sábado, 24 de octubre de 2009

EL JUEZ ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL ALCALDE DE ENGUERA POR LOS PARQUES EÓLICOS

XAVIER ALIAGA - Xàtiva

El juzgado decano de instrucción de Xàtiva ha abierto diligencias contra el alcalde de Enguera (La Canal de Navarrés), Santiago Arévalo, del PP, por un posible delito contra la ordenación del territorio por la concesión de licencias municipales a la empresa Acciona para la construcción de los parques eólicos Salomón, Benalaz I y Benalaz II. La instrucción arranca de una denuncia presentada en febrero de 2009 por la oposición socialista ante la fiscalía de la Audiencia de Valencia, que acordó en julio remitir el caso a los juzgados de Xàtiva.

La fragmentación es un recurso habitual para sortear la normativa

El proceso penal es paralelo a la petición de la fiscalía a los juzgados de lo contencioso administrativo de Valencia pidiendo la paralización cautelar al comprobar a través del Seprona que los tres parques distan entre sí menos de 2.000 metros y disponen de subestación y líneas de evacuación eléctrica comunes. Un único parque, de hecho, que requeriría autorización de la Administración del Estado.

La fragmentación es un recurso habitual para sortear la normativa, pero la fiscalía recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizó un proyecto similar en abril de 2006. El ministerio fiscal reprocha también numerosos incumplimientos de la declaración de impacto ambiental en una zona de especial valor ecológico.

Así las cosas, el Grupo Socialista ha solicitado un pleno extraordinario para anular las licencias municipales de obras. Su portavoz, Alfredo Barberán, explica: "En diciembre de 2008 ya pedimos que se anularan las licencias ante la constatación de que se estaba vulnerando la normativa medioambiental en una zona LIC. No se nos hizo caso y se nos engañó diciendo que estaba todo en regla, cuando los parques no disponen de autorización ambiental integrada". Barberán denunció que los trabajos no están paralizados pese a la petición del fiscal.

El alcalde, mientras, asegura que Acciona ha parado las obras en los parques que ya están prácticamente acabados, Benalaz I y Salomón, no así en Benalaz II, y se acoge a la única decisión judicial firme tomada en torno a los parques, el carpetazo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a un recurso de paralización de Acció Ecologista-Agró.

Arévalo considera que con la ley eólica valenciana en la mano, "estaríamos hablando de tres parques eólicos, cada uno con su central de transformación, y no de uno", y deslizó que "otros pueblos que están haciendo lo mismo", en alusión a Ayora, "no sufren el mismo maremagno judicial". El alcalde reveló que el abogado de la Generalitat planteará que los diversos procedimientos abiertos se unifiquen bajo la jurisdicción del TSJ, por entender que se están dirimiendo decisiones de ámbito autonómico.

elpaís.com

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA JUEZA ENVIÍA A PRISIÓN A ENCISO POR EL SAQUEO DE LAS ARCAS DE EL EJIDO

La magistrada acusa al alcalde de blanqueo, malversación, falsedad y cohecho

M. J. LÓPEZ DÍAZ / FERNANDO J. PÉREZ - Almería / Málaga

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, durmió anoche en la prisión de El Acebuche acusado de haber saqueado las arcas del municipio del que es primer edil desde 1991.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, ha dictado auto de prisión incondicional sin fianza para Enciso, del Partido de Almería (PAL) y ex del PP, así como para el interventor municipal accidental, José Alemán.

La juez también dictó prisión sin fianza para Ambrosio Cuevas, socio de Enciso en la empresa Gestora Ejidense. Todos ellos están imputados por blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias.

Los acusados llegaron alrededor de las 7.30 desde los calabozos policiales a los juzgados de Almería a bordo de furgones policiales y, a alrededor de las 21.30, partieron en los mismos vehículos hacia la cárcel.

Con los encarcelamientos ordenados este viernes por la juez, ya son siete los imputados en la Operación Poniente, sobre corrupción municipal en el municipio almeriense, que ingresan en prisión.

La prisión preventiva para el primer edil ha roto casi dos décadas de gobierno municipal en El Ejido en manos de Juan Enciso, primero con el PP (desde 1991 hasta 2005) y después con el personalista Partido de Almería (PAL). El encarcelamiento de Enciso es, hasta el momento, el punto más destacado de la investigación sobre la supuesta malversación de 150 millones de euros de las arcas de El Ejido por medio de una trama de subcontrataciones con la empresa mixta de servicios municipales Elsur -cuyo accionariado está compuesto por el propio Ayuntamiento de El Ejido (30%) y Agua y Gestión (70%), participada a su vez por Abengoa, Cajasol y Cajasur-.

Junto al alcalde, el supuesto responsable de la trama es José Amate Rueda, ex directivo y, jubilado desde 2006, de Elsur y creador de varias empresas que subcontrataban con la propia compañía mixta, y encarcelado sin fianza desde el pasado jueves.

La juez Peña tomó declaración a varios imputados más. Para Francisco Javier Aguilera Callejón, cuñado del alcalde, y Enrique Alemán, hijo del interventor, ordenó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros y les retiró de pasaporte y les impuso marcó la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Peña dictó asimismo prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros para Jesús Aragón, otro de los socios de Enciso en Gestora Ejidense, al que le ha impuesto las mismas medidas cautelares que a los dos primeros.

Este sábado testificará en solitario Juan Antonio Galán, detenido en Madrid junto a su esposa María Gema de la Peña y su hija Yolanda Galán, y propietario de Jardines del Poniente y Jardines del Alcor.

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EL GOBIERNO DE PUJOL SABÍA QUE MILLET DESVIABA FONDOS

La Generalitat desoyó una auditoría de 2003 que advertía de la salida del Consorcio del Palau de 539.424 euros

LLUÍS PELLICER - Barcelona

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades "relevantes" en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron de esta entidad 539.424 euros en concepto de "colaboraciones" con la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos.

Millet se embolsaba 107.300 euros por un "contrato verbal" con la Administración

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones. El consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen de la trama de desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica todo lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificaba el presupuesto a su antojo sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros.

El Palau de la Música justificó esa inyección de dinero como "una cuantía variable por colaboraciones". La advertencia era ya suficiente para alertar al Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el convergente Francesc Homs, que tenía encima de la mesa otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que advertía de que los pagos del consorcio a la asociación en concepto de "colaboraciones" eran prácticas irregulares.

Sin embargo, el empleo irregular del dinero público no terminó ahí. El interventor de la Generalitat constató que los contratos de Millet y Montull eran "verbales". Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más de un 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que el año pasado fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet se gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo catalán también advirtió de que no se realizaron "los arqueos de caja", es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que contaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista. Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye "el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda". Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Por otra parte, ayer la fiscalía elevó a 20 millones de euros la desviación de fondos cometida por Millet en el Palau de la Música. El fiscal, además, recordó que siguen "aflorando más depreciaciones", como las bodas de sus hijas, que corrieron a cargo del Palau.

Félix Millet I Tusell
A FONDO

Nacimiento:
08-12-1935

Lugar:
Barcelona

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; GOLPE DE MANO DE LOS BARONES DEL PP VALENCIANO PARA CONTROLAR A CAMPS

Ripoll, Fabra y Rus le exigen cambios en la Generalitat y en la dirección del partido

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia

Los tres presidentes provinciales del PP en la Comunidad Valenciana han decidido dar un golpe de mano para controlar al presidente de la Generalitat e imponer sus decisiones a Francisco Camps, paralizado desde hace meses por los escándalos del caso Gürtel. Carlos Fabra (Castellón), Alfonso Rus (Valencia) y José Joaquín Ripoll (Alicante) han esbozado ya la hoja de ruta para evitar que el presidente de la Generalitat arrastre a todo el PP valenciano a la situación de parálisis en la que se ha instalado. Una situación que, desde que se conoció su amistad con Álvaro Pérez, El Bigotes, se ha deteriorado progresivamente. Primero con el escándalo de los trajes pagados por la trama corrupta y ahora por la supuesta financiación irregular del PP y el sainete de la defenestración de Ricardo Costa.

El presidente no piensa cambiar a su equipo, según la consejera portavoz

Fabra, Rus y Ripoll se reunieron el pasado jueves en un campo de golf de Castellón, sin la presencia de Camps, y pusieron en común su malestar con la gestión realizada por el presidente valenciano. Los tres dirigentes exigen del jefe del Consell tres cosas: una remodelación de Gobierno; la convocatoria de un Comité Ejecutivo Regional para elegir un nuevo secretario general tras la defenestración de Ricardo Costa; y ser tenidos en cuenta en la elección de un nuevo portavoz parlamentario que rehaga la maltrecha moral de los diputados populares en las Cortes Valencianas.

La dirección nacional del PP, según fuentes del partido, fue consultada antes de la iniciativa. A Francisco Camps se la comunicaron.

Las presiones de los presidentes provinciales -que desde hace meses mantienen conversaciones telefónicas para analizar la situación- obligó a Camps el pasado martes a pedir a sus vicepresidentes Vicente Rambla -también salpicado por el escándalo- y Gerardo Camps que adquiriesen más protagonismo en la estrategia de defensa del caso Gürtel.

Fuentes del PP aseguraron que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, almorzó esta misma semana con Camps para trasladarle el malestar del partido por cómo se había deteriorado la situación. La reacción de éste el pasado jueves en la sesión de control de las Cortes valencianas, donde se tomó a burla el caso Gürtel, lejos de tranquilizar a Barberá aumentó su inquietud, según las mismas fuentes.

Los tres presidentes provinciales del PP quieren sumar ahora a su hoja de ruta a Barberá; al alcalde de Castellón, Alberto Fabra; y a la primera edil de Alicante, Sonia Castedo.

La alcaldesa de Valencia es vista por la mayoría de los cargos del PP como la alternativa más sólida a Camps; aunque Alberto Fabra, también diputado autonómico, es otra de las figuras ascendentes. Tanto los tres presidentes provinciales, como Barberá consideran que Francisco Camps aún está a tiempo de reaccionar y de retomar la iniciativa para enderezar la deteriorada situación.

Ripoll reconoció ayer que la reunión con sus homólogos de Valencia y Castellón fue "en el ámbito privado" y que los tres están de acuerdo en "arrimar el hombro para salir cuanto antes de la situación de impasse, que es mala para el partido".

La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, aseguró que la reunión de los tres presidentes provinciales forma parte de "la más absoluta normalidad de trabajo dentro de cualquier partido". Fabra, Rus y Ripoll no se habían reunido desde hacía años al margen de Camps, y los tres mantenían hasta ahora diferencias irreconciliables entre ellos.

Sánchez de León aseguró que la posición del presidente de la Generalitat, que ha sido "muy claro y contundente", es la de no modificar su Gobierno.

En el seno del PP no ocultan su preocupación por la decisión de Camps de ignorar la gravedad del caso Gürtel y aguantar contra viento y marea y han empezado a consultar el calendario. Los cargos populares temen que si Camps no reacciona a tiempo, y acaba por caer víctima de nuevos escándalos tras una prolongada agonía, el partido no tendrá tiempo para reaccionar y afrontar con garantía las próximas elecciones autonómicas previstas para dentro de año y medio.

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; MERCASEVILLA IGNORÓ HASTA 4 INFORMES QUE ACONSEJABAN SUBASTAR LOS SUELOS

Dice que Sando llegó con Vía Pública

Fernando Mellet a la llegada a los juzgados junto a su letrado. | Esther Lobato

* El ex gerente imputado dice que Sando llegó de la mano de Vía Pública
* El ex director de Vía Pública trabaja ahora para la inmobiliaria
* Fernando Mellet señala a Rodrigo Torrijos como el valedor del concurso

Sebastián Torres | Sevilla

El secretario, el interventor, el letrado mayor y el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla aconsejaron subastar los terrenos del mercado de mayoristas Mercasevilla al mejor postor.

En cambio, al final se optó por un concurso público que, según la juez Mercedes Alaya, se amañó para que el grupo Sando Inmobiliaria se adjudicara los terrenos, pese a no haber presentado la oferta más ventajosa para el interés general.

El ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado por la venta de estos terrenos, declaró ayer en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que existieron esos cuatro informes previos y que él mismo era partidario de la subasta pública. Según Mellet, fue el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), quien sostuvo que «la fórmula idónea era la del concurso, público, para que el precio no fuera lo único decisivo».

Mellet declaró ayer durante más de cinco horas ante la juez Alaya por la venta de los terrenos de Mercasevilla al grupo Sando, en una operación que la juez considera ilegal.

El ex gerente de la empresa pública, cuyo accionista mayoritario es el Ayuntamiento de Sevilla, se desligó de la elaboración del pliego de condiciones del concurso y reiteró hasta en tres ocasiones que «ojalá» los suelos se hubieran adjudicado a Noga, empresa dependiente de Inmobiliaria Osuna que realizó una oferta económica superior a la de Sando en al menos 62 millones de euros.

El imputado, al que la juez atribuye supuestos delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, fraude y exacción ilegales de funcionarios públicos y delito societario, sólo respondió a las preguntas de la magistrada, del fiscal y de su defensa y se negó a responder a los letrados del resto de las partes.

En su respuesta a la primera pregunta de la juez Alaya, Mellet negó tajantemente que existiera un concierto para amañar el concurso y favorecer a Sando. Pero más adelante se limitó a contestar que «no sabe» si Domingo Enrique Castaño -ex asesor del alcalde Monteseirín (PSOE) y ahora directivo de Sando Inmobiliaria- «ideó que Sando ganara el concurso».

La mayor aportación de Mellet fue revelar que Sanma Desarrollos Urbanísticos SA, la filial de Sando a la que se adjudicaron los suelos, llegó a Mercasevilla de la mano del área municipal de Vía Pública.

En aquellas fechas, mediados de 2005, Domingo Enrique Castaño era director de Vía Pública, consejero de Mercasevilla y miembro de su comisión ejecutiva, en la que votó a favor de adjudicar los suelos a Sanma. La misma empresa que actualmente lo tiene empleado como directivo en su filial Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (Duse), incumpliendo la ley que rige los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración.

Problemas con Larena98
Según Mellet, el actual vicepresidente ejecutivo de Sando Inmobiliaria, en el año 2005, se puso en contacto con él y «le comunica que por sus relaciones profesionales con Vía Pública se había enterado de los problemas que tenía Mercasevilla con el grupo Larena y que estarían dispuestos a subrogarse en el derecho de superficie».

Hay que recordar que la aparición de Sando se produce en julio de 2005, cuando se subroga en el derecho de superficie sobre parte de los terrenos de Mercasevilla que tenía suscritos la empresa Larena 98 desde octubre de 2003.

Ésta, a la vista de que no podía edificar en los suelos y de que estaba pagando 58.738,47 euros al mes por dicho derecho, denunció a Mercasevilla por incumplimiento de contrato.

Y justo el día en que debía celebrarse el juicio, Mercasevilla acudió a los juzgados con un representante de Sanma Desarrollos Urbanísticos que abonó en el acto casi dos millones de euros, según la juez, subrogándose en el derecho de Larena 98 y facilitando un cierre amistoso del pleito.

Según la juez Alaya, ahí tiene su origen la deuda de Mercasevilla, que entonces atravesaba una difícil situación financiera, con Sanma, que se habría saldado amañando el concurso público para la venta de los terrenos.

Quién fue el intermediario
Una de las claves de esta ramificación del ‘caso Mercasevilla’ –que se originó por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales– es la de saber quién actuó como intermediario entre Sanma y Mercasevilla. Y, según declaró ayer Mellet, quien puso el negocio en suerte a Sanma fue Vía Pública.

Dos personas vinculadas al área de Vía Pública estaban también en Mercasevilla: Domingo Enrique Castaño y su subordinada María Victoria Bustamante, jefa del servicio de Vía Pública, consejera de Mercasevilla y participante en la redacción del pliego de condiciones y en la puntuación posterior de las ofertas presentadas. Bustamante es una de las cinco personas imputadas por la venta supuestamente ilegal de los suelos.

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* La juez investiga los vínculos de los directivos con otras empresas
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* Quién es quién en el caso Mercasevilla

elmundo.es

"OÈRACIÓN ALMEXIA"; EL LIBERTAD CON CARGOS EL ALCALDE DE ALMOGÍA TRAS DECLARAR ANTE LA GUARDIA CIVIL

Investigación en Almogía

Efe | Málaga

El alcalde de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE), imputado en la investigación judicial sobre el urbanismo de dicha localidad, ha quedado en la noche del jueves en libertad con cargos tras prestar declaración ante la Guardia Civil.

La comparecencia de Torreblanca se ha prolongado durante más de tres horas y ha concluido en torno a las 22.00 horas, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, que han explicado que el alcalde se queda en libertad con cargos hasta que comparezca ante la juez instructora de la operación 'Almexía'.

A su salida de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Torreblanca ha eludido hacer declaraciones a la prensa.

El alcalde de Almogía y diputado provincial comunicó el pasado martes a la dirección del PSOE en Málaga que si es imputado, renunciará a la Alcaldía, en la que lleva 26 años, así como a su acta de concejal, y que se dará de baja en las filas socialistas.

Otros tres imputados en la investigación relacionada con el urbanismo de Almogía han quedado este jueves en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil, entre ellos un segundo policía local, un ex secretario del Ayuntamiento y un familiar del otro agente imputado.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a Efe de que estas tres personas han quedado en igual situación que los dos que comparecieron (una funcionaria municipal y el primer policía).

Algunos de los imputados se han negado a prestar declaración y uno que no pudo acudir este miércoles a la Comandancia del instituto armado en Málaga, lo ha hecho este jueves.

Entre los que han comparecido este jueves hay una persona que ejerció como secretario en funciones del consistorio.

En esta operación judicial, denominada 'Almexia' (nombre árabe de Almogía) y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, han sido imputadas una veintena de personas, más de las previstas inicialmente tras un primer examen de la documentación incautada en el registro el pasado martes de las dependencias municipales.

Los agentes del instituto armado intentan dirimir si ediles y funcionarios municipales en Almogía han cometido los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Estas actuaciones judiciales están declaradas secretas desde el pasado junio.

En estas primeras declaraciones las preguntas se orientan a averiguar el motivo por el que no se cumplían los expedientes sancionadores -que en algunos casos ordenaban demoliciones o paralizar construcciones en suelo rústico-, así como a determinar cómo se regía el importe de las multas.

La investigación judicial se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente.

En los últimos seis años, el Ayuntamiento de Almogía incoó 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en vivienda, según IU.

Además
* En libertad con cargos tres imputados más

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA JUEZA MANDA A PRISIÓN AL EMPRESARIO MADRILEÑO IMPLICADO EN LA TRAMA

Blanqueo de capitales, malversación, cohecho...

* Es el octavo detenido que tras prestar declaración es enviado a la cárcel

Europa Press | Almería

La jueza que instruye las diligencias de por una presunta trama entre el Ayuntamiento de El Ejido y doce sociedades filiales también de Madrid y Sevilla, ha decretado este sábado prisión sin fianza para el empresario Juan Antonio G., el octavo implicado cuya declaración que se ha saldado con orden de prisión.

El empresario madrileño ha sido el último de los detenidos en declarar ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, que le imputa los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias, según han indicado fuentes judiciales.

Anoche, la juez instructora decretó prisión sin fianza para el alcalde, Juan Enciso (PAL), y el interventor municipal, José Alemán, acusados de los delitos de blanqueo, malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias.

Además, la jueza ha ordenado prisión sin fianza para el representante de la empresa Gestora Ejidense, Ambrosio Cuevas.

Los mismos cargos se les imputan al cuñado del alcalde y hermano de su mujer, Francisco Javier A.C., al hermano de Alemán, Enrique Alemán, y al empresario vinculado a la sociedad Gestora Ejidense Jesús Aragón, aunque para ellos la jueza ha decretado prisión eludible con fianza de 50.000 euros.

En prisión incondicional sin fianza están también desde el jueves el empresario José Amate, administrador de las empresas Arborimar y Maviroad, su hijo y sus dos yernos, con lo que suman siete de los veinte detenidos en la Operación Poniente.

En la operación desarrollada el pasado martes fueron detenidas veinte personas y registrados sus domicilios, así como las sedes de doce sociedades y de la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur).

A los detenidos se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, según informó la Fiscalía Anticorrupción.

Además:
Prisión incondicional para el alcalde de El Ejido
Perfil de Juan Enciso
Enciso compró un terreno barato y lo vendió por el triple
Los personajes clave da la trama

elmundo.es

"CASO SON OMS"; LA TESTAFERRO DE VICENS ESPIÓ LAS CUENTAS DEL GESTOR DE NADAL

CERCO JUDICIAL A MUNAR | La investigación

* La funcionaria se coló en la base de datos de la Seguridad Social
* Así revisó las cuentas de las productoras Video-U y Bahía de Difusión


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La testaferro de Bartomeu Vicens accedió ilegalmente a la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social para llevar a cabo un rastreo completo de todas las empresas vinculadas al administrador de los negocios particulares de Miquel Nadal. El objetivo de la funcionaria Elisabeth Diéguez, a la que el ex conseller de Ordenación del Territorio de Unió Mallorquina (UM) utilizó para cobrar sus comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial de Son Oms, pasaba por conocer las cantidades exactas de dinero público que Maria Antònia Munar le desviaba al gestor Miguel Sard Vicens en forma de contratos y subvenciones desde la presidencia del Consell de Mallorca con motivo de la creación de la conocida popularmente como TeleMunar.

Y es que, de manera paralela, la propia Munar hacía lo propio tanto con ella como con su marido Alfredo Conde, a quienes encomendó la creación de la radio de la institución insular Ona Mallorca adjudicándole un sinfín de contratos públicos a su empresa Studio Media Comunicación, S.L. Así, el entorno de Vicens se acabó llevando 3,2 millones de euros públicos y el de Nadal, al menos 2,3.

EL MUNDO/El Día de Baleares desveló hace ahora casi un año, concretamente el pasado 28 de octubre, que Diéguez accedió al expediente personal de Sard, que administra la sociedad Consultair, S.L, de Nadal y es además primo de la mujer del actual conseller de Turismo del Govern balear. Lo hizo el 12 de enero de 2005.

Ahora este periódico ha podido constatar a través de un completo informe elaborado por la Agencia Tributaria para el Juzgado de Instrucción número dos que instruye el caso Son Oms y que no está sometido al secreto del sumario de la denominada Operación Maquillaje que rastrea el desvío de fondos públicos durante la creación de estos medios públicos, que Diéguez también aprovechó su puesto para llevar a cabo una exhaustivo espionaje a las cuentas de las productoras participadas por Sard en cuyas manos Munar puso la producción de su canal. Se trata de Video-U, S.A., y Bahía de Difusión, S.A.

Además
* Editorial: No hay dos sin tres
* Joana Barceló: 'Así es difícil gobernar'
* La larga mano de Munar

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; EU PIDE LA DIMISIÓN DE MUNAR Y QUE SE ESTUDIE ECHAR A UM DEL PACTO

Crisis en el Pacte

Efe | Palma

Esquerra Unida (EU) ha solicitado la dimisión de la presidenta del Parlament balear, Maria Antonia Munar, por su responsabilidad en el caso Can Domenge, y ha invitado a PSIB-PSOE y PSM a estudiar la posibilidad de expulsar a UM del pacto de gobierno de centro izquierda en las instituciones.

"EU -afirma en un comunicado- no puede compartir gobiernos o mayorías de gobierno con personas acusadas de casos de corrupción en un grado tan avanzado como el procedimiento judicial" que afecta al conseller balear de Turismo, Miquel Nadal, a quien piden que "salga" del gobierno autonómico.

Como la petición al presidente del Govern balear, Francesc Antich, de que se cese al conseller no ha sido atendida, EU se reserva el ejercicio de las medidas y acciones políticas que tenga a su alcance, dentro y fuera de las instituciones, para que se haga efectiva. Tras celebrar hoy un Consell Polític, EU ha aprobado por unanimidad una resolución política en la que considera como "opción deseable" un gobierno en minoría del resto de partidos del pacto en el Govern balear, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

En esta resolución se recuerda que EU ha reclamado reiteradamente al PP y a UM, sin ningún éxito, la asunción de responsabilidades políticas por los casos de corrupción que les afectan, sucedidos durante la pasada legislatura cuando los populares estaban al frente del Govern balear y UM, en el Consell de Mallorca. Las situación de UM es "especialmente sangrante" porque es socio de gobierno de PSIB, EU y Bloc, se subraya en esta resolución.

Si EU pide la dimisión de Munar no es tanto por su imputación en el caso Can Domenge, sino por su responsabilidad política por ser la presidenta del Consell de Mallorca y de UM cuando se produjeron los referidos casos de corrupción. El hecho de que la mayoría de los representantes institucionales de UM estén imputados en diferentes causas pone de manifiesto que "el clientelismo y la corrupción han formado parte de la manera de actuar de este partido", sostiene la dirección de EU.

"El Consell Polític de EU considera que si no se produce una regeneración en profundidad de UM con el relevo de todos sus representantes imputados, se debe contemplar la posibilidad de un gobierno en minoría en las diferentes instituciones -Govern, Consell y Ayuntamiento- como opción deseable". Finalmente, EU pide una entrevista con carácter urgente con la dirección del PSIB-PSOE con el fin de plantear las conclusiones de este Consell Polític e intentar llegar a un acuerdo "satisfactorio".

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