pingües negocios con YPF en Argentina.

Después, tras sonar su nombre como sustituto del ex ministro Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y no conseguir el cargo, comenzó a ejercer como directivo clave en el entramado de empresas del engominado Paco Correa.

Afirma la revista Interviú, que tiene alguna cuenta pendiente con Ramón Blanco desde que se fue al traste la operación de venta del Grupo Zeta al metalúgico Gallardo, que el inspector de hacienda leonés es una pieza clave en el entramado de lo que se conoce como el "Clan de los Pijos".

Sus lazos con Delgado Solís y a través suyo con Florentino, son objeto estos días de profundo análsis, por los expertos que van analizando uno a uno los paquetes de documentos decomisados en este caso.

FLORENTINO RENUEVA A DELGADO SOLÍS

Y además de esta falta de transparencia en el tratamiento de este dato tan importante, ha pasado desapercibido también que hace apenas 48 horas que Florentino le ha renovado en el Cargo de Consejero en ACS, con una asignación anual de 750.000 € a pesar de que sigue imputado en Gürtel.

Este hecho unido al importante pago realizado a un importante Despacho de Abogados evidencia el interés de Florentino por enviar el mensaje a Manuel Delgado Solís de que no está solo ante la delicada situación ante la Justicia que le ha puesto Gürtel.

Y ese no es el único mensaje curioso, otros mensajes estos días se reciben en el entorno de los investigadores policiales y es, que mientras duren la elecciones al Real Madrid, no procede tocar nada que haga referencia a Florentino para no interferir, como si se tratara de las Elecciones Generales a la Presidencia del Gobierno.

Después de esto, ya nada importará, Florentino volverá a ser una de las personas más importantes de este País y ya resultará prácticamente intocable… seguiremos informando…si nos dejan.

HUMOR

Vuelve Florentino. Vuelve la ilusión.

PERIODISTADIGITAL.COM

sábado, 30 de mayo de 2009

DECRETAN PRISIÓN INCONDICIONAL PARA EL EX CONSEJERO DEL PSC SEGUNDO RODRÍGUEZ


R. C.
ARRECIFE. La trama en la isla de los volcanes continúa quemando etapas con el paso de los días. El juzgado de instrucción número 5 de Arrecife decretó ayer prisión incondicional por un delito de cohecho para el ex vicepresidente y ex consejero del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), dentro de la «Operación Unión», que investiga esta presunta corrupción urbanística en la isla.

Además, el juzgado confirmó la detención del secretario del ayuntamiento de Yaiza, Jesús Bartolomé Fuentes, a quien se le imputa un delito de cohecho.

Por otro lado, el empresario catalán Luis Lleó llegó ayer a Lanzarote donde se encuentra recluido para someterse a un interrogatorio en dependencias de la Guardia Civil, además el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado otras dos detenciones más dentro de la segunda fase de la Operación Unión, en la que se investiga una presunta corrupción urbanística en la isla.

Según fuentes próximas a la investigación, el abogado y empresario fue arrestado ayer en Tarragona por un presunto delito de cohecho y tras su llegada a la isla y cuando la Benemérita lo estime oportuno pasará a disposición judicial.

Novedades en la operación
En resonancia con ello, el TSJC confirmó la detención de Enrique Gómez Ruiz, empresario e hijo de la concejala socialista de Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Chani Ruiz (quien en la jornada de ayer se encontraba en el Pleno del Gobierno municipal para aprobar los presupuestos de la capital grancanaria), quien está acusado también por un presunto delito de cohecho.

Asimismo, el empresario de la constructora Curbelanz, Fermín Curbelo, al que se le relaciona con algunas de las promociones de viviendas de Lleó, también ha sido detenido en calidad de imputado por los mismos motivos.

Con ellos, ya son un total de diecinueve personas las detenidas por esta operación que se ha llevado a cabo en Lanzarote.

ABC.ES

EL FISCAL DEL TS APRECIA PREVARICACIÓN DEL ALCALDE DE GÁDOR EN UNAS OBRAS

La adjudicación municipal carecía de "un real expediente administrativo"

M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha pedido la admisión a tramite de la querella interpuesta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP, Eugenio Gonzálvez, al ver indicios de prevaricación en la adjudicación de un contrato de obras. La querella fue interpuesta por el grupo socialista en el Ayuntamiento, al observar que Gonzálvez adjudicó un contrato de obras administrativo "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación". El presupuesto de la obra ascendió a 144.837 euros y el alcalde ordenó su pago por decreto, pese al informe de reparo del secretario-interventor.

El escrito de la Fiscalía al juez del Supremo, que tendrá que decidir si pide al Senado que le retire el aforamiento a Gonzálvez, señala que éste contravino la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. "El conocimiento de la ilegalidad o su comisión a sabiendas viene dado en primer lugar por la naturaleza de la propia infracción administrativa: inexistencia de un real expediente administrativo o la omisión de los más elementales requisitos procedimentales; y en segundo lugar por el informe realizado por el secretario interventor advirtiendo de los graves defectos administrativos, pese a lo cual se dictó resolución de 5 de julio de 2007", dice el fiscal.

Las obras adjudicadas consistieron en una nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar. El importe total se fraccionó en tres pagos para otras tantas empresas: Montajes Metálicos Almería S. L. (42.233,28 euros), Lama Estructuras Metálicas S. L. (44.674,89 euros) y Acerama SC (57.929,69 euros). El portavoz socialista, Juan Antonio Almansa, recordó ayer que este acto administrativo está inmerso en un proceso contencioso-administrativo ante el juzgado número 2 de Almería en un intento de que se "restituyese la legalidad" al tiempo que justificó la adopción de la vía penal contra el senador "en su negativa constante a aclarar los hechos". Almansa insistió en que su partido "no está en contra" de la construcción de las naves sino de las "ilegalidades cometidas" en el Ayuntamiento.

Gonzálvez defendió la "completa legalidad" del proceso de adjudicación del contrato de obras y mostró confianza en poder demostrarlo. El alcalde acusó a los socialistas de querer "enmarañar" la vida política de Gádor y resumió como una "controversia administrativa" el asunto, si bien insistió en que las obras adjudicadas se hicieron de forma legal "y a la oferta más ventajosa recibida en su momento". Gonzálvez se fotografió ayer en las polémicas naves, acompañado de un centenar de vecinos y cargos del PP.

ELPAÍS.COM

PRISIÓN PARA DIMAS MARTÍN, ACUSADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS


JUSTICIA | Tribunal Superior de Justicia de Canarias














Registro, esta semana, de la casa de Dimas Martín. | Efe

Efe | Las Palmas de Gran Canaria

El juez instructor la 'Operación Unión', contra una trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Así lo ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) después de que el también ex presidente del Cabildo de Lanzarote, detenido el lunes en la cárcel de Tahíche, donde cumple una condena de ocho años, declarara ante el Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife.

El TSJC informó de que el domingo habrá otras comparecencias de imputados ante el juez, sin precisar de quiénes se trata, y recordó que sigue decretado el secreto del sumario.

Durante la jornada, el juez César Romero también ha ordenado el ingreso en prisión del ex edil de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez, también del PIL, por un supuesto delito de cohecho.

Por el mismo supuesto delito también decretó prisión para el ex primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna (PIL), y el asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo (PIL).

Además, el juez ha dejado en libertad con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos en esta operación, Alfredo Santiago Rodríguez (PIL), trabajador del Patronato de Turismo de la isla, según ha informado el TSJC.

La 'Operación Unión', en la que han sido detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil en el momento de su entrega.

La "operación Unión", contra una trama de corrupción municipal en Lanzarote, continúa sumando detenciones, ya que otros dos constructores canarios han sido arrestados en las últimas horas por pagar comisiones para ser adjudicatarios de obras del Ayuntamiento de Arrecife.

Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, radicado en Lanzarote, y Manuel Reina Fabre, con negocios en la capital lanzaroteña y en Gran Canaria, con quienes se eleva a veinte el número de detenidos e imputados por esta trama que cobraba comisiones ilegales por la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias, informaron fuentes de la investigación.

Además:
Prisión para el ex concejal de urbanismo de Arrecife

ELMUNDO.ES

CHAVE: "NI MI HIJA NI YO OCULTAMOS NADA, NUESTRO PARIMONIO ES TRANSPARENTE"

POLÉMICA | Dispuesto a comparecer en el Congreso

Manuel Chaves saluda a una simpatizante durante un acto en Sevilla. | Efe

* Reta al PP a que si ve irregularidades en la ayuda acuda al juzgado
* El ex presidente de la Junta 'está disponible para acudir al Congreso'

elmundo.es | Efe | Madrid | Sevilla

Ni Paula Chaves ni yo tenemos nada que ocultar, nuestro patrimonio es absolutamente transparente". El ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha asegurado que está "disponible para acudir al Congreso" cuando se lo pida, para dar explicaciones sobre la subvención concedida a una empresa donde trabaja su hija. Además, ha retado al PP a que si encuentra alguna irregularidad que acuda al juzgado.

Así lo ha declarado en Sevilla a los periodistas que le preguntaron sobre la información publicada por EL MUNDO acerca de la subvención de 10,1 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), para la que trabaja su hija Paula, por parte de la Junta de Andalucía cuando él era presidente. Este periódico viene informado de los detalles de la ayuda, como que la hija intervino directamente en la tramitación administrativa tras convertirse dos meses antes en apoderada especial de la empresa. Este sábado, EL MUNDO informa de que la Junta de Andalucía aumentó en más de tres millones de euros la subvención por un acuerdo con su matriz.

A la pregunta de si se ha planteado algún cambio en su situación política actual, Chaves ha contestado tajantemente: "no, de ningún modo" y ha remitido a sus declaraciones sobre este asunto, esta semana, a los periodistas en el Senado.

Chaves alega que todo esto es 'un conjunto de manipulaciones' sobre 'medias verdades y falsedades'

"Lo he dicho con absoluta claridad; para mí y para mi partido, todo esto es un conjunto de manipulaciones de los hechos que han tenido lugar y, sobre la base de medias verdades y de falsedades, se ha creado una gran mentira para perjudicar al Partido Socialista" y para perjudicarle personalmente a él, ha añadido.

Ha recordado que el caso ha salido a la luz, "y no es casualidad", días antes de las elecciones europeas y ha añadido que "lo más deleznable que ha hecho un periódico es que subliminalmente se ha querido trasladar a la opinión pública que la Junta de Andalucía ha querido entregar una subvención a la hija del presidente o a la empresa del presidente, lo cual no es cierto."

"Se ha entregado una subvención a una empresa multinacional y en todo el expediente ha habido absoluta transparencia, y la oposición ha tenido acceso a ese expediente, por lo tanto la Junta ha actuado como es debido, y ha dado todas las explicaciones necesarias en el Parlamento de Andalucía, donde ha habido un debate al respecto, con todos los detalles", ha añadido.

El vicepresidente tercero ha asegurado: "Ni Paula Chaves ni yo tenemos nada que ocultar, nuestro patrimonio es absolutamente transparente y es lamentable que en el debate político y desde algún periódico se utilice como munición política a los familiares, en este caso a mi hija Paula".

"Si alguien desde el PP considera que Manuel Chaves como presidente de la Junta, en su gestión, ha cometido una irregularidad o algo penado por las leyes, le invito a que rápidamente acuda al juzgado", ha concluido.

A una pregunta sobre la comisión de investigación solicitada por el PP en el Parlamento de Andalucía, ha contestado: "yo ya soy vicepresidente del Gobierno de España, pregunte a quien corresponda en estos momentos." Chaves ha hecho estas declaraciones tras participar en el acto de la entrega de la Medalla de Sevilla a varias personalidades en el Día de la Ciudad.

Además

* Blanco reta a Rajoy a hablar de los 'avioncitos'
* Rajoy vuelve a pedir explicaciones a Zapatero
* Tres millones más por pactar con la matriz

ELMUNDO.ES

viernes, 29 de mayo de 2009

LA NUEVA PARLAMENTARIA DEL PSOE POR MÁLAGA,IMPUTADA POR DELITOS URBANÍSTICOS

María Estrella Tomé

María Estrella Tomé, al tomar posesión de su cargo el miércoles frente a la presidenta del Parlamento. | elmundo.es

Marta Sánchez Esparza | Málaga

La nueva parlamentaria andaluza del PSOE por Málaga, María Estrella Tomé, tomó posesión de su cargo el pasado miércoles en sustitución de Juan Paniagua, nombrado nuevo director general de la Agencia Andaluza del Agua.

Sin embargo, la nueva diputada figura como imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio en al menos dos causas abiertas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, según informaron a EL MUNDO de Málaga fuentes judiciales.

Tomé ha formado parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrox durante varias legislaturas, y está imputada junto al ex alcalde, Francisco Muñoz, y al resto de los ediles que formaban parte de la corporación, por la aprobación de licencias urbanísticas al margen del planeamiento vigente.

Durante la etapa en la que su partido ha formado parte del gobierno municipal torroxeño ha sido responsable de Ordenación del Territorio, Bienestar Social o Salud y Consumo, entre otras responsabilidades, además de ser teniente de alcalde.

Según la querella que dio origen a uno de los procedimientos judiciales abiertos, Tomé y el resto de los concejales del entonces equipo de gobierno del PSOE aprobaron en julio de 2005 varios expedientes previos a la concesión de licencias de obras para la construcción de viviendas unifamiliares destinadas a fines agrícolas.

El acuerdo se adoptó gracias a los votos favorables de los nueve concejales del PSOE, pero tanto en el contenido de los expedientes como en el propio debate plenario quedó patente la existencia de informes desfavorables de la Delegación Provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía.

En todas las promociones para las que se emitió voto favorable por parte de los nueve ediles del PSOE los terrenos estaban calificados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrox como suelos no urbanizables diseminados.

La legislación en este sentido ha cambiado, ya que anteriormente permitía la construcción de viviendas unifamiliares aisladas siempre que no dieran lugar a núcleos de población, pero la nueva normativa andaluza ha venido a prohibir, con carácter general, dichas construcciones, según apunta la querella mencionada.

Entre los proyectos aprobados figura uno promovido en el Pago Periana, en el que además de los incumplimientos mencionados no se alcanza la parcela mínima de 5.000 metros cuadrados exigidos en el PGOU.

La aprobación «no fue pacífica, sino que se produjo tras un intenso y acalorado debate», según relata la querella, apoyándose en el acta de la sesión plenaria.

Por ello «los concejales que votaron afirmativamente lo hicieron con pleno conocimiento del contenido ilegal del acuerdo, de que lo hacían en contra de informes jurídicos municipales y de la Delegación de Obras Públicas, y de las consecuencias jurídicas que su voto afirmativo podían acarrear», según agrega la querella.

Además, según los denunciantes, los concejales «pudieron solventar» la ilegalidad urbanística anulando los acuerdos adoptados, tal y como solicitó por escrito la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el 25 de agosto de 2005.

Además, posteriormente, varios ediles independientes plantearon alegaciones a estos acuerdos, sin que fuesen atendidas desde el equipo de gobierno. «Resulta obvio a estas alturas que ambos escritos fueron intencionada y conscientemente ignorados por el alcalde y demás querellados», afirman.

ELMUNDO.ES

UNA EMPRESA DE CORREA OPERÓ COMO AGENCIA DE VIAJES OFICIAO DE LA FEMP

Pasadena Viajes facturó a la Federación de Municipios 283.000 euros en la etapa de Rita Barberá

Rita Barberá, junto a Sáenz de Santamaría en un acto de la FEMP en 2007. - DANI POZO
MANUEL RICO / ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Pasadena Viajes SL, una de las empresas adscritas a la trama corrupta que presuntamente dirigía Francisco Correa, operó como agencia oficial de viajes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de la alcaldesa de Valencia y dirigente del PP Rita Barberá. Según los documentos a que ha tenido acceso Público, Pasadena facturó a la FEMP 283.000 euros entre junio de 2000 y diciembre de 2003, un mes después de que Barberá cesara como presidenta de la federación.

En esos dos años y medio, la empresa, cuyo administrador único era el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, endosó a la FEMP 216 facturas, muchas de ellas emitidas por conceptos múltiples es decir, distintos viajes o alojamientos en hotel, lo que ilustra la fortaleza de su relación comercial con la entidad municipalista, que entonces tenía como secretario general y mano derecha de Barberá a Álvaro de la Cruz. Según el diario El País, en la contabilidad B de Correa figura anotada una entrega de 30.000 euros a De la Cruz, que desembarcó en la FEMP en noviembre de 1995 tras haber sido jefe de gabinete con Francisco Álvarez Cascos en su etapa como número dos del PP.

Al final de la etapa de Barberá, Pasadena copó el 30% del presupuesto de viajes

Las fuentes consultadas por Público subrayan que Pasadena fue ganando peso en la FEMP desde finales de los noventa bajo los auspicios de Barberá y De la Cruz. La Federación, que históricamente había encargado los desplazamientos y estancias de sus representantes a Viajes El Corte Inglés, abrió su mercado a Pasadena, como también lo hizo con Special Events, otra sociedad del grupo de Correa que recibió a dedo el encargo de organizar las asambleas generales de la FEMP celebradas en 1999 y 2003.

El crecimiento de la cuota asignada por el equipo de Barberá a Pasadena fue tal que, al final de su etapa, la compañía llegó a copar el 30% de la tarta presupuestaria destinada a viajes. A través de la alcaldesa de Valencia, el PP controló la FEMP entre 1995 y 2003.

86.600 euros en once días


El secretario general en esas fechas cobró presuntamente de Francisco Correa

Meses antes de las elecciones municipales de ese último año, celebradas el 25 de mayo, los encargos de la FEMP a Pasadena se disparan de modo extraordinario. Un ejemplo: en los once días transcurridos entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre de 2002, la empresa emitió 45 facturas por importe global de 86.637 euros, lo que representa un tercio del monto total facturado a la FEMP en dos años y medio.

Aunque Pasadena también recibió encargos del PP madrileño, su principal cliente dentro del partido fue la organización valenciana que ahora dirige el imputado Francisco Camps. En Madrid, recibió contratos del ayuntamiento de Boadilla, cuyo ex alcalde fue el primer detenido en la operación Gürtel. Ayer, el Tribunal Superior confirmó que el PP podrá seguir ejerciendo la acusación en el caso. Tres de los imputados continúan en el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid.

PÚBLICO.ES

PRISIÓN PARA EL EX VICEPRESIDENTE DEL CABILDO DETENIDO EN LANZAROTE

Durante la segunda fase de la 'operación unión' fueron detendidos cinco empresarios y un constructor


Un miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porta documentación durante el registro efectuado hoy en el Ayuntamiento de Yaiza en el marco de la "operación Unión" contra una trama de corrupción municipal y urbanística, destapada esta semana en la isla, que cobraba comisiones ilegales. - EFE

EFE - Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado de instrucción número 5 de Arrecife ha decretado esta madrugada prisión incondicional por un delito de cohecho para el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), dentro de la Operación Unión, que investiga una presunta corrupción urbanística en la isla.

El juzgado confirmó la detención del secretario del ayuntamiento de Yaiza, Jesús Bartolomé Fuentes, a quien se le imputa un delito de cohecho.

Tras tomar declaración a los primeros imputados, el empresario Jorge Ramón Alvarez Pérez y Dayrán Jesús Muñoz Armas han quedado en libertad sin fianza pero con el cargo de cohecho.

Además, el juez ha prorrogado el periodo de detención al empleado del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez. Esta noche el juez ha tomado declaración al asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo a la espera de determinar los delitos que se le imputan y en la mañana de hoy seguirá interrogando al resto de implicados.

Operación abierta

La Guardia Civil detuvo ayer a seis personas acusadas de varios presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en las provincias de Las Palmas y Tarragona supuestamente relacionadas con la segunda fase de la Operación Unión.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta

La operación sigue llevándose a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

PÚBLICO.ES

EL SUPREMO VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LA GESTIÓN DE UN SENADOR DEL PP ALMERIENSE


Como alcalde, adjudicó un contrato millonario sin procedimientos y en contra de los informes


La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ha interesado la admisión a tramite de la querella interpuesta contra el alcalde de Gádor (Almería) y senador del PP Eugenio Gonzálvez al ver indicios de prevaricación en la adjudicación de un contrato de obras que ascendió a 144.837 euros pero que se tramitó "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a un informe en el que el secretario-interventor de la corporación local gadorense expresa su "reparo".

Noticias relacionadas
o Senador y alcalde almeriense declara mañana por presuntos pagos ilegales

Como ya informó El Plural la semana pasada, el senador Eugenio Gonzálvez estaba citado a declarar por un Juzgado de Almería, en un procedimiento judicial iniciado por los concejales socialistas a raíz del pago de unas facturas de obras, que fueron aprobadas por Gonzálvez sin atenerse a la normativa legal, y pese al informe en contra del Secretario-Interventor.

En contra de la Ley de Contratos
Hoy se ha conocido que el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press y remitido al ponente de la causa especial, el magistrado cordobés Juan Ramón Berdugo para que se pronuncie, cree que la actuación de Gonzálvez contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado, al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.

Omitió los requisitos legales
Atribuye, en esta línea, al senador popular y primer edil gadorense "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subraya, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.

Alcalde “tramposo”
El portavoz socialista, Juan Antonio Almansa, explicó anteriormente que “esta denuncia está motivada porque, una vez más, Eugenio Gonzálvez ha actuado en el Ayuntamiento de Gádor sin atender a la Ley y acusó a Gonzálvez de “tramposo por camuflar las irregularidades presentando varios presupuestos para la contratación, unos presupuestos que no existían cuando se debían haber presentado".

andalucia@elplural.com

CORREA COBRÓ CASI UN MILLÓN DE EUROS DE LA FEMP BARBERÁ




Pasadena Viajes se enraizó en la Federación entre 2000 y 2003


Pasadena Viajes, una de las empresas de la presunta red corrupta dirigida por Francisco Correa, se enraizó en la Federación Española de Municipios (FEMP) gracias a la administración de Rita Barberá y su número dos en la entidad, Álvaro de la Cruz, quien figura en la contabilidad B de la trama como beneficiario de 30.000 euros. Según informa hoy Público, entre junio de 2000 y diciembre de 2003 la entidad vinculada a Gürtel endosó a la FEMP 216 facturas por un valor total de 283.000 euros. La cantidad es, sin embargo, irrisoria comparada con los 800.000 que Special Events, otra organización corrupta de Correa, se embolsó por organizar las Asambleas de 1999 y 2003. En total, la red casi hizo una caja de casi un millón de euros en la FEMP de Barberá.

Noticias relacionadas
o La era Bárbera en la FEMP reportó a Correa 800.000 euros por dos contratos a dedo
o Un ex asesor de Cascos, también en la nómina de Correa
o Rajoy nombró al imputado De la Cruz interlocutor del PP ante la FEMP
o ¿Necesita más pruebas, señor Rajoy, para destituir al presidente valenciano?

Los ocho años de administración Barberá de la FEMP-entre 1995 y 2003- fueron fructíferos para Correa y sus empresas, dicen las fuentes del rotativo citado. Así, si en el terreno de la organización de actos Special Events desplazó al personal interno que antes se ocupaba de ellos, en el de viajes fue Pasadena quien dejó fuera de juego a Viajes el Corte Inglés.

30% de la tarta
La influencia de la organización de Correa en la FEMP queda patente no sólo en las 216 facturas por conceptos múltiples –distintos viajes o alojamientos-, sino también en su cuantía: al final de la etapa Barberá, Pasadena se llevaba el 30% de la tarta presupuestaria que la Federación destinaba a viajes.

La era Barberá, fructífera
Curiosamente, meses antes de que la también alcaldesa de Valencia abandonara la Federación, la empresa intensificó su actividad de un modo extraordinario. Por ejemplo, entre el 20 y 31 de diciembre de 2002, se emitieron 45 facturas por 86.637 euros, un tercio del total facturado a la FEMP en dos años y medio. A pesar de estos datos, Barberá se ha desmarcado de la red corrupta, lamentando que haya quien quiera vincularla a su persona. “Cuantas ganas tenían de sacar mi nombre vinculado”, replicó hace una semana.

De la Cruz
Fue De la Cruz, ex secretario de la FEMP y ex jefe de Gabinete de Francisco Álvarez Cascos, quien supuestamente introdujo a la red en la Federación -el mismo Cascos habría hecho lo propio en el PP-. Y aunque Mariano Rajoy y su equipo trataron de desmarcarse de él cuando estalló el escándalo, la confianza que le tenía Génova quedó demostrada en su nombramiento como interlocutor del PP ante la FEMP, según consta en una carta de 2007.

Clientes Gürtel
La Federación no fue, sin embargo, el principal cliente de la trama Gürtel –aún teniendo en cuenta que, entre asambleas y viajes, le proporcionó casi un millón de euros-: la red también cobró del PP madrileño y del grupo y Gobierno valencianos. Estos dos últimos sus principales benefactores. Por algo el imputado presidente Francisco Camps y el cerebro regional de la red, Álvaro Pérez, El Bigotes, son amiguitos del alma.

ELPLURAL.COM

GUERRA ABIERTA EN EL PSOE DE MURCIA POR LA EXPULSIÓN DEL EX ALCALDE DE LORCA



PSOE, Murcia, Vicente Navarro, Lorca



@Vidal Coy.


El ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (Efe).

Apenas cuatro horas después de que el PSOE de Lorca intentara dejar en suspenso la expulsión del ex alcalde local Miguel Navarro mediante un comunicado (ver noticia), la dirección regional emitio en Murcia otro texto en el que reafirma que el alto cargo imputado por malversación sigue sometido al “expediente disciplinario (…) que podria acabar en su expulsión del partido, con pleno respeto al derecho de defensa y a su presunción de inocencia”.

Con este nuevo texto, la dirección regional del PSOE sale al paso a un comunicado emitido la mañana del jueves por la dirección local socialista de Lorca que anunciaba la paralización del expediente de expulsión “hasta que se levante el secreto del sumario”.

Ese expediente fue dado a conocer a la opinión pública por la dirección regional del PSRM el martes por la tarde, pocas horas después de la detención de Miguel Navarro, mientras éste se encontraba en la comisaría de Lorca y antes de que el juez decretara, el martes por la noche, su puesta en libertad sin fianza pero imputado de presunto delito de malversación de caudales públicos.

La sucesión de comunicados, aunque guardan las formas y no se desmienten directamente uno a otro, revela la existencia de una guerra abierta dentro del PSRM entre la dirección local de Lorca, alineada con Miguel Navarro, que fue alcalde hasta 1996, y la dirección regional murciana encabezada por Pedro Saura que forzó la salida del ahora imputado de la alcaldía lorquina en 1996.

ELCONFIDENCIAL.COM

LA CORRUPCIÓN AZOTA AL PSOE EN PLENA CAMPAÑA

Las inmensas grúas cubren desde hace tiempo el cielo de Seseña

Las tramas urbanísticas salpican a más de una decena de municipios en los que gobiernan los socialistas

La campaña electoral del PSOE para las europeas no podía haber empezado peor. La formación política se ha empeñado tanto en sacar a la luz los trapos sucios de la oposición que se olvidó de tapar los propios. Así, en los últimos días han sido varios los escándalos de corrupción que han salpicado a los socialistas. El pasado lunes, la Guardia Civil destapó una trama urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en la que, presuntamente, estarían implicados dos miembros del PSOE: el jefe de la oficina técnica municipal, José Rafael Arrocha, y Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo Insular. Ambos fueron detenidos, junto a otras siete personas, y acusados de falsificación y concesión irregular de licencias de obra.

No ha sido el único escollo de los socialistas. Apenas un día después, era detenido el ex alcalde socialista del municipio murciano de Lorca, Miguel Navarro. El arresto está relacionado con la «operación Reciclaje» contra una trama de corrupción en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza de la localidad, Limusa, de la que presuntamente se podrían haber desviado fondos públicos para financiar a empresas privadas. Tras declarar ante el juez, Navarro quedó libre con cargos.

Y, por si esto fuera poco, otro ex alcalde socialista, Francisco Javier Raventós, ex regidor de Collbató, en Barcelona, iba a ser juzgado el martes, pero pactó en el último momento con la Fiscalía una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003. Raventós reconoció que había abusado de su cargo para obtener dinero del erario público que debía servir para pagar a proveedores municipales. Estos son los más recientes, pero no los únicos, ya que la corrupción en el PSOE ha sido una constante. Estos son algunos de los casos más destacados en la geografía española:

Andalucía
- «Operación Malaya»: Es, sin duda, la más conocida por su envergadura. Se destapó en marzo de 2006 y se saldó con la detención de buena parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa entonces, Marisol Yagüe, estuvo en prisión año y medio, así como su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), PSOE y Partido Andalucista. Por la misma causa, fueron encarcelados el anterior regidor del municipio, Julián Muñoz, y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la operación.
- Garrucha (Almería): Al alcalde socialista, Andrés Segura, le acusaron de firmar un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se comprometía a pagar al Consistorio 2,6 millones para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio.

Comunidad Valenciana
La comunidad donde más han puesto sus miras los socialistas para atacar al PP, es una de las que más casos de corrupción de su partido ha registrado:
- Elche: Hace un mes el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, declaraba como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según afirmó, todo se debía a un «error administrativo». El PP presentó varias denuncias por el presunto pago de inserciones publicitarias de actos electorales del PSPV-PSOE con dinero del ayuntamiento.
- Bigastro: Su alcalde, el socialista José Joaquín Moya, fue encarcelado por delitos contra la ordenación de territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación destapó operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.
- Zarra: Su alcalde, Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV, y su hijo, pagaron 18.000 euros para salir de prisión. Dio licencias de obra a su hijo para edificar en zona no urbanizable.
- Carral: Se produjo hace dos años. El entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado por un delito de ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. La denuncia la interpuso una asociación de consumidores que le acusaba de dar licencias para que se construyeran hasta 1.200 viviendas en el Parque Natural de El Hondo de Elche. La Generalitat retiró al Ayuntamiento las competencias urbanísticas.
- Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera.

Castilla-La Mancha
- «Las Higuericas» (Hellín): En 2006 se iniciaron las obras de la urbanización «Las Higuericas», con el visto bueno del alcalde, el socialista Diego García. Incluían 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, los cuales, según las denuncias tanto de ecologistas como del PP, están en un espacio declarado «Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves», perteneciente a la futura Red Natura 2000. Los populares denunciaron, además, sobornos para «comprar al pueblo».
- Seseña (Toledo): La urbanización de «El Pocero» ha sido uno de los casos más sonados. Francisco Hernando se propuso construir una «ciudad» de 13.500 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados de terreno rústico recalificado. Pese a que acumula casi tantas denuncias como las que presenta, anunció su intención de levantar un millón de viviendas en Madrid y se compró el yate más grande de España. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar seis millones de euros por varios delitos fiscales, y se investiga la recalificación de los terrenos y varios delitos de cohecho, fraude y prevaricación. Las pesquisas llegaron hasta varios miembros del PSOE y funcionarios municipales, que podrían haber recibido más de 800 millones de euros.

Aragón
- La Muela (Zaragoza): La alcaldesa socialista de esta localidad, María Victoria Pinilla, se encuentra encarcelada desde el pasado 23 de marzo y se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales, y blanqueo de capitales.La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas.

Galicia
- Puerto del Son: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusó al edil socialista Manuel Vázquez de comprar al menos cuatro fincas entre los años 2000 y 2006, que fueron declaradas no urbanizables, con la principal pretensión de recalificarlas con el objetivo de incrementar su valor.

Baleares
- Caso de «Eivissa Centre»: Además del presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés, que está imputado, el juez encargado del caso investiga si algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues. A cambio, habrían obtenido la adjudicación de la ejecución del proyecto urbanístico «Eivissa Centre», para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.

Canarias
- San Bartolomé de Tirajana: En junio de 2007 el Ayuntamiento, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE se registraba por orden judicial en el marco de una operación contra la corrupción política. Seis personas resultaban detenidas, entre ellas un concejal y el secretario del Consistorio. La Policía Judicial rastreó todos los rincones de varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Actas, Intervención de Fondos, Urbanismo y Vivienda. Uno de los arrestados fue el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él. La detención de «Pacuco», como se la conocía era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria.

LARAZÓN.ES

jueves, 28 de mayo de 2009

LA HIJA DE CHAVES FIRMÓ LA AYUDA A SU EMPRESA QUE APROBÓ SU PADRE

Políticos bajo sospecha

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, solo en el Congreso de los Diputados. | Efe

* La Ley de Incompatibilidades obligaba al entonces presidente a inhibirse en la adopción del acuerdo por razones de parentesco

Manuel María Becerro | Sevilla

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente del incentivo de más de 10 millones de euros a la empresa en la que ella figura como apoderada.

Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.

En el expediente de la subvención puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a esta cualificada representante de la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sino que quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero) aceptando la ayuda que rubricó el ex presidente Chaves fue su hija.

Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención.

El martes último, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que "no me constó ni me consta hoy" que su hija "hubiera tenido nada que ver con ese expediente". Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves "no ha tenido que ver nada con la tramitación" y que no fue la "responsable" del expediente.

¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz es la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto: en la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador", que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.

La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas" a 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.

Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien �por un apoderamiento especial� recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la firma de su padre.

El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación "más estricta" del artículo 7 de esa norma. "Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada", ha señalado.

Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad.

Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones.

Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos "de transformación" de mineral �como el de Matsa� y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.

ELMUNDO.ES

DETENIDAS OTRAS SEIS PERSONAS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN LANZAROTE


CANARIAS | En Lanzarote, Las Palmas y Tarragona













Zona acordonada por la Guardia Civil alrededor del Ayuntamiento de Yaiza. | Efe

* Uno de ellos es consejero de la Radio Televisión Canaria (RTVC) por CC
* También hay cuatro empresarios y un promotor y constructor de Lanzarote
* Se ha registrado el Ayuntamiento de Yaiza

Ana Belén F. Peña | Agencias | Madrid | Las Palmas

La Guardia Civil ha detenido a seis personas más por diversos delitos relacionados con la corrupción y el urbanismo en la segunda fase de la 'Operación Unión'. Los arrestros se han producido en Lanzarote (4), Las Palmas (1) y Tarragona (1).

El empresario y abogado Honorio Nicolás García-Bravo Betancor, consejero de la Radio Televisión Canaria (RTVC) por Coalición Canaria, es uno de los seis detenidos. Según informaron fuentes de la investigación, el detenido, que es hijo de un ex alcalde de Yaiza, es vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote y tiene negocios familiares en compañías aéreas y hoteleras y en gasolineras.

Aunque los investigadores comenzaron el lunes a desarticular esta trama con el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, la operación también se ha extendido a Gran Canaria y a Reus (Tarragona), donde hoy fue detenido el empresario y abogado Luis Fernando Lleo Khunel. Otro de los empresarios es Fernando Becerra Robayna, a quien se le ha imputado un delito de cohecho.

Entre los nuevos detenidos también se encuentra un promotor y constructor de Lanzarote, así como dos empresarios más.

Los agentes han practicado registros en las dependencias del Ayuntamiento de Yaiza y de su Oficina Técnica, así como los domicilios de varios de los detenidos y las sedes de distintas empresas promotoras.

Según la prensa local, también se habría registrado un despacho de abogados en la calle Méjico de Arrecife, el de Luis Lleó -que podría ser el detenido en Tarragona- y las oficinas de una constructora, en la calle Parranda de Los Buches, en la capital conejera.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho y tráfico de influencias.

El principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, dinerarias o en especie, a un Consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio, a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos.

También se investiga en qué medida ha podido influir sobre varios cargos públicos del Ayuntamiento de Yaiza, término municipal en el cual se encuentra ubicada una de sus promociones urbanísticas más importantes, para garantizar el futuro desarrollo de la misma dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de dicho Ayuntamiento.

Libertad con cargos para un empresaria

El juez de la 'operación Unión' ha dejado en libertad con cargos a la empresaria María José García Acosta, detenida el pasado lunes en la primera fase de la operación, informa Efe.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la empresaria ha quedado en libertad con los cargos de cohecho y tráfico de influencias.

La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones y/o imputaciones.

ELMUNDO.ES

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" RECHAZA EL RECURSO DEL FISCAL CONTRA LA PERSONACIÓN DEL PP

JUSTICIA | Acusación particular

* El magistrado considera que el PP puede ostentar la condición de perjudicado

Efe | Madrid

El magistrado Antonio Pedreira, instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha desestimado el recurso de reforma del fiscal contra la personación del Partido Popular como acusación particular, al entender que el PP puede querellarse contra la trama de corrupción.

El juez argumenta, sobre la condición de perjudicado que ostenta el PP en este caso, que esta formación política puede querellarse contra el presunto líder de la trama investigada, Francisco Correa, y los imputados Pablo Crespo -secretario de organización del PP gallego hasta 1999- y Antoine Sánchez, primo de Correa, ha informado el TSJM.

Correa, Crespo y Sánchez están imputados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto del instructor por el que el pasado 7 de mayo se admitió la personación como acusación particular del PP, ya que consideró que esta formación no puede actuar como acusación en una causa que investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos de este partido, varios de cuyos miembros -incluidos tres diputados en la Asamblea de Madrid- están imputados en la misma.

Sin embargo, el juez ha rechazado el recurso de la Fiscalía, ya que, según han explicado fuentes jurídicas, entiende que el PP puede ostentar la condición de perjudicado y actuar como acusación particular o, en el caso de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJM revoque su decisión, personarse como acusación popular, con sujeción a la fianza correspondiente.

El PP alegó en su solicitud de personación que el partido no debía figurar en la causa como acusado, sino como perjudicado, y por tanto acusador, de las operaciones realizadas por las empresas Especial Events S.L.; Easy Concept S.L. y Good &Better S.L., dirigidas por Francisco Correa y sus hombres de confianza Pablo Crespo y Antoine Sánchez como administradores de hecho y de derecho.

Además:

Quién es quién en la trama

ELMUNDO.ES

LA HIJA DE CHAVES FIRMÓ LA SUBVENCIÓN DE 10 MILLONES APROBADA POR SU PADRE



CRECE EL ESCÁNDALO EN ANDALUCÍA




El escándalo de Chaves sigue creciendo. Este jueves El Mundo informa que la hija del ex presidente andaluz aceptó con su firma la subvención de 10 millones de euros que aprobó la Junta a MATSA. El ahora vicepresidente del Gobierno podría haber vulnerado la Ley de Incompatibilidades.










Manuel Chaves, presidente andaluz (Archivo)

(Libertad Digital) Paula Chaves, apoderada de MATSA, no sólo dirigió las comunicaciones previas a la concesión de la subvención de la Junta sino que además estampó su firma para dar conformidad a las ayudas dadas por el Gobierno dirigido entonces por su padre.

De este modo, Manuel Chaves habría vulnerado la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía puesto que ésta asegura que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

La Junta de Andalucía niega que el ahora vicepresidente tercero vulnerara la ley. Sin embargo, Paula Chaves tuvo un papel importante en la concesión de la ayuda puesto que entre las facultades otorgadas por la empresa a la hija del ex presidente andaluz está la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador". Esto es el ejemplo de una concesión de una ayuda de la Junta.

En este sentido, según la propia versión de MATSA y el Registro Mercantil, la hija de Chaves participó desde el principio en el expediente de la ayuda de más de diez millones y gracias a un apoderamiento especial recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su aprobación a la subvención.

LIBERTADDIGITAL.COM

EL PSOE NO EXPULSA A SUEX ALCALDE DE LORCA Y SE QUEDA SIN ARGUMENTOS CONTRA EL PP EN GÜRTEL

caso Gürtel, Lorca, Miguel Navarro

El ex alcalde de Lorca, Miguel Navarro (Efe).

@Vidal Coy.

Los cargos públicos imputados por asuntos de corrupción deben dimitir. O ser separados de su partido si no son electos. Éste, que ha sido el principal argumento del PSOE en toda España y especialmente utilizado en relación con el caso Gürtel que afecta al PP, ha quedado en entredicho por los socialistas murcianos al dar marcha atrás en la expulsión anunciada del ex alcalde de Lorca y ex miembro de la Ejecutiva Federal, Miguel Navarro, imputado por malversación de fondos públicos.

Navarro fue detenido el martes (ver noticia), en el curso de una operación anticorrupción sobre la empresa de limpieza Limusa, de Lorca, ciudad de la que había sido alcalde durante catorce años. Esa misma noche, mientras el preboste socialista estaba detenido en comisaría, la dirección del Partido Socialista de la Región de Murcia anunció el inicio de un expediente de expulsión contra él. Obviamente, la expulsión era cosa hecha, al margen de los procedimientos burocráticos.

El juez le imputó esa misma noche, pero tras hacerse pública su expulsión del partido por malversación de fondos públicos, lo dejó en libertad con cargos. También esa misma noche, en un programa de la televisión autonómica La 7, la viceportavoz parlamentaria socialista Begoña García Retegui echó en cara al portavoz popular, Juan Carlos Ruiz, que el PP no separaba del partido a todos los imputados por casos crematísticos, pues mantenía a unos -el alcalde de Totana-, por ejemplo y echaba a otros -el de Librilla-.

El argumento empleado por Retegui es el “oficial” socialista en toda España, especialmente usado en relación con el caso Gürtel, en el que se hallan inmersos una docena de altos cargos del PP en Madrid y en Valencia, donde está imputado por el Tribunal Superior de Justicia el presidente de la Generalitat, Francesc Camps.

Sorprendentemente, esta mañana del jueves se ha hecho público un comunicado de la dirección del PSRM en Lorca que informa de la paralización de la expulsión de Navarro del partido. Aunque miembros de la dirección regional aseguraban el miércoles por la tarde que no pasaba nada dentro de la organización, El Confidencial sí ha podido constatar gran malestar en el PSOE de Lorca por la celeridad con que la dirección regional había dado curso a las medidas contra Navarro.

Luchas intestinas del PSOE murciano

Ahora, es significativo que el nuevo comunicado se haya hecho público desde Lorca, no desde Murcia. Pero, al margen de las luchas intestinas de los socialistas murcianos -en las que Navarro ha sido instigador y muy beligerante desde su ingreso en el partido en 1976-, lo cierto es que la paralización de la expulsión da la vuelta al ariete político usado por el PSOE a nivel nacional en relación con los casos de cargos públicos del PP imputados por corrupción.

El único argumento plausible para explicar la marcha atrás sería que Miguel Navarro ya no desempeña ningún cargo público tras ser separado hace tres años de la alcaldía de Lorca por disensiones con el secretario provincial Pedro Saura.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL CONTABLE DE FOREVER YOUNG NO PUEDE ACREDITAR NINGÚN PAGO EN METÁLICO DE CAMPS

Tampoco especifica si los trajes los abonaron las empresas de Correa

El baile de testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el marco de la Operación Gürtel no ha conseguido todavía aclarar si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, abonó los trajes adquiridos en las tiendas de lujo Forever Young y Milano o si, tal y como se le acusa, fueron pagados por las empresas vinculadas a la trama de corrupción. Ayer comparecieron ante el juez los contables de ambas firmas, que no pudieron aportar ningún registro en el que se evidencien los pagos que Camps aseguró haber hecho en metálico, ya que, según declararon, en los libros de contabilidad no se anotan abonos específicos de cada cliente, sino importes globales. Los contables no probaron tampoco que fuera Pablo Crespo, a través de Orange Market y otra filiales de las empresas de Francisco Correa, quien abonara los trajes, como aseguró ante el juez el sastre José Tomás.

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o Camps vuelve a casa con su imputación intacta y sin presentar ni una factura
o El presidente valenciano sale como imputado pero "muy satisfecho y contento" de explicar la...

El juez instructor de la trama Gürtel en el TSJ de Valencia, José Flors, sigue llamando a declarar a numerosos testigos para esclarecer si Francisco Camps y otros altos cargos populares de la Generalitat incurrieron en cohecho al aceptar trajes y otros regalos de las empresas de Francisco Correa. Ayer les tocó el turno a los peritos contables de las tiendas de moda Forever Young y Milano, que no lograron demostrar que el president abonara en metálico sus trajes, tal y como él había declarado (aunque sin presentar factura alguna), pero tampoco aclararon si fue Pablo Crespo a través de las empresas de la trama el que corrió con los gastos, como afirmó el sastre José Tomás ante el juez.

Sin constancia en los registros de contabilidad
El contable de Forever Young, que afirmó que había proporcionado “suficiente” documentación al juez, no pudo mostrar ningún apunte de contabilidad que mostrase que Camps efectuó pagos en efectivo de sus trajes. Según el testigo, en los libros de contabilidad no constan estas entregas, ya que solo se anotan los importes globales y no se especifican los pagos de cada uno de los clientes. No obstante, el contable reconoció que “no han cuadrado los tickets con las facturas”.

Pagos de las empresas de Correa
El contable sí ofreció al juez detalles de pagos realizados mediante cheque o transferencia por las empresas Servimadrid Integral, Asimétrico y Orange Market, todas ellas vinculadas con Francisco Correa y la trama de corrupción. Según sus datos, los pagos de estas empresas a Forever Young ascendieron a 8.083 euros, aunque no se especificó a qué correspondían los pagos, ni para quién eran los encargos, según informó Levante.

Nuevos testigos de las tiendas
Ante la poca luz arrojada sobre el caso por estos testigos, el juez tiene previsto interrogar también como testigos a otros miembros de las dos cadenas de moda. En las próximas semanas comparecerán en el TSJV tras empleados de Forever Young y Milano que habrían atendido a Camps cuando acudió a las tiendas a probarse los polémicos trajes.

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EL PP VUELVE A PREMIAR AL EX ALCALDE DE BOADILLA CON UNACOMISIÓN MUNICIPAL, PESE A ESTAR IMPUTADO Y SUSPENDIDO DE MILITANCIA


Ya van cuatro: la de Educación, Economía, Justicia y Recursos Humanos


Aunque fue uno de los primeros imputados en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y el municipio que gobernaba, Boadilla del Monte (Madrid) es el epicentro de la trama, el ex alcalde popular Arturo González Panero no deja de integrar comisiones informativas. Lejos de pedir su acta de concejal, el PP local, que ya lo había incluido en las comisiones de Educación, Economía y Hacienda y Justicia, lo incluye ahora en la comisión informativa de Recursos Humanos y Régimen Interior del consistorio. La oposición ya ha anunciado que no acudirá a esta comisión mientras Panero siga formando parte de ella.

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Lejos de pedir la dimisión y expulsión del partido del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, imputado en la trama de corrupción del Operación Gürtel, el PP de la localidad parece estar premiándole haciéndole miembro de numerosas comisiones informativas del Ayuntamiento. Y es que tras su dimisión como alcalde, Panero no salió del consistorio, como podría parecer lógico, sino que se ha mantenido como concejal y dentro del propio Grupo Popular.

Ahora, la comisión de Recursos Humanos
El pasado mes de abril su partido lo designó vocal en las comisiones informativas de Educación, Deporte, Bienestar y Cultura (recibía 200 euros por cada asistencia a una reunión), de Economía y Hacienda y de Asuntos Judiciales y Policía. Este mes el PP lo ha incluido en la comisión municipal de Régimen Interior y Recursos Humanos, pese a que actualmente Panero se encuentra suspendido de militancia.

Ausencia del PSOE...
Los grupos de la oposición lo tienen claro: no acudirán a esta comisión mientras Panero forme parte de ella. El portavoz socialista en la localidad, Pablo Nieto, confirmó a El Plural que esta es la tónica que ha mantenido su partido, que se opone a acudir a cualquier comisión de la que el ex alcalde sea miembro. Tampoco con esta harán una excepción, por lo que no estarán representados en estas reuniones.

... y de APB
Desde Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo señaló que el actual alcalde, Juan Siguero y su equipo de gobierno “es el responsable de que Panero esté ahí”, ya que es el PP el que mantiene al ex alcalde en este tipo de comisiones informativas. Galindo también confirmó que su grupo no asistirá a las comisiones informativas de las que sea miembro Panero.

ELPLURAL.COM

LA JUNTA TARDÓ CINCO DÍAS EN ESTUDIAR Y DAR LAS SUBVENCIONES A LA EMPRESA DE LA HIJA DE CHAVES

M. CONTRERAS | SEVILLA

El Gobierno andaluz necesitó sólo cinco días para notificar a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A.U (Matsau) que había sido beneficiada con una subvención millonaria de la Junta. Todo un récord para la administración andaluza, toda vez que los técnicos del Ministerio de Industria necesitaron de cinco meses para analizar la misma petición, que rechazaron finalmente.

La Junta recibió la petición de subvención el día 11 de octubre de 2007 y comunicó a la empresa que había sido aceptada aceptó el 18 de ese mismo mes. Es decir, cinco días laborales para tomar una decisión de notable trascendencia, ya que la subvención solicitada ascendía a 6,9 millones de euros —finalmente se concedieron 10 millones de euros—.

Requisitos incumplidos
Por contra, la subvención solicitada ante el Ministerio de Industria fue presentada por la empresa el 20 de julio de 2007, y la resolución provisional que negaba la ayuda se emitió el 10 de diciembre, tras un exhaustivo análisis.

Por otra parte, la Junta comunicó la aceptación de la petición de ayuda pese a que el proyecto incumplía la normativa vigente, razón por la que fue rechazado por el Ministerio.

Así, Matsau obtuvo la polémica subvención otorgada por el Gobierno andaluz a pesar de que había iniciado sus inversiones antes de la presentación de la solicitud de ayuda, una circunstancia expresamente prohibida en la normativa y que ya motivó que el Gobierno central denegase la concesión de ayudas a esta empresa.

El 20 de julio de 2007 Minas de Aguas Teñidas solicitó una subvención al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una subvención para un proyecto de «construcción de una planta de tratamiento mineral». El 24 de abril de 2008, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras denegó dicha ayuda por haber iniciado las inversiones antes de la presentación de la solicitud de la ayuda. El expediente de solicitud de subvención ante la Junta de Andalucía, por su parte, se inició el 11 de octubre de 2007. Si el 20 de julio ya había iniciado las inversiones, como certificó el Ministerio, la Junta debía de haber denegado igualmente la concesión, ya que esta norma genérica también está vigente en la normativa andaluza.

Asimismo, existía un segundo impedimento legal para conceder la ayuda, relativo a la actividad desempeñada por la empresa, que fue solventado por la Junta mediante un cambio en la legislación. Así, la legislación vigente —orden del 19 de abril de 2007— sólo permitía ayuda para las labores extractivas, modificándose este requisito en beneficio de las labores de tratamiento del material extraído, la labor que realiza la empresa beneficiada.

El periodo de tramitación de la subvención culminó en enero de 2008 con la concesión de los diez millones de euros. Unas semanas antes, el 12 de noviembre, Matsau entregó poderes a la hija de Manuel Chaves, quien —según informó ayer las propia empresa— era empleada de la misma desde julio de 2007, unos meses antes de plantear la petición de subvención a la Junta de Andalucía.

ABC.ES