lunes, 21 de noviembre de 2011

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ TOMARÁ DECLARACIÓN A RIPOLL ANTES DE TRASLADARSE A ELCHE

Carlos San Martín

Efe | Alicante

El juez de Orihuela que dirige algunas de las principales ramas del caso Brugal, Carlos San Martín, tomará declaración al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll (PP) y a dos empresarios más antes de que se haga efectivo su anunciado traslado a un juzgado de Elche.

Hace unos días, se conoció que San Martín había ganado un concurso de méritos para trasladarse al juzgado ilicitano de primera instancia número 4, lo que provocará que la operación Brugal vaya a contar desde comienzos de 2012 con el sexto juez instructor desde que se destaparon las presuntas irregularidades a comienzos de 2006.

Fuentes judiciales han informado hoy a EFE de que San Martín continuará en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela hasta que su traslado sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual no se prevé para antes del 15 de diciembre.

Hasta entonces, San Martín seguirá con las investigaciones de varias de las piezas separadas del Brugal y, como estaba previsto, interrogará a los tres imputados que restan por comparecer de la rama de las supuestas irregularidades en la adjudicación del plano zonal de residuos.

Éstos son los empresarios Ángel Luis Bracho (30 de noviembre) y José Candel (5 de diciembre) y el citado Ripoll (1 de diciembre).
 
Nuevo juez a finales de febrero
San Martín sólo cesará de su actual puesto al día siguiente de la publicación del trasladado en el BOE, momento a partir del cual cubrirá la vacante un juez sustituto previamente elegido por el decanato de Elche.

Además, una vez que se cumpla ese trámite se sacará a concurso nacional la plaza en el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (en principio antes de fin de año) para que posteriormente sea cubierta por un magistrado, lo cual ocurriría en el mejor de los casos a finales de febrero.

Si no hubiera peticionarios en este primer concurso, la plaza se sacaría a ascenso de jueces a magistrados y mientras tanto continuaría trabajando el juez sustituto.

Además de cerrar la ronda de comparecencias antes de marcharse a Elche, San Martín debe presentar por escrito una relación de los asuntos pendientes de resolución, lo que en derecho se conoce como "alarde", para dar cuenta de la situación del juzgado a sus sucesores.

San Martín ha logrado el traslado al segundo intento ya que el pasado verano optó a otra plaza en el Penal número 6 de Alicante, que no consiguió.
 
Operación Brugal
La operación Brugal se inició en los primeros meses de 2006 a raíz de que el industrial Ángel Fenoll difundiera unas grabaciones con un exconcejal de Orihuela en las que se ponía de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil de su propiedad, Colsur.

Las investigaciones iniciales se dilataron y desvelaron nuevos y variados supuestos casos de corrupción en Orihuela y otras localidades de la provincia, que a su vez dieron origen a cerca de una veintena de piezas separadas del Brugal.

Entre ellas, las posibles irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja y las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, donde están implicados la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y cuya causa fue derivada al juzgado de instrucción número 5 de la capital.


EL JUEZ IMPUTA AL HERMANO DEL EX DIRECTOR FINANCIERO DE EMARSA

Administrador de la empresa Arrima SL

* Su empresa facturó a Emarsa 188.358,98 euros en cuatro años por 53 cursos
* El juez acuerda unir a la causa nuevas facturas aportadas por la Emshi

Europa Press | Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado imputar a Antonio Arnal, hermano de Enrique Arnal, exdirector financiero de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa) -también imputado-, para que explique el cobro de 188.358,98 euros en cursos supuestamente impartidos entre 2005 y 2009, según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De esta manera, el magistrado ha estimado la petición formulada por el ministerio fiscal y por la acusación particular de citar como imputado a Antonio Arnal, administrador único de la mercantil Arrima Centre d'Estudis S.L. desde el año 2006, para que explique los cursos impartidos a miembros de Emarsa durante varios ejercicios. Anteriormente era administrador solidario de esta entidad junto a Juan Manuel García.

Según declaró Antonio Arnal al juzgado, en fecha 26 de octubre, Arrima ya trabajaba con Emarsa desde 2001, y en 2004 quiso continuar las relaciones entre ambas entidades ya que no había impartido ningún curso ese año. Entonces, su hermano Enrique, a la sazón de director financiero, le presentó al exgerente, Esteban Cuesta, para que hablaran sobre el tema.

Tras ello, en enero de 2005, Cuesta firmó un contrato con Juan Manuel -administrador de Arrima-, por el que le encargaba a esta entidad la gestión e impartición de los cursos de formación continua que en cada ejercicio se establecieran prioritarios para sus empleados. La duración del contrato era de un año renovable. Preguntado a Arnal por qué no firmó él el contrato, indicó que para que la negociación "fuera lo más objetiva posible" y para que "no hubiera ningún indicio de que había ningún tipo de privilegio". Así, Arrima facturó a Emarsa 188.358,98 euros entre 2005 y 2009 por 53 cursos.

Ante estos datos, el juez indica que si las circunstancias que rodean la contratación de Arrima por Emarsa "llaman la atención", resulta "igualmente llamativo" el tipo y número de cursos supuestamente impartidos a los empleados de una empresa "cuya actividad no era sino la explotación de la estación depuradora de aguas residuales ubicada en Pinedo", puntualiza. Así, entiende que existen indicios de que estos cursos no se impartieron.
 
Los viajes
Asimismo, al magistrado le constan dos viajes de Arnal a Bucarest. El primero de ellos fue con su hermano Enrique, abonado con fondos de Emarsa, respecto del que el exgerente de la entidad no supo dar razón porque desconocía que el recién imputado lo hubiera realizado.

El segundo viaje, realizado del 16 al 23 de noviembre de 2008, lo hizo Antonio Arnal junto a su hermano, Juan Manuel García y José Luis Sena con destino a Bucarest, también pagado por Emarsa. De este viaje tampoco tenía constancia el exgerente, Esteban Cuesta, tal y como indicó en su declaración. Antonio Arnal declaró ante el juez sobre este último viaje que se le pidió su asistencia técnica en calidad de experto en comercio exterior, en una asistencia que "requirió nuestro asesoramiento", comentó.

Por todo, el juez acuerda citar a declarar en calidad de imputado y solicita que se le remita certificación literal de la empresa Arrima. También pide conocer el patrimonio y medios de vida de Arnal, y que el Registro Civil le remita las cuentas anuales de la enidad en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2010.

Por otro lado, el magistrado ha dictado una providencia por la que admite a trámite el recurso interpuesto por otro de los imputados, Sebastián García, contra el auto en el que se le decretaba libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado, y se le acordaba la retirada de su pasaporte. Asimismo, el magistrado acuerda unir a la causa nueva documentación presentada por la Emshi.


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"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR PRESENTA DOCUMENTACIÓN MÉDICA PARA QUE LE NOTIFIQUEN EL AUTO EN SU CASA

Ante la juez

Europa Press | Palma

La expresidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar, ha presentado este lunes ante la jueza instructora del caso Can Domenge, a través de su procurador, numerosa documentación médica para justificar su actual estado de salud y puedan notificarle en su propio domicilio el auto que puso fin a la instrucción de la causa así como los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el Consell y la mercantil Núñez y Navarro, con cuya querella fueron iniciadas las pesquisas.

Así lo han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, después de que el pasado jueves la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González -quien decidirá en breve sobre esta cuestión- diese a Munar tres días hábiles para que ampliase la información que aportó sobre el tratamiento al que está sometida para justificar por qué no acudió al Juzgado la misma jornada en la que sí lo hicieron el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal, el exconseller insular Miquel Àngel Flaquer y el abogado Santiago Fiol, también acusados en este caso.

De esta forma, aún no le ha sido formalmente comunicado el auto, que decretaba una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Nadal, el exconseller Bartomeu Vicens y el máximo accionista de Sacresa, Román Sanahúja, que disponían de un día para que abonasen de forma conjunta y solidaria la caución. El Juzgado prevé iniciar los trámites de embargo de su patrimonio una vez los encausados designen bienes hasta cubrir la fianza fijada para ser, una vez comprobado su valor, posteriormente embargados, de acuerdo al artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Junto a la notificación del auto y de los escritos de calificación, se les ha dado traslado de las actuaciones a los acusados -excepto a Munar por el momento- para que presenten escrito de defensa en el marco de este proceso, que indaga la venta de los terrenos de Can Domenge por parte del Consell por la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la mercantil Núñez y Navarro, en favor de la UTE formada por Sacresa y Ferrà Tur.

En concreto, el Ministerio Público reclama seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y Flaquer por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, además de un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).

Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama por su parte diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.


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"CASO MALAYA"; ROCA DESVINCULA A JULIÁN MUÑOZ DE LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL GIL

En 2003

José Carlos Villanueva | Málaga

Eran fondos para la campaña electoral del GIL en 2003, pero no tenían nada que ver con el cabeza de lista de dicho partido, el exalcalde Julián Muñoz. Esta es la tesis que el principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, ha mantenido este lunes ante el fiscal. El exasesor urbanístico ya reconoció en sesiones anteriores de la vista oral haber recibido más de 290.000 para tales comicios, provenientes de diversos promotores también acusados.

En el marco de su estrategia de defensa Roca trata de desvincular, a toda costa, de la financiación del Grupo Independiente Liberal precisamente a quien era su candidato, tras la inhabilitación judicial de Jesús Gil, ocurrida en 2002.

Roca lo explica así: "Jesús Gil y Julián Muñoz acudían divididos a aquellas elecciones de 2003 y Julián creó un nuevo partido, que era el CAI". La historia no es exactamente así, ya que el CAI, formado por exediles del GIL se creó para las elecciones de 2007.

Fue un sobrino de Muñoz quien constituyó entre 2002 y 2003 el partido ALIM. Buscaba tener unas siglas en la recámara en caso de que Gil optara por no colocar al novio de Isabel Pantoja como cabeza de lista electoral.

Lo cierto es que, a pesar de las desavenencias preelectorales públicas y notorias entre Gil y Muñoz, en la llamada "hoja de caja cña" que Roca atribuyó en su declaración a "hoja de caja campaña electoral" aparecen tres pagos que suman un total de 162.000 euros, asociados a las siglas JM. Un acrónimo que el fiscal relaciona con el nombre de Julián Muñoz.

Sorprendentemente, el Ministerio Público aún no ha preguntado a Roca por dichas iniciales, a pesar de que sí lo ha hecho sobre los convenios urbanísticos gracias a los cuales el exregidor cobró los presuntos sobornos tras estampar su firma en ellos.

Relación con el GIL
"¿Tenía usted algún cargo en el GIL?", ha preguntado el acusador público a Roca. En el marco de su respuesta el ex brazo derecho de Jesús Gil ha involucrado a tres personas fallecidas en labores de recaudación de fondos aportados por empresarios. Se trata del propio Gil, su secretaria personal, Lucía Aguilera, y el exgerente de sociedades municipales José Luis Jiménez. Como "tesorero" de dicho partido ha situado a Julio izquierdo, un amigo personal del que fuera presidente del Atlético de Madrid que no está en el banquillo de los acusados.

Paralelamente, Roca ha aclarado que él "recaudaba a unos promotores, Gil a otros y luego yo los fondos totales los asignaba a lo que me decía Jesús Gil". Así pues, Julián Muñoz siempre estaba al margen de todo, "porque él llevaba su propia campaña", ha apostillado el considerado cerebro de la trama de corrupción municipal juzgada.

En relación con un pago de más de un millón de euros, hecho por el conocido promotor Fidel San Román, Roca ha asegurado que dicho acusado sabía que era para el GIL. Sin embargo, en su declaración judicial el empresario taurino habló de "un dinero extra en métalico, en sobres" que el entonces gerente del urbanismo marbellí le pedía por una licencia de obras futura.

"El señor San Román, que no es un imbécil, no me va a pagar a mí un dinero hasta que no se ratifique algo", le ha contestado Roca al fiscal cuando éste le ha preguntado por ello. Además, el exasesor sitúa la confesión de San Román ante el juez instructor "para salir de prisión".

En su afán por desvincular cualquier pago a concejales supeditado a la aprobación de proyectos urbanísticos, Roca ha declarado que pagaba a los ediles de sus propios fondos personales. Así trata de deslindar cualquier entrega de fondos a ediles con el dinero que él recibía, a su vez, de empresarios con intereses urbanísticos en la ciudad.

El urdidor de todo el urbanismo de Marbella entre 1992 y 2006 reconoce cobros de empresarios, pero siempre por tareas de asesoramiento privado, así como negocios en común con ellos, además de los ya mencionados pagos para la campaña electoral de 2003. El fiscal sostiene que recibió más de 33 millones de euros en sobornos de empresarios entre 2001 y 2006.

Juan Antonio Roca ha señalado que la exalcaldesa Marisol Yagüe, de quien era asesor personal, "desconocía por completo" sus labores de asesoramiento urbanístico a empresarios con intereses en el municipio.

Además
* Gráfico: Las claves del caso
* Quién es quién en 'Malaya'
* Lea toda la información sobre el juicio

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"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ CASTRO RECHAZA LA DENUNCIA DE FILTRACIONES EN LA INVESTIGACIÓN DE URDANGARÍN

Lo había solicitado Matas

* Afirma que nadie de su Juzgado 'ha concedido ruedas de prensa'
* Acusa a Matas de responsabilizarle cuando fue él quien acudió a TV

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, encargado de las investigaciones del caso Palma Arena y del enriquecimiento presuntamente ilícito del expresidente balear Jaume Matas, ha denegado la petición del imputado de investigar las filtraciones sobre las pesquisas en torno al Instituto Nóos que presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aseverando que no ha sido nadie de su Juzgado "quien ha concedido ruedas de prensa" relacionadas con esta causa como tampoco "el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo", en alusión al exdirigente del PP.

"No deja de ser hiriente que quien así actúa sea precisamente quien ahora viene a responsabilizar a este instructor de llevar a cabo filtraciones o de no impedir deliberadamente que otros lo hagan", ha expuesto el magistrado en el auto que ha dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que de forma tajante se ampara en trece argumentos para justificar que no procede investigar de dónde proceden tales filtraciones.

Es más, el juez apostilla que su Juzgado "nunca sería competente" para ello "si lo que insinúa es la responsabilidad que este instructor podría haber contraído en la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violanción de secretos". "Se reconduciría al absurdo que este instructor se investigara a sí mismo", afirma Castro, quien asevera que iniciar estas investigaciones "se advierte inútil" así como "dilapidador de un tiempo que no sobra".

En esta misma línea, Castro considera "deseable" que hasta que la defensa de Matas, ejercida por Antonio Alberca, "no cuente con pruebas objetivas sobre la responsabilidad que, por acción u omisión, este proveyente haya podido contraer en orden a supuestas filtraciones, se abstuviera a verter en foros judiciales y extrajudiciales de pública repercusión las mismas imputaciones de siempre".

Y es que en su escrito, el abogado denunciaba las filtraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones en torno a Nóos ya que, a su juicio, contribuyen a lanzar "insidias" y "sospechas" contra su patrocinado, al tiempo que "afectan a la imagen pública de Matas, por lo que se agrava la pena de banquillo a la que se ve sometido desde hace más de tres años".

Entre otras razones, Castro considera que "no deja de ser incongruente" que la dirección letrada que denuncia estos hechos "sea aquella cuyos escritos, que también están sujetos al secreto sumarial, accedan antes a las direcciones de rotativos que este Juzgado", y, sin ir más lejos, recuerda que del escrito que presentó Alberca sobre las filtraciones se hicieron eco varios medios cuando el mismo juez instructor "aún ni tan siquiera había tenido oportunidad de leerlo".

La resolución judicial explica que las posibilidades prácticas de cumplir el secreto son "muy distintas" según los avatares por los que atraviesa la causa como también "muy diversos los posibles autores de las supuestas filtraciones en proporción al número de personas que inevitablemente han de compartir el secreto", sin que el juez "tenga datos para señalar a nadie en concreto".

'No se ha filtrado ni una resolución'
De forma más concreta, asegura que en ningún momento ha habido filtración alguna sobre el auto de apertura de la pieza secreta que investiga los contratos a Nóos, como tampoco, excepto la parte dispositiva del auto de entrada y registro de las distintas mercantiles vinculadas a Urdangarin, "ni una sola de las resoluciones que han recaido en dicha pieza secreta ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su espíritu".

Finalmente, el magistrado afirma que "bastante trabajo pesa ya sobre este Juzgado como para tener que confirmar o rebatir a los distintos medios las informaciones que ofrezcan", lo que supondría por otra parte "quebrantar el secreto". Asimismo, Castro destaca el hecho de que la defensa de Matas aportase como "indubitativos medios de prueba" recortes de prensa que "sorprendieron incluso a este proveyente por lo que tenían de adivinanza de decisiones en las que ni tan siquiera había pensado", algunos "se contradecían" y otros "respondían más a lucubraciones".

El letrado hacía referencia a numerosas informaciones en medios de comunicación sobre las investigaciones de esta subpieza -incluida en la pieza 25 del caso- en las que se dan numerosos detalles de las diligencias practicadas, como es el caso del registro efectuado el día 7 de noviembre en la sede de Nóos en Barcelona, el contenido de las declaraciones practicadas o incluso los próximos pasos que pueden tomar la Fiscalía o el juez


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