jueves, 30 de junio de 2011

"CASO BRUGAL"; EL REDACTOR DEL PGOU DE ALICANTE DECLARA ANTE EL JUEZ COMO IMPUTADO

Jesús Quesada abre la ronda de comparecencias

Efe | Alicante

El jefe redactor del PGOU de Alicante, Jesús Quesada, abre este jueves la ronda de comparecencias judiciales de los imputados por una de las piezas del caso Brugal, la relativa a las supuestas ilegalidades en el planeamiento urbanístico.

Quesada aparece en innumerables ocasiones a lo largo del sumario de este caso, en el que también se incluyen grabaciones telefónicas de conversaciones mantenidas por éste con el empresario Enrique Ortiz, otro de los imputados en este caso.

La Fiscalía Anticorrupción ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en Quesada por participar en el favorecimiento de Ortiz.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, tomará declaración a Quesada, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV).

Acceso privilegiado
El contenido del sumario del caso Brugal, en lo referido al PGOU, refleja, a través de las conversaciones telefónicas intervenidas, las gestiones llevadas a cabo por el empresario Enrique Ortiz "para tener acceso de primera mano" al citado planeamiento.

El sumario, cuyo secreto de las actuaciones se levantó el pasado 3 de junio y a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, recoge que son "relevantes" la "multitud de comunicaciones interceptadas" relativas a las modificaciones que el empresario estaría realizando "para su propio beneficio al respecto de la calificación de los terrenos" incluidos en el PGOU.

Este último proyecto fue entregado en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante por el arquitecto encargado por el consistorio para su elaboración, Jesús Quesada, en julio de 2008.

Sin embargo, aunque todavía no se habría abierto el plazo para presentar alegaciones al no ser aún público, Ortiz, "en supuesta connivencia" con el ex alcalde Luis Díaz Alperi y la entonces edil de Urbanismo y ahora alcaldesa, Sonia Castedo, "y el conocimiento del arquitecto en cargado del proyecto, estaría modificando a su antojo" el PGOU.

De hecho, el sumario revela una reunión en el Área de Urbanismo del consistorio alicantino a la que asistió Castedo, Ortiz y el propio Quesada.

Las comparecencias continuarán el próximo lunes, 4 de julio, con la de Enrique Ortiz, mientras que su mujer, María Manuela Carratalá, lo hará un día después.

Además

miércoles, 29 de junio de 2011

LA FISCALÍA AVALA LAS ESCUCHAS DEL "CASO RENEDO"

El Principado estima que hay indicios «suficientes» contra la ex alta funcionaria al margen de los ‘pinchazos’

PILAR CAMPO OVIEDO

La Fiscalía avala la validez de las escuchas telefónicas a los imputados por la supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos en el Principado, una semana después de que el fiscal superior, Gerardo Herrero, admitiera que en caso de ser anuladas “daría al traste con la investigación”. Por su parte, el Principado, que ejercita la acusación particular únicamente contra Marta Renedo, entiende que hay pruebas indiciarias “suficientes” para dirigir los cargos contra la ex alta funcionaria al margen de las escuchas.

Sus posicionamientos se conocieron ayer, después de que las partes agotaran el día de gracia concedido tras vencer, el pasado lunes, el plazo para presentar sus alegaciones al recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el abogado Miguel Valdés-Hevia, en representación del empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (Igrafo).

La decisión última sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas está ya en manos del magistrado-juez Ángel Sorando, titular del juzgado de instrucción 2 de Oviedo, que asumió la causa después de que el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial acordara la inhibición de la jueza Ana López Pandiella, titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón, al considerar que el órgano competente era el de Oviedo.

Las alegaciones Mientras las defensas piden su nulidad por las irregularidades detectadas, las acusaciones defienden su legalidad al entender que no hubo extralimitación. La Fiscalía contestó al recurso defendiendo su validez. Gerardo Herrero descartó que existan los “defectos alegados”, al haberse practicado “conforme a la legislación vigente” y haber sido “debidamente notificadas” al fiscal. La Fiscalía adiverte de que los autos están “perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible (del 22 de febrero al 9 de septiembre de 2010)” así como que las transcripciones “fueron correctas, con un control constante del juzgado”. El fiscal también entiende que se ha respetado el derecho al juez “predeterminado por la ley”.

Valdés-Hevia sostiene, por el contrario, que los autos dictados por la jueza Pandiella, por los que acordaba las escuchas de las conversaciones de su cliente con la ex alta funcionaria Marta Renedo y sus prórrogas, Svulneraron “el derecho al secreto de las comunicaciones, no fueron notificados al fiscal, lo que impidió su control y no se justificaba el carácter delictivo de los hechos”. A su tesis se sumaron los abogados Javier Díaz Dapena, que defiende al empresario Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín), Ángel Bernal en nombre de la ex directora general María Jesús Otero y Luis Tuero, en representación de Renedo. El abogado Sergio Herrero no quiso confirmar si se ha adherido al recurso en nombre del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

lavozdeasturias.es

LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES POPULARES SALEN EN DEFENSA DEL "CASO RENEDO"

Herrero avala la «legalidad y motivación» de las escuchas y el Principado mantiene la consistencia de las pruebas contra Renedo

RAMÓN MUÑIZ | GIJÓN.

«Esto es como el Oeste, todos avanzamos mirándonos de reojo, pero cuando uno abre fuego, no te puedes ya quedar quieto, tienes que disparar». De manera tan gráfica describía la semana pasada uno de los abogados del 'caso Renedo' la jugada que acababa de producirse. La defensa del imputado Víctor Manuel Muñiz, empresario de Igrafo, había registrado un recurso solicitando la nulidad de las escuchas telefónicas y de cuantas diligencias se derivaron de ellas. El órdago es a la grande y, efectivamente, las partes se han visto obligadas a tomar posición.

Los representantes de los coimputados Marta Renedo, María Jesús Otero y Alfonso Carlos Sánchez han apoyado la nulidad mediante alegaciones donde dan un paso más y exigen el archivo de la causa. Sostienen que las diligencias incluidas en el sumario se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales de sus mandantes, lo que invalidaría el resultado. En el bando contrario, las acusaciones populares de Avall, Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte han salido al paso y defienden que la instrucción iniciada por la magistrada-juez Ana López Pandiella y continuada ahora por su homólogo Ángel Sorando Pinilla «cumple escrupulosamente» la legalidad.

En un terreno con mayor apariencia de neutralidad se mueven el Ministerio Fiscal y el Principado, que actúa en la causa como acusación particular para reclamar la reposición del daño que se hubiera causado al erario público. La Fiscalía de Asturias, que dirige Gerardo Herrero, informó ayer que tras analizar el recurso sostiene «la validez de las escuchas, no existiendo ninguno de los defectos alegados» por el letrado de Víctor Muñiz. «Las escuchas se practicaron conforme a la legislación vigente y fueron debidamente notificadas al Ministerio Fiscal», abunda. «Los autos que acuerdan estas intervenciones y las correspondientes prórrogas están perfectamente motivados, practicándose por el tiempo mínimo imprescindible», defiende la Fiscalía. Sobre el modo en que las cintas fueron transcritas -omitiendo los agentes policiales las partes de escaso interés- considera el Ministerio Público que fueron «igualmente correctas, con un control constante por parte del Juzgado Instructor».

Por último, la Fiscalía defiende la labor de Ana López Pandiella por investigar unos indicios cuya denuncia llegó a su juzgado. El hecho de que luego la Audiencia Provincial entendiera que la causa debía proseguir en Oviedo no supone que la instructora no fuese la juez predeterminada por la ley, tal y como sostiene la parte recurrente.

El Principado también ha reflejado su posición mediante un escrito en el que elude pronunciarse sobre la validez de las escuchas, pero marca un límite al debate. Aunque los 'pinchazos' fuesen anulados, «siguen existiendo indicios más que suficientes contra la funcionaria Marta Renedo; la Administración regional denunció las prácticas de esta funcionaria con una serie de pruebas sobre su hacer y su empresa Implans Mounts cuya vigencia debe mantenerse al margen del recurso», explica su letrado, Juan Serra.


«Los autos que acuerdan las escuchas están perfectamente motivados», dice el fiscal
 
La anulación de los pinchazos no debe afectar a la causa contra Renedo, advierte el Principado

"CASO GÜRTEL"; LA EX MUJER DE GONZÁLEZ PANERO SE NIEGA A DECLARAR ANTE PEDREIRA

Arturo González Panero- GORKA LEJARCEGI
Alega que el juez ya no es competente para instruir la causa.- Villarroya y el exalcalde de Boadilla, que aplaza su declaración al 14 de julio, están acusados de tener 365.000 euros en una cuenta en Suiza

TONO CALLEJA - Madrid 

La exmujer del exalcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Elena Villarroya, ha acudido a declarar a las once de esta mañana ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, como imputada por un delito fiscal. Sin embargo, Villarroya se ha negado a declarar porque entiende que el juez Pedreira, tras la renuncia de los aforados, ya no es competente para instruir la causa. El magistrado le ha mantenido la imputación.

Aunque en principio González Panero iba a declarar hoy, la cita se ha trasladado al día 14 de julio, cuando también declararán José Luis Ulibarri y el empresario Fernando Martín. Mañana está previsto que desfilen ante el juez los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo por su presunta relación con el mayor pelotazo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, por el que pudo haber cobrado 24 millones de euros. El abogado de González Panero ha alegado para posponer la cita que tenía una comparecencia previa en otro juzgado y que no podía asistir en ese momento a su cliente.

Pedreira imputó la semana pasada a los dos un delito contra la Hacienda Pública en relación con los fondos de una cuenta no declarada al fisco español en el banco suizo HSBC Private Bank Suisse, tal y como le solicitó en un escrito la Fiscalía basándose en un informe de la Agencia Tributaria. El fraude fiscal del que se los acusa asciende a 365.000 euros.

En la cuenta, abierta el 28 de junio de 2005 a nombre de Longridge Internacional S.A., Villarroya aparecía como apoderada Villarroya y González Panero como gestor. Además de este nuevo delito, el juez Pedreira atribuye a González Panero, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. En su condición de alcalde de Boadilla habría percibido fondos y regalos por importe de, al menos, 600.000 euros en contraprestación a la adjudicación de contratos públicos. El juez Pedreira impuso en 2009 a González Panero una fianza de 1,8 millones para afrontar futuras garantías económicas.

Imputada por primera vez
De acuerdo con todos los indicios que obran en la causa, los fondos de la cuenta abierta en el HSBC procederían de la actividad ilícita atribuida a González Panero en este procedimiento, según la fiscalía. "La disposición de fondos sobre dicha cuenta pone de manifiesto un patrimonio a diciembre de 2005 de 627.529 dólares (unos 436.000 euros) y a diciembre de 2006 de 866.216 dólares (unos 602.000 euros), cantidades que no fueron declaradas en las auto-liquidaciones de IRPF por ambos en 2005 y 2006", señala, por su parte, el auto de Pedreira.

Pese a que hasta ayer no estaba imputada, esta no es la primera vez que aparece el nombre de la exmujer de Panero en la instrucción del caso. Entre los contratos solicitados por el juez al Ayuntamiento de Boadilla se encuentran los relacionados con la adjudicación en 2005 de tres seguros por parte de El Albondiguilla. El equipo de Gobierno popular adjudicó ese año tres contratos municipales por un valor de 117.000 euros [en cuatro años 468.000 euros] a una compañía, representada por la empresa F Y A De Lope. Según consta en el sumario, esta sociedad pagó 20.000 euros en 2007 a la mujer de González Panero, Elena Villarroya, en concepto de rendimientos del trabajo

En un episodio rocambolesco, cuando estalló el caso en febrero de 2009 González Panero se resistió a dimitir y torpedeó la imagen de firmeza que Mariano Rajoy quiso ofrecer frente al escándalo de corrupción y tráfico de influencias destapado por Baltasar Garzón. González Panero fue imputado en la trama por el magistrado junto a otras 33 personas más, entre ellos un alto cargo del Gobierno regional.

A causa de las imputaciones en la trama Gürtel, Boadilla, de 42.000 habitantes, ha tenido tres alcaldes en dos años. En febrero, comunicó su cese como alcalde Juan Siguero, a la sazón el cuarto regidor del PP madrileño imputado en el caso. Siguero dimitió como alcalde el día 10, horas después de que Pedreira le imputara por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a su predecesor, González Panero, que dimitió en 2009 y fue expulsado del PP.

Al igual que Panero, Siguero pidió la baja del PP tras su imputación y también su dimisión del cargo institucional que desempeñaba. Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el exalcalde.
   
Más información:
* Tema: Caso Gürtel
* González Panero fue imputado en 2001 por pagar con dinero público a su abogado

elpaís.com

·CASO IBATUR"; LOS FISCALES TOMARÁN DECLARACIÓN ESTA TARDE A MIQUEL NADAL

* Luisa Almiñana, que ha quedado en libertad tras declarar
* En dependencias policiales todavía quedan detenidas tres personas

Efe | Palma

Los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán tomarán declaración esta tarde al exconseller de Turismo Miquel Nadal (UM), después de haber interrogado durante la mañana al exdirector de Promoción Turística Joan Sastre y a la exadminitradora de Vídeo U Luisa Almiñana, que ha quedado en libertad.

Los fiscales han salido de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma sobre las 14.30 horas y se prevé que las declaraciones se retomen unas dos horas más tarde, han indicado fuentes de la investigación. De esta manera, en las dependencias policiales quedan detenidas tres de las seis personas arrestadas en la operación anticorrupción iniciada ayer y derivada del caso Ibatur.

Los que quedan arrestados son Nadal, Sastre y el arquitecto Vicenç Mulet, que declaró ayer noche ante los fiscales defendido por Gabriel Garcías, letrado que ha asegurado hoy a los periodistas que su defendido saldrá libre esta tarde. La pieza secreta de Ibatur que ahora se investiga trata una serie de contrataciones irregulares que habrían conllevado desvío de dinero público por parte del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la legislatura 2007-2011 del PSOE, UM y el Bloc, cuando Nadal era conseller de Turismo.

La operación anticorrupción iniciada ayer y derivada del caso Ibatur se ha saldado por el momento con seis detenidos, que son los cuatro citados además de los periodistas Ángela Seguí y José María Castro, quienes quedaron en libertad ayer tras prestar declaración. Los investigadores se centran al menos en dos aspectos: por un lado contrataciones con sociedades relacionadas con el empresario de la comunicación Jacinto Farrús y, por otro, la adjudicación de los expositores de Ibatur en ferias turísticas.

Además
* Dejan en libertad a Almiñana

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA RECHAZA IMPUTAR AL EX EURODIPUTADO DEL PP GERARDO GALEOTE

Lo solicitaba la Fiscalía

Efe | Madrid

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha rechazado citar a declarar como imputado al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, como solicitaba la Fiscalía, al considerar que "no existen elementos que aconsejen su imputación".

En un auto dictado este miércoles, Pedreira deniega la petición del Ministerio Público, que en varias ocasiones ha solicitado la imputación de Gerardo Galeote, argumentando que, "de lo actuado hasta el momento, no parecen indicios racionales de actuación delictiva alguna".

Según el magistrado, en esas circunstancias su citación es tan "improcedente" e "innecesaria" como "perjudicial", porque "nada puede aclarar al no existir ninguna sospecha en su contra y "es indudable" que "le ocasionaría un perjuicio de muy difícil reparación".

El instructor insiste en que transcurridos casi tres años de investigaciones, y "cuando la instrucción está a punto de concluir", "no han aparecido elementos nuevos" que permitan imputar a Gerardo Galeote.

"En otras palabras -concluye el auto-, en estos momentos el procedimiento no se va a dirigir contra don Gerardo Galeote por no existir en su contra indicio alguno de conducta delictiva. En consecuencia, no procede su citación para declarar ni como imputado ni en ninguna otra condición".

La resolución de Pedreira no es firme y puede ser recurrida por la Fiscalía que, basándose en diversos informes policiales que obran en el sumario, había solicitado la imputación de Gerardo Galeote.

El hermano del ex eurodiputado, Ricardo Galeote -exconcejal del PP en Estepona-, así como su padre, José Galeote -exconcejal de este partido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte-, sí están imputados en el caso Gürtel.

Según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa, Gerardo Galeote pudo haber recibido de la trama liderada por Francisco Correa 652.310 euros -parte de ellos en especie, como un vehículo Land Rover- a cambio, supuestamente, de dar a sus empresas contratos para la organización de actos del Partido Popular Europeo (PPE).

Posteriormente, varios informes policiales remitidos al TSJM, cuando se hizo cargo de la investigación, apuntaban que las siglas GG, que aparecían en los documentos de la "contabilidad opaca" de la trama de corrupción, correspondían a Gerardo Galeote, algo que él negó en varias ocasiones.

La Agencia Tributaria también propuso el pasado mes de febrero a Pedreira que se investigarán algunas sociedades y cuentas vinculadas al exeurodiputado.

Sin embargo, el juez considera que de todo lo investigado no se ha acreditado la comisión de conductas delictivas por parte de Gerardo Galeote.

Pedreira ya excluyó al ex eurodiputado, al igual que a los ex parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino, de la investigación por la adjudicación en 2002 de una variante en la localidad leonesa de Olleros de Alba a la empresa Teconsa.


elmundo.es

EL JUEZ IMPUTA A 11 PERSONAS EN LA TRAMA DE LA BASURA DE CALP

Fenoll, cabecilla de Brugal, y Morató, exalcalde del PP, principales encartados

Alicante

El titular del Juzgado número 1 de Dénia ha imputado a un total de 11 personas en la trama de la basura del Ayuntamiento de Calp. Esta causa es una pieza separada del sumario general del caso Brugal e indaga un supuesto cohecho por la contrata de la basura del municipio, adjudicada en 1998 al industrial Ángel Fenoll. En un auto firmado el pasado día 20 de junio, el magistrado ha ordenado levantar el secreto del sumario y ha citado a los imputados para los días 20 y 21 de septiembre.

Cuatro imputados más en el caso del favor a Ortiz en el PGOU de Alicante

Los principales encartados por el magistrado son el empresario Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla del caso Brugal, y Javier Morató, exalcalde de Calp, del PP, cuando se adjudicó la contrata y actual edil por la formación Alternativa Popular de Calpe.

La lista de imputados por el juez en esta causa se completa con los siguientes nombres: José Perles, Fernando Penella y Juan Roselló, los tres exconcejales del PP; Juan Artacho, empresario y cuñado del exedil Roselló; María Teresa Molines, propietaria de la finca donde se ubica la planta de basura; Francisco Antonio Perles Crespo, marido de la anterior y encargado de la firma Acciona encargada del servicio de limpieza del municipio; Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario Fenoll; José Luis Faubel y Juan Cervantes Panella, ingeniero de caminos e ingeniero técnico del Ayuntamiento, respectivamente.

En su auto, el magistrado no detalla los supuestos delitos que imputa a cada uno de los encartados. No obstante, según fuentes del caso, el sumario se abrió por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

El Ayuntamiento de Calp, bajo la presidencia del popular Javier Morató, adjudicó en 1998 la contrata de la basura del municipio a la firma Colsur, SL, propiedad del industrial Ángel Fenoll. Era una de las primeras contratas que ganaba el polémico empresario fuera de la comarca de La Vega Baja, donde monopoliza este negocio. La primera irregularidad detectada en el contrato fue que el adjudicatario no dispuso de un vertedero autorizado hasta un año después.

Más adelante, y raíz de las escuchas telefónicas efectuadas con autorización judicial en el marco de la investigación del caso Brugal, se destaparon otra serie de ilegalidades. Las más destacadas están relacionadas con la supuesta manipulación al alza del pesaje de los camiones de la basura. Estas falsas facturas eran luego endosadas a las arcas municipales. La policía y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Fenoll entregaba "grandes cantidades de dinero" a los políticos locales a cambio de consentir las irregularidades en la adjudicación y construcción de la planta y en el pesaje de la basura.

Por otro lado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante ha imputado a otras cuatro personas por el supuesto favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Alicante. Los imputados son José Cortina y Daniel Gil, directivos de Bancaja y la CAM, respectivamente, y el empresario Bernardo Campos y el abogado Jorge Yacobi.

Nombres de una trama
- Ángel Fenoll. Adjudicatario de la contrata. También está imputado su hijo, Antonio Ángel.

- Javier Morató. Exalcalde del PP y actual edil independiente.

- Juan Roselló. Exconcejal del PP.

- Fernando Penella. Exconcejal del PP.

- José Perles. Exconcejal del PP.

- Juan Artacho. Empresario y cuñado de Roselló.

- María Teresa Molines. Dueña de la finca donde se ubica la planta de basura.

- Francisco Antonio Perles. Marido de la anterior y encargado de Acciona.

- José Luis Faubel. Ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Calp.

- Juan Cervantes. Ingeniero técnico del Ayuntamiento de Calp.

EL JUEZ DE GÜRTEL AÑADE CARGOS CONTRA UN CABECILLA

T. CALLEJA - Madrid

El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado para el próximo 14 de julio en calidad de imputado al empresario José Luis Ulibarri, dueño de las empresas Begar y UFC. Le ha descubierto un nuevo delito: un fraude fiscal en relación con una operación que Ulibarri gestó con la trama Gürtel y en la que dejó de pagar al fisco 595.000 euros (unos 100 millones de las antiguas pesetas). Ulibarri es uno de los empresarios imputados por el juez Pedreira por haber hecho supuestos pagos ilegales al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a cambio de su mediación con administraciones públicas gobernadas por el PP para obtener un trato de favor en la adjudicación de contratas y desarrollos urbanísticos.

Aparte de este delito fiscal, Pedreira ya imputaba a Ulibarri falsedad y cohecho. El fraude fiscal detectado ahora por la Agencia Tributaria está relacionado con una operación que hizo la empresa de Ulibarri UFC en El Escorial con la firma Proyedicom SL, cuyos gestores eran Correa y su número dos en la Gürtel, Pablo Crespo. En esa operación se ocultó al fisco un total de 595.000 euros.

Ulibarri ya estaba imputado en Gürtel por una operación en Boadilla del Monte para construir sobre unas parcelas. Ofreció por ellas 35 millones de euros, un precio muy inferior al de mercado. Además, incumplió los plazos de ejecución para la construcción de viviendas sobre ellos.

Por otra parte, el empresario Fernando Martín ha aplazado su declaración como imputado inicialmente prevista para el jueves, por coincidir con la junta general de accionistas de Martinsa Fadesa, convocada con anterioridad a la citación. La petición ha sido aceptada por el juez.

elpaís.com

martes, 28 de junio de 2011

EL EXPRESIDENTE DE UNIÓ MALLORQUINA ES DETENIDO OTRA VEZ POR CORRUPCIÓN

Miquel Nadal fue consejero de Turismo. Está acusado de desvío de fondos públicos.- Estaba en libertad bajo fianza de 70.000 euros

EL PAÍS - Palma de Mallorca


El abogado y ex político Miquel Nadal, expresidente de Unió Mallorquina (UM), ha sido detenido hoy en Palma, por segunda vez desde febrero de 2010, por desvío de fondos públicos en contratos y adjudicaciones desde organismos oficiales. Con Nadal hay otros tres detenidos, ejecutivos, políticos y técnicos del entorno de UM. Se trata de una investigación secreta vinculada al Instituto Balear de Turismo (Ibatur), la llamada Operación Pasarela o Caso Ibatur, que se remonta a la época de Nadal como consejero de Turismo y que se refiere a un supuesto desvío de fondos de manera irregular.
  
Nadal, exconsejero, exparlamentario y exconcejal de Palma en alianza con el PSOE en la pasada legislatura, está imputado en otras cuatro causas judiciales distintas que se instruyen en Baleares y que aluden a excargos y empresarios del entorno de Unió Mallorquina (UM): caso Voltor, caso Maquillaje de supuesta malversación de caudales desde las instituciones y en el caso Son Oms y caso Can Domenge de supuesta corrupción urbanística en la calificación de terrenos y venta de solares públicos. Miquel Nadal estaba en libertad bajo fianza de 70.000 euros.

El grupo bisagra UM, que alternativamente gobernó con el PP y el PSOE desde 1983, se disolvió meses atrás devorado por los escándalos de corrupción y con la sede en Palma tomada por un registro judicial a la búsqueda de datos y registros de posibles pagos en el denominado caso Picnic, de invitaciones a militantes desde los gobiernos de Palma y Baleares. Los exlíderes de UM están bajo sospecha por crear tramas clientelares de militantes y posibles redes de captación de votantes.

Maria Antònia Munar, primera figura del partido, dimitió y dejó la política en 2010 -tras 30 años en el poder- mientras era presidenta del Parlamento balear, tras ser acusada por su examigo y mano derecha Miquel Nadal de comprar con dinero negro (300.000 euros) productoras de televisión para controlar un medio y poder contratar a afiliados para trabajos partidistas con fondos de subvenciones desde el Consell de Mallorca, cuando UM tenía con tres votos de 33 el control hegemónico del ente, en la etapa 2003-2007, gracia a su alianza con el PP. Munar era presidenta del Consell y Nadal vicepresidente.

ARCHIVADA LA QUERELLA CONTRA VINUESA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE FONDOS

El alcalde de Alcobendas, en su despacho.- LUIS SEVILLANO
Los socialistas acusaron al alcalde popular de Alcobendas de beneficiar supuestamente a la constructora Sotohenar en el año 2009

EL PAÍS / EUROPA PRESS - Madrid 

El juzgado número 2 de Alcobendas ha decretado el archivo de la querella presentada por el PSM en junio de 2010, en la que acusaba al alcalde de la localidad madrileña, Ignacio García de Vinuesa (PP), de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios en relación al caso Sotohenar. García de Vinuesa fue imputado por prevaricación y mala gestión de fondos públicos por beneficiar supuestamente a la constructora Sotohenar en el año 2009 en una operación de recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.

"El Ayuntamiento recompró las parcelas por el mismo precio que en 2007, cuando su precio en el mercado inmobiliario y de terrenos había caído de manera brutal", aseguraban fuentes socialistas tras denunciar la situación. Sin embargo, el juzgado ha dictado ahora un auto en el que pone de manifiesto que "no se acredita que el alcalde tenga ninguna relación con la empresa Sotohenar, ni ha emitido ningún tipo de informe sobre dicha operación, por lo que se excluye, desde el inicio, dicha conducta como delictiva".

Además, añade que "lo que únicamente se ha acreditado es que, frente a la petición inicial de la mercantil ante sus dificultades económicas e imposibilidad de cumplimiento del contrato, el alcalde propone al Consejo de Administración como órgano colegiado y posteriormente al pleno del Ayuntamiento la aprobación de la propuesta, previos informes técnicos, jurídicos y de intervención pertinentes". El auto destaca que el primer edil adquirió una situación "ya heredada" y que la decisión adoptada se basó en "intentar mantener los bienes dentro del dominio público y evitar fueran adquiridos por terceros". Y concluye: "El procedimiento seguido pasó todos los filtros administrativos y jurídicos".

Tras conocer la noticia, García de Vinuesa se ha felicitado y ha manifestado que "lo más importante" es que el auto destaca que la decisión que tomó en su día "buscaba preservar el patrimonio municipal". "Se ha comprobado que no me movía ninguna razón de carácter personal", ha subrayado. En relación con el PSM, Vinuesa ha señalado que es "lamentable que ante la falta de argumentos, los socialistas presentaran una querella que sabían que no iba a prosperar".

El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes) también ha criticado, como su jefa de filas, Esperanza Aguirre, al tratamiento de su imputación. "La palabra imputado se ha venido utilizando como sinónimo de alguien que ha metido la mano en la caja", ha subrayado, para añadir que "esto ha movido a algunos políticos a presentar demandas porque si conseguían la imputación, ya pensaban que tendrían una ventaja que de otra forma no iban a tener".

García de Vinuesa fue una de las 13 "tonterías" de Aguirre, es decir, uno de los 13 imputados que la refrendada presidenta de Madrid llevaba en las listas de cara a las elecciones municipales y autonómicas y que ella aseguró que estaban imputados por "tonterías".

"CASO GÜRTEL"; EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA DEL REY PUDO ASCENDER A 24 MILLONES

La policía investiga la conexión entre la comisión de 12,8 millones que supuestamente pagó Martinsa a la trama corrupta y otro pago por el mismo importe realizado dos años antes por otros empresarios

TONO CALLEJA - Madrid 

Un informe de la policía judicial ha destapado la relación existente entre dos comisiones de 12 millones de euros cobradas por el presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas por el PP madrileño y las empresas. De esta forma, el documento policial relaciona el pago a Correa de 12,8 millones de euros por parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, por intermediar en una adjudicación en Arganda del Rey, con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, cuyo origen se desconoce, y que la policía atribuye a los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo.

Estos empresarios están citados a declarar mañana miércoles ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira. Hasta el momento, el pago de Martinsa se consideraba el mayor pelotazo de Correa, por lo que si estas dos comisiones tuvieran algún tipo de relación el beneficio del cerebro de la trama por intermediar en una adjudicación en Arganda se podría haber multiplicado por dos, hasta superar los 24 millones de euros.

Según consta en un documento del informe, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones realizada desde una cuenta cuyo beneficiario es el empresario Fernando Martín a Correa no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa".

Este pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, que finalmente adjudicó a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, con una superficie de 166.528 metros cuadrados, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones.

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ LLAMA A DECLARAR A 11 IMPUTADOS POR LA TRAMA DE BASURAS DE CALPE

Levanta el secreto de sumario de esta pieza separada
 
* El juez instructor de Dénia ha levantado el secreto sumarial de la pieza
* Investiga un presunto fraude en la facturación del tratamiento de basuras
* Están llamados a declarar el ex alcalde de Calpe, ediles del PP y ténicos
* También declararán el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel

Europa Press | Alicante

El juzgado de Instrucción número 1 de Denia (Alicante) ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada del caso Brugal que investiga un supuesto fraude en la facturación del tratamiento de basuras en el Ayuntamiento de Calpe (Alicante) y ha citado en septiembre a declarar a 11 personas en calidad de imputados, según ha informado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Dentro del caso Brugal, que investiga presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, se encuentra la pieza separada que instruye este juzgado de Denia, que ha citado a declarar el 20 y 21 de septiembre a 11 personas, de las que una está pendiente de cómo le puede afectar la anulación de las escuchas decretada por el titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, que investiga la parte del caso relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, y que podría quedar fuera de la causa por esa nulidad de las intervenciones.

Entre los 11 imputados citados a declarar por el juzgado de Instrucción número 1 de Denia se encuentra el exalcalde de Calpe, Javier Morató -ahora concejal de Alternativa Popular-, varios ediles del PP, un par de técnicos del consistorio calpino, así como el empresario Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll, tal y como han señalado a Europa Press fuentes judiciales.


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"CASO MALAYA"; LA POLICÍA DESTACA LA "DESCAPITALIZACIÓN" DE MARBELLA CON ROCA EN URBANISMO

Principal acusado

* Expertos de la UDEF describen "pelotazos" con los que se lucraron sus empresas

José Carlos Villanueva | Málaga

"Se evidencia la descapitalización patrimonial del Ayuntamiento de Marbella, con terrenos que aterrizaban en sociedades de Roca". La afirmación, hecha este martes por un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ilustra el 'modus operandi' que llevaba a cabo el que fuera gerente del urbanismo marbellí, en connivencia con gobiernos del GIL que daban luz verde a recalificaciones de suelos públicos. Al final los intereses privados del poderoso exasesor siempre salían favorecidos.

Dos expertos policiales han repasado a preguntas del fiscal del caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero, diversas operaciones inmobiliarias en las que se repetía la misma dinámica: El Consistorio marbellí adquiría deudas con sociedades y, como opción para saldarlas, recurría a la fórmula de dación en pago, "permutando terrenos" con ellas. Posteriormente, los suelos municipales acababan siendo adquiridos por numerosas empresas controladas por testaferros de Juan Antonio Roca.

Acto seguido, ya bajo el control del que era a su vez máximo responsable del urbanismo marbellí, "se llevaban a cabo importantes recalificaciones para, finalmente, obtener unas plusvalías considerables", ha relatado un inspector jefe especializado en blanqueo de capitales. Se trata del delito por el que se acusa en esta fase del juicio oral a los acusados, en su mayoría testaferros.

La declaración de los dos investigadores ha alterado el gesto de Roca, visiblemente preocupado y nervioso. De hecho, ha negado con la cabeza mucho más de lo habitual y en un gesto inédito se ha tapado parte de la cara en numerosas ocasiones con sus famosos cuadernos. En ellos anota minuciosamente todo cuanto acontece en la sala de vistas.

Un ejemplo claro de cómo el exasesor urbanístico municipal actuaba en sintonía con sus socios, a la hora de hacer negocios con el Ayuntamiento de Marbella, lo protagoniza el promotor José Ávila Rojas. La sociedad Naviro Inmobiliaria, propiedad del empresario granadino-también acusado en otro bloque del caso- ha sido mencionada por los testigos.

El jefe del grupo de UDEF, sección blanqueo, ha aludido al "pelotazo" que dio la sociedad Inversora Inmobiliaria Eridano S.L., controlada por Roca: "Se llevó el 40% de los beneficios de las 22 viviendas y plazas de aparcamiento que llevó a cabo Naviro Inmobiliaria". Previamente, Eridano había adquirido dichos terrenos a la sociedad Cortijos La Ventilla “por 132 millones de las antiguas pesetas”, según el inspector.

Tal y como ha recordado este martes el citado mando policial, "Avila Rojas reconoció haber pagado a concejales" para conseguir beneficios urbanísticos en su empresa, Naviro Inmobiliaria. Se trataba, concretamente, de la operación de compra venta de terrenos entre las sociedades Cortijos La Ventilla, Eridano, Imusa y finalmente Naviro.

Cabe recordar que el primer juez instructor del caso 'Malaya' contra la corrupción municipal en Marbella, Miguel Ángel Torres, expuso en un auto que "Roca y Ávila Rojas son lo mismo". Fue cuando acusó al promotor de blanqueo de capitales, además de cohecho, como socio del que fuera urdidor de más de 600 convenios urbanísticos entre 1992 y 2006.

Perjuicio patrimonial
Los informes elaborados por el Tribunal de Cuentas del Estado, en relación con la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades, entre 1991 y 2003 ya pusieron de manifiesto el sistemático perjuicio patrimonial a las arcas marbellíes.

Se enajenaron suelos municipales a precios hasta cinco veces inferiores al de mercado, con la presunta connivencia de tasadores ad hoc. Todo ello se enjuicia actualmente en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella, en el marco del denominado caso 'Convenios', con 30 diligencias previas distintas.

Los policías declarantes también han puesto de manifiesto la evolución de la responsabilidad de Roca durante la instrucción del sumario de 'Malaya': "Desde una primera fase en la que aparecía como un asesor de empresas", cuya propiedad negaba ostentar, "hasta que se levanta el velo de las sociedades, entre julio y agosto de 2006".

Fue en los meses mencionados cuando los letrados integrantes del gabinete jurídico Soriano Pastor Sánchez Zubizarreta, y el propio Roca "reconocieron que las sociedades intervenidas eran de él", ha recordado el inspector jefe, para quien "siempre" hubo ocultación de la titularidad real, "bajo un manto societario".

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

"CASO GÜRTEL"; ULIBARRI, IMPUTADO POR DELITO FISCAL

Declarará el 14 de julio

Efe | Madrid

El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 14 de julio al empresario José Luis Ulibarri, a quien imputa un delito contra la Hacienda Pública por eludir el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial.

De esta forma, Pedreira atiende en un auto, fechado el lunes, la petición de la Fiscalía y amplía la imputación a Ulibarri, que ya estaba imputado en la causa por cohecho y blanqueo de capitales.

El auto aporta los datos de un informe de la Agencia Tributaria del pasado 25 de mayo sobre la venta en 2006 de una finca en El Escorial por parte de Proyedicon S.L, sociedad de la que eran gestores los presuntos cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa y Pablo Crespo-, a la empresa UFC de Ulibarri, que refleja posibles incumplimientos tributarios en el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.

"Queda reflejado que se origina un perjuicio económico a la Hacienda Autonómica de Madrid a la que se debió haber ingresado 595.000 euros" por ese impuesto, señala el juez, que considera que este hecho puede ser constitutivo de un delito fiscal al superarse el importe de 120.000 euros establecido en el Código Penal.

Asimismo, Antonio Pedreira apunta que se ha eludido el pago del tributo "de una forma intencionada" ya que la empresa que vendió la finca ocultó en el acta de devolución de IVA que realmente era una sociedad sin actividad, "cuya única intención era la de especular con la venta de las fincas rústicas adquiridas y no realizar una actividad de promoción inmobiliaria".

UFC, según el auto, conocía que se trataba de una finca rústica sobre la que Proyedicon S.A no había ejercido ninguna actividad sujeta a IVA y, por tanto, que no era sujeto pasivo de dicho impuesto que pudiera repercutir cuota alguna.

No obstante, la empresa de Ulibarri consideró la operación sujeta a IVA y no al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con lo que eludió el pago de ese tributo, ascendiendo el perjuicio económico a 595.000 euros.

El juez considera que deben responder de ese delito Ulibarri, como administrador de UFC en el momento en que se realizó la operación, así como Correa y Crespo, como gestores de la empresa que vendió la finca.


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"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA DICE QUE MARTINSA PAGÓ 12 MILLONES A CORREA POR CONTRATOS EN ARGANDA

El cerebro de la trama
Efe | Madrid

La Policía atribuye a Fernando Martín, presidente de la constructora Martinsa, el pago de 12.870.000 euros en 2006 al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, como comisión para lograr la adjudicación de una operación urbanística en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Así se desprende de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue remitido el pasado día 22 al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), después de que el instructor del caso, Antonio Pedreira, imputara a Martín los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Fernando Martín, que en principio debía declarar ante Pedreira este jueves, lo hará el 14 de julio, al haber solicitado un aplazamiento de su declaración por coincidir con la junta de accionistas de su empresa Martinsa-Fadesa, ha informado el TSJM.

Según la UDEF, la sociedad Cedargrove, de la que era beneficiario Fernando Martín, era titular de una cuenta bancaria en Mónaco, desde la que se realizó el 30 de junio de 2006 una transferencia de 12.870.000 euros a otra cuenta en Suiza de la sociedad Golden Chain Properties, propiedad de Correa.

"El motivo de dicho movimiento era una comisión por la intervención de Martinsa S.A. en un proyecto inmobiliario en la localidad de Arganda del Rey", especifica el informe policial.

Anteriormente, en diciembre de 2004, Martinsa había sido la empresa adjudicataria del concurso presentado por la Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.A. de Arganda del Rey, por un importe de 77 millones de euros, para la compra de unos terrenos en dicha localidad con una superficie de 166.528 metros cuadrados, en la que estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas.

La empresa de Martín pagó 66 millones de euros en metálico y otros 11 millones en obras de equipamiento para la zona.

La promotora vendió dos años después un tercio de ese suelo por 73 millones de euros, un precio casi tres veces superior al que había pagado (25 millones de euros).

En la fecha en la que se desarrolló esta operación el alcalde de Arganda del Rey era Ginés López (PP), que dimitió tras ser imputado en el caso Gürtel.

Aunque el juez no tomará declaración a Fernando Martín este jueves, sí interrogará a otros dos empresarios -Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo-, quienes, según la Policía, también habrían pagado a Correa, junto al presidente de Martinsa, otros 12 millones de euros en diciembre de 2004, a través de una cuenta abierta en Mónaco.

La UDEF sostiene que los dos pagos que recibió Correa -un total de 24,8 millones de euros- están vinculados entre sí porque parte del dinero de la cuenta de Cedargrove Investments S.A, de Fernando Martín, era aportada por las sociedades Fairway International y Arthington Investments, cuyos beneficiarios serían Manuel Salinas y Amando Mayo, respectivamente.


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DETIENEN AL EX CONSELLER DE TURISMO, MIQUEL NADAL, POR SUPUESTAS CONTRATACIONES IRREGULARES

CORRUPCIÓN | Ya son seis los arrestados

* Entre los arrestados se encuentra la administradora de Video-U
* También el ex director General de Promoción Turística, Joan Sastre
* Han sido detenidos el director de Canal 4 y la periodista Ángela Seguí
* La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos

Eduardo Colom | Agencias | Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido al ex conseller de Turismo y ex presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, en el marco de unas pesquisas que se encuentran bajo secreto acusado de fraude a la Administración y falsedad documental.

Junto a él también se encuentra en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía la ex administradora de la productora Video-U, Luisa Almiñana, quien precisamente también está imputada, al igual que Nadal, dentro del caso Maquillaje.

También han sido detenidos y el exjefe de informativos de IB3 Televisión entre los años 2005 y 200 y actual director de Canal 4 José María Castro, Joan Sastre, director General de Promoción Turística durante la legislatura de Antich(y que también fue detenido en el caso Voltor) y según confirman fuentes policiales hay un quinto arrestado del que por el momento no se ha facilitado ningún dato.

Asimismo la Policía ha arrestado a la presentadora y ex directora de relaciones institucionales del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears,Angela Seguí quien, en un primer momento, ha acudido a declarar en calidad de imputada.

Las detenciones han sido practicadas por Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial –Grupo de Delincuencia Económica- dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción, entendiendo de esta operación el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos a lo largo de la jornada.

La investigación se amplía
Las mismas fuentes han señalado que ambos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través de la Administración Públicas.

En este asunto se indaga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante las legislaturas autonómicas 2003-2007 (del PP) y 2007-2011 (del PSOE, UM y el Bloc).

Nadal está imputado en otros casos judiciales, en concreto en Can Domenge, Son Oms, Maquillaje y Voltor.

Fue detenido en febrero de 2010, cuando era titular de Turismo del Govern balear y concejal del Ayuntamiento de Palma, en el marco de la operación Voltor, que trata sobre desvíos de fondos en la pasada y anterior legislaturas desde el Inestur, organismo dependiente de la Conselleria de Turismo que estaba controlado por UM hasta que este partido fue expulsado del Govern a raíz de este caso.

El caso Can Domenge trata sobre la supuesta venta fraudulenta de terrenos para la construcción de viviendas en Palma, Son Oms acerca de la recalificación de un polígono industrial en la capital balear y Maquillaje sobre supuesto desvío de fondos del Consell a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido.

Estos tres últimos casos se refieren a supuestos hechos delictivos ocurridos durante la legislatura 2003-2007


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lunes, 27 de junio de 2011

LA FISCALÍA INVESTIGA LA COMPRA A DEDO DE MATERIALES DEL FALLIDO TRASVASE DEL SEGRE

La Generalitat adquirió tubos y motores por 22 millones sin concurso en 2008

Barcelona

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto una investigación por la compra irregular de materiales que la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del Gobierno catalán, realizó en 2008 para realizar el proyecto del fallido trasvase del Segre. Fuentes conocedoras de la investigación explicaron que la agencia adquirió a dedo kilómetros de tubos, bombas y motores que costaron 22 millones de euros que pagó con dinero que debía destinarse a otras partidas. La Intervención General de la Generalitat descubrió esa operación y remitió a la fiscalía y a la Sindicatura de Cuentas un informe sobre esas irregularidades el pasado mes de diciembre.

La Agencia Catalana del Agua pagó con fondos para otras partidas

La sindicatura ve "responsabilidades contables y penales" en la operación

La dura sequía que vivió Cataluña a comienzos de 2008, que encendió las alarmas en Barcelona y su área metropolitana, llevó al entonces consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, a idear un trasvase para captar agua del Segre y llevarla a la capital catalana a través del Cadí. Antes de que el proyecto fuera aprobado, la ACA compró los materiales, que tuvieron un coste de 22 millones de euros. Pero el trasvase nunca se realizó. El Ministerio de Medio Ambiente, que entonces dirigía la socialista Cristina Narbona, se opuso al proyecto, por lo que entonces se optó por un ministravase del Ebro que tampoco llegó a ejecutarse, ya que en mayo llegaron las lluvias.

Sin embargo, los materiales ya estaban comprados. La ACA, según fuentes conocedoras de la investigación, no convocó ningún concurso a pesar de la elevada cantidad de dinero que suponía la compra. Estas fuentes sostienen que la agencia pidió a los contratistas que se hicieran con el material con la promesa de que ya convocarían un concurso más adelante. Pero nunca se produjo porque los dos proyectos de trasvase quedaron definitivamente aparcados. De hecho, todavía hoy más de la mitad de esos elementos, sobre todo tubos, siguen almacenados y sin poder ser usados.

Los contratistas, según esas fuentes, exigieron a la ACA el cobro de los 22 millones de euros, que el organismo cubrió con dinero de otras partidas. Un informe de la Sindicatura de Cuentas recoge que la Intervención General de la Generalitat descubrió esas irregularidades, que denunció en un informe de control fechado el 29 de noviembre de 2010.

El informe de los interventores del Ejecutivo catalán fue remitido el pasado 13 de diciembre a la Sindicatura de Cuentas, que a su vez lo envió al Tribunal de Cuentas el 27 de enero. A su vez, la Generalitat también lo llevó a la fiscalía el 23 de diciembre, pocos días antes del cambio de Gobierno. "Teniendo en cuenta la tipología de irregularidades que se ponen de manifiesto en este informe, si estas se confirmaran podrían dar lugar a responsabilidades contables y penales, si así lo estimaran los correspondientes órganos jurisdiccionales", advierte la sindicatura.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que esta sigue abierta. Un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que ahora depende la ACA, rechazó dar detalles sobre las indagaciones del fiscal, pero aseguró que la consejería que dirige Lluís Recoder está colaborando tanto con la fiscalía como con la sindicatura proporcionándoles la información que requieren y confió en que pronto se aclare todo.

elpaís.com

"CASO IBATUR"; EL JUEZ INTERROGA COMO IMPUTADO AL PUBLICISTA QUE CONFESÓ HABER PAGADO A ALÍA Y ALABERN

Este martes

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará este martes en calidad de imputado al propietario de la empresa Comunicación Creativa, Bartolomé Morey, quien confesó haber pagado comisiones a los ex gerentes del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Raimundo Alabern y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Alía, según han informado fuentes jurídicas.

Unas acusaciones a raíz de las cuales el magistrado decretó el 17 de julio de 2010 el ingreso en prisión sin fianza de Alía, quien salió de la cárcel tres meses después tras abonar la fianza de 150.000 euros que finalmente acordó el juez para el encausado, defendido por el letrado José Ignacio Herrero. En concreto, el publicista ha sido citado a declarar a partir de las 10.30 horas.

En concreto, Morey admitió tanto en dependencias de la Policía Nacional tras ser detenido como ante el juez que había abonado comisiones de hasta el 10 por ciento a Alía, y de entre el 2 y el 3 por ciento a Alabern, al aseverar que si no pagaba "no tendría trabajo". De hecho, llegó a manifestar que toda la contratación que obtuvo del Ibatur fue a raíz de realizar estos pagos irregulares.

Cabe recordar el juez levantó el secreto de esta causa tras más de año y medio de investigaciones en torno a una compleja trama de presunta corrupción por la que se habrían desviado millones de euros durante la última legislatura de Jaume Matas (PP). En sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas Alabern y Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.

Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones de Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza.

El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Govern balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern. Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.

Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor.

Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.

Bajo sumario desde febrero de 2009
No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.

Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas


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"CASO MALAYA"; LOS GANADEROS TESTAFERROS DE ROCA DECLARAN QUE SUS NEGOCIOS FUERON ILÍCITOS

Nueva sesión del juicio

* Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp son juzgados por blanqueo de capitales

José Carlos Villanueva | Málaga

Nunca sospecharon de la procedencia del dinero del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, cuando hicieron negocios con él. Todo les pareció lícito. Así se puede resumir la declaración, este lunes, de los conocidos hermanos ganaderos Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp. Ambos están acusados de presunto blanqueo de capitales, como testaferros del ex responsable municipal urbanístico de Marbella.

Manuel González Sánchez-Dalp ha asegurado que "todo lo que se cobró me dijeron que era lícito", en alusión a la venta de la ganadería Toros de San Miguel al llamado "grupo de Roca". Fueron 70 millones de las antiguas pesetas, tal y como ha recordado en relación con el precio escriturado, si bien el fiscal sostiene que se vendió por 55.

La citada familia, cuyo patriarca fue el conocido matador de toros sevillano Manolo González, constituyó en 1997 la empresa Perinal S.L. Dos años después, Roca, a través de Inmuebles Urbano Vanda S.L., controlada por otros de sus testaferros también juzgados, se hizo con la empresa ganadera.

No obstante, Manuel e Ignacio González Sánchez-Dalp continuaron como administradores de Perinal, a pesar de haber vendido a Roca. Un indicio más para Anticorrupción sobre que ejercieron como hombres de paja para ocultar la figura del ex asesor urbanístico.

De hecho, Ignacio ha reconocido este lunes que percibía mensualmente 1.800 euros de Maras Asesores. Se trata de la empresa utilizada por el considerado cerebro de la trama para su contabilidad interna.

Los ganaderos justifican su presencia en Perinal, tras vender sus acciones, en que la Unión de Criadores del Toro de Lidia, les exigía, una vez creado el hierro nuevo de Toros de San Miguel, que esa nueva ganadería permaneciera dentro de la original, Toros de Manolo González, hasta transcurridos tres años de su creación.

Relación con Roca
EL MUNDO desveló el 21 de abril de 2003 el papel de los dos hermanos Sánchez-Dalp como testaferros de Roca en la sociedad Perinal. Este diario pudo conectarlos con el entonces gerente de Urbanismo, tras comprobar que en unas anotaciones manuscritas del principal acusado, incautadas en 2002 tras su detención por el caso 'Saqueo 1', aparecía el nombre de dicha empresa.

Una vez verificados los datos en el Registro Mercantil este periódico comprobó que Sergio Santana, informático y contable de Roca, figuraba como apoderado de Perinal en los órganos sociales de la misma, junto a los Sánchez-Dalp. Era el eslabón que unía al urdidor de más de 600 convenios urbanísticos de Marbella con la conocida familia ganadera.

Ignacio González Sánchez-Dalp, administrador solidario de Perinal, aseguró, al ser recabada su versión hace más de ocho años, que Inmuebles Urbanos Vanda era "propietaria de Perinal", al haber sido "absorbida" por ella.

Recalcó que la finca La Morisca, donde pastaban las reses bravas, también era de Perinal. Lo cierto es que se demostró que le pertenecía a Roca. Se trata del conocido cortijo situado en el municipio gaditano de Jimena de la Frontera.

Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que los dos hermanos ganaderos "permanecieron como administradores solidarios de la entidad, gestionándola por cuenta y beneficio de Roca, que quedaba oculto bajo el manto societario" de Perinal.

En el año 2000 las participaciones que Vanda tenía en la empresa ganadera Perinal se transmitieron a FNG Inversiones. A pesar de todo ello, los Sánchez-Dalp continuaron como administradores solidarios.

Sandra Bismarck
Este lunes también ha declarado la condesa alemana Sandra Bismarck, cuñada de la conocida musa de la jet marbellí Gunilla Von Bismarck. La citada aristócrata está acusada de blanqueo de capitales en relación con un convenio urbanístico, firmado con el Ayuntamiento de Marbella en 1997, que tuvo continuidad hasta 2002.

Sandra Bismarck se ha desvinculado de cualquier negociación, o trato, no solo con Roca, sino también con el ex alcalde Julián Muñoz. Ella figuraba al frente de la sociedad Pingüe, vendedora de 17.000 metros a la sociedad Invest Bardulia S.L., controlada por el ex asesor urbanístico.

Además
* Gráfico: Las claves del caso 

LA FISCALÍA INVESTIGA EL DESVÍO DE 3,6 MILLONES EN LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ

11 imputados y 18 empresas implicadas

* El dinero se destinaba a reformas en los colegios que nunca se acometieron
* El PP pide la comparecencia de Álvarez de la Chica en el Parlamento
* El principal denunciado es el ex gerente del ente público ISE
* En el fraude, investigado por la Agencia Tributaria, ha8 18 empresas implicadas

Ana María Fopiani | Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse.

Una investigación de la Agencia Tributaria ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas.

La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha confirmado a ELMUNDO.es que "esta misma semana y la siguiente" comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, hasta 18 hay implicadas, los funcionarios comprobaron que las facturaciones no cuadraban y que, además, muchas de estas sociedades no contaban con la infraestructura necesaria para realizar los trabajos.

La propia Ayuso ha declarado que "era un poco insólito que algunas de estas empresas recibieran adjudicaciones para unas obras que no podían realizar, porque no tenían ni personal". Efectivamente, las obras, de reforma y reparación, nunca llegaron a realizarse en los centros educativos, aunque sí fueron abonadas por parte del ISE.

La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La Agencia Tributaria reconoce que desde el propio ISE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar.

Sin embargo, los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la Ley exige para sacar a concurso público estas contrataciones. El ex gerente dejó su cargo, tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado.

Junto a Fernando Ameyugo Catalán, ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco SL. A esta firma, el ISE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia de Cádiz, pese a que sus responsables reconocen que no tienen personal para ejecutar estos trabajos, por lo que habrían tenido que subcontratar, lo que está prohibido por Ley en este tipo de contratos. Con esta irregularidad, la sociedad investigada habría eludido el pago de 969.590 por el Impuesto de Sociedades y 610.650 euros por cuotas del IVA.

La Fiscalía incluye en su denuncia a 18 empresas, que no han podido justificar los pagos que les fueron reembolsados, además de no haber realizado, en la mayoría de los casos, las obras por las que fueron contratadas. La Agencia Tributaria también recoge en su investigación que, "en muchos casos, se realizaron contrataciones de material excesivas para los trabajos a realizar".

En su informe, los efectivos fiscales recogen la valoración de una arquitecta de la Agencia Tributaria que inspeccionó los colegios en los que deberían de haberse realizado las reformas que fueron contratadas y pagadas. La técnica constató que en los años en los que se realizaron las adjudicaciones no se había llegado a ejecutar ni el 20 por ciento de los trabajos abonados.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz instruye el caso, investigado por el fiscal de delitos económico, Juan Peña. En total son 11 los denunciados y 18 las sociedades bajo sospecha, la mayoría con sede social en las localidades de Rota y Sanlúcar de Barrameda. La investigación deberá aclarar dónde han ido a parar los 3.647.161,17 euros que salieron de los fondos públicos de la Consejería de Educación.
 
Reacciones
El presidente del Partido Popular (PP) de Cádiz, José Loaiza, ha calificado de "nuevo escándalo en la gestión socialista" la denuncia de la Fiscalía por una posible malversación de fondos públicos. Por ello, ha exigido a la Delegación Provincial de Educación "mayor transparencia y colaboración con la Fiscalía, así como una investigación interna, para aclarar este asunto".

Loaiza ha recordado que el PP ya ha pedido la comparecencia del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, en el Parlamento andaluz para que informe del alcance de la investigación.

El también parlamentario andaluz ha incidido en las carencias que en materia educativa existen en la provincia y en "los numerosos compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía en la mejora de los colegios gaditanos, pero que acumulan años de retrasos".


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