lunes, 4 de octubre de 2010

"CASO MALAYA"; TESTAFERROS DE ROCA PIDEN EL ARCHIVO PORQUE EL DELITO DE BLANQUEO "HA PRESCRITO"

En la compra de una finca

José Carlos Villanueva | Málaga

El abogado Víctor Moreno, defensor de los acusados Jesús Bravo Méndez y Osvaldo Godfrid Grinberg, ambos considerados testaferros del principal encausado, Juan Antonio Roca, ha pedido este lunes la prescripción del delito de blanqueo de capitales que se les imputa.

Durante la tercera sesión del juicio oral por el 'caso Malaya' dicho letrado ha alegado que la operación de compra venta de la Finca La Concepción, ubicada en Marbella y en la que participaron sus clientes, tuvo lugar en Enero de 2003 y "no se les tomó declaración" como imputados hasta el 4 de julio 2007. De ahí que considere que dicho delito continuado "habría prescrito".

Para Bravo y Godfrid, la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de prisión y 1,6 millones de euros, (la misma pena para los dos) en concepto de multa, por haber lavado dinero negro de Roca en el marco de la citada operación de compraventa. Se trata de una parcela marbellí de más de 800.000 metros cuadrados.

En ella la organización de Roca pretendía, a través de la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., construir más de 1.600 viviendas y un campo de golf, en base a un convenio considerado ilegal y contrario al PGOU vigente entonces de 1986. Se trataba de uno más de los muchos pelotazos urbanísticos que se produjeron en la localidad costasoleña, pero con el ex asesor urbanístico como principal beneficiario.

En los órganos sociales de Aragonesas han estado otros de los considerados testaferros de Roca imputados por blanqueo de capitales. Tal es el caso del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta,cuya declaración ampliatoria resultó determinante para que Torres se decidiera a incautar la finca, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella.

Aunque los abogados testaferros de Juan Antonio Roca ya no figuraban en la sociedad propietaria del inmueble-al comienzo de la operación Malaya- el juez pudo determinar sus conexiones con los actuales propietarios, a través de la sociedad Inmuebles Direla S.L.

En su declaración ampliatoria del 25 de julio de 2006, Manuel Sánchez Zubizarreta, máximo responsable del entramado societario creado por su bufete para ocultar el patrimonio de Roca, reconocía ante el juez que la sociedad Inmuebles Direla S.L. participa en el accionariado de Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., propietaria de la finca La Concepción.

En Inmuebles Direla figura como administrador único el también testaferro abogado de Roca e imputado en la causa, Juan Luis Soriano Pastor. Desde el comienzo de la operación Malaya en marzo de 2006 EL MUNDO de Málaga reflejó en sus informaciones que la finca La Concepción era propiedad de hombres de paja de Roca. Era un secreto a voces en Marbella, si bien los hombres de confianza del entonces asesor municipal se cuidaron muy mucho de desaparecer de los órganos sociales de la empresa propietaria cuando ésta firmó un convenio urbanístico con el entonces alcalde Julián Muñoz, en mayo de 2003.

LOS ABOGADOS INSISTEN EN LA NULIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DEL "CASO MALAYA"

La tercera sesión de la vista oral se dedica a testaferros de segunda fila y familiares de Roca

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

La tercera sesión de cuestiones previas del juicio del caso Malaya, sobre la trama de corrupción masiva en Marbella, ha tenido dos protagonistas: los llamados testaferros de segunda fila de Juan Antonio Roca y la esposa y la hija del supuesto cerebro de la trama. Los 12 abogados que han tomado la palabra entre las 10.00 y las 14.30 han expuesto un argumento común con escasos matices: todos han insistido en pedir la nulidad de las actuaciones.

La vista se interrumpió el pasado miércoles por el temor de la sala, presidida por el magistrado José Godino, de que la huelga del 29-S impidiera a los 95 procesados y a sus letrados acudir al juicio. La gran expectación mediática de los dos primeros días se ha mitigado en gran medida en esta tercera sesión, a la que tienen que asistir todos los acusados con sus abogados. En noviembre, cuando está previsto que se inicie la vista oral propiamente dicha, con el interrogatorio de los acusados, empezando por Roca, la sala permitirá asistir solo a aquellos acusados directamente afectados. El resto recibirá, si no desea asistir, un CD con la grabación de la sesión para evitar posibles indefensiones. El mayor juicio, en número de acusados, de la historia reciente de España, ha obligado a adaptar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del año 1882, y que no contemplaba macrojuicios como este.

Pese a las facilidades dadas por el tribunal, en la sesión de hoy se han producido las primeras incidencias, que han obligado al apacible Godino a dar severas advertencias. La primera ha sido la ausencia de la vista del acusado José María Mellado, que se ha ausentado sin permiso del tribunal. Godino ha amonestado a su letrado, Juan Carlos Martínez, y le ha ordenado que mañana esté presente a las 10.00 en la sala "sin excusa alguna".

El segundo toque de atención llegó al final de la jornada. Intervenía Alonso Fernández, el abogado de María Rosa Jimeno, esposa de Juan Antonio Roca. Su alegato, el más duro de cuantos se han escuchado hoy, acusaba al juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, de haber dictado un auto de escuchas telefónicas "estereotipado" y basado en la "fantasía policial". La invectiva de Fernández causó la risa de algunos de los 94 acusados presentes en la sala. Godino, que en la segunda sesión reclamó a los letrados "respeto" al juez Torres, se hartó y tras recordar a los acusados que están ante un tribunal les dijo: "Si quieren reír, salgan, rían lo que quieran y vuelvan".

La sesión de hoy se ha iniciado con la intervención del abogado Víctor Moreno, que defiende a Jesús Bravo y Oswaldo Gottfried, supuestos testaferros y socios de Roca. Moreno se ha quejado de que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, y el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero "escribieron al dictado de la policía judicial" durante la investigación. El letrado también ha reprochado que entre los tomos 56 y 57 haya un salto de 217 folios, aunque a continuación ha añadido que sabía que esas páginas se habían extraído del sumario para dar pie a una de las múltiples piezas separadas que se desgajaron del tronco común del caso Malaya.

En general, los 12 abogados que han intervenido hoy lo han hecho de forma más serena y técnica que durante los dos días anteriores, cuando el magistrado Godino pidió a los abogados que se refirieran al juez Torres con respeto. No obstante, Javier Morató, letrado de Carlos García-Puente, otro testaferro ocasional, afirma que el proceso a su defendido fue "kafkiano".

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EL FISCAL RECHAZA LA PERSONACIÓN DE AMORÓS EN "BRUGAL"

Pide que antes se aclare a qué juez compete la pieza del plan zonal

S. NAVARRO - Alicante

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha presentado un recurso al acuerdo del juez instructor del caso Brugal de aceptar, en calidad de imputado, la personación en las diligencias del ex portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós. El representante del ministerio público pide al juez que antes de aceptar la petición de Amorós resuelva el conflicto de competencia sobre esa pieza del sumario.

Esa parte del sumario investiga supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, se inhibió de esa parte en julio. El juez en el que recayó tampoco la aceptó y la devolvió al instructor. San Martín aún no se ha pronunciado sobre si la asume o plantea conflicto de competencia ante la Audiencia de Alicante.

Carlos San Martín dictó el pasado 22 de septiembre una providencia en la que aceptaba la petición de Amorós de personarse como imputado en las diligencias del sumario general del caso Brugal. En su recurso de reforma, el fiscal dice: "Es procedente que, por el juzgado actual [el número 3 de Orihuela] exista un pronunciamiento respecto a la competencia territorial, aceptándola o promoviendo cuestión de competencia, siguiendo la tramitación legal para ello. Entre tanto, la personación solicitada no constituye acto procesal cuya decisión suponga actuación judicial, ni urgente ni indispensable, y, sí, por el contrario, un acuerdo que afecta a la legitimación de las partes personadas en la causa".

El mismo argumento esgrime Briones para rechazar la personación de los vecinos de Torremendo como acusación particular. En este caso, el fiscal sostiene, además, que la personación debería ser como acusación popular.


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