martes, 22 de septiembre de 2009

EL TSJV DEVUELVE A LA POLICÍA EL INFORME SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El juez "más que amigo" vuelve a plegarse a los deseos de Camps en el caso Gürtel

J.M.G./M.P

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha ordenado devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PPCV que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel.

Así, el TSJCV presidido por Juan Luis de la Rúa, un magistrado “más que amigo” de Camps, según el propio presidente valenciano, acepta el recurso del president de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre, en el que el tribunal resolvía devolver el informe original a la Brigada de Capitales, pero decidía guardarse una copia de las actuaciones.

Ni una copia
La defensa de Camps, Campos y Costa se mostraron en contra de que el TSJCV guardará una copia de este informe de 89 páginas al entender que este documento no formaba parte del sumario, que no era una diligencia necesaria y que tampoco era pertinente.

Sin relación
Cabe recordar que este informe fue recibido dos días antes de que la Sala acordara el sobreseimiento de la causa abierta contra los citados cargos valencianos por un supuesto delito de cohecho impropio. En el auto hecho público este martes, el tribunal valenciano asegura que este escrito "no guarda relación alguna" con el supuesto cohecho que asumió investigar, y señala además que ni siquiera puede ser considerado como "atestado-denuncia".

El informe
Según ha publicado El País, este informe evidencia que seis constructoras vinculadas a la trama Gürtel habrían financiado al PP. Entre los mecenas de los populares estarían Lubasa, una de las entidades más importantes de la Comunidad, y Sedesa, fundada y dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Camps.

No hay bigotes
El hecho no es anecdótico. Como ya adelantó El Plural, los magistrados del TSJV habrían llegado a pactar que sólo se investigara el asunto de los trajes de Camps, dejando de lado el núcleo del asunto. Así las cosas, De la Rúa no sólo ha rechazado investigar la posible financiación ilegal, sino que tampoco creyó necesario investigar a El Bigotes, Francisco Correa y Pablo Crespo. Es decir, sólo se fijó en el regalo y no en quién lo regalaba y qué intereses mantenía con el receptor de las dádivas.

El misterio de las cajas
Fue el tribunal madrileño, el TSJM, que investiga la parte de la Gürtel en esa región, quien solicitó a su homólogo valenciano que se hiciera cargo de esa parte de la investigación. Pese a las reticencias del juez más que amigo, el TSJM envió toda la documentación relacionada al tribunal valenciano. También fue un par de días antes de que se archivara el caso y la documentación ni siquiera llegó a ser abierta. Hace unas semanas se conoció que, misteriosamente, las cajas con toda esa delicada información había desaparecido.

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ELPLURAL.COM

EL ESCÁNDALO DEL PALAU SALPICA A CONVERGENCIA


@A. Fernández.-

El ex presidente del Palau, Félix Millet (Efe).

El escándalo del Palau de la Música ha llegado ya al terreno político. Era cuestión de tiempo. Tras el cese del secretario de la entidad, Raimon Bergós, y de las declaraciones de éste sobre el intento de falsificar un convenio para eludir a los inspectores de Hacienda, el tema se ha agravado. Y todo porque la entidad a la que habían recurrido para falsificar el convenio por 150.000 euros con el fin de justificar este agujero era la Fundació Espai Catalunya, que impulsaba Àngel Colom, en aquel entonces recién afiliado a Convergència.

Así consta en una carta que Begós dirigió al director administrativo del Palau, Jordi Montull, en el año 2005. Montull y el ex presidente, Fèlix Millet, son los principales implicados en el affaire. En Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) han saltado todas las alarmas. Tanto, que el partido y el propio Àngel Colom han desestimado hacer declaraciones públicas, aunque Bergós afirma en un comunicado que remitió al diario El País que se realizaron pagos entre 1998 y 2001 a la Fundación citada, aunque su presentación oficial no tuvo lugar hasta principios del año 2000. Según manifestó Colom al citado diario, la Fundación sólo tuvo como relación con el Palau la presentación pública que se hizo en esta institución, aunque no pasó de ser un proyecto ya que, formalmente, no llegó a constituirse.

Pero no es sólo este episodio el que ha puesto los pelos de punta a los nacionalistas catalanes. El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas, Joan Colom, reconoció ayer que ya se habían detectado irregularidades en el año 2002, cuando fue fiscalizado el ejercicio del año 2000. Estas irregularidades fueron ya desveladas por El Confidencial el pasado mes de julio. Según dicho informe, se habían localizado partidas “sospechosas” por valor de 193.000 euros y pedía que el patronato analizase el motivo de este agujero. También subrayaba que “las cuentas anuales no se acompañan de una memoria explicativa sobre los principios contables aplicados ni los criterios de valoración empleados para que sea posible la interpretación del balance y de la cuenta de resultados”. Por último, afirmaba el texto que el comité ejecutivo tomaba decisiones “sobre la gestión y el funcionamiento del consorcio del Palau de la Música que estatutariamente no le corresponde tomar”. Y ello se debía a la multiplicidad de cargos que tenía Millet en todas las instituciones que dependían del Palau, lo que llevaba a los fiscalizadores a concluir que “la situación de separación de funciones prevista en los estatutos no se cumple”. Una vez se le hicieron saber las salvedades a Fèlix Millet, éste no presentó documentación alguna sobre las recomendaciones que hacían los síndicos y se limitó a enviar a la Sindicatura una escueta nota en la que decía que “tomo nota de las observaciones realizadas y las solventaremos con la mayor brevedad posible. Sin embargo, ya le puedo adelantar que algunas de ellas, en estos momentos, ya están realizadas”.

Las disculpas de Vilajoana
Para más abundamiento, Colom subrayó que la copia de los informes, como es habitual, fue enviada a los consejeros de Economía y Cultura, Francesc Homs y Jordi Vilajoana respectivamente. Este último se apresuró a salir al paso de las acusaciones y en declaraciones a Catalunya Ràdio justificó la falta de control de las subvenciones públicas que recibía el Palau.

Según el ex consejero de Cultura, dicho control no se realizaba porque los resultados económicos del Palau de la Música eran muy positivos. Vilajoana señaló que habría que entender que “desde una Consejería en la que teníamos dificultades para llegar a todos los lados, hombre... teniendo un organismo que nos daba la tranquilidad que salía airoso, pues, evidentemente, la guardia estaba más baja”.

Pero desde el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) no se ha perdido comba para reclamar a CiU que explique lo que había. Fue el secretario de Organización, José Zaragoza, quien ayer pidió al líder convergente, Artur Mas, (entonces ocupaba el cargo de conseller primer, es decir, el número 2 del Gobierno) que “dé la cara” y explique el informe de la Sindicatura de Cuentas. El único convergente que aludió públicamente a este informe fue Josep Antoni Duran Lleida, que realizó una rueda de prensa tras el comité ejecutivo de CiU. Duran se mostró extrañado por el hecho de que Joan Colom aludiese ahora a un informe de estas características y afirmó que no le constaba este informe. Pero lo cierto es que se puede consultar en la propia web de la Sindicatura y, por si fuera poco, fue enviado al Parlamento autonómico una vez estuvo redactado. Lo extraño, en tal caso, es que un político no sepa qué informes ha fiscalizado la Sindicatura, en especial cuando hacen referencia a un tema de la trascendencia del Palau de la Música.

Sin embargo, el líder democristiano sí tiene razón al pedir que también den explicaciones los sucesivos gobiernos que ha habido desde que el 2003 CiU perdió el poder. En esto, coincide con José Zaragoza, que ha exigido, paralelamente, que el actual Gobierno ofrezca todas las explicaciones sobre la gestión que se ha venido realizando en la institución.

El mundo artístico, contra Millet
Al margen de política, sin embargo, los principales responsables de instituciones culturales de Cataluña se posicionaron ayer en contra de Fèlix Millet en un comunicado conjunto que pretende ser una réplica a la carta de confesión que había enviado el juez hace escasos días. La misiva está firmada por Joan Francesc Marco, director general del Liceu; Alfred Fort, administrador general del Teatre Nacional de Catalunya; Bartomeu Marí, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba); MaiteOcaña, directora del Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac); Joan Oller, director general del Auditori; Cesc Casadesús, director del Mercat de les Flors; César Compte, director del Centre d’Arts Escèniques de Reus; y Pep Pla, director artístico del Centre d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET).

Ante las justificaciones expuestas por Millet de que retiraba grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros para pagar en negro a orquestas y grandes cantantes, los demás directivos de instituciones similares señalan que en ninguna de ellas “se hacen pagos sin la correspondiente factura, ni a artistas ni a agentes ni a nadie. Desmentimos con rotundidad la afirmación del señor Millet de que sea una práctica habitual en el sector pagar en negro a intérpretes o intermediarios. Todas nuestras instituciones gestionan estos pagos sin ninguna irregularidad”.

Al margen, sus hasta ahora compañeros subrayan que sus remuneraciones como directivos “son aprobadas por los respectivos órganos de gobierno y son cifras razonables por debajo de las remuneraciones habituales por este tipo de responsabilidad en el ámbito de la empresa privada”. En resumen, lo que quieren dejar claro es su “indignación” por las afirmaciones de Millet, “ya que señala como habituales unas prácticas que, además de ser ilegales y deshonrosas, todos los firmantes confirmamos no haber llevado nunca a cabo en ninguna ocasión”. Con esta puntilla, Millet se ha quedado definitivamente solo a los pies de los caballos: el mundo político huye de él; el mundo económico no quiere verlo ni en pintura; y el mundo artístico reniega de quien hasta hace poco era el patrón indiscutido de los círculos artísticos catalanes.

ELCONFIDENCIAL.COM

SEIS CONSTRUCTORAS FINANCIARON AL PP DE VALENCIA A TRAVÉS DE LA "TRAMA GÜRTEL"

La investigación, basada en facturas y conversaciones grabadas, acredita los pagos de empresas

Entre las firmas está Sedesa, vinculada a un consejero de Camps

Álvaro Pérez, agachado tras Rajoy en un acto del PP en Valencia en 2008. A la izquierda, Camps.- CLAUDIO ÁLVAREZ

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Valencia

El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras. Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros.

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El Tribunal Superior de Valencia rechazó investigar los nuevos datos sobre la tramaLa documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo.

Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido".

Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps.

Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP.

El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta).

En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo".

Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente".

Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido.

"NO GUARDA RELACIÓN CON LOS HECHOS"
Los magistrados de la Sala de lo Penal que archivaron la causa contra Camps despreciaron -en un auto del 10 de septiembre reproducido sobre estas líneas- los indicios que la policía encontró de financiación ilegal del PP valenciano, con el argumento de que no guardan relación con los hechos.

ELPAÍS.COM

EL TRIBUNAL VALENCIANO DEVUELVE A LA POLICÍA EL INFORME SOBRE FINANCIACIÓN DEL PP POR LA TRAMA "GÜRTEL"

Los escándalos que afectan al PP

Camps asegura que las cuentas del partido "están auditadas" y no tienen "ningún problema"

AGENCIAS - Valencia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PP en esta Comunidad que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel. Con esta decisión, el tribunal acepta el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre de esta misma Sala que ya rechazaba el informe aunque se incluyó en las actuaciones.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el tribunal valenciano recibió el informe el 31 de julio, pero ocultó su existencia y se negó a investigarlo. La documentación llegó a la Sala dos días antes de que decidiera archivar la causa contra Camps por delito de cohecho.

En un auto hecho público hoy, el tribunal confirma su anterior decisión y precisa que el "Informe sobre Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana" debe ser devuelto a la policía. "No todo lo que llega a unas actuaciones debe quedar necesariamente incluido físicamente en las mismas", ya que el sumario o las diligencias previas "se integran sólo por aquellas actuaciones que pudieran servir para hacer constar la perpetración de un delito".

Camps niega irregularidades

Camps ha rechazado hoy que exista "ningún problema" con la financiación del PP de la Comunitad Valenciana, partido que también preside, y ha recordado que las cuentas de esta formación están "auditadas" por el Tribunal de Cuentas, en respuesta a la información que revela hoy EL PAÍS de que seis constructoras financiaron al partido a través de la trama Gürtel.

En concreto, la empresa Sedesa, presidida por el hermano del vicepresidente Juan Cotino según el periódico, y otras constructoras pagaron actos del PP a través de Orange Market, la empresa de Alvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados.

El propio Cotino ha salido al paso de las acusaciones y ha manifestado hoy que desconoce si Sedesa tiene vínculos con Orange Market pero interpreta que, en caso de haberlos, se trata de "una relación comercial". Según Cotino, en Sedesa hay familiares suyos, pero lo publicado hoy obedece a la "persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí", pero ha añadido que la justicia "ya ha dicho que las cosas no son así". Además, según ha explicado, ni él tienen ningún cargo de responsabilidad en Sedesa, ni su hermano preside la empresa, por lo que ha calificado de "falsas" las informaciones publicadas.

Para el vicepresidente tercero, esas informaciones obedecen a un "montaje" que comenzó con "el señor Garzón", consistente en ofrecer "datos que van dosificándose" y que pretende desviar la atención de la moción de censura, "organizada por Leire Pajín", que tiene lugar hoy en el Ayuntamiento de Benidorm y que ha arrebatado la alcaldía al PP.

Juan Gabriel Cotino Ferrer
A FONDO

Nacimiento:
26-01-1950

Lugar:
Xirivella


Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-62

Lugar:
Valencia

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EL TSJ RATIFICA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO

TRIBUNALES.- Caso Gürtel

Estima los recursos de súplica de Francisco Camps, Víctor Campos y Costa

Agencias Valencia

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guarda relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia, según consta en un auto facilitado por el TSJCV a los medios de comunicación.

De esta manera, la sala estima los recursos de súplica interpuestos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por el ex vicepresidente y ex conseller, Víctor Campos, y por el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, contra el auto del 10 de septiembre, en el que el tribunal resolvía devolver el informe original a la Brigada de Capitales, pero decidía guardarse una copia de las actuaciones.

La defensa de Camps, Campos y Costa se mostraron en contra de que el TSJCV guardara una copia de este informe, de 89 páginas, al entender que este documento no formaba parte del sumario, que no era una diligencia necesaria, y que tampoco era pertinente, e interpusieron un recurso de súplica.

El tribunal, tras estudiarlo, decide estimar sus peticiones al partir de la base de que el informe de la Policía "no se ha pedido ni a instancia de parte ni de oficio por el magistrado instructor; de que fue presentado 'motu propio' por la Policía; a parte de que entró en la sala una vez abierto el plazo para decidir sobre la petición de sobreseimiento".

Así mismo, recuerda que en el auto recurrido ya apuntó que el informe no guardaba "relación alguna con los hechos delimitados por esta misma sala, al asumir la competencia para investigar la trama valenciana del 'caso Gürtel', ni con el auto del magistrado instructor", en el que se fijaron los hechos propios de las diligencias incoadas.

En esta línea, recuerda que ya existe un órgano jurisdiccional que ha asumido la competencia general para seguir las actuaciones iniciadas ante el juzgado Central de Instrucción número 5, órgano al que también se ha enviado el original de este informe, de modo que sea éste quien "adoptará las medidas del caso y atendido el contenido de ese informe", que considera que "no es, desde luego, un atestado, por lo que no puede calificarse de denuncia".

La sala añade que el informe se integra en otros que se han redactado con anterioridad y que se han ido presentando en el órgano judicial "que en su momento se reputaba competente, y que en la actualidad es la sala de lo Civil y Penal del TSJM". Por ello, acuerda que no se una este informe ya remitido al órgano judicial competente, que una vez desglosado será devuelto a la Policía.

Por otro lado, la sala rechaza un recurso del ministerio fiscal porque subraya que no recurrió ningún pronunciamiento del auto de 10 de septiembre, sino que recurrió una providencia posterior, que era de mero trámite y en la que se daba curso a los escritos de las partes que sí recurrieron.

Además

LOS AFECTADOS POR LA CARRETERA DE MANACOR SE PERSONAN EN "PEAJE"

Operación Peaje

Formarán parte del proceso judicial

Se investiga si políticos y funcionarios se lucraron con una obra "a la carta"

Protestaron por escrito y les ignoraron: 'Se cachondean de nosotros'

Eduardo Colom Palma

Más de un centenar de familias afectadas por la construcción de la carretera de Manacor, investigada desde el pasado mes de marzo por una juez de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han presentado su personación como parte perjudicada en el proceso judicial encaminado a esclarecer los hechos.

Quieren integrar la acusación en el llamado caso Peaje, un escándalo que estalló con la detención de dos altos funcionarios del Consell que dirigieron las obras (Francisco Orejudo y Gabriel Mestre) y del todavía director insular de Carreteras (área controlada por UM) Gonzalo Aguiar, todos ellos acusados por la Fiscalía de haber empleado la infraestructura y los fondos de la carretera presuntamente para acometer obras particulares con cargo al presupuesto público. Lo que les ha valido una imputación por malversación y cohecho en una querella que se está investigando y que incluye al conseller de Carreteras Antoni Pascual.

Al poco de trascender a la opinión pública la investigación judicial, un grupo de vecinos creó la llamada Plataforma Ma-15. Una asociación integrada por todos aquellos propietarios de terrenos que consideran que fueron marginados por el Consell y sus dirigentes a la hora de diseñar el trazado de la carretera y pagar expropiaciones. Todo, recalcan, mientras otros se favorecían de la obra.

Inicialmente, la plataforma no quiso inmiscuirse en el proceso judicial. Sin embargo, tras haber solicitado sin éxito al Consell que atendiese sus reivindicaciones, han decidido personarse como afectados. Amenazan además con convocar una manifestación contra el Consell.

EL MUNDO ha tenido acceso al infructuoso intercambio de escritos entre la plataforma y el Consell en los últimos meses. El 12 de mayo de 2009, la plataforma dirigió una carta a Pascual en la que solicitaban que se les informase acerca de cuándo iban a revisarse las mediciones para verificar los metros expropiados en cada parcela, un extremo bajo sospecha desde que la Fiscalía cuestionó el proceso de ejecución de la obra. «No corresponde al servicio de Expropiaciones contestar sobre el trabajo de topografía y de dirección de la obra», fue todo lo que obtuvieron por respuesta a ello en una contestación firmada el 22 de mayo de 2009.

Además de esta solicitud, tampoco se les facilitó una información que ellos consideran clave: «cuál es la situación laboral de las personas imputadas, habida cuenta de la incidencia que ello puede tener sobre los expedientes de expropiación pendientes de resolver». No en vano, defienden que muchas mediciones las firmaron los funcionarios ahora imputados. Aguiar y Mestre siguen en sus cargos. La respuesta del Consell fue idéntica a la anterior.

En cuanto a los precios pagados por metro, caballo de batalla de la plataforma, el Consell les replicó que paga 10 euros en terrenos de regadío y 8 en secano. Ellos denuncian que llevan 5 años esperando y defienden que el justiprecio está en 15 y que el Govern pagó más y en menos tiempo en el tramo de carretera que ejecutó.

El portavoz y abogado de la Plataforma, Antoni Frau, explicó ayer que estas circunstancias, sumadas al conocimiento de las presuntas corruptelas destapadas por la Fiscalía, ha generado una reacción popular «apolítica». «No estamos para hacer oposición a nadie, sino para reclamar lo justo, que la tierra se pague por lo que vale», proclama.

ELMUNDO.ES