martes, 22 de febrero de 2011

NUEVAS FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN BOADILLA

Un auto del juez Pedreira asegura que dos empresas privadas pagaron a Correa varios actos que organizó la trama corrupta para los populares

TONO CALLEJA - Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el pasado viernes un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda acreditado, de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la formación política y abonadas por esta".

Panero recibió como regalo una televisión de más de 4.000 euros

El sastre acudió a la sede del Consistorio para tomar medidas al exalcalde

En el auto, de 30 páginas, Pedreira resuelve una petición del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero en la que solicitaba que se le rebajara la fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red como El Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en diferentes partes de España, Marruecos, Estados Unidos y en el paraíso fiscal caribeño de las islas Caimán. En el caso de que Arturo González Panero no consigne el dinero, se procedería al embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por Arturo González Panero, y que se encuentran en el sumario del caso Gürtel, resalta que tras encontrar nueva documentación, como albaranes, facturas y justificantes de transferencias bancarias, que complementan los datos reflejados en un informe policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las empresas FCC y Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de las basuras.

Toda esta nueva documentación se encontraba en los apuntes de la cuenta personal del exalcalde en la contabilidad b de las empresas de Francisco Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la organización delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes efectuados por Arturo González Panero, uno de ellos a Miami (Estados Unidos), que fueron prestados por una de sus empresas del cerebro de la trama (la agencia de viajes Pasadena). También FCC y Sufi pagaron las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde de Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña de publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso relativo a la recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi por parte del Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros", explica el magistrado Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre las facturas hechas efectivas por la UTE de estas dos empresas también se cargan diversos actos realizados por Special Events al PP de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el magistrado que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el Partido Popular.

La adjudicación de los servicios de las basuras de Boadilla se encuentra en el punto de mira de Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros. Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de las modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la gestión de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a 3,97 millones.

En este sentido, el auto incluye la declaración de Rafael Caballero Mateos, el sastre que realizaba de forma habitual la ropa a Correa, que de forma voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien le explicó que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se sabe vestir". El sastre testificó que los encargos los abonaba uno de los empleados de la trama, concretamente José Luis Izquierdo, que le encargaba que pusiera en las facturas conceptos que no tenían nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events por un importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y colocación de tejidos en el stand de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar la venta de tres americanas, dos trajes completos y cinco pantalones para Arturo González Panero, que es lo que realmente se confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión González Panero le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla del Monte.

En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034 euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006 por un importe de 124.000 euros. "Dicha cantidad podría tratarse de la comisión cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano", explica el auto del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000, 24.000, 12.000 y 30.000 euros. El exalcalde también es propietario de un piso en Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.

Más información:
* Tema: Caso Gürtel
* Fundescam y reparto de sobres
* Fotografía: El juez Antonio Pedreira


ANTICORRUPCIÓN PIDE UN INFORME SOBRE CONTRATAS DE JEREZ A LA TRAMA GÜRTEL

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que ordene elaborar un informe sobre adjudicaciones supuestamente irregulares efectuadas en 2004 por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) a la trama Gürtel. El PSOE de Madrid había pedido al juez Pedreira que citase a declarar como imputada, en relación con estas irregularidades, a María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez de la Frontera y vicepresidenta segunda de la mesa del Parlamento de Andalucía por el PP.

El juez pidió a las demás partes que se pronunciaran sobre la petición el PSOE. De momento, la Fiscalía, en otro escrito, sugiere que se posponga la citación de la exalcaldesa y que se inste a la Unidad de Auxilio Judicial para que elabore un informe sobre los supuestos tejemanejes de la trama Gürtel en Jerez. La última palabra la tiene el juez.

Si fuera imputada la exalcaldesa, que es aforada, Pedreira se inhibiría a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esa forma ya serían cuatro los altos tribunales regionales (incluyendo Madrid, Valencia, Castilla y León) que investigarían a aforados de sus comunidades por implicaciones con la red de Francisco Correa.
 
Participación en Fitur
Lo que se va a investigar es una contrata adjudicada a Gürtel para la participación del Ayuntamiento en Fitur 2004. Según los denunciantes, esa contrata de Fitur se hizo muy tarde y con la intención de acogerse al procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que permitió favorecer a la trama. Además, hay otros actos que hizo Jerez en Madrid que también, según los denunciantes, recayeron en Gürtel de forma anómala. Las empresas beneficiadas fueron Special Events y Down Town Consulting (Easy Concept). Para estos eventos solo fueron invitadas a participar empresas de Correa.

La denuncia por estos hechos la presentó inicialmente la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. El PSOE de Madrid, que está personado en la causa, la apoya y está pidiendo que se practiquen diligencias para aclarar los hechos. El PSOE señala a Pedreira que en la denuncia de la alcaldesa se puede comprobar que los expedientes para la contratación de la participación del Ayuntamiento en Fitur se realizaron de forma muy tardía "a sabiendas" y con la intención de acogerse al procedimiento de urgencia, que elude el concurso.

Más información:
* Tema: Caso Gürtel

elpaís.com

EL PSOE PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS POR EL "CASO GÜRTEL"

Los escándalos que afectan al PP

El escrito de acusación estima que ha incurrido en cohecho propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el presidente valenciano

Valencia
Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.

 El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 14.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).

La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.

El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.

El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".

Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.

Más información:
    * Personaje: Francisco Camps Ortiz
    * Organismo: PP Partido Popular
    * Organismo: PSPV Partit Socialista del País Valencià
    * Aceptar ahora el delito o sentarse en el banquillo en octubre
    * El Bigotes empezó a regalar trajes cuando multiplicó por 10 sus contratos en Valencia
    * El fiscal acusa a Camps de un delito continuado de cohecho por aceptar regalos por valor de 14.021 euros
    * "Te envío las compras. Camps: cinco trajes a 950=4.750 euros"
    * Camps y su Gobierno afrontan hasta siete delitos por su relación con la trama Gürtel
    * El Supremo reabre el caso de los trajes de Camps
    * Anticorrupción pide un informe sobre contratas de Jerez a la trama Gürtel
    * Nuevas facturas de Gürtel prueban la financiación ilegal del PP en Boadilla
    * Rajoy tranquiliza a Camps y promete que le confirmará antes de 15 días
    * Gráfico: La facturación de Orange Market y los regalos a altos cargos valencianos - 12-05-2010
    * Fotografía: Los socialistas piden tres años de prisión para Camps por el caso de los trajes

elpaís.com

"CASO SCALA"; LA JUEZA DECRETA QUE CONTINÚE EL PROCESO CONTRA CARDONA Y OTROS 17 IMPUTADOS

Concluye la instrucción

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 4, Piedad Marín, ha acordado el fin de la instrucción del caso Scala, que investiga un presunto desvío masivo de fondos públicos desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) durante la pasada legislatura del PP, y ha decretado que continúe el proceso penal contra el ex conseller de Comercio, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados para que la Fiscalía y el Govern puedan decidir contra quiénes dirigir acusación como paso previo a su enjuiciamiento.

Así lo ha decretado mediante el auto de 160 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, después de que así lo solicitaran el Ministerio Público y la acusación particular en representación del Govern al apreciar indicios delictivos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración.

Unos delitos que habrían sido cometidos a través de la presunta trama dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos.

Además de Cardona y Ordinas, entre el resto de encausados contra quienes las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral o por el contrario solicitar su sobreseimiento se encuentran el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, la administradora de Gabinete Alays y esposa de Ordinas, Isabel Roselló; el administrador de Gourmet and Boutique Islands y Comarca Global Consulting, Felipe Ferré -que confesó los hechos para colaborar con la justicia; el empresario de Calvià Jaime Fernández Abad, el administrador de Taller Grafic Jaime Gil; el de Camino Export Sergio Pereletegui y el empresario de Comarca Arnoldus Mateo Van Den Hurk.

De acuerdo a las investigaciones, la vía utilizada para desviar los caudales públicos fue la adjudicación de contratos directamente "sin observancia alguna de las normas del procedimiento" a sociedades en las que Cardona, Viaene y Ordinas tenían participación así como a personas próximas, quienes para ello les pagaban un porcentaje o comisión. Unas actuaciones que se produjeron bajo el papel "dominante" de Cardona en el funcionamiento y actividad del CDEIB.

La causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona, asistido por el letrado José Zaforteza. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.

Sin embargo, en el marco de esta causa, el ex conseller ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico.


elmundo.es

PIDEN 8 AÑOS DE INHABILITACIÓN Y 35.000 EUROS AL EX ALCALDE DEL PSOE DE EL CUERVO

Manuel González asegura que sólo es una 'revancha política'

Andros Lozano | Sevilla

La Fiscalía de Sevilla pide que se inhabilite como cargo público durante ocho años al exalcalde de El Cuervo y secretario local del PSOE, Manuel González Jarana, al que se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor durante su estancia en el poder entre 2003 y 2007.

Además, el Ministerio Fiscal exige que se le imponga una multa de 35.000 euros, según el propio acusado ha reconocido en conversaciones telefónicas con ELMUNDO.es de Andalucía, si bien ha negado que tenga las cuentas embargadas.

En la misma situación se encuentran el exdelegado de Desarrollo Socioeconómico de El Cuervo, Juan Antonio Pineda, así como el teniente de alcalde y delegado de Hacienda por aquel entonces, Manuel Vidal.

Todo se remonta a la década anterior, cuando tras las elecciones municipales de 2003 el PA obtuvo un concejal en la corporación local. Así, el andalucista Juan Antonio Pineda pactó con el PSOE (6 concejales) para obtener la mayoría de gobierno, lo que dejó fuera del poder a quien hasta la fecha había sido el alcalde, Juan Garrido Lugo, quien se presentó bajo las siglas de IU y empató en representación con los socialistas.

Éste, dos años después, en 2005, denunció al concejal del PA por la supuesta compra irregular de una parcelas industriales de un polígono ubicado dentro del término municipal de esta población y que estaban gestionadas por la empresa pública Sociedad para el Desarrollo Industrial y de la Vivienda de El Cuervo (Sodivecu).

Garrido Lugo entendía que el exdelegado de Desarrollo Socioeconómico, además de empresario, no podía comprarlas al formar parte del gobierno local. De esta denuncia se derivó la implicación del exalcalde socialista y del exdelegado de Hacienda, de quienes la Fiscalía sospecha que pudieron obtener algún tipo de beneficio, económico o de otro tipo, por parte de su compañero de gobierno.

Tras este período de pacto entre PA y PSOE en el Ayuntamiento de El Cuervo, Juan Garrido Lugo volvió a acceder a la Alcaldía, que en estos momentos sostiene en minoría con seis concejales tras la fuga de uno de los siete que consiguió en las municipales de mayo de 2007.

"Esto ha sido una revancha política en toda regla de Juan Garrido hacia Juan Antonio Pineda", ha asegurado el exalcalde cuerveño. "Estoy muy tranquilo porque yo sólo firmé las escrituras de venta de esas parcelas. Además, lo hice con un informe favorable de la secretaria municipal, en el que se dice que no existe problema alguno para hacerlo", ha señalado Manuel González.

El ex alcalde cuerveño se defiende al explicar que vendió las parcelas "al mismo precio" que lo hizo su antecesor en el cargo.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL GERENTE DE URBANISMO IMPUTADO ALEGA QUE AVALÓ LA LICENCIA POR NO DELINQUIR

Miguel Ángel Millán se une a otros altos cargos imputados

Efe | Sevilla

El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán Carrascosa, ha afirmado que ratificó la licencia a una filial de Sando, por lo que ha sido imputado judicialmente en el caso Mercasevilla, tras un informe favorable de los servicios técnicos y que no de hacerlo "hubiera supuesto cometer prevaricación".

En un comunicado emitido el lunes por la noche, Millán se muestra "a disposición de la justicia para aclarar cualquier extremo que se considere importante para la investigación" y explica que ratificó la licencia "como final reglado de un procedimiento administrativo que no es más que la constatación de que los servicios técnicos habían comprobado que las edificaciones habían sido ejecutadas conforme al proyecto, es decir, que se adecuaban a lo proyectado"

Subraya el comunicado que la licencia se concedió, "como no podía ser de otra forma", con el requisito indispensable del previo informe favorable de los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo y que la ley le obliga a ratificar "pues, en caso contrario, hubiera supuesto cometer prevaricación".

Las manifestaciones de Millán se producen después de que la juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla imputasen al Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y concluyese el primero de los cinco sumarios que instruye, relativo a la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla cita como imputados el próximo 2 de marzo a Millán y al técnico de Urbanismo José Manuel Ferrera, adjunto al jefe de sección de Licencias de Primera Ocupación, por "presuntas irregularidades penales" en la concesión a la inmobiliaria Sanma, filial de Sando, de la licencia de primera ocupación para unas naves en Mercasevilla.

Sanma se hizo en 2006 con la opción de compra de los terreros de Mercasevilla en un proceso que la juez ha calificado como "fraudulento", por lo que dos directivos de la empresa se encuentran entre la quincena de imputados en los cinco sumarios del caso.

Millán Carrascosa, que ocupa el cargo desde abril de 2008, se une a otros altos cargos imputados en el caso como Manuel Marchena, exgerente de Urbanismo, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE), el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño o el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La juez dice que la declaración de los dos nuevos imputados deriva del análisis de los expedientes de licencia de edificación y primera ocupación, de la declaración de otros imputados y de la documental remitida por la compañía eléctrica Endesa "dado que no se habían realizado las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico, el conjunto realizado por Sanma no resultaba apto para el uso que le era propio".

"CASO MERCASEVILLA"; LA GUARDIA CIVIL CERTIFICA AL 97,5 POR CIENTO LA AUTENTICIDAD DE LAS CINTAS DEL SOBORNO

La Benemérita dice que es "real" al 97,5 por ciento

* La cinta no tiene "paradas, cortes o inserciones", según la Guardia Civil
* Identifica a los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez y José Ignacio de Rojas
* Los exdirectivos de Mercasevilla se negaron a someterse a una toma de voz

Efe | Sevilla

La Guardia Civil ha certificado un 97,5 por ciento de autenticidad de la grabación con la petición de comisiones en Mercasevilla, si bien su informe sólo se refiere a la voz de los empresarios denunciantes, ya que los dos principales imputados se negaron a someterse a la prueba.

La Policía Judicial de la Guardia Civil dice que la cinta analizada es de tipo mono, con cuatro interlocutores y en ella "se aprecia continuidad a lo largo de toda la grabación sin detectarse cortes, paradas o inserciones de audio".

No obstante, los peritos solo han podido certificar que dos de los interlocutores son los empresarios del Grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, ya que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce se negaron a someterse a una toma de voz cuando fueron citados en la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en julio de 2010.

Una comisión a cambio de subvenciones
La grabación fue hecha el 27 de enero de 2009 por los empresarios del Grupo La Raza que han denunciado que los directivos de Mercasevilla imputados se reunieron con ellos y les pidieron una comisión ilegal de 450.000 euros como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería que iba a instalarse en el mercado central, y que ya contaba con una subvención de la Junta de 900.000 euros.

La Guardia Civil concluye que se trata de una conversación en la que "no se han detectado inserciones o discontinuidades, siendo coherente con el tipo de grabación efectuada y acorde a la manifestación realizada por la persona que hizo la grabación".

La voz identificada con más certeza es la de José Ignacio de Rojas, que estaba más cercano a la grabadora, mientras que los demás participantes se encontraban a mayor distancia y se perdió la intensidad sonora, según el informe.

La última prueba pendiente
Este peritaje era la última prueba pendiente en el primero de los cinco sumarios del 'caso Mercasevilla', por lo que la juez de instrucción 6 de Sevilla dio este lunes por concluida la instrucción de la causa y la remitió al fiscal y a la acusación particular que ejercen PP, PSOE y PA para que presenten su calificación de los hechos.

En este sumario, que será enjuiciado por un jurado popular, están imputados los ex directivos de Mercasevilla Mellet y Ponce, la funcionaria M.R.P. y el ex delegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Tras él, la juez abrió otras cuatro diligencias por lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" de la venta de los terrenos de Mercasevilla, por delitos societarios, por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla en 2003 y 2007 y por los ERES en varias decenas de empresas andaluzas, financiados por la Junta.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; MATAS RECONOCE QUE NEGOCIÓ CON SERRA LA CONTRATACIÓN DE CALATRAVA EN ROMA

Tras dos horas de declaración

Confirma que la elección de arquitecto fue una decisión personal y 'a dedo'
Defiende la viabilidad y los 'beneficios' de una ópera en Palma
Matas: 'Ojalá algún gobierno recupere este proyecto tan emblemático'
Perera pedirá el archivo parcial para Matas en esta pieza
Esteban Urreiztieta | Palma

El ex presidente de Govern balear y ex ministro de Aznar, Jaume Matas, ha reconocido ante el juez José Castro que negoció con Pedro Serra la contratación de Calatrava en Roma. El editor del Grupo Serra, que integra entre otras publicaciones los diarios, Última Hora y Balears era en aquel momento presidente fundador del Museo de Arte Moderno Es Baluard e hizo de intermediario con el arquitecto y además consiguió para su museo una serie de piezas del valenciano, entre ellas la polémica escultura del Bou.

En este sentido, Matas ha aseverado ante el juez que la decisión de contratar al arquitecto valenciano fue "personal" y que lo eligió 'a dedo'. Asimismo ha defendido la viabilidad del proyecto y los "beneficios que habría tenido para Baleares la construcción de un palacio de la ópera".

El principal encausado del caso ha defendido que su decisión fue "política" y "plenamente legítima", que después fue elevada al Consell de Govern, y ha justificado la selección y contratación sin ningún concurso previo por ser una persona "muy cualificada técnica y artísticamente".

Por su parte, el juez le ha exhibido una serie de facturas sobre el citado viaje y el alquiler de un coche y continua interrogando a Matas sobre los gastos y los motivos de aquel viaje.

Una señora con su hijo en brazos insulta a Matas a su llegada al juzgado.

Perera pedirá el archivo parcial de esta pieza
A la salida del juzgado tras dos horas de declaración, el que fuera presidente del Govern balear ha dicho que "ojalá algún gobierno recupere este proyecto [la ópera] emblemático para la ciudad".

El ex presidente del Govern ha asegurado que el "gran déficit" del proyecto de la Ópera de Palma es que el arquitecto Santiago Calatrava "no pudo presentar su trabajo a los ciudadanos", algo que, a su juicio, "ha llevado probablemente a una falsa percepción de cuál es la magnitud del trabajo realizado".

Así las cosas, su abogado, Rafael Perera ha manifestado su intención de pedir el archivo parcial para Matas en esta pieza en concreto.

Cabe recordar que Matas ha declarado este martes como imputado por la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava para realizar el anteproyecto del palacio de la ópera proyectado por el Ejecutivo balear en la pasada legislatura.

El principal imputado del caso ha hecho acto de presencia en dependencias judiciales a las 10.20 horas de la mañana en medio los numerosos medios de comunicación que aguardaba su llegada, informa Euroopa Press.

Ésta será la segunda ocasión que el que fuera ministro bajo la presidencia de José María Aznar aterrizará en la capital balear para prestar declaración dentro de esta compleja causa, por la que se encuentra en libertad bajo fianza de tres millones de euros, y cuyas investigaciones se centran en el presunto desvío de más de 50 millones de euros producido durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su conexión con el posible enriquecimiento ilícito de Matas y una supuesta financiación irregular del PP.

Otros imputados
Junto al ex jefe del Ejecutivo balear también ha sido citada a declarar, también como encausada, una asesora jurídica del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), organismo dependiente de la Conselleria de Educación y Cultura a través del cual con Francesc Fiol como conseller fue formalizado el contrato de Calatrava, quien también ha dispuesto como imputado en el marco de esta misma pieza.

Durante la comparecencia, solicitada a través de sus letrados Rafael y Salvador Perera, el ex titular del Ministerio de Medio Ambiente deberá defenderse de los hechos que le imputan Fiscalía y acusación particular dentro de la pieza separada número 3 de las 25 que componen el caso, al atribuirle utilizar el proyecto de la ópera únicamente para sacar rédito político y provecho electoral por adjudicarse meses antes de los comicios autonómicos y municipales de 2007 a los que concurría de nuevo como candidato a la presidencia del Govern.

Según el Ministerio Público y la acusación particular, representada por la abogacía de la Comunidad Autónoma, el principal imputado del caso Palma Arena habría incurrido por estos hechos en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Es por todo ello que las acusaciones han solicitado contra él una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros, sobre la cual el magistrado aún no se ha pronunciado.

Frente a estas acusaciones, la defensa del ex líder de los 'populares' negó, en el escrito de alegaciones que presentó para rebatir los argumentos de las acusaciones, que su patrocinado cometiese delito alguno en la adjudicación del anteproyecto, y tachó así de "infundios" las imputaciones que pesan sobre él. Así las cosas, sus abogados consideran la petición de fianza "no ajustada a hechos ni a derecho", dado que "se apoya en indicios incriminatorios, que no son tales, sino sólo sospechas o conjeturas que en modo alguno pueden legitimar un procedimiento penal" contra él.

Matas ha reconocido que negoció fue a roma con pedro serra y el juez castro le exhibe las facturas del viaje y del alquiler del coche

AdemásLos 16 peores meses de Matas

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL PSOE PIDE 3 AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS AL VINCULAR LOS TRAJES CON LAS ADJUDICACIONES

También reclaman 8 de inhabilitación

Los socialistas, como acusación popular, exigen el decomiso de los trajes
Consideran que pudo cometerse un delito de cohecho propio
M. Hernández | F. Álvarez | Valencia

El PSOE valenciano solicita en su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso de los trajes tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el resto de imputados en esta causa: Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos.

Los socialistas, que están personados como acusación popular, consideran que la cúpula del PP valenciano pudo cometer un delito de cohecho, según el artículo 420 del Código Penal al vincular los regalos recibidos de la trama 'Gürtel' con las adjudicaciones que la Generalitat otorgó a las empresas de esta red.

Este tipo penal castiga con penas de prisión de entre dos y cuatro años a los funcionarios o autoridades públicas que reciban dádivas o favores a cambio de un acto propio de su cargo, lo que popularmente se conoce como un soborno.

Por ese supuesto delito solicitan también multas de 46.074 euros para Camps, 40.497 para el que fuera vicepresidente del Consell, Víctor Campos, 21.975 para el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y 16.587 para el jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

Además, exigen las mismas sanciones económicas por la figura de cohecho impropio, es decir, sólo por el hecho de haber recibido los regalos al considerar que ese delito se cometió de manera alternativa.

Por último, piden el decomiso de los trajes y, en el caso de que no fuera posible, el decomiso de otros bienes por su valor equivalente.

La solicitud de los socialistas es, en cualquier caso, muy superior a la de la Fiscalía, que reclamó una multa de 41.250 euros por "un delito continuado de cohecho" 'impropio'.

Asimismo, el PSPV-PSOE también ha pedido, entre otros, que se cite a declarar en el juicio oral a los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez; así como al sastre José Tomás; a la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; y a la consellera Angélica Such.

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