jueves, 19 de noviembre de 2009

"CASO GÜRTEL"; PEDREIRA PONE ORANGE MARKET BAJO CONTROL DE ADMINISTRADORES JUDICIALES

A. BELTRAN / L. GARRIDO - Valencia

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones.

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.

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EL JUEZ DEL "CASO MILLER" PIDE AL CONSORCIO DEL PALAU QUE CERTIFIQUE SU CARÁCTER PÚBLICO

El magistrado reclama a las aministraciones los estatutos de la entidad para aclarar si existe una posible malversación de fondos

EFE - Barcelona

El juez del caso Millet ha pedido al consorcio del Palau de la Música Catalana que aporte los estatutos de la institución y un certificado de los ingresos que la nutren, tanto públicos como privados, después de que las auditorías contables realizadas apuntaran a una posible malversación en el desvío de fondos.

En una providencia, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha requerido al consorcio que entregue "la cifra de ingresos provenientes de fondos públicos y la de otros que no lo sean" entre los años 2002 y 2009, que son los que ha auditado la Intervención General de la Generalitat.

La petición del juez instructor se ha producido unos días después de que las auditorías contables de la Generalitat y del Palau de la Música constataran que Fèlix Millet y Jordi Montull desviaron al menos 2,9 millones de euros del consorcio del Palau, integrado por la Generalitat, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Barcelona.

El resultado de las auditorías abre la puerta a que se pueda imputar un delito de malversación de fondos públicos a Millet y Montull, por lo que ambos podrían llegar a afrontar penas de hasta 22 años de cárcel, sumados los de apropiación indebida y falsedad documental.

De hecho, junto a la auditoría realizada por la Generalitat, el Consorcio del Palau de la Música ha presentado al juez un escrito en el que plantea que, a la luz de esos informes, Millet y Montull podrían haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y también de fraude en subvenciones.

Por el contrario, la defensa de los querellados cuestiona que pueda imputarse a sus clientes un delito de malversación, alegando que más del 60% de los recursos del consorcio no son públicos, sino que proceden de la recaudación de taquilla y de las entradas de las visitas turísticas al edificio modernista, entre otras fuentes.

Respuesta de recurso
Por ese motivo, la defensa de Millet y Montull plantea en su respuesta al recurso de apelación que las acusaciones han presentado contra la libertad provisional de los imputados que la naturaleza jurídica del Consorcio no es pública.

En ese escrito, los abogados defensores también responden a las acusacones que, aún en el caso de que se pudiera imputar a los ex responsables del Palau de la Música un delito de malversación, éste no comportaría una elevación de la pena, porque consideran que la jurisprudencia impide condenar al mismo tiempo por sendos delitos continuados de malversación y apropiación indebida.

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"CASO GÜRTEL"; EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO

Las partes personadas, excepto la fiscalía, seguirán sin tener acceso

EFE - Madrid

El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.

El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye.

También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".

El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.

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"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL CASO CAMPS DECIDIRÁ LA ADMISIÓN DE LA QUERELLA SOCIALISTA CONTRA EL PP

Los socialistas confían en que el Tribunal Superior de Justicia valenciano abra procedimiento ante la contundencia de los indicios

LYDIA GARRIDO - EL PAÍS

El magistrado José Francisco Ceres, que firmó el archivo de la parte de la trama Gürtel investigada en Valencia, será quien decida si la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) admite la querella presentada por los socialistas por, entre otros delitos, financiación ilegal del PP valenciano. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, vuelve a estar en manos de quien le salvó de la imputación de cohecho pasivo impropio, contra el criterio del magistrado instructor, José Flors.

Ceres tendrá que presentar un informe sobre la admisión o no, y será votado por la sala, que preside Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps señaló públicamente como "más que amigo" y que permanece en su cargo en situación de prórroga dado que aún no se ha resuelto el concurso para la renovación de la presidencia que ocupa desde hace más de diez años.

El magistrado Ceres, que ocupó responsabilidades en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tiene su nombramiento recurrido, por segunda vez. El Tribunal Supremo ya estimó en una ocasión la impugnación presentada por varios magistrados que concursaron a su misma plaza y entendieron que su elección no estaba fundamentada dado la diferencia curricular y de méritos. El Supremo obligó al TSJ a volver a pronunciarse y éste ratificó el nombramiento, que ha vuelto a ser recurrido y está pendiente de resolución.

Ceres tuvo ayer la primera aproximación formal con la querella presentada por cuatro diputados socialistas: la ratificación de la misma. Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno firmaron ante él y la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. La querella va dirigida contra dirigente el presidente Camps; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, los diputados Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez; y las constructoras valencianas Lubasa, Facsa, Sedesa, Grupo Piaf y Ortiz e Hijos.

Los socialistas, en base al informe policial que el propio TSJ valenciano rechazó considerar cuando deliberaba sobre los trajes de Camps, presentan la querella contra un total de 17 personas por delitos de cohecho, malversación, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, afirmó tras el trámite: "Hemos cumplido con nuestra obligación". Y expresó su confianza en que "los jueces entiendan este tema de la misma forma y abran un procedimiento penal contra los querellados".

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Francisco Camps Ortiz
A FONDO

Nacimiento:
28-08-1962

Lugar:
Valencia


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"CASO GÜRTEL"; EL PP RECHAZA QUE "EL BIGOTES" COMPAREZCA EN CORTES AL CONSIDERARLO UNA "CHARLOTADA"

Efe | Valencia

El PP ha rechazado este jueves en la comisión de Coordinación de las Cortes la petición socialista de que compareciera el gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, para dar cuenta de su intermediación en las actuaciones organizadas por la fundación organizadora de la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PSPV ha justificado esta petición aunque sólo sea "para demostrar de manera contundente la no participación de la trama" Gürtel "y/o sus dirigentes en negocios reprobables y fraudulentos con la Fundación", mientras que el PP la ha rechazado por considerarla una "charlotada" que busca "rédito político".

El socialista José Camarasa explicó que Pérez debería aclarar "la probable participación" de Francisco Correa en los contratos adjudicados por la Fundación, bien directamente a través de las empresas de la trama, o mediante servicios de intermediación con empresas "tapadera" por las que podrían haber logrado "jugosos beneficios".

A su juicio, Pérez, conocido como 'El Bigotes', debería explicar los apuntes contables que recoge el informe policial referidos a la producción de la visita del Papa, o su conversación telefónica en la que decía que esperaba ser nombrado coordinador de dicha visita.

Recordó que en la visita del Papa se gastaron 12'5 millones de euros, "mayoritariamente públicos", por parte de una Fundación "renuente" a explicar sus actividades y contratos, en la que "posiblemente pueda haber medrado la trama", a raíz del "trilerismo financiero" utilizado para "pegar el pelotazo" en la adjudicación de Canal 9 a la constructora Teconsa de los servicios de sonorización de la visita papal.

Camarasa señaló que Canal 9 pagó 6'4 millones de euros por una sonorización que según la Policía no costaba más de 3'1 millones, e indicó que todos estarían "más tranquilos" si se dieran datos sobre el uso "recto y adecuado" de los fondos de la Fundación, que "no tiene a bien explicar en qué los ha gastado y con quién ha contratado".

La diputada del PP Asunción Quinzá replicó que no van a participar en una "astracanada" ni en el "circo mediático" que buscan los socialistas, quienes "confunden los intereses del partido" con los intereses políticos, y resaltó además que se trata de una cuestión "sub iudice" y se debe respetar la separación de poderes.

Quinzá citó además la conversación telefónica de Correa con el responsable de Teconsa en la que afirmaba que la gente de Moncloa ayudaba "mucho más que los de derechas", y añadió que sólo unos días después de esa conversación Teconsa recibió adjudicaciones por 52 millones de euros.

En su opinión, los socialistas "están desesperados" e intentan "alargar como si fuese un chicle un tema que ya huele", y reclamó "rigor y seriedad" para que se hable de lo que preocupa a los ciudadanos, por lo que no van a entrar en un juego con el que los socialistas buscan sólo "un rédito político".

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"CASO CAN DOMENGE"; LA CÚPULA DE UM PEREGRINA POR LOS PUEBLOS PARA DEFENDER A MUNAR

Atacan a EL MUNDO

* Flaquer y Barón explican que 'estar imputado no significa nada'
* Les engañan afirmando que Nicolau ha sido exculpado y 'La Piñata' cerrada


Miquel A. Font | Eduardo Colom | Palma

La fidelidad de la nueva directiva de UM a Maria Antònia Munar ya estaba fuera de toda duda desde que fue presentada la nueva Ejecutiva y estos días lo está demostrando con la peregrinación que está realizando por los pueblos de la isla como acto de desagravio a la presidenta del partido y a su coro de imputados. En los encuentros se intenta convencer a los militantes de que no pasa nada por estar imputado, de que no hay ningún problema y de que la culpa de todos los males del partido la tiene EL MUNDO.

La última de estas reuniones se celebró el pasado martes en el Teatro Municipal de Porreres donde se convocó a todos los militantes de los municipios de esta comarca: Ses Salines, Santanyí, Llucmajor, Felanitx, Campos, Petra y Porreres. Acudieron unos 60 y algunos de forma obligada como el alcalde anfitrión Bernat Bauçà y todos los concejales del partido en estos pueblos. Tampoco pudo faltar a la cita el alcalde de Campos, Guillem Ginard, que es miembro de la Ejecutiva. En la mesa presidencial estaban el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; el secretario general, Joan Monjo y el jefe de gabinete de Munar, Matias Barón, que es el que lleva la voz cantante. El lunes la reunión fue en Muro y el viernes en Manacor. Hay otras previstas para la próxima semana bajo la consigna de asistencia obligatoria.

Barón, abogado de profesión, es el encargado de ofrecer al auditorio las explicaciones de tipo jurídico. El principal argumento que utiliza es que estar imputado no significa nada y que de momento no hay nadie condenado en el partido. También explica que el caso La Piñata está archivado y que probablemente las demás causas pendientes, como Can Domenge, Son Oms y Plan Territorial seguirán el mismo camino. Barón también intenta convencer a los militantes de que las acusaciones son fruto de una campaña de EL MUNDO contra el partido y asegura que Damià Nicolau ya ha sido exculpado. Del también imputado Miquel Nadal no se habla, ni a favor ni en contra.

Además
* Opinión: UM está al servicio de Munar
* Antich: 'La imagen de Munar imputada no es buena'
* UM ve 'muy atrevido' pedir responsabilidades
* Grup Fer también empezó antes de existir el concurso

elmundo.es

"CASO IBIZA CENTRO"; XICO TARRÉS DICE SENTIRSE UNA CARGA PARA EL PARTIDO Y ADMITE QUE PENSÓ DIMITIR

CORRUPCIÓN | Imputado de nuevo

* Dice que no lo ha hecho porque sus compañeros le apoyan y se lo han pedido
* 'No todos los políticos somos iguales, eso es una mierda con perdón'

Europa Press | Palma

El presidente del Consell de Ibiza y secretario general de la Federación Socialista de la isla, Xico Tarrés, ha reconocido esta tarde en un programa de radio que se siente una carga para el partido por su imputación en el caso "Ibiza Centro".

Tarrés ha señalado que se le ha pasado por la cabeza en muchas ocasiones presentar su dimisión, algo que no ha hecho porque sus compañeros le apoyan y le han pedido que no lo haga. En el caso "Ibiza Centro" la justicia investiga un presunto cobro de comisiones ilegales en la puesta en marcha del proyecto de remodelación del centro urbano de Vila.

El socialista ha concretado que "presentar la dimisión se me ha pasado por la cabeza varias veces, por una razón muy sencilla, no quiero que tengan ninguna duda y que sientan alguna presión por mi culpa, yo sé que todo esto es injusto, que se acabará demostrando, me siento a veces que soy una carga para mi partido, porque mi partido no puede decir lo que querría decir de otros casos, alguien puede decir tú también tienes uno en tu partido".

Tarrés ha añadido que a diferencia de otros casos de políticos baleares imputados, en esta causa todavía no se ha podido encontrar nada que apoye la teoría del cobro de comisiones. "No se han encontrado dineros, ni un palacio, ni latas de Cola Cao". Insistió en que en el proyecto no se cometieron irregularidades y que al final se podrá demostrar. Ha asegurado que detrás de este caso está alguien que "quiere hacer daño" y sembrar la duda de la corrupción el mayor tiempo posible. Tarrés reconoció que "confiar en otras instituciones, esto es lo que no volvería a hacer, yo me he fiado, he sido demasiado burro, creo que me han hecho una trampa, he pecado de burro".

Tarrés ha insistido en que "no todos los políticos somos iguales, eso es una mierda con perdón". ha dicho que el final de esta historia sólo puede ser uno: que "la demostración de que el proyecto "Ibiza Centro" se hizo correctamente y que era una iniciativa demasiado buena".

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"CASO PRETORIA"; LA FISCALÍA ENVIARÁ DOCUMENTOS SOBRE TERRENOS DE "LUIGI" EN ARENYS A GARZÓN

Inició la investigación en 2006

* Los terrenos, conocidos como Colonia Andersen, fueron comprados en 2006
* Poco tiempo después, se aprobó un plan urbanístico que recalificaba su uso
* El Ayuntamiento constituyó una comisión de investigación que luego se archivó

Europa Press | Barcelona

La Fiscalía de delitos urbanísticos de Barcelona tiene previsto remitir al juez Baltasar Garzón una investigación que abrió en 2006 sobre unos terrenos de Luis García, 'Luigi', en Arenys de Mar (Barcelona) y que podrían estar vinculados a la trama de Pretoria, según han confirmado fuentes judiciales.

Los terrenos, conocidos como Colonia Andersen, fueron comprados a través de una sociedad en 2006 poco antes de aprobarse inicialmente el plan general urbanístico que preveía triplicar su edificabilidad, según avanzó TV3.

El concejal de Urbanismo de entonces, Lluís Blanchart, que desde el Grupo Mixto -era ex militante de UDC- gobernaba con CiU y PP, denunció que algunos terrenos fueron comprados justo antes de ser recalificados, ya que supuestamente promotores accedieron a información privilegiada.

Blanchart dimitió y el Ayuntamiento constituyó una comisión de investigación que terminó concluyendo que alguien -sin apuntar directamente a Blanchart- había manipulado las agendas de Urbanismo para eliminar o añadir reuniones según su conveniencia, pero determinó que no se vulneró la confidencialidad de los trabajos previos del plan urbanístico.

La denuncia se acabó archivando, pero ahora puede reabrirse el caso al sospecharse que esté vinculado a una trama más compleja.

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"CASO PRETORIA"; SANTA COLOMA DESTITUYE AL DIRECTOR GERENTE IMPUTADO

CORRUPCIÓN | Pascual Vela

* Mantendrán su plaza por ser funcionarios pero no podrán tomar decisiones
* La nueva alcaldesa quiere renovar a toda la cúpular directiva del municipio


Europa Press | Santa Coloma (Barcelona)

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha destituido al director gerente del área de Servicios, Pascual Vela, uno de los imputados en el auto del caso Pretoria, que lleva el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

También se ha destituido a los directores gerentes de Planificación y Recursos, Albert Gadea, y de Proyectos, Lluís Falcón. Tanto ellos dos como Vela habían puesto su cargo a disposición de la nueva alcaldesa, Núria Parlón.

Fuentes municipales explicaron que con estos cambios se quiere proceder a la renovación interna de la cúpula directiva del consistorio, y aseguraron que los tres continuarán vinculados laboralmente al Ayuntamiento puesto que tienen plaza fija al ser funcionarios, pero alejados de la toma de decisiones.

El objetivo de la alcaldesa es crear una gerencia única que aglutine las responsabilidades de los tres cargos cesados, y el titular de las cuales se conocerá en los próximos días.

Por otra parte, se ha nombrado a una directora de servicios internos para liberar a la interventora municipal, y que pueda así dedicar más tiempo al control económico municipal.

A esta medida se suman los trabajos de la auditoría que está haciendo la consultora Deloitte a todos los proyectos en los que participa la empresa municipal Gramepark. El gobierno municipal ya ha urgido a la consultora para que presente sus trabajos lo antes posible.

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