martes, 2 de octubre de 2012

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "EL ESCÁNDALO DE LA COOPERACIÓN": BLASCO, IMPUTADO POR SEIS DELITOS

Rafael Blasco en las Cortes valencianas minutos después de conocer la providencia de la juez del TSJ. / MÒNICA TORRES

La juez investiga al ya exportavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas por fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Federico Simón Valencia


La juez Pía Calderón, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha citado a declarar a Rafael Blasco, actual portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el 18 de octubre en calidad de imputado por los supuestos delitos de fraude de subvenciones, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Ciudadanía, cuando era responsable de la gestión de los fondos para cooperación internacional.

Blasco ha asegurado, minutos después de conocer su imputación, que después de una situación "de indefensión que se ha alargado 24 meses" y en la que no se ha podido defender, la imputación supone una "oportunidad" para dar explicaciones de una acusación que "no tiene ningún fundamento ni ninguna base judicial". El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía se ha mostrado convencido de que la causa "se sustanciará con un sobreseimiento".

Tras conocer su imputación, Blasco ha contactado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que se encuentra en Madrid en la Conferencia de Presidentes para comunicarle su situación judicial y le ha comentado que, tal como anunció en junio, dejará la portavocía del PP. Fabra y Blasco se han emplazado para hablar mañana. Según Blasco, Fabra ha considerado "un acierto" su decisión.

Blasco ya puso su cargo a disposición del grupo parlamentario del PP y del presidente de la Generalitat después de que la jueza viera indicios de delito en su actuación al frente la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y delegó sus funciones en Rafael Maluenda. Ha anunciado que mantendrá su condición de diputado porque ha apuntado que abandonarlo "sería una inconguencia", basándose en la presunción de inocencia ya que no ha sido condenado. Ha insistido en que ha puesto su cargo a disposición del partido porque no quiere ser "ningún problema".

La imputación de Blasco era cuestión de tiempo. La juez que instruyó el caso llegó a la conclusión de que había "sólidos indicios" sobre la participación activa de Rafael Blasco en una trama que desvió alrededor de seis millones de euros de fondos de cooperación antes de dar traslado del asunto al TSJ el pasado 3 de julio pasado. Su instrucción venía respaldada por el informe de la Fiscalía Anticorrupción que ya le achacaba los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La juez relataba a lo largo de 52 páginas, los múltiples indicios hallados durante la instrucción de la causa. Molina incluso suma en su auto un nuevo delito a los cinco apuntados por los fiscales Jesús Carrasco y Vicente Torres, el de fraude de subvenciones.

La juez explica que “inicialmente” se encontró con hechos que “hacían sospechar” la vinculación de Blasco a una auténtica trama mafiosa, que ya suma 27 imputados en el caso. Sin embargo, a través de las diligencias de investigación practicadas, las declaraciones de imputados y testigos y, “sobre todo, el contenido de alguno de los correos bloqueados”, las iniciales sospechas pasaron a “convertirse en sólidos indicios de participación en la actividad ilícita”.

Hay una “serie de correos que, enlazados unos con otros, llevan a abrigar la posibilidad de que Rafael Blasco haya recibido dinero de Augusto Tauroni, entregas de cantidades directamente relacionadas con su intermediación en la adjudicación de las subvenciones”, dice la juez.

Arturo Tauroni, hermano de Augusto y también imputado, recibió el 27 de julio de 2011 un correo de Maribel Castillo, persona de confianza del cabecilla de la trama en la Fundación Hemisferio, desde la que se articuló el saqueo, en el que le escribe: “Del paquete que tenía que darme JJ me comenta que 5 son para el conill y 3.200 son para la negra y el resto para su empresa…”. En el sumario hay múltiples evidencias de que los miembros de la trama y miembros de la Administración aludían a Rafael Blasco como El Conejo, el Conill o Roger Rabbit, en referencia a una conocida película de dibujos animados. Los investigadores atribuyen las iniciales JJ a Joaquín Blasco, otro de los imputados.

La juez relaciona este mensaje con otro entre los hermanos Tauroni en el que se habla de un posible pago al consejero: “Los cinco documentos de Chust tienen alrededor de mil caracteres cada uno… Ok? Házselo llegar en cuanto se haya visto en la dotación, pásaselo a Maribel para que se lo deje a la secretaria, yo se lo diré ahora…”. Y añaden: “JJ tendrá que poner cinco páginas en un sobre que oculte contenido. Llamad a su secre y que Maribel se lo entregue…”. Los cinco documentos de 1.000 caracteres harían referencia a 5.000 euros.

Hay varios correos, pero destaca otro de 26 de julio de 2011, en el que Arturo le adjunta a Maribel una transferencia de 12.100 euros a Chust Alzira, empresa de otro de los imputados, en la que le dice: “Hazle llegar a JJ esto para que vea que sí se ha realizado… Te tiene que dar un sobre para llevárselo a la secre del conill entre el viernes y el lunes, recuérdaselo”.

Además, en el registro del domicilio de Josep María Felip, entonces director general de la consejería, se halló un maletín de mano con unos folios impresos con las palabras “Rafael Blasco Castany en EE UU” y una serie de datos de hipotéticas sociedades vinculadas al síndic popular. Se trata de T& B Blasco Enterprises Inc, Blasco Construction Corp, Blasco Investments LLC, Blasco Electric Inc y Blasco Enterprises LLC. El director general habría investigado firmas de Tauroni. Es decir, Felip sospechaba “de la posible connivencia entre aquellos dos en las actividades ilícitas que se habían desarrollado en la consejería”.

La instrucción ha revelado que Tauroni tenía hasta ocho firmas inscritas en Estados Unidos. Y junto a otras empresas españolas habría desviado directamente más de 1,5 millones de euros de ayudas a su bolsillo.

El auto de la juez apunta similitudes con las del caso Gürtel, puesto que también se utilizan siglas para ocultar a destinatarios de los pagos. En la documentación requisada en casa de Tauroni se encontraron anotaciones manuscritas que vinculan iniciales a cifras. Entre estas iniciales se encuentran RR, MLL o YO. Y en la columna correspondiente a RR, quizá en referencia a Roger Rabbit, constan dos cantidades por importes de 7.500 euros y 5.000 euros. “Existen indicios suficientes en la causa”, concluye la juez, “para poder pensar que estas iniciales se corresponden al nombre de Roger Rabbit y por lo tanto a pagos efectuados a Rafael Blasco, correspondiendo los otros pagos a Marc Llinares y al propio Augusto Tauroni”.

La juez apunta que el exconsejero del PP alertó en febrero a la trama de las inminentes detenciones, a raíz de la declaración ante el juez de la exsecretaria de Blasco, en la que explicó una conversación grabada que tuvo con Arturo Tauroni. “Cruzando esta conversación con otras que constan en la causa se infiere que el exconsejero tuvo conocimiento de que se iban a practicar las detenciones y avisó de las mismas al grupo del señor Tauroni. De desconocer la actividad ilícita desarrollada por el mismo, con toda seguridad no habría revelado la actuación policial inminente”.

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"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO COOPERACIÓN"; BLASCO DIMITE COMO PORTAVOZ TRAS SER IMPUTADO POR EL FRAUDE DE LAS ONG

Rafael Blasco desde su escaño de las Cortes Valencianas. | Benito Pajares
Declarará ante el TSJ de Valencia el 18 de octubre
El caso investiga una trama que desvió 6 millones de euros de Cooperación
Están implicados empresarios y cargos de la época de Blasco como conseller
La juez atribuyó a Blasco delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos

Francisco Álvarez | Rodrigo Terrasa | Valencia

El hasta hoy portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha anunciado su dimisión tras ser imputado este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el conocido como 'caso Cooperación', que investiga una presunta trama de desvío de fondos del Gobierno valenciano dirigidos al Tercer Mundo durante los años en los que fue conseller de Solidaridad, de 2008 a 2011.

En una providencia dada a conocer poco después del mediodía, la juez Pía Calderón, la encargada de instruir esta causa en el TSJ de Valencia, ha citado a declarar al dirigente 'popular' el próximo 18 de octubre, a las 10 horas ante la existencia de "sólidos indicios de su participación en la comisión de los hechos investigados inicialmente calificados como fraude de subvenciones, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales y falsedad documental".

Esta comunicación se ha producido apenas 24 horas después de que este mismo tribunal imputara a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y a su antecesor Luis Díaz Alperi (ambos diputados autonómicos) por el 'caso Brugal'. Ambos comparecerán ante el juez Juan Climent un día después, el 19 de octubre.

La reacción de Blasco no se ha hecho esperar. En declaraciones a la SER, ha anunciado que dimite como síndico 'popular' "convencido de su inocencia", cumpliendo así con el compromiso alcanzado con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, antes del verano, una vez que el cerco judicial parecía estrecharse cada vez más sobre su figura.

Al parecer, podría formalizar su decisión en la próxima reunión del grupo parlamentario, que habitualmente se produce antes de los plenos en la Cámara autonómica y que esta semana arrancará durante la mañana del miércoles.

No obstante, fuentes del PP han confirmado a Efe que el ex conseller, que ya había sido apartado de sus funciones como portavoz (no así del cargo, que mantenía formalmente), mantendrá su escaño como diputado autonómico, lo que le otorga la condición de aforado y garantiza que el proceso continúe en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La imputación de Rafael Blasco se antojaba una cuestión de tiempo después de que la primera semana de septiembre, el TSJ se declarara competente para seguir la investigación y designara a la magistrada Pía Calderón como instructora. Era el capítulo previo al escrito este martes.

Y era la respuesta a la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la juez Nieves Molina, de remitir el caso al TSJ tras hallar indicios de delito en la conducta del ex conseller.

La juez estimaba que Blasco podría haber cometido delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

De su auto, demoledor, se derivaban las sospechas de que Blasco cobró dinero de una trama en la que presuntamente participaron empresarios afines y altos cargos de su confianza.

Según consta en el sumario del caso, la trama captó cerca de 6 millones de euros destinados a ayudas al Tercer Mundo. Subvenciones concedidas por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua, por ejemplo, acabaron destinándose, presuntamente, a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.

La juez cree que Blasco "conocía el fin último de Augusto César Tauroni [cabecilla de la trama] de lucrarse con los fondos obtenidos de las subvenciones de la Consejería de Solidaridad" y sospecha que incluso participó con Tauroni de sociedades en EEUU.

Un mes antes, en junio, Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, ya había decidido apartar a Blasco de sus funciones tras la primera providencia judicial que apuntaba al portavoz del PP. "Él sabe cuáles son las barreras que no se pueden pasar dentro del PP", advirtió Fabra.

Desde entonces Blasco no ha ejercido como portavoz en las Cortes (fue relevado por Rafael Maluenda) pero no ha perdido su cargo.

Además

"CORRUPCIÓN POLÍTICA"; "CASO VOLTOR": NADAL CARGA CONTRA SUS SUBORDINADOS: "ERAN MIS ENEMIGOS POLÍTICOS"

Miquel Nadal junto al resto de acusados en el banquillo. | Pep Vicens
Ex conseller de Turismo
La Fiscalía pide 4 años y 4 meses de cárcel para el ex conseller de Turismo por la contratación fantasma de un ex concejal de Unió Mallorquina

María José García | Palma

El ex conseller de Turismo de Unió Mallorquina ha asegurado ante el juez que no sabía nada de un supuesto contrato de 12.000 euros para beneficiar al ex concejal 'uemita' Tomas Plomer por unos trabajos que no se realizaron y por los que Nadal se enfrenta a una acusación de malversación por la que podría ir cuatro años a prisión.

"Me enteré en comisaría", ha respondido Nadal a preguntas del fiscal. El ex conseller, que fue detenido por el caso Voltor en febrero de 2010, ha asegurado que cuando llegó a la conselleria en octubre de 2008 (tras la destitucion de Francesc Buils) "no se fiaba de sus subordinados", ya que algunos eran sus "enemigos políticos", como Joan Sastre, Director General de Promocion Turística.

Nadal ha asegurado que además tuvo que pedirle a Antoni Oliver, gerente de Inestur, más orden en las contrataciones. A este respecto, el otrora 'delfín' de Maria Antonia Munar ha asegurado que no solo no les pidio a sus subordinados que arreglaran algún contrato, sino que cuando tenía que despachar con ellos lo hacía con testigos y por eso montó una reunión todos los martes por la tarde a la que acudía incluso el jefe de prensa de la conselleria.

El ex conseller de Turismo del Govern y expresidente de UM se sienta hoy de nuevo en el banquillo de los acusados por auspiciar la contratación presuntamente fraudulenta de un ex concejal 'uemita' por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por la que, sin embargo, cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).

En concreto, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares es el encargado de juzgar a Nadal, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y cuatro meses de cárcel, y sobre el que ya pesan dos años y siete meses por un anterior juicio en el que fue condenado junto a la ex dirigente histórica de UM Maria Antònia Munar, informa Europa Press

Se trata de la segunda vista oral que se celebra en el marco del caso Voltor: en la primera fue condenado a tres años de prisión, por unos hechos similares, el también exconseller de Turismo Francesc Buils así como el exalcalde de Sóller Antoni Arbona, quien resultó favorecido con 15.000 euros por dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Inestur para beneficiarle.

En esta ocasión, Nadal se enfrenta al tribunal junto al ex regidor de UM en Sóller Tomás Plomer -para quien el Ministerio Público solicita un año de prisión-, el exdirector general de Promoción Turística Joan Sastre -dos años y dos meses de cárcel-, el exgerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) Antoni Oliver, y la exresponsable del CITTIB Luisa Tortella, todos ellos excargos públicos del partido.

Y es que, según relata la acusación en su escrito de calificación, Nadal decidió "de forma arbitraria" beneficiar a Plomer, con quien tenía antigua amistad y a quien quería favorecer por servicios y colaboraciones prestados en el seno de la formación regionalista, clave en la formación del Govern de la pasada legislatura.

Según la Fiscalía, el ex dirigente de UM llevó a cabo las gestiones necesarias para crear un expediente de contratación 'ad hoc' en beneficio de Plomer, ordenando para ello los trámites oportunos a Sastre, Oliver y Tortella, quien inició el expediente y acordó la propuesta de resolución de cara a aprobar el gasto de 13.080 euros del Inestur aparentemente por la prestación de servicios de información turística de la Serra de Tramuntana mediante pantallas táctiles.

Una labor que, sin embargo, Tortella ordenó que llevasen cabo las empleadas del Inestur y del CITTIB, instándoles a que "arreglaran el contrato de Plomer" y "le hicieran el trabajo", puesto que el exedil de UM, apunta Anticorrupción, "carecía de todo conocimiento necesario para la realización de ese trabajo". De hecho, el Inestur "no acreditó en absoluto" que Plomer estuviera en condiciones legales de contratar con la Administración ni que fuera técnicamente capaz.

Cobró seis meses antes de firmar
Así, en diciembre de 2009 Plomer fue citado telefónicamente para que acudiera al Inestur a firmar el trabajo elaborado por las empleadas del organismo público y en el que el acusado no había tenido participación alguna, a pesar de que seis meses antes (en abril) ya había cobrado este servicio. "Además de congraciarse con él, Nadal conseguía generar en Plomer una relación de endeudamiento con él y para con el partido", sostiene la Fiscalía.

El propio ex concejal reconoció su intervención en los hechos en su primera declaración ante la Policía Judicial y posteriormente consignó la cantidad defraudada, por lo que sobre él pide la Fiscalía que se le apliquen las atenuantes de reparación del daño producido y de confesión. A raíz de la trama urdida para beneficiarle, Anticorrupción considera los hechos constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y otro continuado de prevaricación.

Cabe señalar que Nadal fue condenado en una de las piezas del caso Maquillaje por el desvío de 240.000 del Consell de Mallorca a una productora controlada por Munar y por él a través de testaferros, mientras que la Fiscalía solicita para él otros seis años de cárcel por la venta presuntamente irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge, los mismos que en esta causa reclama para la exdirigente 'uemita'.