miércoles, 8 de febrero de 2012

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ ABRE LA CAUSA POR EL PILLAJE EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Benedicto XVI, en presencia de los Príncipes de Asturias y Francisco Camps y Juan Fernando López Aguilar en su visita a Valencia en 2006. / EFE
La Audiencia también actúa contra gestores de AENA durante el mandato de Cascos por el Gürtel

Manuel Altozano Madrid

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El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado hoy cuatro autos relacionados con el caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP. En uno de ellos, abre una causa por la corrupción destapada durante la visita del Papa a Valencia en 2006. La televisión valenciana, dirigida por Pedro García, adjudicó por siete millones de euros a una constructora leonesa, Teconsa, la instalación de pantallas y altavoces en las calles de Valencia por las que iba a pasar el Papa. Teconsa era la empresa tapadera de la red Gürtel, que se llevó más de tres millones de euros de beneficios en esta operación.

El juez Ruz ha decidido imputar por estos hechos a 11 personas por delitos contra la hacienda pública y delitos continuados de falsedad en documento mercantil. Responde a una denuncia de la fiscalía. Entre los imputados están José Luis Martínez Nuñez, presidente de Teconsa; José Luis Martínez Parra (vicepresidente), Jesús Alonso Galindo y Rafael Martínez Molinero (vocales del Consejo de administración de Teconsa), Alejandra Andrea Beresovski y Noemí Márquez Castellano (administradoras de Wild Electronic Desing), Antonio Soler Dorado y Óscar Fragio Díaz (apoderado y gestor real de WED).

Por otra parte, el juez Ruz abre otra causa, relacionada con el caso Gürtel, por adjudicaciones a la trama de contratos en AENA durante la etapa en la que el ministro de Fomento era Francisco Álvarez Cascos, hoy presidente de Asturias. El juez ha ordenado formar pieza separada y dirigir el procedimiento contra dos directivos de AENA que supuestamente recibieron regalos de la trama Gúrtel a cambio de adjudicar los contratos.

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"OPEACIÓN CAMPEÓN"; EL TRIBUNAL SUPREMO CITA AL EMPRESARIO QUE DENUNCIÓ A JOSÉ BANCO Y A SU PRIMO

JUSTICIA

Efe | Madrid

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga a José Blanco por cohecho y tráfico de influencias, José Ramón Soriano, ha citado al empresario que afirma haber entregado dinero a un primo del ex ministro de Fomento para que éste hiciera gestiones a su favor, así como al familiar del diputado socialista.

Así lo han informado hoy fuentes del Alto Tribunal, que han señalado que Soriano tomará declaración el próximo día 21 al empresario Jorge Dorribo y que al día siguiente interrogará a Manuel Bran, primo de Blanco.

El magistrado ya interrogó el pasado 26 de enero a Blanco, que compareció voluntariamente en el Tribunal Supremo para negar haber recibido dinero a cambio de mediar en la obtención de subvenciones para Dorribo.

Blanco es investigado en relación con la llamada 'operación Campeón', que instruye la juez de Lugo Estela San José, después de que ésta apreciara indicios de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación del ex ministro.

Inicialmente, la juez abrió la investigación por los delitos de fraude de subvenciones y contra la Administración pública, en los que aparecían implicados un grupo de empresarios -entre ellos Dorribo, Carlos Monjero, Javier Rodríguez y José Antonio Orozco- que habrían establecido relaciones comerciales entre sí y obtenido préstamos y subvenciones de forma ilícita.

En la exposición razonada remitida al Supremo se transcriben declaraciones, correos electrónicos, facturas, transferencias, comunicaciones telefónicas y mensajes de móvil, que -según el auto en el que el TS asumió la investigación el pasado diciembre- "permiten inferir indiciariamente" una serie de entregas de dinero a Blanco, según declararon ante la juez de Lugo los empresarios.

Serían entregas presuntamente efectuadas a través de su primo político, Manuel Bran, administrador de la empresa Electricidad Espiñeira y Bran.

Dorribo declaró ante la magistrada que el 5 de febrero del año pasado, poco antes de reunirse con Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a Bran un sobre con 200.000 euros en billetes de 500, y que supone que este dio luego el dinero al extitular de Fomento.

Blanco admite que el encuentro en la gasolinera tuvo lugar, pero lo explica diciendo que estaba invitado a una comida con empresarios y le comunicaron que Dorribo quería verle antes para plantearle una cuestión privada, por lo que quedó con él en ese lugar para recogerlo e ir juntos al restaurante.

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"CASO PALMA ARENA"; CASTRO DECIDE AHORA QUE NO SE GRABARÁ LA DECLARACIÓN DE URDANGARÍN

A petición de la defensa
Sí se grabarán en vídeo las declaraciones de los otros dos imputados

Europa Press | Palma

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha acordado este miércoles que la declaración del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, finalmente sea transcrita en lugar de ser grabada en formato audiovisual, tal y como ha solicitado mediante un escrito la defensa del imputado.

Así lo ha dictado mediante una providencia el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que ha accedido de esta forma a la pretensión del letrado Mario Pascual de que la deposición de su patrocinado, prevista el próximo 25 de febrero, sea recogida en soporte papel, según han informado fuentes jurídicas.

Mientras tanto, el resto de interrogatorios fijados para los próximos días 11 y 18 prevén ser grabados, después de que el magistrado atendiese a la petición de la defensa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de la mujer de éste Ana María Tejeiro y de la representación de varias de las sociedades investigadas en el marco de la pieza número 25 del caso Palma Arena.

En concreto, las primeras comparecencias están previstas para este sábado y son las del propio Torres (citado a las 9.30 horas), Ana María Tejeiro (11.00 horas), los también imputados Marco Antonio y Miguel Tejeiro (12.00 y 13.00 horas) y el asesor jurídico Salvador Trinxet (16.30), quien presuntamente ayudó a urdir una red de evasión fiscal internacional de los ingresos obtenidos por Nóos.

Mientras tanto, el sábado 18 están citados el exdirector general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, el exgerente del Illesport, Gonzalo Bernal, el exgerente del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Inbatur, Miquel Àngel Bonet. Finalmente, el día 25 está prevista la deposición del Duque de Palma, a partir de las 9.30 horas.

"CASO MAQUILLAJE"; VICENS ORDENÓ CONTRATAR A STUDIO MEDIA COMO PREMIO A SUS TESTAFERROS

Se enfrenta a la acusación de malversación de fondos y prevaricación
La Fiscalía solicita 3 años y 10 meses de prisión

Europa Press | Palma

El exconseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, ha admitido que ordenó contratar a la productora Studio Media por 11.930 euros públicos -con el objetivo aparente de difundir por radio unos CD sobre el patrimonio de Mallorca, a pesar de que estos ya habían sido realizados- como "agradecimiento" a sus presuntos testaferros al frente de la sociedad tapadera Metalumba, Alfredo Conde y Elisabeth Diéguez, al recordar que ésta se prestó a figurar como administradora de la misma. "Quería agradecérselo", ha incidido.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el juicio en torno a una pieza separada del caso Maquillaje que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, en el marco del cual la Fiscalía solicita tres años y diez meses de cárcel para Vicens por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los mismos ilícitos penales por los que ya fue condenado dentro de una pieza del caso Son Oms, al beneficiar con 12.000 euros a su contable particular por un informe plagiado de Internet.

Vicens, quien ya cumple condena por estos últimos hechos en el centro penitenciario de Palma, ha puntualizado que el motivo "personal" que le llevó a contratar a Studio Media -administrada por Conde y Diéguez- era gratificar a ambos, puesto que Diéguez había sido administradora de Metalumba, empresa de la que presuntamente se sirvió el exconseller para cobrar unos 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones que supuestamente cobró a raíz de la recalificación del polígono Son Oms.

Sin embargo, ha puntualizado que la causa "laboral" de la contratación era "hacer unas rutas sobre patrimonio". El acusado, asistido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, ha recordado que conoce a Conde desde que estudiaron bachiller juntos y "sabía que después siguió estudios de comunicación". "Sólo hablé con él para hacer la contratación, pero no con nadie más", ha precisado el exdiputado de UM, quien únicamente ha respondido a las preguntas de su defensa.

Junto a Vicens se sientan en el banquillo Conde y Diéguez, su mujer -para quienes la Fiscalía reclama dos años y tres meses de prisión-, y el exdirector insular de Patrimonio, Joan Josep Mas -un año y medio de cárcel-, quien realizó un informe sobre la necesidad de contratar a esta productora audiovisual.

Por su parte, Conde, quien también se ha negado a declarar ante las preguntas de los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángen Subirán ha recordado que habló con Vicens para materializar la contratación, cuya pretensión era "agradecer que convenciera a mi mujer para que fuera administradora de Metalumba".

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía asevera que la pretensión del también exdiputado de UM era beneficiar de forma "arbitraria" con fondos públicos a Conde y Diéguez, con los que mantenía una "antigua amistad" y a quienes quería favorecer por los servicios y colaboraciones que le habían prestado. Se da la circunstancia, además, de que Vicens había cobrado de Studio Media, de 2001 a 2003, un total de 9.011 euros por sus servicios de asesoría jurídica, por lo que le estaba legalmente prohibido intervenir en cualquier contrato del Consell con esta productora.

A pesar de ello, el acusado llevó a cabo cuantas gestiones fueron necesarias para crear un expediente de contratación por valor de 11.930 euros para una asistencia técnica relativa a la realización de la serie 'Elements patrimonials de Mallorca', programa que ya había sido emitido entre 2001 y 2003 por Ona Mallorca -emisora que gestionaba Studio Media- y por tanto ya retribuido por el Consell, de acuerdo al escrito del Ministerio Público.