lunes, 28 de mayo de 2012

LLOMPAR ACUSA A MUNAR DE CONTROLAR EL "DINERO B" DE UM

Nadal y Munar durante la sesión de esta mañana | Cati Cladera
JUICIO A MUNAR | Declaran los testigos
El ex contable del partido admite que se manejaba dinero B y lo manejaba Flaquer
Los chóferes dicen que no trabajaron el día que Nadal dice que Munar le dio dinero

María J. García | Eduardo Colom | Efe | Palma

El que fuera contable de UM, Álvaro Llompart, ha reconocido ante el tribunal que juzga a la expresidenta del Consell de Mallorca y exlíder de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, que en el partido nacionalista se manejaba dinero en B y que la propia Munar controlaba ese dinero.

A preguntas del fiscal, Llompart, en calidad de testigo, ha reconocido que "sin ninguna duda había dinero B" en UM. Asimismo ha explicado que "la caja B la controlaba (Miguel Ángel) Flaquer (ex conseller de Turismo y sucesor de Munar al frente de UM) que trabajaba para Munar".

Llompart, que colabora con la Fiscalía en varios casos de corrupción, ha testificado a petición del ministerio público en el juicio sobre un supuesto desvío de dinero del Consell de Mallorca a una productora que era supuestamente propiedad de Munar y del exvicepresidente de la institución insular, Miquel Nadal.

Llompart ha asegurado al tribunal de la Audiencia de Palma que en la sede de UM existía una caja de dinero negro que solía tener una media de 60.000 euros y ha añadido que todos los miembros de la ejecutiva del partido conocían de su existencia.

El juicio por corrupción contra la expresidenta del Consell de Mallorca y exlíder de Unió Mallorquina se ha reanudado a las 10.12 horas con la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía, en una jornada en que están citados los dos chóferes de la acusada.

El séptimo día de juicio por un supuesto desvío de dinero público que se celebra en la Audiencia de Palma se dedicará exclusivamente a testificales, en concreto de once personas, cinco de ellas pedidas por el ministerio fiscal y el resto por las defensas.

El abogado de Munar ha citado a declarar a sus dos exchóferes, que han sido interrogados acerca de las afirmaciones del exvicepresidente del Consell Miquel Nadal en el sentido de que Munar le entregó un sobre con 300.000 euros para comprar la productora Vídeo U -posteriormente regada con dinero del Consell- en el interior del coche oficial.

Los conductores han asegurado ante el tribunal que no trabajaron el día que Nadal dice que Munar le dio un sobre con dinero.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

Además de los dos chóferes, el abogado de Munar, Gabriel Garcías, ha pedido la declaración de Antoni Martorell, que fue nombrado director de IB3 después de haber desempeñado los cargos de director insular de Comunicación y jefe de Gabinete de Munar.

Antes de los testigos de las defensas declaran los de la Fiscalía, entre los que están el excontable de UM Álvaro Llompart, colaborador del ministerio público en otros casos de corrupción, quien, según explicó el fiscal Juan Carrau el primer día del juicio, explicará "cómo se llevaba el dinero negro en UM".

Los otros testigos de la Fiscalía son Gregoria Morata, que fue secretaria del grupo municipal de UM; Juan Arrom, afiliado al partido de 2006 a 2010; Débora Lorente, extrabajadora del departamento de Comunicación del Consell y también afiliada, así como Petra María Verdú.

Los cuatro cobraron supuestamente sueldos contratados por productoras vinculadas a UM, cuando realmente trabajaron para el partido.

LA SENTENCIA DEL PRIMER JUICIO POR EL "PALMA ARENA" YA ES FIRME PARA MARTORELL Y ROMERO

JUSTICIA | No han recurrido
Les condena a 1 año y 6 meses y a 1 año y 1 mes de cárcel, respectivamente
Como no tienen antecedentes, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión

Efe | Palma

La Audiencia de Palma ha notificado hoy al ex director general de Comunicación del Govern de Jaume Matas, Joan Martorell, y al dueño de la empresa de comunicación Nimbus, Miguel Romero, la ejecución de la sentencia del caso Palma Arena que les condena a 1 año y 6 meses y a 1 año y 1 mes de cárcel, respectivamente.

La primera sentencia de este caso de corrupción durante la legislatura 2003-2007 en Baleares condena además a Matas y al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, a 6 años y 3 años y 9 meses de cárcel, respectivamente, pero sus penas están recurridas ante el Tribunal Supremo y aún no son firmes.

Las condenas de Martorell y Romero no han sido recurridas por sus defensas ni por la Fiscalía, por lo que la sentencia sí ha devenido firme para ellos y la Audiencia así se lo ha notificado hoy, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Sin embargo, como ninguno de los dos tiene antecedentes y sus condenas son menores de 2 años de cárcel, ninguno de los dos tendrá que ingresar en prisión.

El Supremo se tiene que pronunciar ahora sobre la condena a Matas y Alemany por varios delitos de corrupción al haber beneficiado fraudulentamente el expresidente balear al periodista con dinero público.

Esta es la primera sentencia del caso Palma Arena, una causa dividida en 26 piezas sobre corrupción en la que Matas está imputado en una veintena, entre ellas la investigación del Instituto Nóos, que fue presidido por Iñaki Urdangarin.

Matas, que es el cuarto presidente autonómico condenado por corrupción, fue responsable del Govern balear entre los años 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.

"CASO MALAYA"; EL COMISARIO BAHUT DEFIENDE LA LABOR DE INVESTIGACIÓN ORDENADA POR EL JUEZ

Juicio


José Carlos Villanueva | Málaga

El ex comisario jefe de la unidad Udyco Costa del Sol, Valentín Bahut, ha defendido este lunes la labor de investigación policial desarrollada por sus subordinados, en el marco de la operación 'Malaya', por orden del juez Miguel Ángel Torres.

Bahut, que ha asegurado seguir siendo el "jefe de la unidad" actualmente, tras ser destinado durante un tiempo a la Comisaría del distrito malagueño de El Palo, ha sido sometido a un intenso interrogatorio por parte del abogado del ex alcalde Julián Muñoz, Javier Saavedra, así como de la letrada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo.

Saavedra ha calificado de "desproporcionada" en cuanto a "despliegue policial" la detención de su defendido, "delante de la hija de su pareja", a las 7:30 de la mañana cuando se encontraba en el domicilio que compartía con Isabel Pantoja.

El conocido comisario ha asegurado que los "20 policías" a los que ha aludido Saavedra sirvieron para "proteger los derechos de la persona detenida", en referencia a Julián Muñoz. Bahut ha respaldado las pesquisas de los dos inspectores de la Udyco José Manuel Rando y Marcos Romarís, quienes trabajaban a diario, sobre el terreno, con el ex titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.

"Yo me limitaba a firmar los informes dirigidos al juez", ha concretado el alto mando policial burgalés, cuyo nombre sonó recientemente para hacerse cargo de la Comisaría de Marbella cuando su jefatura quedó vacante. Todo ello tras el cese de Agapito Hermés de Dios, a raíz de las pesquisas de éste sobre el ático marbellí alquilado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Saavedra se ha interesado en conocer los motivos por los que Bahut fue procesado: "Por revelación de secretos y no detener a una persona en busca y captura", ha respondido el comisario. Cabe recordar que el Supremo absolvió al alto mando de la Udyco Costa del Sol por nulidad de las escuchas telefónicas llevadas a cabo por Asuntos Internos.

La defensa de Roca ha ido más lejos, porque Rocío Amigo ha llegado a acusar a Bahut "de interceptación ilegal de conversaciones telefónicas", en el marco del caso 'Malaya'. El presidente del tribunal, José Godino, ha tenido que intervenir ante la gravedad de tales afirmaciones y ha censurado que la letrada estuviera "imputando un delito a un testigo, sin contar con abogado". Así pues, el magistrado ha cortado el interrogatorio ante la indefensión del comisario Bahut y la beligerancia de la defensa del considerado cerebro de la trama de corrupción municipal.

Antes de que Godino llamara al orden a Amigo la letrada ha preguntado a Bahut si él ordenó "meter la maleta a Isabel García Marcos", en alusión a interceptar su teléfono, "utilizando una expresión policial". También se ha interesado en conocer si el mando pidió, como favor, al directivo de una sucursal bancaria que le facilitase números de teléfonos móviles de Roca para proceder, sin mandamiento judicial, a su interceptación.

Este lunes también ha prestado declaración, como testigo, Alfredo Cabezas Barrientos, comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en su sección de blanqueo de capitales desde Madrid. La abogada defensora del empresario Andrés Liétor, Rosario Gómez Bravo, ha puesto en entredicho el procedimiento del volcado informático de archivos de su cliente. Además, denuncia que fueron "borrados" diversos documentos que no llegaron en su totalidad a la autoridad judicial que encarnaba Torres, como instructor del caso.

Cabezas Barrientos ha reconocido, a preguntas de Gómez Bravo, que no puede asegurar que toda la documentación de la empresa CCF21 Negocios Inmobiliarios remitida al juez fuera la misma que se incautó en dichas oficinas, propiedad de Liétor y su socio, el también procesado Carlos Sánchez.

El mencionado comisario tuvo un papel muy destacado en toda la investigación económica relacionada con el llamado caso 'Camps', sobre los trajes del ex presidente valenciano, derivado del sumario matriz del caso 'Gürtel'.

Además

OTRO ALCALDE DEL PP ADMITE HABER COMETIDO UN FRAUDE FISCAL

Vázquez en el juzgado de Pontevedra, en febrero de 2010. / CARLOS PUGA

El regidor de Portas ofrece a Hacienda aceptar el delito para rebajar la pena y esquivar la cárcel

Pontevedra


Los abogados del alcalde de Portas, el popular Roberto Vázquez, ya han presentado al fin la propuesta de conformidad que permitirá alcanzar un acuerdo con la Agencia Tributaria y la fiscalía para recortar a los mínimos establecidos la pena de cárcel solicitada y las multas derivadas de un presunto delito fiscal y de falsedad de los que ha sido acusado.

Representado por el bufete de abogados Garrigues, la propuesta ha sido remitida al abogado del Estado y a la sede central de Hacienda en Madrid donde tendrá que ser aprobada en los próximos 15 días. Lo más probable es que sea aceptada ya que entre los abogados y la inspección tributaria ya hubo una negociación previa para fijar los términos estipulados en estos supuestos penales.

Aunque fuentes de la fiscalía han preferido no revelar el contenido de la propuesta a la espera de la resolución de Hacienda, sí se conocen las condiciones que en líneas generales exige la Agencia Tributaria en estos casos como es el pago integro de la cuota defraudada con los intereses de demora y el 65% de las multas.

Vázquez Souto suma cinco legislaturas en el poder y denuncias en los juzgados

Las cantidades reclamadas por el Ministerio de Hacienda son de 151.143 euros más los preceptivos intereses y el correspondiente porcentaje de las multas que suman 305. 400 euros por el delito fiscal y supuesta falsificación de la liquidación del impuesto de sociedades. En este escenario, el fiscal de delitos económicos podría rebajar en dos grados la pena de cuatro años solicitada que quedaría en la mitad.

Además, a Roberto Vázquez, sin antecedentes penales, le quedaría la vía del indulto tras celebrarse el juicio de conformidad que podría fijarse para finales de junio en Pontevedra y en el que el fiscal modificaría su escrito de acusación inicial, según indicaron fuentes judiciales.

Agencia Tributaria y Abogado del Estado estudian la oferta de la defensa

Vázquez Souto, uno de los alcaldes del PP que más tiempo se ha perpetuado en el cargo, cinco legislaturas con mayoría absoluta, había sido denunciado por la oposición y acusado del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios pero la condena de un año se suspensión y multa de 3.600 euros finalmente fue revocada por la Audiencia Provincial.

Dos años después regresó a los juzgados para enfrentarse a otro proceso penal que también afecta a su promotora inmobiliaria Pazos Souto 2000 S.L. Según el escrito de la acusación, en la liquidación del impuesto de sociedades de 2005, Hacienda detectó que esta empresa de la que es administrador el alcalde de Portas, declaró gastos de obras inexistentes.

Entre otras obras que realizó en la isla de Fuerteventura, la empresa construyó dos edificios, El Castillo I y El Castillo II, de 26 y 51 viviendas, respectivamente. En la primera utilizó a la empresa Mapafuer S.L. y en la segunda a Mapacons Insulares S.L., declarando pagos por obras que no ejecutaron.

El administrador y único socio de estas constructoras, Pablo Vieira Vieira, quien supuestamente presentó las declaraciones del impuesto de sociedades del ejercicio 2006, había fallecido un año antes por lo que no pudo presentarlas “ y alguien tuvo que falsificar su firma”, según el fiscal.

En el escrito de acusación provisional, el ministerio público señala que Roberto Vázquez creó “las facturas y justificantes de pago emitidos” para rebajar la base imponible y concluye que ambas sociedades utilizadas para facturar no pudieron haber realizado los trabajos de construcción ya que desde el año 2002 no consta que tuvieran trabajadores en nómina.

Sin embargo, en los dos siguientes ejercicios fiscales 2003 y el 2004, las dos firmas dejaron de presentar declaraciones tributarias y de operaciones con terceras personas, mientras que un año después volvieron a presentarlas aunque, curiosamente y de manera exclusiva con Pazos Souto 2000. “Se recogen unos gastos que cubren los ingresos que se dicen recibidos por la empresa de Roberto Vázquez pero, consecuentemente, nada ingresan en la hacienda pública”, señala el fiscal.


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