miércoles, 26 de enero de 2011

"OPERACIÓN PONIENTE"; LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO APUNTA A QUE ABENGOA "RENUNCIÓ A UNA GESTIÓN SOLVENTE " DE ELSUR

El enriquecimiento y despilfarro del ex interventor José Alemán y las tramas familiares ya aparecían en el informe de la Fiscalía y la justificación de la intervención de las llamadas telefónicas a los imputados

Los primeros datos recabados de la parte del sumario de la Operación que ha sido liberado por la la juez de instrucción 2 Monserrat Peña, no aportan novedades sobre lo ya publicado cuando fue levantado el secreto sobre las llamadas telefónicas intervenidas en este caso que suma 60 imputados, ente los que figuran el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, su interventor José Alemán, y sus familiares más directos, así como un grupo de empresarios y también sus familias.

Ahora vuelve a aparecer el informe policial en el que se relata qué fue encontrado en casa de Alemán tras un registro, como por ejemplo relojes por valor de medio millón de euros, o plumas estilográficas y joyas en general muy valiosas. Sí es novedad, por ejemplo, lo que dieron de sí otros registros en otras viviendas, y que dieron como resultado, por citar un detalle, que se localizara un broche de oro valorado en 45.000 euros.

Tampoco resulta novedoso que el entramado familiar y societario, que ya fue una de las peculiaridades de este caso en el que se imputan delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, falsedad documental, y malversación, se mezclen unas cosas y otras.

Los informes destacan por un lado a Enciso, estando imputada su esposa, hija y yerno; en el caso de Alemán, a su esposa se une también su propio hermano y su cuñada; José Amate también tiene imputada a su esposa e hijos, como le ocurre a Juan Galán, a los que hay que añadir los tres hermanos Lirola, y luego todo el entramado de Abengoa, la empresa que mediante Agua y Gestión, ostenta el 70% del accionariado de la empresa mixta de servicios municipales del Ayuntamiento de El Ejido Elsur, que es el eje de la investigación.

Sobre las sociedades constituidas entre unos y otros ya se conocían datos, y lo que revelan los primeros documentos de esta nueva parte del sumario conocida, es el modo en que actuaron en ellas, ya que aportan informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, datos de Registro Mercantil, Catastro, bases de datos policiales y declaraciones de personas concretas.

La Intervención General de la Administración del Estado realizó una auditoriá de Elsur desde 2002 a 2007, y apunta a que el Grupo Abengoa podría estar en Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, y añade que de una auditoría se extrae que "Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU, accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratistas de la propia Elsur mientras que la otra mercantil, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo"."Se confirma, así, que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y ha accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros", concluye este informe.

Como ejemplo pone que el negocio se ha "basado en el pago a otras empresas que prestan servicios, además de irregular, encarece la gestión con las comisiones y plusvalías de los intermediarios". Eso pudo encarecer el canon cobrado por Elsur hasta en 10 millones de euros.

Pero ese mismo informe tampoco deja en buen lugar al Ayuntamiento, de quien comenta que teniendo el 30% del accionariado, soportó situaciones perjudiciales para sus intereses. Uno de los motivos podría ser -según también señala- era esquivar la ley de Haciendas Locales en cuanto al tope de endeudamiento.

"CASO PONIENTE"; LAS SUBCONTRATAS ENCARECIERON LOS SERVICIOS DE ELSUR EN "AL MENOS" 10 MILLONES DE EUROS

EL EJIDO

Un informe de la Intervención del Estado dicta que la gestión de Elsur «favoreció la ocultación de situaciones irregulares en el Ayuntamiento»

MIGUEL CÁRCELES Y JOSÉ MARÍA GRANADOS almeria@ideal.es | ALMERÍA.
  
Las decisiones tomadas en la gestión de la empresa Elsur habrían podido «favorecer la ocultación de situaciones irregulares en el Ayuntamiento además de beneficiar [...] a grupos y personas afines al alcalde». Así lo recoge un informe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, un organismo dependiente de la Intervención del Estado y, a su vez, del Ministerio de Economía y Hacienda. Texto este incluido en las investigaciones del Caso Poniente. Un documento que incluye, como observación provisional que «el Ayuntamiento ha ocultado su situación real de endeudamiento a los efectos del cumplimiento de las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias».

En dicho informe, fechado en enero de 2009 -unos nueve meses antes de que se llevara a cabo la Operación Poniente que culminó con la detención, entre otros, del alcalde ejidense, Juan Enciso, así como del ex interventor municipal, José Alemán- analiza la documentación de las cuentas auditadas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales de El Ejido (Elsur) entre los años 2002 y 2007 que constan en el Registro Mercantil y el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la compañía fechado en 2008. Teniendo en cuenta dichos números, la Intervención del Estado indica que, según sus evaluaciones indirectas, «el canon general» -principal ingreso de Elsur- «es suficiente para pagar magníficamente a los subcontratistas y, aún así, obtener beneficios». «Si sumamos las cantidades que se recogen en nuestros informes [...] referidas a las subcontratas de los grupos Amate y Galán como pagos a patrimoniales, pagos a facturadores falsos y 'moduleros', podemos estimar en al menos 10.000.000 de euros el sobreprecio acumulado del canon», indica el informe. Además, agrega que «esta cantidad podría incrementarse sustancialmente con otras (pagos cruzados, pagos simulados a otras del grupo o de grupos afines, gastos no imputables a la explotación, etc.) que, sin duda, ocultan beneficios de las subcontratistas». De este modo, una de las conclusiones del informe indica que el Ayuntamiento ha estado pagando a Elsur en el periodo analizado un canon general «sumamente excesivo» por los servicios encomendados.
 
Casi la mitad del gasto
En el estado de gastos, el epígrafe 'otros gastos externos' alcanza, según el informe, el 47%. «En él se registran principalmente los pagos a las subcontratas», indica el informe del Ministerio de Hacienda, que considera este bloque «desproporcionado» y que «obedece al tipo de gestión desarrollado, basado en el pago a otras empresas que prestan los servicios». Según la Intervención de Estado, esta situación, «además de irregular, puede encarecer la gestión en las comisiones y plusvalías de los subcontratistas intermediarios».

En cambio, indica el documento -uno de los encargados por la Fiscalía Anticorrupción y que culminaron en la judicialización del caso- el epígrafe de gastos de personal, que «alcanza el 18,1%» de los gastos totales de explotación, «parece en principio inferior al habitual en este tipo de empresas, porque se emplea al personal de las subcontratas». «A pesar de ello, el personal empleado por Elsur se ha incrementado en 2007 en 43 personas, un 21%», indica la Intervención. «La AEAT ha constatado una 'recolocación' en Elsur de unas 97 personas procedentes de las sociedades del 'grupo Amate' a lo largo de los años 2002 a 2007».

Ahora bien, el análisis efectuado por los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de que las «condiciones teóricas» en las que se desenvuelve la gestión financiera de Elsur parecen «óptimas» para una gestión «saneada, casi ideal», las cifras reflejadas en las cuentas «no se corresponden con dicha situación». A pesar de un negocio «asegurado» para 25 años, «estable», «sin competencia» y «con la solvencia de una Administración pública», en todos los años los gastos financieros superaron los ingresos, «lo que ha supuesto en conjunto unos 2.432.000 euros soportados por Elsur». «Esta carga tiene su origen en el endeudamiento de Elsur, forzado por su principal cliente y creador, el Ayuntamiento».

«¿Cómo es posible que una empresa que obtiene beneficios todos los años esté tan extraordinariamente endeudada?», pregunta el informe. La «principal causa» de esta «desaforada situación» es que «su principal cliente, el Ayuntamiento, no sólo no paga a tiempo los servicios recibidos sino que además le obliga a anticiparle cánones futuros». Algo que estaría conllevando que se estuviera «traspasando así el endeudamiento del Ayuntamiento a Elsur». «También le obliga a financiar obras del propio Ayuntamiento», añade el texto, que cifra la deuda del Consistorio a Elsur al cierre de 2007 en más de 60 millones de euros.

Consecuencias
Los accionistas estarían soportando una situación «desfavorable para sus intereses» y «provocada por causas ajenas al objeto social y al interés de la sociedad». La sociedad «tiene sus fuentes de ingresos futuros hipotecadas», «está pagando unos gastos financieros ajenos» y su endeudamiento «tan extraordinario» condiciona «negativamente la viabilidad futura y la solvencia de la empresa». En cuanto a las razones de «por qué los accionistas» -el Ayuntamiento en un 30% y el grupo Abengoa en un 70%- «soportan esta situación tan desfavorable para sus intereses», la Intervención cree haber encontrado «un importante indicio» en las cuentas auditadas de 2007 y en dos empresas del grupo: Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA. De este modo, la primera, «accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratista de la propia Elsur». Y otra empresa del grupo, la segunda, «cobra de Elsur por los 'gastos de gestión del grupo». «Se confirma así que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros», indica el informe.

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"CASO PONIENTE"; UNA TRAMA MILLONARIA DE SEIS FAMILIAS Y HASTA UNA TREINTENA DE EMPRESAS

El sumario recoge y define la participación de media docena de grupos fundamentales en la investigación del Caso Poniente

I. Gómez · M. J. Uroz / Almería |

El sumario incluye un resumen de la responsabilidad e implicación de cada uno de los grupos familiares en torno a los que gira la trama.

Juan Enciso Ruiz
Tiene participaciones sociales en la mercantil Enciso y Aguilera SL, la que a su vez participa en la mercantil Gestora Ejidense SL. Figura como consejero en un número importante de sociedades participadas y propiedad del presidente de Elsur, sociedad que presenta múltiples irregularidades en su facturación, evidenciándose indicios que apuntan a una sobrefacturación de las que resultan beneficiados cargos de las sociedades reseñadas y empresarios. La obtención de permiso de azar está estrechamente relacionado con actividades de blanqueo de capitales, siendo la obtención de premios una constante en le grupo de personas investigadas. Destaca la compra venta de numerosos bienes inmuebles, y sólo consta un préstamo hipotecario en Cajamar por 257.040 euros. Destaca también la compra de un barco valorada en 83.373 euros.

José Alemán
No tiene patrimonio ni propiedades a nivel personal, si bien controla la sociedad Sistemas de Dirección SL. Su mujer, Isabel Carrasco, ha adquirido un importante número de inmuebles, un hecho que denotaría un cierto ánimo por parte de Alemán de ocultar su patrimonio utilizando a personas interpuestas para tal labor. Alemán, a través de Sistemas de Dirección SL facturó a importantes contratistas de Elsur y el Ayuntamiento de El Ejido, quienes para acceder a dichos contratos debían facturar posteriormente a Sistemas de Dirección mediante el pago de comisiones ilegales.

José Amate
Ocupa un cargo de dirección dentro de Elsur SA. Controla un entramado societario cuyo principal aporte económico lo obtiene de Elsur. Este trasvase monetario no se efectúa de forma directa hacia las empresas en las que figuran como poseedores de las participaciones sociales, tanto su mujer, como sus tres hijos, sino que lo efectúa a través de empresas interpuestas, al frente de las cuales coloca a diferentes testaferros como sus yernos, quienes ostentan la participaciones sociales y administración de varias de las sociedades .

Juan Antonio Galán
Controla un entramado empresarial cuya principal fuente de financiación proviene de la facturación que efectúa al Ayuntamiento de El Ejido, la empresa participada de Elsur y Desarrollo Urbanístico de El Ejido SL, mercantil del Ayuntamiento. La facturación total de todas las empresas del grupo para los años analizados asciende a 30,9 millones de euros. Además de forma indirecta, factura mediante Clabert Gestión SL alrededor de 4,9 millones de euros a la mercantil colaboradora de Gestión y Recaudación SL, que obtiene contratos con el Ayuntamiento de El Ejido por 17,7 millones de euros.

Ambrosio Cuevas
Parece desempeñar una labor de administración bajo la dependencia de Juan Antonio Galán. entre los ingresos que recibe se encuentran los de la sociedad Agencia de Consultoría y Gestión, dedicada a la elaboración de informes y estudios y que factura importantes cantidades. Los pagos pudieran tener relación con que Cuevas mantuviera relaciones comerciales con Enciso. Las actividades de Ambrosio Cuevas presentan similitudes con las relacionadas con el blanqueo de capitales, como lo suponen la obtención y premios de juegos de azar y la operación de aumento de capital en la sociedad Gestora Urbanística del Alcor, en la que ha podido ser testaferro.

Jesús Aragón
En lo referente a los ingresos recibidos se detecta la presencia de las sociedades controladas por Galán. Estos pagos comienzan en 2003 hasta 2007. Los pagos ascienden a 54 millones de euro por cada año.


"SUMARIO DEL CASO PONIENTE"; ENCISO "FAVORECIÓ" A TRAVÉS DE ELSUR A "AFINES" Y "OCULTÓ SITUACIONES IRREGULARES"

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), habría "favorecido" en su condición de presidente del consejo de administración de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) la "ocultación de situaciones irregulares" en el seno del Consistorio y habría "beneficiado", además, a grupos mercantiles y personas "afines" a él.

Así se recoge en un informe incluido en las actuaciones del caso 'Poniente' en el que técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado analizan a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la gestión económica de Elsur entre los años 2002 y 2007, que califican de "desaforada". Este análisis, entre otros, motivó que se autorizara la intervención de los teléfonos de los principales imputados en abril de 2009.

El citado informe, al que tuvo acceso Europa Press, señala que sólo en atención a estos presuntos intereses de Enciso se explica por qué el Ayuntamiento, con un 30 por ciento de las acciones de Elsur, "soportó una situación tan desfavorable para sus intereses" y "ocultó" --ahonda-- la cifra "real de endeudamiento a los efectos de cumplir las normas que rigen las haciendas locales y, en especial, las presupuestarias".

La auditoria incluida en diligencias de investigación de la Fiscalía califica de "desproporcionado" el bloque de gastos externos que arrojan las cuentas de Elsur y que significan el 47 por ciento del total, destinado, sobre todo, al pago de las subcontratas propiedad de los principales empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción de política, lo que, "sin duda" según subraya, "oculta beneficios de las subcontratistas".

En concreto, y tras apuntar que este tipo de gestión "basado en el pago a otras empresas que prestan servicios, además de irregular, encarece la gestión con las comisiones y plusvalías de los intermediarios", recoge que la suma de los pagos a las sociedades administradas por José Amate y Juan Antonio Galán como "facturadores falsos o moduleros" se traduce en alrededor de 10 millones de euros en sobreprecio acumulado del canon que Elsur percibe anualmente de las arcas municipales.

Sobre la gestión de la empresa municipal, cuya situación de conflicto laboral e impago de salarios llevó a sus casi 400 trabajadores a iniciar un paro indefinido este lunes, el informe cuestiona también la actuación del Grupo Abengoa, compañía que ostenta el 70 por ciento del accionariado al considerar "impensable" que un grupo empresarial "de su nivel" pudiese soportar una situación "tan desfavorable a sus intereses". 

La Intervención General de la Administración del Estado señala, en esta línea, que la razón de tal actitud del Grupo Abengoa podría estar en dos empresas del citado grupo; Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU y Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA.

Las auditorias de las cuentas de ambas confirmarían de este modo, según destaca el informe, la hipótesis de que "Agua y Gestión de Servicios Urbanos SLU, accionista mayoritaria de Elsur, recibe negocio como subcontratistas de la propia Elsur mientras que la otra mercantil, Agua y Gestión de Servicios Ambientales SA, cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo".

"Se confirma, así, --concluye-- que el grupo Abengoa ha renunciado a una gestión empresarial solvente de Elsur y ha accedido a soportar las consecuencias a cambio de lograr dos líneas de negocio, una como subcontratista de su propio grupo y otra aparentemente gratuita, ya que cobra por una gestión cuyas decisiones toman otros".

La juez instructora del caso 'Poniente', incoado por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad y blanqueo de capitales, decretó este lunes el levantamiento del secreto que pesaba sobre la casi totalidad de las actuaciones, en concreto una decena de tomos, aunque aún no ha liberado otros dos tomos que contienen diligencias ampliatorias.

"CASO PONIENTE"; HACIENDA DETECTA QUE ENCISO DECLARÓ MÁS GASTOS QUE INGRESOS DESDE EL AÑO 2003

En la primera toma de declaración, el alcalde de El Ejido afirmó percibir 3.500 euros de sueldo, además de más de 65.000 al mes por sus invernaderos

M.C. Y J.M.G. / ALMERÍA

Nadie puede sobrevivir si tiene que pagar más de lo que gana. Esta situación llamó la atención del Ministerio Fiscal, que habría detectado que en las declaraciones de la Renta presentadas por el alcalde de El Ejido desde el año 2003, Juan Enciso declaraba tener más gastos que ingresos. Así se desprende del acta de declaración ante la magistrada instructora del Caso Poniente, Montserrat Peña, fechada el 30 de diciembre de 2009. Se trata de la segunda vez en la que Enciso se somete a preguntas de juez, fiscal y letrado de la defensa, a petición propia. Después de someterse a la escucha de diversas conversaciones 'pinchadas' sobre las que se le pidió explicaciones -por ejemplo una en la que dice respecto a Amate que «tanto ha tirado de la olla que se le va a acabar»-, fue preguntado por el Ministerio Fiscal «por la renta negativa que le sale en Hacienda al declarante a lo largo de los años 2003 y siguientes, dado que los gastos superan con mucho a los ingresos». Según el acta, recogida en las actuaciones judiciales sobre las que el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha levantado el secreto, Enciso manifiesta «que no está de acuerdo con eso». Que durante esos años tiene unos «ingresos importantes» ya que «los invernaderos funcionaban». De hecho, habla de que en los números que maneja el fiscal «debe haber un error». «Hacienda puede cometer un error», incluye el texto.
 
No obstante, el fiscal insiste y pregunta «de qué ha vivido durante esos años en los que constan en las bases de datos de Hacienda rendimientos negativos si sumamos los ingresos y restamos los gastos». Enciso, recoge el acta, manifestó que «tiene más ingresos de los que constan» y que «todos los ha declarado a Hacienda», así como que «también tenía préstamos y pólizas bancarias que no constan».
 
Dos meses antes, tres días después de su detención, Enciso había declarado, según recoge el acta de dicho encuentro, que como alcalde de El Ejido «percibe unos 3.500 euros mensuales», que su esposa «percibe mensualmente los ingresos de la sociedad patrimonial que tiene» y que, unos 16.000 metros cuadrados de invernaderos, le permiten obtener «entre los 65.000 y 70.000 euros mensuales» -a su vez que da cuenta de las diferentes sociedades en las que él o su esposa participan-.
 
Elsur y escuchas
El alcalde considera un «cargo honorífico» la presidencia del consejo de administración de Elsur y que sus funciones «no eran las de un cargo ejecutivo». Asimismo indicó que «no tomó conocimiento del pliego de condiciones de la constitución de Elsur y de su contrato con el Ayuntamiento», así como de que «en ningún apartado se hace constar que Elsur no pueda subcontratar las prestaciones». «Que eso no existe», recoge el acta de la declaración. Asimismo reconoce que Elsur tiene «relaciones comerciales con empresas» que «tienen relaciones comerciales a su vez con otras en las que [...] tiene participación». «Eso ni es ilegal ni está prohibido», dice el sumario sobre la declaración de Enciso.
 
Durante la segunda declaración, Enciso escucha algunas de las grabaciones efectuadas sobre conversaciones telefónicas mantenidas por él. En referencia a la posible intercesión del regidor para «que le quiten una multa de un millón de euros a una persona», Enciso se exonera afirmando que «no puede quitar ninguna multa», que lo que tenía el vecino de El Ejido era una «propuesta del Seprona para una multa».
 
Asimismo, el primer edil indicó, en referencia a las oposiciones a Policía Local en las que habría intercedido, según las escuchas, que «por la mañana» había recibido una llamada para decirle que un chico de El Ejido «había pasado las pruebas de selección» y que él «había dado la cara con la familia».

ideal.es

"CASO PONIENTE"; HACIENDA CONCLUYE QUE ENCISO BENEFICIÓ A EMPRESAS AFINES

LAS REVELACIONES DEL SUMARIO DEL 'CASO PONIENTE'

La Intervención ve excesivo el canon que paga el Ayuntamiento de El Ejido a Elsur

MARTA SOLER - Almería

El informe cuestiona el papel de Agua y Gestión, principal accionista de Elsur

La Intervención del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, llega a esta conclusión a la luz de las cifras de endeudamiento que arroja Elsur entre 2002 y 2007.

En el informe, que consta en el sumario de la operación Poniente, los funcionarios se preguntan cómo es posible "que una empresa que tiene tantos beneficios esté tan extraordinariamente endeudada". Y dan la respuesta: la "principal causa de esta desafortunada situación" es que su principal cliente, el Ayuntamiento de El Ejido, "no solo no paga a tiempo los servicios recibidos", sino que además "le obliga a anticiparle cánones futuros traspasando así el endeudamiento del Ayuntamiento a Elsur". Esta empresa, además, tenía que "financiar obras del propio Ayuntamiento". A 31 de diciembre de 2007, el Ayuntamiento debe a Elsur más de 60 millones de euros, según consta en este informe, en el que se añade que la empresa municipal debe 85 millones a acreedores.

El principal socio de Elsur (el 70% de las acciones) es Agua y Gestión, formada por Abengoa, Cajasol y Cajasur. El 30% restante es de capital municipal. En el informe se destaca que Agua y Gestión "no ha obtenido dividendos de una empresa que debería tener unos beneficios saneados" al tiempo que está pagando "unos gastos financieros ajenos a su objeto social".

Hacienda también se pregunta el motivo por el que "los accionistas soportan esta situación tan desfavorable para sus intereses provocados por causas ajenas al objeto social y al interés de la sociedad". La Intervención del Estado no encuentra explicación a este hecho -"impensable en un grupo empresarial de su nivel"-, pero apunta que una empresa del grupo Abengoa (Agua y Gestión de Servicios Urbanos) "recibe negocio como subcontratista de Elsur". Además, señala también que otra empresa del mismo grupo, Agua y Gestión de Servicios Ambientales (antes Befesa, aclara el sumario) "cobra de Elsur por los gastos de gestión del grupo".

Hacienda considera "sumamente excesivo" el canon que paga anualmente el Ayuntamiento a Elsur por los servicios encomendados (hasta 32 millones de euros) y que el Consistorio ejidense "soporta parte de los resultados económicos de la mala gestión" y ha "ocultado su situación real de endeudamiento".

Hacienda cree "impensable que decisiones tan manifiestamente contrarias a los intereses de los accionistas sean tomadas por sus representantes en sus órganos de representación de Elsur" y concluye que "a cambio de más negocio, dejan las decisiones en manos del Ayuntamiento". De esta manera, señala a Enciso como principal responsable por su doble condición de alcalde y presidente de Elsur.

A Juan Enciso se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales. Salió en libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros tras pasar ocho meses en la cárcel de Albolote (Granada). El sumario revela que Enciso pedía dinero adelantado a dos de los empresarios imputados en la causa, Juan Antonio Galán y José Amate, también imputados en el sumario y propietarios de empresas que subcontrataban con Elsur. En una declaración judicial, Enciso dice que pidió dinero a Galán para pagar los "jornales del invernadero" del que es propietario. El alcalde negó en su declaración la existencia de facturas infladas a cargo del Ayuntamiento. "Todas pasan un filtro y están controladas", aseguró ante la instructora.


elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN A TODOS LOS ERE FINANCIADOS POR LA JUNTA DESDE EL AÑO 2002

La Junta pagó en 10 años 695 millones en prejubilaciones

La juez Alaya detecta nuevas prejubilaciones irregulares en el mercado central
Sebastián Torres | Sevilla

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha ampliado la investigación del caso Mercasevilla a todos los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía desde el año 2002. Es decir, a la etapa en la que, como viene informando ELMUNDO.es, se concedieron incentivos millonarios a empresas en crisis al margen de la normativa de subvenciones.

La juez Mercedes Alaya ha requerido a la Consejería de Empleo que le remita "relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas desde 2002 hasta la actualidad respecto de procesos re reestructuración laborales", así como "relación de las partidas presupuestarias". Además, le pide que explique "cómo existían asignaciones presupuestarias (...) a pesar de no haberse tramitado en su caso expedientes de subvenciones excepcionales".

Como ha destapado este periódico, el 17 de julio de 2001 el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), Antonio Fernández, firmaron un convenio que ha permitido eludir la normativa de subvenciones en los incentivos a empresas en crisis para financiar despidos colectivos. Entre 2001 y 2010, los presupuestos de la Junta de Andalucía reservaron más de 695 millones de euros para ese fin.

Por otro lado, la juez Alaya advierte, en un auto fechado el pasado 10 de enero, de nuevas prejubilaciones irregulares en el mercado central de abastecimiento. A los casos ya conocidos, hay que sumar que Mercasevilla prejubiló a dos trabajadores de la Fundación Socioasistencial Mercasevilla, que es una empresa distinta. Un tercero, además, fue contratado el mismo día en el que la empresa solicitó a la autoridad laboral autorización para el segundo expediente de regulación de empleo.

La juez solicita a la Consejería de Empleo que explique cómo es posible que estas irregularidades sortearan los filtros y controles administrativos y pide a la compañía aseguradora que revele por orden de quién se incluyeron en las pólizas estos casos irregulares.

Finalmente, solicita la vida laboral de Carmen Fontela González y las prestaciones que se hayan podido pagar a su nombre. Esta mujer aparece en el listado de prejubilados del ERE de 2003 de Mercasevilla y en el ERE del restaurante Río Grande, financiado por la Junta de Andalucía, a pesar de que nunca trabajó en estas empresas. La mujer ha declarado a este periódico que no ha cobrado nada y que detrás hay "gente gorda".

Además

"CASO MATSA"; CHAVES TENDRÁ QUE DAR DE NUEVO EXPLICACIONES AL CONGRESO POR LA AYUDA A LA EMPRESA DE SU HIJA

La sentencia del TSJA dice que debió haberse inhibido
El vicepresidente mintió cuando dijo que su hija no intervino en la subvención
El PP preguntará a Rubalcaba si es 'lógico' que Chaves siga en el Gobierno

El vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tendrá que responder este miércoles nuevamente en el Congreso a las preguntas de la oposición sobre el 'caso Matsa', la concesión de una ayuda de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabajaba su hija Paula Chaves, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, presidido entonces por él.

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obliga al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a incoar un expediente sancionador contra su antecesor, Manuel Chaves, por no haberse inhibido en aquella decisión del Consejo de Gobierno de la Junta, la oposición volverá a preguntar a Chaves si mantiene todo lo dicho en el Congreso de los Diputados sobre el caso Matsa.

Y no sólo a Chaves. El diputado andaluz Ricardo Tarno intentará que el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su condición de coordinador del Gobierno, se pronuncie sobre la sentencia del TSJA que obliga a la Junta a abrir un expediente sancionador a Chaves por no haberse inhibido en la adjudicación de las ayudas a Matsa.

La intención del PP es que Rubalcaba explique si considera "lógico" que el miembro del Consejo de Ministros al que afecta directamente ese fallo siga formando parte del Gobierno.

Por su parte, el diputado cordobés Rafael Merino ha planteado una pregunta para el propio Chaves, que también es presidente del PSOE, con el objetivo de que aclare si se reafirma en todas las declaraciones que ha dado en sede parlamentaria sobre esta cuestión y que, en opinión del PP, no son más que "mentiras".

La sentencia del TSJA, entre otras cuestiones, señalaba que el argumento utilizado por la Junta para no abrir en su día el expediente a Manuel Chaves, de que su hija no intervino en el proceso de concesión de la ayuda hasta después de que el Consejo de Gobierno aprobara la subvención, no era válido, pues ni siquiera era necesario que Paula Chaves hubiera tenido parte activa alguna en la tramitación de la ayuda para que Chaves se hubiera inhibido, conforme establece la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía. Y ello, con independencia de que sí tuvo parte activa en la concesión de la ayuda.

Manuel Chaves ya se ha referido al 'caso Matsa' en el Congreso. El 10 de junio de 2009, afirmaba que era "rotundamente falso" que su hija hubiera tenido "participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada".

El 25 de noviembre de 2009, el vicepresidente tercero del Gobierno insistía: "Reitero que es falso, rotundamente falso, que mi hija haya tenido participación en el procedimiento, ante la Junta de Andalucía, de solicitud y aprobación del incentivo que la Junta entregó a la empresa Matsa". Y arremetía contra las informaciones que había ido publicando EL MUNDO: "Aquí, señor Merino [dirigiéndose al diputado del PP Rafael Merino], los únicos que están mintiendo son ustedes, y mienten a sabiendas, utilizando una información manipulada y manipuladora de un periódico. Resulta que fue un abogado de un bufete externo, apoderado de Matsa, el que solicitó la ayuda y tramitó todo el procedimiento ante la Junta de Andalucía. Él fue, no mi hija. Por tanto, Paula Chaves no tramitó ningún expediente ante la Junta de Andalucía. Exactamente lo que se desprende del expediente del que ustedes disponen, exactamente lo que yo dije y exactamente lo que yo mantengo".

Tres días antes de esta declaración, EL MUNDO publicaba en portada que Chaves había mentido en el Congreso, a tenor de lo manifestado al periódico por el ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio, que implicó de lleno a Paula Chaves en el proceso de tramitación de la ayuda: "Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa". No sería ésta la última vez que Chaves mentía.

Unos días después, el 2 de diciembre de 2009, Chaves trataba de desviar en el Congreso la atención hacia un bufete externo a la empresa Matsa como gestor de la ayuda recibida por la compañía de la que era empleada Paula Chaves:

"El último episodio es que la persona que presentó y tramitó la subvención ha denunciado -y lo digo textualmente- la absoluta falsedad de las informaciones y declaraciones que le atribuía ese medio de comunicación -cierro las palabras textuales-, es decir, ese medio de comunicación que los tiene a ustedes en un puño y que su compañero de escaño asumió la semana pasada para acusarme de mentir en la pasada sesión de control. Este señor ha exigido la rectificación de ese medio y la publicación de la verdad, que es que el bufete del que es miembro realizó su trabajo -y cito textualmente- controlando y dirigiendo de forma directa los expedientes de ayudas desde su inicio hasta su presentación, sin que se incurriera en ilegalidad o irregularidad alguna en su tramitación, ni por parte del bufete ni por parte de Matsa ni tampoco de sus empleados. Cierro la cita".

El 1 de diciembre, un día antes, ELMUNDO.es publicaba la grabación de la entrevista mantenida por un redactor del periódico con el ex apoderado de Matsa, que éste intentó negar que existiera enviando un escrito exigiendo la rectificación del periódico de las informaciones publicadas. Sus puntualizaciones se publicaron junto con la grabación de las conversaciones mantenidas con el periodista.

Ahora habrá que ver con qué versión se queda definitivamente Chaves: con la de que su hija no intervino en modo alguno, con la de López Rubio de que "evidentemente" sí lo hizo o con la del TSJA de que él debió inhibirse independientemente de que su hija interviniera o no en el expediente.

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PRISIÓN SIN FIANZA PARA UN EX CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE ASTURIAS POR PREVARICACIÓN

POLÍTICA | Por presuntas adjudicaciones irregulares

José Luis Iglesias abandonó en agosto el Gobierno por motivos de salud
Otras cuatro personas han sido arrestadas acusadas de cohecho
El PSOE le suspende de militancia porque es un caso personal

Efe | Oviedo

La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha dictado esta tarde orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el ex consejero de Educación y Ciencia de Asturias José Luis Iglesias Riopedre por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, así lo ha acordado la magistrada tras tomar declaración durante más de dos horas al ex consejero. En el marco de la operación policial, han sido detenidas otras cuatro personas han sido arrestadas acusadas de cohecho.

Riopedre será trasladado al centro penitenciario de Villabona, en el marco de una operación resultado de la colaboración entre el Juzgado y la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Gijón.

Además de Riopedre, que abandonó el Gobierno socialista de su amigo Vicente Álvarez Areces el pasado mes de agosto por motivos de salud, ha sido detenida también la ex directora general de Planificación María Jesús Otero, la funcionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de la compañía Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín propietarios de compañías de papelería y material de oficina, han informado fuentes de la investigación.

Los cuatro han permanecido detenidos desde la tarde de ayer en dependencias policiales de Gijón, donde han pasado la noche por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad. Como las diligencias policiales no han concluido en su totalidad no está previsto que haya más declaraciones hasta este miércoles.

El PSOE le suspende de militancia
El secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Principado, Javier Fernández, ha anunciado este martes que el partido ha decidido suspender de militancia a José Luis Iglesias Ripedre, tras su ingreso en prisión.

Fernández destacó que el asunto no se trata de una trama política, sino de un caso personal y destacó que el PSOE garantizará la cooperación y la transparencia con la justicia ante posibles casos de corrupción. "No nos corresponde defender la honorabilidad de nadie eso le corresponde a cada uno", ha señalado.

Investigan ocho delitos
Los delitos que se están investigando son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales, y blanqueo de capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones irregulares.

La Policía ha registrado pisos y naves en los que se ha incautado de ordenadores y documentos que serán analizados en el Juzgado, que abrió las diligencias para investigar a la citada funcionaria cuando fue cesada por la Administración del Principado de Asturias al cometer supuestas irregularidades en la presunta adjudicación de contratos a una empresa suya.

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