jueves, 4 de noviembre de 2010

EL TRAJE A MEDIDA DE CAN DOMENGE

CORRUPCIÓN  | La trama punto por punto

Lola Sampedro | Palma

Un sastre sabe cómo confeccionar un traje a medida. Sabe que se hace para un sólo cliente y en él se centra para fijar el tiro de la manga, el ancho de la pierna, el precio de la tela. Can Domenge fue ese traje a medida cuyos patrones se ajustaron a la avaricia de sus imputados.

Lo que sigue son los pespuntes que se dieron para confeccionarlo:

La trampa de la 'compraventa'

En la escritura (que firmó la propia Munar ante notario en representación del Consell de Mallorca) se denomina al negocio como una operación de "compraventa". La juez considera "muy ilustrativa" esta denominación porque en realidad refleja lo que los imputados planearon y lograron: efectuar una simple compraventa de inmueble a quien ellos querían y no un concurso público.
 
Duros a cuatro pesetas
La juez no entiende porqué "no persiguieron el mejor precio". Si la finalidad era la construcción de viviendas (materia en la que además no tenían competencia los imputados) no se explica cómo no construyeron Viviendas de Protección Oficial o con precio máximo. Si el solar se tasó en ese momento por 60 millones de euros ¿Por qué se vendió por 30 millones?

Financiación o concurso

Nadal dijo en el Pleno del Consell del 5 de mayo de 2005 que lo obtenido en Can Domenge serviría para financiar. La juez entiende que si ese era el objetivo, no procedía hacer un concurso. Además, en el expediente no hay ni un solo informa técnico "razonado y convincente" que explique porqué se hizo un concurso, que era precisamente lo que debía haberse justificado.

La juez concluye en su auto "no es razonable" que hicieran un concurso y que eso no está justificado y se contradice con el objetivo de mejorar la financiación. Desde luego, lo que la juez "nunca podría explicarse" es la valoración de las condiciones económicas que se hace en el concurso, en las que se establece un precio máximo de 30 millones de euros (recordemos de nuevo que la tasación rondaba los 60 millones).

El precio fijo

El baremo de precios que se puso en las bases del concurso no era más que un espejismo. La juez entiende que en realidad lo que se estableció fue un precio fijo, pues como consta en la documentación intervenida, desde un primer momento a Sacresa ya le interesó la fijación de un precio concreto.

El supuesto baremo era el siguiente: 15 puntos los que ofrecieran de 29.750.000 a 30.000.000 euros; 10 puntos para los que llegaran de 29 millones y medio a 29.749.999; y 5 puntos para los que se quedaran en 29.326.755 a 29.499.999 euros.

La juez no entiende que no valoraran la posibilidad de que algún concursante ofreciera un precio superior a los 30 millones de euros, sobre todo, teniendo en cuenta que el valor del terreno era el doble.

¿Acaso es razonable que se adjudique al que diseña casas particulares un poquito más bonitas aunque se pierda mucho dinero?, se pregunta la juez en su auto.

Quince días y en Navidad

El plazo dado para entregar el proyecto fue de 15 días. Aunque al final se prorrogó hasta 30 en total, la juez entiende que es fácil imaginar que muchas empresas optaran por no presentarse al concurso.

La publicación se realizó además el 3 de enero de 2006, justo en fiestas navideñas. Plazo corto y fiestas de Navidad: la juez ve claro que esto fue así para disminuir la competencia.

"El plazo fijado no era solo contrario a Derecho sino también insuficiente", apunta en su auto, donde especifica que no se trata de la imposibilidad material de presentar al concurso, sino de la imposibilidad de realizar un buen proyecto y sobre todo, imposibilidad de realizar uno que conforme a las bases del concurso pudiese ser mejor que aquel en el que ya trabajaba desde hacía meses otra empresa, la finalmente adjudicataria.

El efecto, apunta el auto, conseguido fue disminuir la competencia, pues en tan breve plazo era de suponer que pocas empresas podrían conseguir presentarse con posibilidades reales de ser competitivas.

La ventaja de Sacresa

Sacresa lo sabía todo. Sabía muy bien cómo tenía que ser el proyecto ganador y lo supo mucho antes que los demás participantes. Según la juez, el propio Nadal les pasaba la información.

Además, cuando se presentó al concurso publicado en enero de 2006 por precio máximo de 30 millones de euros, Sacresa ya sabía que el precio real rondaban los 52 millones porque así se lo habían tasado para ella.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; LA JUEZA CREE "IMPOSIBLE" QUE TODA LA TRAMA SE HICIERA A ESPALDAS DE MUNAR

Primer paso para abrir el juicio oral

Eduardo Colom | Lola Sampedro | Palma

La titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma ha dado el primer paso para abrir el juicio oral contra Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens, Miquel Àngel Flaquer, Santiago Fiol y el dueño de Sacresa, Román Sanahuja, y el directivo la constructora Mario Sanz por el caso Can Domenge. Se les acusa de prevaricación, fraude a la administración, facilitación y uso de información privilegiada y malversación de caudales.

Esta es la primera vez que la juez se pronuncia diciendo que hay indicios claros de culpabilidad contra Munar. En su auto, mantiene que la ex presidenta del Consell de Mallorca se puso de acuerdo con Nadal, Vicens y Flaquer para vender a mitad de precio el solar de Can Domenge (por 30 millones de euros).

La Fiscalía tiene 20 días para formalizar la acusación contra todos los imputados en la causa.

El auto dictado hoy por la juez consiste en el pase de la instrucción a procedimiento abreviado, lo que da por terminada la investigación y pasa el caso a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía y las defensas deberán presentar sus escritos.

Munar y Nadal están imputados en otra causa de supuesta corrupción, el caso Maquillaje, y serán juzgados por una pieza de la misma en la cual la Fiscalía pide para ellos una pena de 6 años de cárcel por malversación, falsedad y prevaricación.
La juez sostiene en su auto que "la decisión de enajenar mediante concurso y fijar el precio máximo fue idea de todos ellos". Estas son las razones que alega para que sean juzgados:
 
Munar: 'Es imposible que todo se hiciera a sus espaldas'

La magistrada acusa a la ex presidenta del Parlament de ser quien "designó a las personas que tuvieron actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones fraudulentas (los imputados Nadal, Vicens y Flaquer)".

La magistrada insiste en que Munar era la Presidenta del partido al que pertenecían todos ellos y "no es lógico pensar que todo el plan se hiciera a sus espaldas por las personas que eran de su confianza". Como consecuencia, concluye que "existen indicios bastantes" de que Munar participó en los hechos: "La competencia para adjudicar el concurso correspondía a María Antonia Munar. No cabe pensar que se desentendiese del asunto".

La juez hace incluso referencia a la enfermedad de Munar y señala que aunque estuvo convaleciente "acudió a reuniones muy próximas a la publicación del concurso".
 
Nadal: 'Informó a Sacresa'

La magistrada acusa a Nadal de "participar personal y activa" en la transmisión de información a Sacresa como resulta de las declaraciones de Fiol(abogado de Sacresa) de Román Sanahuja (accionista de Sacresa ), de la declaración de la Interventora y de la documentación obtenida en los registros.
 
Vicens: 'Acordó el plan'

La juez señala que el ex conseller de Terrritori fue quien solicitó por escrito la enajenación del inmueble y "desde el primer momento" ya mostró su opción por la forma de concurso sin que justificase de forma razonable el porqué existían otros factores determinantes distintos del precio: "Fue en su departamento donde se elaboró el informe de valoración que adjuntó a su escrito solicitando la enajenación".

Para la juez existen indicios de que Vicens, junto con otros, "acordó un plan para enajenar Can Domenge" a una empresa a precio inferior al de mercado sin un fin legítimo que lo justificase y tuvo una participación activa.

Flaquer: 'Tramitó el expediente de enajenación'

Quien fuera en aquel momento conseller de Economía tuvo, según la magistrada, participación activa en la trama. "Fue su departamento el que tenía la competencia para la tramitación del expediente de enajenación tuvo una participación activa, necesaria para llevar a cabo el fin pretendido", asegura el auto.

Además

    * LEA EL AUTO COMPLETO DE LA JUEZ

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"CASO MINUTAS"; EX ASESORA JURÍDICA AFIRMA QUE GIL INTENTÓ EVITAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Marbella

Europa Press | Málaga

La que fuera asesora jurídica de la sociedad Planeamiento 2000 María Castañón ha asegurado este jueves que en Marbella "existía una voluntad política de no someterse a la investigación" del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento y ha considerado que el letrado José María del Nido fue designado para llevar a cabo estas tareas por "una decisión personal" del entonces alcalde, Jesús Gil.

Castañón, que fue una de las abogadas que trabajó en esa sociedad dedicada al planeamiento junto con el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, ha considerado en el juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos a Del Nido, que entiende que no se consultó con el pleno sobre la decisión de contar con el letrado para coordinar esas labores.

La testigo ha explicado el funcionamiento del Consistorio marbellí desde que entró en 1995, especialmente a partir de 1999, cuando el abogado José Luis Sierra, hasta ese momento jefe de la asesoría jurídica, deja de serlo por "una guerra total" con el ex alcalde a raíz de la detención de ambos por el caso 'Camisetas'. Tras esto, el abogado de "confianza" fue Del Nido, ha dicho.

En este sentido, ha asegurado que Del Nido ocupó el despacho de Sierra en el Club Financiero, cuando éste lo desalojó tras salir de la cárcel, y ha señalado que a partir de ese momento el también presidente del Sevilla pasó a llevar todos los asuntos judiciales y "sustituyó a Sierra en su relación con Jesús Gil con el Ayuntamiento".

Ha precisado que a partir de 1999 "se contrató a Del Nido y no se contrató a más abogados" y ha indicado que se hacían decretos de designación que "salían como churros" de Secretaría. "Cada procedimiento que llegaba se hacía inmediatamente el decreto de personación del señor Del Nido", ha manifestado la abogada, quien ha dicho que la individualización era poner sólo el nombre del letrado y el procedimiento, pero no la necesidad del trabajo.

Cuando llegó a la Alcaldía marbellí Julián Muñoz, "la posición de Del Nido era más preeminente porque Gil consultaba más con todo el mundo, pero Muñoz y Del Nido tenían un nivel de confianza bastante importante", ha apuntado Castañón, quien ha considerado que "existía un acuerdo tácito entre todos de que el señor Gil no firmara", y lo hicieran otros.

Además, ha señalado que al haber asesores externos "en muchas ocasiones se duplicaban las personas y uno tenía su homólogo en la sociedad municipal respecto al del Ayuntamiento". Sobre estas sociedades, ha apuntado que lo que sucedía "era opaco, no se sabía lo que ocurría".

Planteamiento
Respecto a la sociedad Planeamiento 2000, Castañón ha señalado que en 1995 "intervenía en lo que me mandaban", no sólo en dicha empresa y ha apuntado que en cuanto a los convenios su labor era redactar el borrador "que previamente había negociado Roca", que era, según ha manifestado, "el jefe supremo" y el que daba instrucciones y hacía unas listas, indicaciones que ella trasladaba a los demás.

Ha aseverado que ella no cobró por minutas, tan sólo un sueldo, y ha señalado que no intervino en la primera fase de fiscalización, únicamente en las alegaciones que se realizaron desde Planeamiento al anteproyecto, fase en la que "participó todo Planeamiento, empezando por el señor Roca, que era el que había intervenido en los convenios".

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