miércoles, 8 de octubre de 2008

EL ALCALDE DE MUXÍA DECLARA ANTE LA JUEZ QUE ES IMPOSIBLE QUE COMETIESE DELITO EN EL CASO DE LA AGENTE ELECTORAL

AGENCIAS - CORCUBIÓN

El alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, declaró ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión (A Coruña) y manifestó que ‘es imposible’ que cometiese los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG María Isabel Blanco.

Félix Porto, alcalde de Muxía, tras prestar declaración en el Juzgado. (Foto: Diego Naya)

Porto explicó que contestó a las preguntas de la juez ‘durante unos 20 minutos’, en los que afirmó que dejó ‘patente que no cometió ninguno de los delitos que le imputa el PP’ y atribuyó la actitud de esta formación a que quiere aportar ‘una cortina de humo’ tras ser condenado por falsedad documental al incluir a personas en las listas electorales del País Vasco sin su consentimiento.

Por ello, el regidor socialista afirmó que salió como entró en las dependencias judiciales, ‘absolutamente tranquilo’ y convencido de que ‘el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y el PP tendrá que pedir perdón’.

Félix Porto también destacó que el juzgado rechazó el recurso de los 'populares' sobre los ‘defectos formales’ en su querella, que alegó el propio imputado para no declarar por este caso el pasado mes de agosto, al no haber presentado el PP el aval de 3.000 euros necesario para materializarla al tratarse de acusación particular y no de parte afectada.

El alcalde de Muxía precisó que contestó ‘todas las preguntas, menos las que les formularon los abogados del PP’, pues entiende que esta formación política ‘ya le juzgó en los medios’ y, además, tuvieron contestación adecuada en la declaración que realizó ante la juez.

Tras pasar por una Comisión de Investigación en la Cámara gallega, el PP llevó a los tribunales el caso de María Isabel Blanco, quien asegura que actuó como agente electoral del PSdeG en Buenos Aires en los meses previos a las elecciones municipales, tras viajar a Argentina con un billete de avión logrado a través del convenio que la Xunta tenía con Iberia.

LAREGIÓN.ES

lunes, 6 de octubre de 2008

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN RESPALDA LA DENUNCIA CONTRA JOSÉ MANUEL SORIA POR COHECHO



El vicepresidente canario será investigado por un viaje de placer con un empresario noruego al que luego presuntamente dio un trato de favor

AGENCIAS - Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía Anticorrupción del Estado considera que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, debe ser investigado por un supuesto delito de cohecho en el caso Salmón, durante su periodo como presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Fuentes cercanas al caso han informado de que el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, se personará por ello en la causa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas (TSJC) contra Soria, también presidente del PP en Canarias, a raíz de una denuncia presentada por el periodista Carlos Sosa.

José manuel Soria López

Dicha denuncia está relacionada con un viaje en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que Soria era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario de Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng. El citado informe tuvo lugar en fechas posteriores al viaje realizado por ambos.

La denuncia que fue admitida a trámite por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, también fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha confiado hoy en que se archive la causa, durante una rueda de prensa sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales, en la que se ha mostrado convencido de que los titulares de los periódicos serán "por lo menos del mismo tamaño de los que se producirán estos días" una vez resuelto el caso.

ELPAIS.COM

LAS ACUSADAS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN ESCONDÍAN EL DINERO EN SU JARDÍN

JOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA

La juez Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma de Mallorca, decretó el sábado por la noche el ingreso en prisión sin fianza de uno de los principales acusados por la Fiscalía en el caso de la presunta trama de corrupción que se habría desarrollado en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) entre 2003 y 2007, en concreto, del ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, a quien se le imputa la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que Viaene negó el sábado haber cometido.

Su declaración contrastaba, no obstante, con la que pocas horas antes habían hecho ante la misma juez las otras dos principales acusadas en este caso, Antònia Ordinas, gerente del CDEIB en la pasada legislatura autonómica, y su esposa, la soprano Isabel Rosselló. En concreto, Ordinas reconoció que entre 2003 y 2007 cobró comisiones ilegales de diversas empresas a cambio de adjudicarles contratos, y afirmó también que Viaene cobraba igualmente comisiones, en connivencia con ella.

El juez decreta prisión sin fianza para el ex director general de la Promoción Industrial

Reconoce los delitos
Asimismo, reconoció todos los delitos que le imputa la Fiscalía, que serían los mismos que habrían cometido su esposa y el ex director general de Promoción Industrial. Tanto el CDEIB como la Dirección General de Promoción Industrial dependen de la Consejería de Comercio, y los hechos ahora investigados se habrían producido cuando el presidente del Ejecutivo autonómico era el popular Jaume Matas.

Hace ahora justo una semana, el pasado lunes, se puso en marcha en Mallorca la denominada «operación Scala», desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía, que se inició con la detención provisional de 11 personas y con el registro de diversas oficinas y viviendas.

Ordinas y Rosselló, que habían sido detenidas ya el mismo lunes, se habían negado a declarar el pasado martes ante la policía y el pasado jueves ante el juez, que ese mismo día decretó el ingreso en prisión sin fianza de ambas.

En su declaración del pasado sábado, el matrimonio dijo también a la juez que estaba dispuesto, además, a hacer entrega de unos 240.000 euros que tenía escondidos en el jardín de su finca, ubicada en el municipio mallorquín de Pòrtol. Ordinas explicó a la juez que ese dinero procedería de parte de las comisiones ilegales que habría cobrado años atrás.

En un bote de cacao
Una comisión judicial se desplazó entonces, a primera hora de la tarde del sábado, hacia dicho chalet, junto con Ordinas y con Rosselló, y una vez allí, la ex gerente del CDEIB señaló el lugar en donde tenía oculto ese dinero, una bolsa y una caja metálica de cacao en polvo enterradas entre unas coles del pequeño huerto que cultivaba el matrimonio, en donde fueron encontrados diversos documentos y la citada cantidad de dinero.

En los primeros momentos de la investigación, se creía que Ordinas y Rosselló habrían cobrado en comisiones ilegales en torno al millón y medio de euros, si bien tras las declaraciones efectuadas a mediados de la pasada semana por parte de algunos de los empresarios imputados en este caso, ahora se considera que las comisiones podrían haber llegado hasta los dos millones de euros en total, ya que, en alguna ocasión, Ordinas habría cobrado hasta un 60 por cien del importe global del contrato que adjudicó. Los pagos se hacían, al parecer, a través de la cuenta corriente de Rosselló y de una sociedad de la que ella era la única administradora.

Otro hecho que se está investigando ahora es el de la fórmula que se habría utilizado para hacer los contratos, ya que todo apunta a que Ordinas utilizó un despacho de asesores para que redactaran los documentos que luego eran presentados a los empresarios, ante las sospechas y los recelos que, ya desde un primer momento, habrían despertado en técnicos del CDEIB el elevado número de contratos que se hacían.

ABC.ES

DOS DETENIDOS EN IBIZA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

AGENCIAS | IBIZA

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos personas en relación a una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia, según fuentes de la investigación del caso, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares.

Efectivos de la Guardia Civil registran asimismo desde este mediodía las dependencias del Ayuntamiento de Sant Josep, acción relacionada con la gestión del ex arquitecto municipal Antoni Huerta, imputado por varios delitos ya que, al parecer, adjudicaba a su nuera los proyectos de envergadura que tramitaba su departamento, entre ellos los de varias urbanizaciones. Los detenidos, según las mismas fuentes, son el hijo del ex arquitecto municipal y su nuera, la también arquitecta Pilar Fernández.

Huertas fue el arquitecto del consistorio con el anterior equipo de gobierno del PP, que tras las elecciones municipales del pasado año perdió la alcaldía de la ciudad, que ahora ostenta el PSOE. Huerta presentó su dimisión en diciembre de 2006 ante el entonces alcalde popular, José Serra Escandell. Además del Ayuntamiento, los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Palma están registrando por este caso en otros despachos y pisos de la Ibiza.

El registro podría alargarse hasta la noche
El actual concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, ha declarado a los periodistas a las puertas del consistorio que en el actual equipo de gobierno están "satisfechos" del registro que practica en estos momentos la Guardia Civil y que, ha dicho, podría alargarse "más allá de las diez de la noche".

El concejal se ha puesto a disposición de la Guardia Civil y ha recordado que el ayuntamiento también está personado en la causa abierta contra el ex arquitecto municipal. Prats ha asegurado que el personal del consistorio está colaborando con los miembros de la Guardia Civil, que han llegado al consistorio con una lista de proyectos relacionados con el arquitecto y con su nuera, quien presuntamente firmaba la redacción de los proyectos que su suegro autorizaba.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares también está personado en la causa abierta contra Huerta y, de hecho, autorizó la grabación de un vídeo en el que unos falsos promotores contratan los servicios del arquitecto municipal, que se ofrecía a tramitarlos informando favorablemente.

Renuncia de Antonio Huertas
Los hechos, que fueron denunciados en agosto de 2005 por el Grupo de Estudios de la Naturaleza, GEN-GOB de Eivissa, se hicieron públicos en noviembre del mismo año cuando la Fiscalía de Medio Ambiente notificó a la agrupación ecológica la apertura de diligencias por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de la urbanización ilegal de Cala Molí, ya que el proyecto al que se otorgó la licencia era obra de la nuera del arquitecto municipal, Pilar Fernández.

No fue hasta un año después, en diciembre de 2006, cuando el entonces alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, aceptó la renuncia del arquitecto municipal imputado entonces por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Balears.

En este sentido, el ex alcalde remarcó haber conocido a través de la prensa que el técnico aparecía en un vídeo donde se demostraba que compatibilizaba -si bien no estaba permitido- su cargo público con la actividad privada en varios proyectos urbanísticos que fueron redactados por su nuera, miembro de su despacho particular.

En la actualidad el arquitecto se encuentra imputado por quebrantamiento del código deontológico tras la personación en su contra del Colegio de Arquitectos de Baleares. El Colegio se personó como acusación particular contra el técnico municipal por una posible incompatibilidad de su cargo público con la actividad privada en varios proyectos en Cala Molí y Cala Carbó.

ABC.ES