lunes, 23 de abril de 2012

EL SUPREMO ABSUELVE A UN EXALCALDE DEL PP CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL


Tomás (a la derecha), en los juzgados de Palma, en una foto de archivo. / TOLO RAMÓN
El alto tribunal dicta dos años de prisión para el aliado del regidor, un expolicía nacional

A.M. Palma de Mallorca


El exalcalde del PP en Llucmajor (Mallorca), Lluc Tomás, ha sido absuelto por el Tribunal Supremo en el caso de corrupción en el que fue condenado inicialmente a tres años de prisión, en 2008, por la Audiencia de Palma. El alto tribunal dicta dos años de cárcel para el exsocio político del PP y de Tomás, el edil populista y expolicía nacional Joaquín Rabasco. Este concejal, promotor de la formación personalista bisagra ASI (Acción Social Independiente), fue clave durante años en la gestión de Llucmajor. Rabasco había sido sentenciado en Palma a seis años de reclusión.

Los hechos juzgados se refieren al mandato de Tomás entre 1999 y 2003; la Audiencia de Palma dictó una primera condena, el Supremo la anuló y reclamó que se motivara de nuevo. El tribunal de Mallorca volvió a sentenciar y ahora el Supremo absuelve al exregidor, que en 2008 dimitió y se dio de baja del PP, que durante años le defendió y ayer clamó "contra el calvario personal”. La fiscalía había reclamado al Supremo que se elevase de tres a más de cinco años de prisión la condena para el exalcalde de Llucmajor, por los delitos de malversación continuada de caudales públicos, fraude y prevaricación. Tomás se presentó a las elecciones de 2007, estando imputado, apoyado por Jaume Matas. Su esposa fue nombrada consejera de la televisión pública.

El Supremo, con una sentencia de la que ha sido ponente Luciano Valera, y por tres votos a favor y dos magistrados favorables a la condena, considera que la Audiencia vulneró la presunción de inocencia del exalcalde en una sentencia mal motivada.

El exconcejal Rabasco benefició a su entorno político y personal en la organización de las fiestas municipales. El desvío de fondos denunciado fue de un millón de euros. El expolicía ahora ve rebajada la pena inicialmente impuesta, al considerarse probados los delitos de fraude a la Administración por un funcionario y negociaciones prohibidas.

CONDE ROA SACÓ 600.000 EUROS DE SU PROMOTORA EL AÑO QUE NO PAGÓ EL IVA


Hacienda halló en la contabilidad de Geslander un préstamo a su dueño por ese importe

José Precedo Santiago de Compostela


Durante el mismo ejercicio contable (2010) en que su promotora, Geslander Proyectos de Edificación SL, obvió declarar 291.000 euros en concepto de IVA que sí había cobrado a los compradores de 61 viviendas, el exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, cobró 600.000 euros de esa sociedad. Lo detectó la Agencia Tributaria durante la investigación que acometió desde el pasado mayo y que derivó en una querella de la fiscalía por fraude a Hacienda y la posterior imputación del exregidor compostelano que el pasado lunes se vio obligado a presentar su dimisión.

Todo figura en el expediente que la Agencia Tributaria remitió al ministerio público y que obra en poder del titular del juzgado número dos de Instrucción de Santiago, José Antonio Vázquez Taín. Durante 2010, Conde Roa retiró fondos de su empresa por más del doble del importe que adeuda al fisco. Según figura en la contabilidad de Geslander, el exregidor compostelano registró esos 600.000 euros que sacó de su sociedad como un préstamo de la empresa a sí mismo. Ese es un extremo que deberá investigar ahora el instructor de la causa, después de que en su declaración como imputado el pasado jueves 12 de abril, el propio Conde Roa alegase que no recuerda nada de esa operación cuando el Abogado del Estado le interrogó sobre los detalles. En la documentación aportada a la causa figura la retirada del dinero pero no su devolución. Ni siquiera un plan de plazos para reintegrar ese supuesto préstamo, lo que llevó a los inspectores de la Agencia Tributaria a sospechar que Conde Roa podía estar descapitalizando la sociedad y quedándose parte de sus exiguos ingresos.

Cuando estalló el caso, el entonces alcalde de Santiago aseguró en una multitudinaria rueda de prensa que había dedicado el dinero del IVA cobrado por las viviendas a saldar otras deudas: pagar a proveedores del sector de la construcción y sobre todo a acabar los edificios para no dejar en la estacada a los compradores de sus pisos.

En esa comparecencia pública, la primera desde que este diario destapó la querella del fiscal y su imputación, habló de sus urbanizaciones de protección oficial en Parla, Lalín y Santiago que lo llevaron a acumular una deuda tras otra por su condición de administrador único de la sociedad y los ruinosos negocios de ésta. Según consta en un informe pericial aportado a uno de sus pleitos, Conde Roa debe siete millones de euros. Su sueldo de alcalde está embargado por el impago de la pensión a su exmujer y de los 3.300 euros apenas recibe 900 cada mes. Fue en ese contexto en el que se produjo la retirada de los 600.000 euros de su promotora inmobiliaria. Entretanto, la causa sigue su trámite en el juzgado de Santiago.

La condición de personaje público del querellado llevó al juez José Antonio Vázquez Taín a dictar un auto en el que ratificaba su imputación, una evidencia desde que admitió a trámite la denuncia del ministerio público. En las últimas horas el abogado y antiguo socio en el bufete de Conde Roa presentó un recurso contra el auto de imputación sobre el que el juez aún debe proncunciarse. En el caso más que previsible de que el juez lo rechace, la defensa aun puede recurrir el auto ante la Audiencia Provincial de A Coruña. Mientras tanto, el Partido Popular asegura que seguirá adelante con el expediente disciplinario contra el que fue su alcalde durante nueves meses y medio en Santiago, tal y como obligan los estatutos del partido.

"CASO URDANGARÍN"; LA GUERRA ABIERTA ENTRE URDANGARÍN Y SU EXSOCIO AMENAZA CON SALPICAR AL REY

Iñaki Urdangarin, en el juzgado de Palma de Mallorca en el que se investiga su supuesta implicación en delitos económicos. / ULY MARTÍN
Torres airea correos que implican a la Casa Real para defenderse de los recursos del duque

Andreu Manresa Palma de Mallorca


Iñaki Urdangarin y Diego Torres se lucraron durante cuatro años con su negocio de eventos del Instituto Nóos, donde facturaron casi diez millones de dinero público, facilitado por administraciones gobernadas mayoritariamente por el PP. El proceso abierto contra ambos en el caso Palma Arena les ha enfrentado de tal manera que Urdangarin y Torres se afanan estos días en el juzgado por acusar al otro.

En esa guerra abierta y total. Torres ha desempolvado viejos correos electrónicos que amenazan el prestigio del propio rey Juan Carlos. Y, según fuentes próximas a la investigación, tiene más documentos comprometedores que podría facilitar al juzgado. Los emails los guardaba Torres y no fueron intervenidos en los registros judiciales de su casa y sus oficinas.

Torres podría tener más documentos comprometedores contra la Infanta

El abogado de Torres presentó en marzo un escrito en el juzgado donde solicitaba que se retirase la imputación sobre Ana María Tejeiro, mujer del socio de Urdangarin, argumentando que se encontraba en las mismas condiciones que la infanta Cristina y esta no había sido imputada. “La mera condición de socio de una empresa no la hace tributaria de imputación en la toma de decisiones atinentes a la misma”, sostenía el fiscal en relación con la Infanta, que comparte con Urdangarin la propiedad de la sociedad Aizoon, a la que se desviaron cientos de miles de euros del entramado Nóos.

El juez, en sus consideraciones para no imputar a la infanta Cristina, argumentó: “La responsabilidad penal es personal. Lejanos están los días en que por el acto o conducta de una persona debía responder penalmente su cónyuge. En el hipotético supuesto de que se acreditase el conocimiento por parte de doña Cristina de Borbón y Grecia de las actividades presuntamente criminales de su cónyuge, la responsabilidad por éstas no se extiende al otro cónyuge que sabe de las mismas, a no ser que quede demostrada una participación de colaboración activa en dichas actividades (sentencia del Supremo de 20 de julio de 2011)”.

“Lo que pretendo”, escribía el defensor de Torres, “es la exclusión, por miméticos argumentos en este momento, de Ana María Tejeiro Losada”. En el mismo escrito, el abogado de Torres recordaba que en el comité de dirección de Nóos figuraban la infanta Cristina y su asistente/secretario Carlos García Revenga, que junto a Urdangarin sumaban mayoría en ese órgano “para establecer lo que se tuviera por conveniente”. “Así”, continuaba el letrado, “la posición de Diego Torres estaba de todo punto sometida a las consideraciones de la otra facción componente de la asamblea o, lo que es lo mismo, su margen de maniobra era, siendo generoso, escaso o, mejor aún, inexistente”.

La respuesta de Urdangarin, a través de su abogado, fue inmediata: “La comparación en la conducta realizada por una coimputada, Ana Tejeiro, esposa del imputado Diego Torres, no tiene ni puede tener parangón posible, ya que aquella tuvo una participación activa y la infanta Cristina ni tan siquiera actuó, como ha quedado acreditado en las declaraciones de cuantos coimputados o testigos han sido interrogados en la causa”. Tras esta ofensiva de Urdangarin, Torres ha reaccionado hurgando en la memoria de sus correos electrónicos, que presuntamente implicaban al Rey en la intermediación con empresarios y políticos para favorecer supuestos negocios del duque de Palma.

En el escrito de presentación de estas nuevas pruebas, con las que Torres quiere demostrar la implicación directa de la Infanta Cristina en los negocios de su marido, ironizaba sobre los accidentes de caza sufridos por el Rey y por su nieto y censuraba a Urdangarin por erigirse en acusación en un proceso en el que figura como imputado. “Se aduce por parte de quien parece ejercer, novedosa e inapropiadamente la acusación, a saber, la defensa del imputado Iñaki Urdangarin, lo ajeno de estos lances a su esposa (permítasenos el símil con la caza, tan en boga de un tiempo a esta parte, según aparece reflejado en los distintos medios de comunicación desde el 14 de abril de 2012, sábado, en la que el país entero, consternado, ha sido conocedor de un nuevo incidente, afortunadamente en vías de solución, como el otro). Esa inusitada epidemia de amnesia que parece alcanzar a la gran mayoría de invitados a esta cuita, imputados y testigos, se da de frente con los datos objetivos que se encuentran en las actuaciones y de otros que, a modo de ejemplo, por tanto, sin carácter limitativo y si ilustrativo, se anexan al presente”.

Dos tácticas de defensa explosivas
El defensor de Diego Torres, el penalista Manuel González Peeters, cazó búfalos en África y sabe de estrategias de acoso a piezas mayores. En la mente del jurista anida la del cazador y pescador de altura. Peeters es correoso en los tribunales de justicia y no teme enfrentarse directamente a los jueces, hasta agotarlos a recursos, como ocurre ahora en el caso Palma Arena.

En su estrategia, tiene munición de reserva para intentar proteger a sus defendidos. Anunció la entrega de los emails privados entre Urdangarin y su cliente, que implicaban a la infanta Cristina en negociaciones con empresarios, dos días antes de conocerse que el Rey, al que también aludían los correos electrónicos, se había accidentado durante su cacería africana.

El defensor de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, el hombre tranquilo, jugó a tenis con el yerno del Rey desde el fondo de la pista, con pelotas largas.

Pascual y Peeters tienen a sus clientes en el mismo banquillo de acusados por graves delitos relacionados con la corrupción en la Administración pública, pero se han situado en dos frentes distintos como táctica de defensa.

Tras la sobredosis de protagonismo mediático como portavoz del duque de Palma, Mario Pascual ha optado ahora por el mutismo y las frases evasivas para contestar a los medios de comunicación. El letrado que ampara en los tribunales a los duques de Palma cambió de pronto su estrategia al responder con un recurso muy duro contra la mujer del exsocio, Ana María Tejeiro, imputada, como defensa de la infanta Cristina, no imputada. Esa iniciativa judicial ha provocado una situación de extrema tensión entre los antiguos socios. Los escritos de Pascual contra la mujer de Torres han suscitado la réplica explosiva a través de los correos comprometedores. Mario Pascual no pierde la calma.

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elpaís.com

"CASO DE LOS ERE"; EL FISCAL PIDE PRISIÓN SIN FIANZA PARA EL EXCONSEJERO DE EMPLEO

El extitular de Empleo a la entrada de los juzgados. / JOSÉ MANUEL VIDAL (EFE)
El exconsejero contesta al interrogatorio de la letrada del PP como acusación
"¿Qué podía haber hecho yo para evitar todo esto?", asegura Antonio Fernández

Javier Martín-Arroyo Sevilla



La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Esta petición la ha realizada en la vistilla que se ha celebrado una vez que ha concluido la declaración de Fernández como imputado en el escándalo. A esta petición se han unido el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Estas tres acusaciones reclaman una fianza a Fernández por responsabilidad de 890 millones de euros. El letrado de la Junta de Andalucía solo exige como medida cautelar que Fernández acuda al juzgado cada siete días y una fianza por responsabilidad civil de 68 millones de euros.

La declaración del ex alto cargo del Gobierno autónomo empezó el pasado viernes y ha acabado hoy con las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas. En las próximas horas, la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, tomará una decisión sobre el futuro de Fernández, al que acusa de seis delitos: cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, fraude de subvenciones y negociaciones prohibidas a funcionarios (los cuatro últimos continuados).

De momento, por esta causa, que acumula más de medio centenar de imputados, están en prisión el exdirector general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, y su antiguo chófer, Juan FranciscoTrujillo. Fernández es el alto cargo andaluz más importante que hasta ahora ha declarado en la causa.

“¿Qué podría haber hecho yo para evitar esto?”. Esta pregunta fue el alegato final del exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández pronunciado esta noche ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya. Lo dijo momentos antes de que se decidiera su suerte en la causa. La frase que cerraba 40 intensas horas de interrogatorio fue un “reconocimiento expreso de culpabilidad” para varios letrados, un giro inesperado para todos, especialmente al porvenir del acusado que hasta ahora se ha mantenido más firme en la defensa de la legalidad del fondo para empresas en crisis. Y el primer alto cargo de la Junta que planteaba batalla a la tesis de la juez, que desde el principio ha censurado la creación del fondo como un sistema para repartir ayudas millonarias a círculos empresariales cercanos al PSOE.

A pesar de las interpretaciones ante una sorpresa de tal calibre en un momento tan decisivo como la última palabra, su propio abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, matizó el significado del lamento de su cliente: “Tiene consciencia de haber actuado conforme a la legalidad y de no haber consentido conductas ilegales. Sin embargo, a la vista de los evidentes indicios que contiene el procedimiento, él mismo se cuestiona si podría haber sido un consejero más cercano y vigilante, en vez de un consejero impulsor y tan confiado”.

Fernández vio anoche cómo los indicios aportados por la magistrada durante cuatro jornadas agotadoras (el cansancio hizo mella en el imputado y por la tarde oponía menos resistencia a las acusaciones de la magistrada) pesaban demasiado sobre la responsabilidad que mantuvo durante seis años al frente de la Consejería de Empleo (2004-2010). Y en cierto modo, claudicó.

Las caras de los abogados defensores mostraban su estupor ante lo que parecía un intento desesperado de Fernández ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera prisión incondicional. Anoche se estaba celebrando la vistilla en la que las acusaciones y defensas se pronunciaban sobre las medidas cautelares necesarias antes del veredicto de la juez Alaya.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha repetido esta mañana el desconocimiento que tenía de las gestiones que realizó su subordinado el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en prisión preventiva, y que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). “Un desconocimiento total y absoluto”, ha matizado uno de los abogados presentes en la cuarta jornada de la declaración judicial como imputado ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya.

Tras la extrema tensión del fin de semana, ha llegado la calma. Relativa, pero calma. El interrogatorio ha sido bastante sosegado, según han precisado los abogados presentes en la vista. Fernández ha contestado a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular de un total de 212 cuestiones que tiene prevista esta acusación.

Durante el interrogatorio del PP, el exconsejero ha mostrado su convencimiento de la legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647 millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le ha preguntado por empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes compañías como Heineken. Además, le ha interrogado por las ayudas millonarias que no pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea (pagadora de las ayudas).

Fernández ha dejado muchas preguntas sin contestar, y ha frenado una de las cuestiones cuando la abogada ha tildado la partida 31L de “fondo de reptiles”, al puntualizar que no toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante 10 años.

Otro abogado ha calificado el interrogatorio como “político”, por la cantidad de preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha admitido que la negociación pactada para su salida de la empresa González Byass, de la que fue trabajador, no fue la mejor de las soluciones posibles. Su inclusión en el ERE de la firma bodeguera le ha supuesto la imputación por cohecho, al tener previsto percibir 31.000 euros como indemnización por despido derivada del ERE que él mismo autorizó en 2008. Fernández ha terminado de responder a las preguntas del Partido Popular como acusación a las 15.30, y por la tarde preguntarán las defensas, a lo que seguirá la vistilla y luego las peticiones de medidas cautelares antes de que la juez decida el destino del exconsejero.

“Tal vez habría conseguido más dinero”, ha declarado el acusado sobre qué hubiera pasado de haber negociado su despido de González Byass de forma individual en vez de ser incluido en el expediente con el resto de trabajadores. Los 386.000 euros que estaban destinados para Fernández según el acuerdo entre la empresa y la Junta, siguen estando previstos como pago de la Administración a la aseguradora, ya que nunca se recalculó el abono de la Junta después de que Fernández no firmara su boletín de adhesión y por tanto renunciara al ERE.

Al ser preguntado sobre el expediente de Delphi, Fernández ha reconocido que este ERE supuso a las arcas “muchísimo dinero, no sé ni cuánto”. El exconsejero no ha sabido explicar por qué las ayudas que superaban los tres millones no fueron llevadas al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación, tal y como estipula la ley, que la juez Mercedes Alaya le ha mostrado durante su interrogatorio.

Por último, la letrada del PP le ha preguntado por el contrato adjudicado por la empresa pública Santana como asesoría jurídica al despacho Olivencia-Ballester, que dirige Luis Olivencia, cuñado del presidente del PP Javier Arenas. Al parecer dicho contrato fue adjudicado supuestamente de manera errónea a la partida 31L pese a que fue abonado con los fondos propios de la agencia Idea. Fernández ha reconocido su firma en la adjudicación del contrato al bufete, concedido “por su experiencia en derecho comunitario”.

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"CASO EMARSA"; EL JUEZ ORDENA MANTENER LA INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR DE CUESTA Y CRESPO

Audiencia Provincial de Valencia


Europa Press | Valencia

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al titular del juzgado de Instrucción número 15, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, que mantenga la investigación sobre el patrimonio de los familiares del exgerente de la entidad, Esteban Cuesta; y del que fuera presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Enrique Crespo, según consta en dos autos a los que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal, de esta manera, desestima los recursos interpuestos por los letrados de Cuesta y Crespo contra la resolución dictada por el magistrado del juzgado número 15, de fecha 3 de enero de 2012, en la que se ampliaba el objeto de las diligencias por delitos contra la Hacienda Pública y otros. Asimismo, ordenaba investigar el patrimonio de los familiares de ambos imputados.

En concreto, en el recurso del abogado de Cuesta, se alegaba que el sistema financiero contable de Emarsa era objeto de control a través de varios departamentos, por lo que aseguraba que existía un asesoramiento "pleno" y comprobación por distintos departamentos y profesionales de las declaraciones de impuestos. Asimismo, aludía a la imposibilidad de lucro alguno por quien "en nada" se puede beneficiar, puesto que Cuesta no era el obligado tributario ni propietario.

Junto a ello, el representante legal de Cuesta afirmaba en su recurso que no concurrían los elementos configuradores de delito contable y delito de falsedad documental; aludía a la "imposiblidad" de estimar la continuidad delictiva de los delitos contra la Hacienda pública; y apuntaba a la "improcedencia" de la ampliación de la investigación patrimonial a los familiares y allegados, por no existir indicios racionales "suficientes" para su participación en cualquiera de los delitos imputados.

Ante ello, el tribunal recuerda que el auto de ampliación de delitos del juez se efectuó tras una denuncia interpuesta por el ministerio fiscal en fecha 27 de diciembre de 2011, que se basaba en informes emitidos por la Inspección de Hacienda de Valencia y Barcelona.

La Audiencia estima "adecuada" la resolución adoptada por el instructor, y considera "necesaria" la continuación de una investigación hasta la depuración de los hechos, "dada la existencia de indicios de presunta actuación delictiva". Afirma que ello "no implica vulneración alguna del principio de presunción de inocencia".

Así, indica que "todos y cada uno de los hechos que penalmente puedan ser relevantes que se atribuyan a una persona determinada, deben ser objeto de investigación, sin que ello conlleve a prejuzgar anticipadamente conductas delictividas, sino de corroborar mediante la instrucción lo que ahora son indicios racionales de actuación delictiva".

'Operaciones sospechosas'
Respecto al recurso de Crespo -quien también fue alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación- por el mismo asunto, la Audiencia reproduce básicamente los mismos argumentos, y añade que consta en la causa un informe de la Agencia Tributaria del que resulta que parte de los efectos de los delitos imputados a Crespo "han podido desviarse hacia su ex mujer y sus hijos", al detectarse ciertas operaciones que, en principio, podrían calificarse de sospechosas.

Así, indica que en este caso "nos podríamos encontrar en la presencia de una tercera persona ajena en principio al delito, que ha podido lucrarse de alguna manera del mismo", por lo que con objeto de lograr una reintegración a la situación existente con anterioridad a la comisión del delito, "no resultaría lícito cercenar la investigación de la causa de partida".

"CASO MALAYA"; LA EX ASESORA DE ROCA NO INFORMABA A LOS CONCEJALES SOBRE LICENCIAS ILEGALES


Un ex edil del GIL apunta a la responsabilidad de la abogada Raquel Escobar

José Carlos Villanueva | Málaga

Entre la mayoría de los procesados en el juicio por el llamado caso 'Malaya' existe la creencia de que antiguos técnicos y asesores municipales deberían compartir junto a ellos el banquillo de los acusados. El ex edil del GIL Alberto García Muñoz, testigo declarante este lunes, ha apuntado hacia las responsabilidades que desempeñó, como asesora urbanística municipal, la abogada Raquel Escobar, persona de confianza de Juan Antonio Roca y ahora testigo de cargo contra él.

García Muñoz, sobrino del ex alcalde Julián Muñoz y ex concejal de gobiernos del GIL entre 1999 y 2003 (luego en la oposición) ha relatado que en 1999 los ediles gilistas "exigimos" al entonces alcalde, Jesús Gil, que se emitieran informes jurídicos sobre si se podían emitir licencias de obras en base a la revisión del PGOU.

Desde que Escobar fue designada en su puesto de asesora jurídica de Urbanismo "jamás me advirtió sobre licencias ilegales", ha denunciado García Muñoz. De hecho, Escobar figura imputada por delitos urbanísticos en distintas causas abiertas en Marbella.

El ex edil mencionado ha recordado también una declaración judicial de dicha letrada en la que dijo que "no era posible otorgar licencias en base a la revisión del Plan General". La abogada quiso elaborar un informe al respecto pero "Gil le dijo que no lo hiciera", según el ex munícipe que ha declarado este lunes.

"Nos pusieron allí a esta señora, que decía algo que nos dejaba a los pies de los caballos, y nos advirtió de que estábamos actuando contra la legalidad", ha criticado García Muñoz. En su opinión, Escobar "fue absolutamente desleal con el equipo de gobierno".

"Aquí parece que la cadena de mando acaba en los concejales y los técnicos no tienen nada que ver. Yo he estado en la cárcel y esta señora está en su casa", ha lamentado el testigo ex edil del GIL.

Y es que la mencionada jurista, hija del conocido magistrado sevillano Francisco Escobar, también ex presidente del Sevilla, se convirtió en una gran ayuda para el juez instructor, Miguel Ángel Torres, y los investigadores de la Policía Nacional al inicio de las pesquisas del caso 'Malaya'. Pasó de ser estrecha colaboradora de Juan Antonio Roca a incriminarle en sus declaraciones, al igual que la abogada María Castañón, redactora de convenios urbanísticos. Ambas ya mostraron durante el juicio oral su hostilidad hacia el ex gerente de Urbanismo.

A preguntas del recién nombrado fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, García Muñoz ha concretado que Escobar siempre informaba a los concejales "de acuerdo a la revisión del PGOU del 98", pero no sobre el PGOU vigente entonces, que era el de 1986, incumplido sistemáticamente por Jesús Gil. "Ella nunca se pronunciaba sobre si una licencia era legal en base a la revisión del Plan. Hablaba de informes favorables".

El ex edil sobrino de Julián Muñoz recuerda, además, que en las comisiones de gobierno Raquel escobar "nunca" informaba sobre las licencias urbanísticas que iban a ser aprobadas por los ediles.

Otro dato, no menos relevante, es que el ex secretario municipal del Ayuntamiento de Marbella, Leopoldo Barrantes, también procesado en el juicio por presunta corrupción municipal, "nunca" puso reparos a los informes jurídicos de Escobar.

En otro orden de cosas, al explicar la peculiar forma de gobernar del ex alcalde Jesús Gil, García Muñoz ha dicho que tenía "una especie de guardia pretoriana" que no intervenía públicamente. "Eran José Luis Jiménez, José Luis Sierra y Roca", en alusión al todopoderoso ex gerente de sociedades municipales, ya fallecido, el ex asesor jurídico del Consistorio, así como el ex gerente de Urbanismo.

Moción de censura contra Muñoz
Sobre las causas que motivaron la moción de censura contra Muñoz, en agosto de 2003, su sobrino, a preguntas de la defensa de Roca, se ha mostrado seguro de que Jesús Gil planeó dicha operación de transfuguismo en la Semana Santa de dicho año. Según esta teoría el ex presidente del Atlético de Madrid pretendía colocar a Julián Muñoz como cabeza de lista para luego prescindir de él.

No obstante, para García Muñoz "la gota que colmó el vaso" antes de interponer la moción de censura fue el cese de Juan Antonio Roca, por parte del entonces regidor.

El sobrino de Julián Muñoz fue testigo presencia de las reuniones de su tío con representantes de la Junta de Andalucía y ha ofrecido este lunes interesantes detalles: "Julián quería legalizar el PGOU y le dijeron que podía haber una gerencia con Roca y una oficina de la redacción del Plan, donde Roca no podía poner ni medio pie".

"El señor Muñoz equivocadamente se precipita y en vez de dejar aparcado a Roca le cesa y eso desemboca en un moción de censura", ha concluido el ex edil del GIL.

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; FERNÁNDEZ DESCONOCE POR QUÉ LAS AYUDAS NO LAS APROBABA EL GOBIERNO

El ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, abordado por los periodistas este lunes. | Efe
Obligación de elevar los expedientes según cuantía
'No le admito que hable de fondo de reptiles. Eran fondos presupuestados'
El ex consejero de Empleo desconoce por qué se deslocalizaron empresas
Fernández se atiene a que el procedimiento seguía la legalidad

Sebastián Torres | Antonio Salvador | Sevilla

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández no ha sabido explicar por qué las ayudas que se les concedían a las empresas en crisis no contaban con la supervisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando excedían de la cantidad facultada para su tramitación directa.

El ex titular del departamento se ha limitado a responder con un escueto 'no lo sé' cuando la juez Mercedes Alaya que instruye el caso por los ERE fraudulentos le ha hecho notar que la normativa dispone la autorización expresa del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de las ayudas tramitadas excedía de 1,2 millones si el expediente lo presentaba la agencia IDEA o 3 millones de euros si se incoaba desde la propia consejería.

Fernández ha seguido respondiendo por cuarto día consecutivo al interrogatorio judicial en calidad de imputado de seis presuntos delitos dentro de la conocida como trama de los ERE fraudulentos. Este lunes, Fernández ha contestado a 171 de las 212 preguntas que le formula la acusación particular que ejerce el PP antes de decretarse un descanso poco después de la una de la tarde.

El único momento de tensión durante toda la jornada de declaración judicial, la cuarta desde el viernes, ha llegado cuando el ex consejero Fernández ha parado en seco a la letrada del PP que ejerce como acusación en una pregunta en la que ésta aludía al 'fondo de reptiles' del que habló el ex director general de Trabajo: "No le admito que hable de 'fondo de reptiles', estamos hablando de fondos presupuestados".

Fernández se ha ratificado en todo momento en la legalidad del procedimiento seguido para la concesión de las ayudas así como en el absoluto desconocimiento de lo que venía haciendo su subordinado, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva por este caso.

De hecho, la mayoría de las veces, Antonio Fernández ha respondido con 'no sé' las cuestiones que le ha planteado la acusación particular. Entre las cuestiones sobre las que no ha podido dar explicación figuran por qué algunas de las empresas que obtuvieron ayudas de la Junta de Andalucía acabaron deslocalizando su produccción, como en los casos de Samec, trasladada a Marruecos, o Vivir el barro, que se mudó a Badajoz.